La Contraloría General de la República (CGR) identificó irregularidades en la administración de los recursos de la subvención Pro-Retención por parte del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Linares, disponiendo la instrucción de sumarios administrativos y la restitución de fondos fiscales.
Este beneficio estatal se otorga a sostenedores de colegios subvencionados con el objetivo de evitar la deserción escolar, constituyendo un aporte social significativo que aborda dos asuntos de particular interés para la CGR en el presente año: la infancia y la entrega adecuada de beneficios sociales.
De acuerdo con un examen de cuentas realizado para el período 2021-2024, se verificó que 439 tarjetas gift card destinadas a la compra de vestuario y calzado para estudiantes beneficiarios de la subvención Pro-Retención vencieron sin ser utilizadas, representando un monto total de $89.529.138.
Además, se comprobó que el DAEM no ejecutó las acciones requeridas para recuperar dichos recursos, a pesar de estar destinados directamente al apoyo de alumnos en condición de vulnerabilidad.
Debido a esta situación, la CGR formuló un reparo por la totalidad de los fondos comprometidos para su restitución al fisco.
El Informe Final N° 42 de 2026 también reveló que la Municipalidad de Linares adquirió 3.576 gift cards entre 2022 y 2024 por un total de $650.694.641, sin que existan antecedentes suficientes que comprueben su entrega efectiva a los estudiantes ni la recepción conforme de dichos beneficios.
La fiscalización también estableció que 281 estudiantes beneficiarios de los períodos 2021 y 2022 no figuraban en los registros de entrega, mientras que 37 alumnos incluidos en las nóminas de respaldo no correspondían a beneficiarios de los períodos auditados.
Esta situación evidenció inconsistencias en los registros y una mezcla de información de distintos años, dificultando la trazabilidad y el control de los recursos.
Ante estas irregularidades, la Municipalidad de Linares deberá instruir un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.
La auditoría también advirtió irregularidades en las rendiciones efectuadas a la Superintendencia de Educación.
En particular, el DAEM incluyó en la rendición de 2022 un pago por $394.776.023 a una empresa, pese a que el valor real de la factura correspondía a $289.279.211 y a que el desembolso fue realizado con posterioridad a la rendición informada.
Asimismo, en la rendición de 2023 se incorporó una factura por $361.415.430, aun cuando ésta no había sido pagada al momento de su presentación.
Adicionalmente, entre 2023 y 2024 se identificaron facturas por $89.279.211 y $361.415.430, emitidas a la misma empresa, de las cuales no se pudo verificar antecedentes que respaldaran su emisión ni la existencia de documentos tributarios válidos que acreditaran su autenticidad.
Por esta razón, la Contraloría remitirá los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII).
Por otra parte, respecto de los recursos de la subvención Pro-Retención de los años 2023 y 2024, la fiscalización determinó que no habrían sido ejecutados fondos por $306.026.080 y $130.917.834, respectivamente, según lo informado por el jefe de finanzas del entonces DAEM de Linares.
Por lo anterior, el municipio deberá reintegrar al Ministerio de Educación $436.943.914 correspondientes a recursos no ejecutados, mientras que la Superintendencia de Educación deberá iniciar un procedimiento disciplinario respecto de estos hechos.
Con Información de puranoticia.pnt.cl
