Sin seguridad y sin orden no es posible construir nada. Chile enfrenta la urgencia de abordar de manera efectiva el grave problema de la seguridad ciudadana. Aunque existe amplio debate sobre el tema, las acciones concretas han sido limitadas. A continuación se presentan algunas consideraciones fundamentales:
En primer lugar, es necesario modificar las reglas del uso de la fuerza a través de cambios legislativos en el Congreso. Las fuerzas policiales operan con limitaciones que el país no puede seguir tolerando. Existe una diferencia fundamental entre la autoridad y un delincuente. Los policías requieren garantías legales para actuar, pues su formación los prepara para proporcionar seguridad y actuar conforme a ello. La normativa sobre apremios ilegítimos resulta problemática, como evidencia el caso de la senadora Campillay, donde un carabinero fue encarcelado por disparar a más de 50 metros contra una multitud que lo atacaba, sin apuntar a una persona específica. Lo apropiado es exigir al policía que actúe sobre un delincuente cuando tiene la situación controlada, es decir, cuando está bajo su esfera de protección. Antes de eso, cualquier limitación resulta contraproducente. La Seguridad Ciudadana Municipal requiere urgentemente autorización para usar armas eléctricas y otros elementos que mejoren su capacidad operativa.
En segundo lugar, Chile enfrenta la presencia de bandas criminales como el Tren de Aragua y otras vinculadas al Cartel de Sinaloa, que no son simples pandillas, sino organizaciones sofisticadas con inteligencia operacional, división clara de roles, capacidad para corromper instituciones y presencia transfronteriza. Estas estructuras no pueden enfrentarse con herramientas del siglo XX.
Tercero, la economía de las bandas organizadas se ha digitalizado. Actualmente sus operaciones se ejecutan a través de ejecutivos del Banco del Estado o del Santander, según demostró la PDI, además del uso de criptomonedas para facilitar sus movimientos y dificultar su rastreo. El crimen organizado es fundamentalmente un negocio, por lo que su punto vulnerable no es el operativo sino el financiero. Atacar el flujo de dinero resulta más efectivo que arrestar operadores de bajo nivel que son reemplazados en cuestión de días.
Cuarto, Chile necesita cambios estructurales para enfrentar los delitos, ya que sus instituciones se encuentran completamente fragmentadas. Más de 15 organismos cumplen algún rol en seguridad: PDI, Carabineros, Ministerio de Seguridad, fiscalías, municipios, aduanas, SII, UAF, Gendarmería y Ministerio de Justicia, pero comparten muy poca información en tiempo real. Mientras el crimen opera como una red integrada, el Estado funciona en compartimentos separados.
Quinto, es urgente crear una base de datos compartida entre las instituciones clave que permita el cruce oportuno de información para investigaciones en curso. Se requiere establecer un Centro Nacional de Inteligencia Criminal con mandato legal, presupuesto autónomo, acceso a datos de múltiples instituciones e independencia respecto al Congreso para asegurar continuidad estratégica más allá de los cambios de gobierno.
Sexto, existe una escasez peligrosa de efectivos policiales, fiscales y jueces para aplicar justicia y terminar con la impunidad. Chile cuenta con aproximadamente 8 a 9 carabineros por cada mil habitantes, cifra muy inferior a los promedios internacionales. Sin embargo, aumentar personal no será suficiente sin una arquitectura de capacidad analítica. Actualmente el sistema procesa casos de forma reactiva, manual y lenta. Un analista que tarda tres semanas en vincular un caso de lavado de activos podría resolver el asunto en horas o minutos si contara con una estructura criminal más amplia y herramientas modernas.
Séptimo, se debe crear definitivamente la Policía Municipal, que funcione como una rama de Carabineros y les auxilie en el control de faltas, no de delitos.
Parte de estas ideas provienen del analista en seguridad Jorge Nazer, quien cuenta con estudios en el reconocido Manhattan Institute y sostiene categóricamente que se requiere una inteligencia criminal integrada que procese información en paralelo con capacidad analítica y herramientas modernas. De lo contrario, señala, es como tener un hospital sin radiólogos.
La seguridad es fundamental para que el país recupere la paz y pueda consolidar desarrollo y democracia.
Con Información de www.observador.cl
