La controversia legal en torno al nuevo marco regulatorio del sector pesquero ha dado un nuevo giro, ya que la empresa Blumar ha presentado una demanda contra el Estado de Chile tras la implementación de la Ley de Fraccionamiento Pesquero que entró en vigor en 2025.
La empresa argumenta que esta nueva legislativa cambió prematuramente el régimen establecido en 2013, que definía las condiciones de operación y la distribución de cuotas hasta el año 2032, sin ofrecer compensaciones por ajustes inesperados.
Blumar destaca que el estatuto aprobado hace más de una década representó un avance significativo en el sistema pesquero nacional. En este contexto, el sector industrial aceptó renunciar a autorizaciones indefinidas para adoptar un sistema de licencias con vigencia temporal y condiciones definidas por un período de veinte años, promoviendo así un uso sostenible de los recursos bajo reglas claras. Según la empresa, este marco regulatorio respaldó decisiones de inversión, empleo y desarrollo regional, fruto de diálogos facilitados por el propio Estado.
No obstante, la nueva legislación modifica esas condiciones antes de lo previsto y carece de mecanismos de indemnización, lo que la empresa considera que «constituye una grave afectación patrimonial, asimilable a una expropiación regulatoria, que pone en riesgo principios esenciales de seguridad jurídica que el Estado debe resguardar«.
En relación a las repercusiones económicas, Blumar ha señalado que especialistas independientes están evaluando los efectos, teniendo en cuenta la reducción anticipada de cuotas y la afectación de derechos ya otorgados, así como las nuevas cargas financieras derivadas del cambio normativo. De forma preliminar, estos estudios sugieren un perjuicio aproximado de US$216 millones, una cifra que, advierten, «pone en riesgo la sostenibilidad de la empresa y sus futuras inversiones».
Entre los proyectos afectados se encuentra el desarrollo del jurel para consumo humano en la región del Biobío, un recurso que enfrentaría serios impactos por el nuevo esquema de fraccionamiento. En particular, la empresa indicó que tuvo que reevaluar una inversión de aproximadamente US$45 millones en la comuna de Coronel, proyecto que contemplaba la creación de 250 empleos directos e indirectos.
Ante este panorama, la empresa afirmó que «somos responsables, serios y profesionales. Debemos proteger los intereses no solo de nuestros accionistas, sino también de nuestros trabajadores y las comunidades en las que operamos; cuando se modifican unilateralmente las reglas establecidas por la ley, nuestra opción institucional es llevar a cabo las acciones que el ordenamiento jurídico prevé«.
Así, la acción legal de Blumar se suma a otras iniciativas de actores del sector industrial, en un contexto de creciente discusión sobre las repercusiones económicas y regulatorias del nuevo sistema de fraccionamiento pesquero.
(Imagen: Blumar)
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