La Corte de Apelaciones de La Serena ha rechazado un recurso de protección presentado contra la Contraloría General de la República (CGR), que decidió destituir a un abogado en la Región de Coquimbo. Este profesional fue sancionado por violar gravemente el principio de probidad administrativa mediante el uso inadecuado de una licencia médica.
En una decisión unánime, la Primera Sala del tribunal, compuesta por los ministros Felipe Pulgar Bravo, Carlos Jorquera Peñaloza y el abogado (i) Gabriel Gallardo Verdugo, determinó que la acción de la autoridad contralora no fue ilegal ni desproporcionada al aplicar la máxima pena al abogado, quien justificó un viaje a Brasil presentando una licencia que indicaba la necesidad de reposo total en su hogar.
“Las partes coincidieron en la existencia del sumario en contra del afectado, el cual concluyó que hizo uso de una licencia médica mientras se encontraba fuera del país, iniciando un reposo en un día que debía estar disponible para sus labores. Es innegable que, como resultado de estos cargos, se impuso la sanción de destitución. Se presentaron recursos contra esta decisión, de los cuales se deriva el presente caso”, señala la sentencia.
Además, menciona que “es evidente que la entidad encargada del procedimiento sumarial consideró adecuado aplicar la máxima sanción, fundamentando su decisión en el principio de probidad administrativa y en las funciones que debía ejercer el involucrado, que no eran compatibles con la conducta reprochada. Esta falta fue catalogada como grave y la sanción impuesta era una de las opciones viables”.
La resolución agrega que “no habiendo sido debatido por el afectado, se acepta como un hecho que su conducta grave ocurrió en octubre de 2024, cuando adquirió pasajes a Brasil, iniciando su viaje el 30 de diciembre y finalizándolo el 7 de enero. Se comprobó que el 30 de diciembre fue un día hábil en el que debía cumplir con sus funciones, y aquel día se le extendió una licencia médica que ordenaba reposo total en su domicilio, lo cual era imposible debido a su estancia en el extranjero, acorde a su planificación de viaje”.
Para el tribunal, “este acto está debidamente fundamentado, emana de una autoridad competente y se han explicado los motivos que sustentan la sanción impuesta. Además, como se mencionó, la gravedad de la falta justifica la destitución como una de las sanciones a aplicar en estos casos”.
“(…) respecto a las garantías supuestamente vulneradas, se desestima la ilegalidad y arbitrariedad, ya que no se ha demostrado que otros en situaciones similares (cargo, deberes y conducta) hayan sido tratados de forma distinta. Las demás garantías tampoco se consideran afectadas por los argumentos ya expuestos”, enfatiza el fallo.
“Por estas razones, al no encontrarse ilegalidad –procediendo de la autoridad competente y dentro de sus facultades– ni arbitrariedad en el acto –ya que cuenta con fundamentos fácticos y jurídicos suficientes– el recurso será desestimado”, concluye.
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