El jefe de Seguridad Municipal de Yumbel fue detenido recientemente por infringir la Ley de Armas en la región del Biobío.
La formalización de cargos se realizó el viernes, momento en el cual el tribunal de garantía estableció las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional para el funcionario en el marco del proceso judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el imputado José San Martín posee responsabilidad directa en el delito de adquisición y tenencia irregular de armamento. El caso surgió a partir de un robo investigado previamente por Carabineros, en el cual un grupo de delincuentes ingresó a un inmueble en Yumbel para sustraer más de 15 armas de fuego.
Al realizar el inventario físico y documental de las armas robadas, personal policial constató la ausencia de una unidad que no figuraba en la denuncia original del afectado. Se trataba de una pistola marca Astra, calibre .635 mm, catalogada como un arma semiautomática y letal. Las diligencias de trazabilidad determinaron que dicha pistola fue vendida de forma clandestina por la propia víctima del robo al director de la unidad de seguridad comunal.
Investigación
Respecto a los peritajes de detención, el teniente coronel José Rubio, de la Prefectura de Carabineros de Concepción, explicó el desarrollo de la causa: «Personal de nuestra institución, específicamente de la sección de OS9, luego de un trabajo investigativo a raíz de un hecho que ocurrió en el mes de abril, logró establecer que la persona que había sido víctima de la sustracción de una cantidad no menor de armas de fuego había comercializado en forma ilegal una de estas, previa a la sustracción».
El oficial uniformado concluyó que el procedimiento derivó en la «detención de una persona en la localidad de Yumbel, quien fue puesto a disposición de la justicia».
El seremi de Seguridad Pública del Biobío, Richard Soto, refrendó los antecedentes recopilados por las unidades policiales en la zona, indicando que el arresto se concretó de manera armónica con los requerimientos técnicos y procesales del caso. La magistratura decretó la incautación definitiva del armamento y fijó un plazo de cierre de cuatro meses para el desarrollo de las diligencias científicas pendientes.
Con Información de www.epicentrochile.com
