El incremento sostenido de teléfonos celulares en las cárceles chilenas ha despertado serias dudas sobre la capacidad de control del sistema penitenciario. Expertos en seguridad alertan que el aumento del 26% en las incautaciones en el último año evidencia vulnerabilidades que facilitan la actividad delictiva desde el interior de estos recintos.
Este debate se intensifica junto a investigaciones judiciales recientes. En un caso de estafa telefónica que involucra a la actriz Amparo Noguera, el juez de Garantía Leonardo Valdivieso determinó que, “dado que no se estableció, por ahora, su participación en ninguno de los delitos imputados, no se le impondrán medidas cautelares” para tres de los imputados formalizados.
La fiscalía apeló y logró extender la prisión preventiva a otros implicados, aunque no se aclaró la participación de los internos. Se corroboró que durante un operativo Gendarmería incautó 12 teléfonos celulares junto a sus tarjetas SIM en las celdas de los imputados, estableciéndose que “la evidencia material, junto al informe de Gendarmería, justifica la existencia del delito” en cuanto a la tenencia de elementos prohibidos.
Más allá del caso específico, las cifras generales confirman una tendencia al alza. En 2024 se reportaron 27,762 dispositivos confiscados, número que aumentó en 2025 a 34,921. El exdirector de Gendarmería, Christian Alveal, declaró en una entrevista con El Mercurio que “el aumento en las incautaciones de teléfonos celulares y otros objetos prohibidos refleja vulnerabilidades estructurales en los sistemas de control y seguridad”. Según él, la circulación de estos dispositivos “permite la continuidad operativa de organizaciones criminales” y, en un sistema penitenciario efectivo, tales situaciones deberían “tender a cero”.
Alveal también subraya que solo una pequeña proporción de internos puede costear el ingreso ilegal de dispositivos, con un valor aproximado de $350,000, que incluye sobornos y el equipo mismo. Por ello, propone avanzar hacia una inteligencia penitenciaria que descubra los perfiles de demanda y reduzca la oferta.
Por su parte, el exfiscal Luis Toledo sostiene que este fenómeno puede interpretarse tanto como un aumento en los controles como por un mercado ilícito más activo. En este sentido, indica que “el ingreso ilegal sigue siendo estructural” y que “un número mayor de incautaciones puede reflejar mejoras en los controles, pero también evidencia que el mercado ilícito de celulares en cárceles persiste y se adapta”.
Las críticas también se extienden a los inhibidores de señal instalados en algunos recintos. Toledo sugiere que “el enfoque debe orientarse hacia una estrategia de control inteligente, que combine persecución penal, tecnología y regulación”, incluyendo trazabilidad de IMEI, bloqueo efectivo de equipos y una mayor colaboración con compañías telefónicas, resaltando que “el sector privado no es un actor neutro”.
Alveal coincide en que los inhibidores son insuficientes mientras existan brechas de seguridad, incluso sugiriendo prohibir la instalación de antenas cercanas a las cárceles mediante modificaciones legales.
El problema abarca no solo el control, sino también la persecución penal. La resolución judicial en el caso de Noguera indicó que “no se acreditó nada en relación con el lugar de las llamadas y quién las habría realizado”, lo cual muestra las dificultades probatorias. Toledo explica que asociar dispositivo, chip y usuario requiere pericias complejas, cooperación rápida de empresas y registros confiables, todo en un contexto de celulares compartidos y ocultamiento de evidencia por parte de terceros fuera de los penales.
Alveal añade que las investigaciones dentro de las cárceles enfrentan riesgos para testigos y dinámicas de poder que pueden distorsionar la asignación de responsabilidades, por lo que “los estándares probatorios aplicables a delitos intracarcelarios no pueden ser idénticos a los aplicables en el medio libre”.
Con cifras en aumento, limitaciones tecnológicas y persistentes desafíos investigativos, el control de las comunicaciones ilegales en las cárceles se convierte en una de las brechas más críticas del sistema de seguridad, generando presión por reformas que superen las medidas actualmente existentes.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
