Un sistema frontal dejó sin suministro eléctrico a más de 459.000 clientes en el país, siendo la Región de Valparaíso la más afectada con 227.886 usuarios sin servicio, equivalente al 20% de los usuarios de la región. También fueron impactadas La Araucanía y Coquimbo entre otras zonas. Ante esta situación, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) subraya que la infraestructura resiliente debe garantizar la continuidad de servicios esenciales como energía, agua, transporte, telecomunicaciones y salud, incluso durante amenazas y desastres.
Conforme a este concepto, la infraestructura no debe evaluarse solo por su funcionamiento en días normales, sino por su capacidad de respuesta cuando todo falla. Esta evaluación es particularmente relevante en la Región de Valparaíso, donde diversos sectores permanecieron sin suministros básicos durante horas e incluso días.
Cuando una familia pierde su vivienda, cuando un adulto mayor que depende de energía eléctrica para equipos médicos queda sin suministro, o cuando una localidad queda aislada por varios días, el problema trasciende lo puramente técnico. Las instituciones deben planificar, prevenir, fiscalizar, mantener y responder de manera oportuna y operativa para proteger la vida humana y animal.
El evento del sistema frontal evidenció la necesidad de que Chile elabore un Plan Nacional de Resiliencia de la Red Eléctrica. No es suficiente reponer el suministro después de cada temporal; se requiere diseñar un sistema capaz de resistir, adaptarse y recuperarse con celeridad.
El Delegado Presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, señaló esta semana que no existe un plazo obligatorio de reposición del suministro para las empresas eléctricas en casos de fuerza mayor. Este vacío normativo explica parcialmente por qué medidas de resiliencia conocidas desde hace años —soterramiento, corredores de poda, microrredes— avanzan lentamente: sin plazos ni estándares exigibles, no existe incentivo regulatorio para acelerar la inversión.
Existe un proyecto de ley en el Senado que obliga el soterramiento de cables eléctricos y de telecomunicaciones en todo el país, con plazos de hasta cuatro años en zonas urbanas y diez en zonas rurales. Si bien es una medida positiva, resulta insuficiente frente a la frecuencia de estos eventos. La discusión debería acelerar los plazos para infraestructura crítica —hospitales, centros de salud, zonas con adultos electrodependientes— en lugar de tratarla uniformemente que el resto de la red.
Esto requiere diversas acciones: soterrar redes en infraestructura crítica, establecer corredores de seguridad con manejo permanente de vegetación, implementar microrredes y sistemas de respaldo para personas electrodependientes, fortalecer el monitoreo inteligente de la red, y exigir estándares de continuidad del servicio acordes con un clima cada vez más extremo.
Estas medidas no representan un gasto, sino una inversión pública inteligente. Según el informe del BID «Del riesgo a la confiabilidad: servicios de infraestructura resiliente para enfrentar los desafíos de la naturaleza» de octubre de 2025, construir infraestructura resiliente desde el diseño cuesta entre un 5% y un 20% menos que reemplazarla tras un desastre, y cada dólar invertido en gestión del riesgo evita hasta cuatro dólares en pérdidas. Esta relación costo-beneficio debiera ser el argumento central para financiar el Plan Nacional de Resiliencia de la Red Eléctrica, integrándolo al eje «Sistema energético seguro y resiliente» que el Ministerio de Energía ya comprometió en su Ruta Energética 2026-2030, con metas y plazos verificables. No debe olvidarse que la infraestructura más importante de un país es siempre la vida humana.
Con Información de g5noticias.cl
