El Ministerio de Vivienda ha respondido a la denuncia presentada ante el Juzgado de Garantía de San Antonio por el Movimiento de Pobladores Organizados, dirigiendo sus comentarios hacia altas autoridades del Gobierno en relación al desalojo de la megatoma del Cerro Centinela.
La demanda está dirigida contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; la delegada del Minvu en San Antonio, Gloria Maira; y el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme. Se les acusa de haber impulsado un proceso habitacional “unilateral e injustificado”, el cual habría infringido los acuerdos establecidos con las comunidades.
A través de un comunicado, la cartera de vivienda enfatizó que “hasta la fecha, ninguna querella ha sido presentada ante ninguna de las instituciones ni personas mencionadas en las notas de prensa relacionadas”.
Añadieron que “rechazamos de manera categórica las acusaciones que intentan asociar a las autoridades con conductas delictivas de estafa”, un delito que, de acuerdo con los artículos 467 y siguientes del Código Penal, requiere la presencia de engaño, error, disposición y perjuicio patrimonial, elementos que no se presentan en este caso.
De igual forma, defendieron que “las acciones de las autoridades se han llevado a cabo dentro de la legalidad” y con la intención de encontrar soluciones habitacionales para las familias, sin que haya existido engaño ni perjuicio patrimonial atribuible a ellos.
También aclararon que “fueron las cooperativas, sin excepción, quienes formalmente solicitaron el desarrollo del proyecto habitacional en cuestión, siguiendo los canales establecidos”.
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