La Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica el Código Procesal Penal y la ley que creó el Sistema Nacional de Registros de ADN, con el objetivo de agilizar las investigaciones penales.
En la votación en general, la iniciativa obtuvo 122 votos a favor y 9 en contra. Un artículo que se votó por separado, debido a que es de quórum, alcanzó 124 votos a favor y 9 abstenciones. El texto continuará su tramitación en el Senado, en segundo trámite constitucional.
Actualmente, los laboratorios policiales pueden determinar una huella genética. Sin embargo, el cotejo con los registros nacionales debe ser realizado por el Servicio Médico Legal (SML).
De acuerdo con los antecedentes del proyecto, esta etapa puede demorar varios meses, lo que retrasa la obtención de información relevante para identificar a una persona vinculada con un delito o relacionar evidencias de distintas investigaciones.
La propuesta autoriza a profesionales y técnicos acreditados del Servicio Médico Legal, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones a efectuar estos cotejos.
Una vez realizado el análisis, la institución responsable deberá entregar el informe y sus resultados al Ministerio Público o al tribunal correspondiente.
La medida busca disminuir los tiempos de espera y entregar antecedentes oportunos para el avance de las investigaciones. Esto cobra especial importancia en delitos graves o de alta connotación social, donde la identificación temprana de posibles responsables puede ser determinante.
Además, un uso más eficiente del Sistema Nacional de Registros de ADN podría ayudar a vincular delitos investigados por separado y aportar nuevos antecedentes en causas que no han logrado esclarecerse.
La coincidencia de una huella genética será un antecedente dentro de la investigación penal y deberá ser evaluada junto con las demás pruebas del caso.
El proyecto mantiene resguardos para proteger la privacidad y seguridad de la información.
La incorporación de una huella genética al Registro de Víctimas requerirá una instrucción del Ministerio Público. Previamente, la víctima deberá ser informada y consultada sobre su derecho a oponerse.
Asimismo, las instituciones deberán preservar el carácter reservado del sistema, la trazabilidad y la integridad de los datos. Los perfiles utilizados estarán limitados a información genética no codificante y destinada exclusivamente a la identificación.
La propuesta también regula el uso de huellas genéticas en procedimientos de responsabilidad penal adolescente.
En estos casos, se deberá respetar el interés superior del adolescente, su dignidad, vida privada y demás derechos. Sobre esta norma, se hizo reserva de constitucionalidad en la Sala, por considerar que podría vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa permitirá que el Ministerio Público solicite o reciba cotejos con registros genéticos de autoridades extranjeras, siempre que exista un tratado o convenio vigente.
Estas consultas solo podrán realizarse en casos individuales y para prevenir, detectar o investigar delitos. La entrega de información adicional deberá cumplir la legislación chilena y las normas de asistencia penal internacional.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, valoró el avance legislativo y el apoyo transversal que recibió la iniciativa, dada la trascendencia de la medida para la seguridad pública: «Si en la escena de un delito aparece una huella genética, cada día cuenta. Hoy, los laboratorios de Carabineros y la PDI determinan una huella en unos 10 días, pero el informe final del SML pueden atrasarse cerca de 10 o más meses para el cotejo nacional».
«Ese es el cuello de botella que destrabamos: no se crea una función nueva ni se improvisa una capacidad que no existe, sino que simplemente reconoce en la ley una idoneidad técnica que nuestras policías ya tienen y ejercen todos los días», finalizó Arrau.
Con Información de puranoticia.pnt.cl
