La Corte de Apelaciones de San Miguel ha decidido abrir una investigación sumaria administrativa contra el conservador de bienes raíces de Puente Alto, dos notarios titulares y un exnotario interino.
La presidenta, María Catalina González, afirmó que «se ha optado por iniciar esta investigación debido a las graves acusaciones que han surgido en la prensa nacional, además de otros antecedentes administrativos existentes en nuestra Corte.»
Los funcionarios investigados son: Sergio Rodrigo Yáber Lozano, conservador y archivero judicial de Puente Alto; Claudio Rafael Barrena Eyzaguirre, notario de la 10° notaría de San Miguel; y Rodrigo Enrique Ortúzar Rodríguez, notario de la primera Notaría de San Miguel. También se incluye a Fernando Martel Costa, exnotario interino de la 5° Notaría de San Miguel, ubicada en La Cisterna.
El 7 de noviembre, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago cerró la primera jornada de formalización contra los abogados Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, en el caso «Muñeca Bielorrusa». Durante la audiencia, la Fiscalía Regional de Los Lagos presentó una conversación entre Jerá y Barrena, donde se menciona que Vargas “le ha pasado uno o dos palitos de dólares a Ángela (Vivanco)”.
En dicha conversación, ambos discuten sobre la apertura del secreto bancario de Vivanco y Migueles y cómo un medio de comunicación está siguiendo a Barrena para entrevistarlo debido a su vinculación con los movimientos entre sus cuentas y las de los imputados.
Ante estos hechos, la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales expresó su firme rechazo a cualquier conducta delictiva, «tanto de asociados como no asociados, en relación a las situaciones recientemente expuestas».
Se refirieron de manera indirecta al conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y al notario de San Miguel, Claudio Barrena, involucrados en el caso «Muñeca Bielorrusa» como supuestos blanqueadores de sobornos dirigidos a Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Ángela Vivanco.
En su declaración, el gremio reafirmó su «compromiso con la función profesional que ejercemos, así como con la independencia, imparcialidad y ética que deben regir a quienes ocupan estos cargos».
“Por esta razón, condenamos cualquier acto que ponga en duda la veracidad y confiabilidad de nuestra labor profesional y solicitamos a las autoridades que realicen las investigaciones necesarias con la debida celeridad para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades», enfatizó.
“Es crucial actuar rápidamente para sancionar a los responsables y, al mismo tiempo, para aquellos que no hayan estado involucrados en lo investigado», añadió el gremio.
“Esperamos que las autoridades judiciales, dentro de sus competencias, realicen las indagaciones administrativas necesarias para aclarar posibles responsabilidades en hechos que han repercutido negativamente en nuestra labor y en el Poder Judicial en su conjunto«, concluyó.
La asociación también anunció que «tomará medidas internas para investigar los hechos de su competencia y, de comprobarse conductas éticamente inadecuadas, aplicará las sanciones necesarias».
Finalmente, reafirmó su «compromiso con el respeto y la responsabilidad en el ejercicio de nuestra labor y nuestra firme convicción de rechazar cualquier situación que comprometa la integridad del poder fedatario que nos ha sido delegada».
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
