Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República identificó múltiples irregularidades en la distribución y fiscalización de los subsidios de arriendo del Programa de Integración Urbana de Campamentos, una política pública gestionada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a través de la Subsecretaría de Vivienda y los Serviu regionales.
El documento, conocido como Informe N° 314 de 2026, analizó las operaciones realizadas entre el 1 de enero de 2025 y el 29 de marzo de 2026.
Entre las principales deficiencias encontradas, la Contraloría comprobó que 168 personas beneficiarias mantenían estatus activo a pesar de haber fallecido, lo que provocó desembolsos cuya regularización tomó hasta 1.133 días en ser procesada por la administración.
Los pagos realizados a personas fallecidas generaron un perjuicio fiscal de $110.884.553, cantidad que se agrega a serias violaciones de las cláusulas de parentesco establecidas en las normas regulatorias.
El organismo fiscalizador detectó 172 casos de beneficiarios que arrendaban viviendas a familiares cercanos por un total de $110.487.033, así como 19 contratos suscritos entre cónyuges que alcanzaron $14.405.016 y dos casos de usuarios que continuaron recibiendo la ayuda después de haber obtenido una vivienda en 2024 por $3.539.119.
El programa cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante una línea de crédito de US$ 120 millones proyectada para cuatro años.
Ante estos hallazgos, la Contraloría instruyó regularizar todos los gastos no elegibles ante el BID y exigió a la Subsecretaría finalizar el proceso disciplinario en curso para establecer las responsabilidades administrativas y aplicar sanciones a los funcionarios implicados.
Con Información de www.epicentrochile.com
