Colectivos feministas y sindicatos del área de la salud se movilizaron en la Región Metropolitana para demandar que la tramitación del presupuesto de la nación garantice los recursos destinados al aborto en sus tres causales durante el próximo año. La acción central fue un «pañuelazo» realizado en las cercanías de la estación Baquedano, con el objetivo de presionar al Parlamento antes de que el Ejecutivo presente esta semana su proyecto presupuestario.
Agrupaciones sociales y de derechos humanos señalaron que la norma vigente desde 2017 —que autoriza la interrupción del embarazo por peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal o violación— necesita un financiamiento permanente para funcionar sin obstáculos en los recintos públicos.
Mediante una carta dirigida a la Cámara de Diputados y al Senado, 35 organizaciones insistieron en la importancia de asegurar el suministro de medicamentos y la contratación de personal especializado.
En el documento, las entidades señalaron que «un aborto legal y seguro, y una maternidad libremente elegida, requieren de hospitales abiertos, atención primaria con capacidad de respuesta, insumos garantizados y equipos de salud disponibles».
La vocera de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Siomara Molina, destacó el amplio respaldo ciudadano que tiene la normativa actual.
«El aborto tres causales tiene más del 70 % de apoyo en Chile, el desafío hoy es garantizar que pueda implementarse de manera efectiva para todas las personas, independientemente del lugar donde vivan o del centro de salud donde se atiendan», afirmó Molina.
La preocupación de los sectores sociales aumentó tras las cifras sobre gasto sanitario entregadas por el propio gobierno.
El ajuste del 2,5% aplicado previamente al presupuesto del Ministerio de Salud repercutió en la cobertura de Fonasa. La ministra de la cartera, May Chomalí, explicó a comienzos de mes ante el Congreso que se necesitarán cerca de 3.200 billones de pesos suplementarios para cubrir los requerimientos operativos del periodo.
Frente a ese panorama, los trabajadores de la red hospitalaria salieron a defender la asignación de recursos públicos.
Representantes de la Confedeprus sostuvieron que la interrupción del embarazo debe tratarse como una prestación sanitaria prioritaria. «El aborto es un asunto de salud pública y es responsabilidad del Estado garantizar una atención segura, oportuna, digna y libre de estigmas», señalaron desde la dirigencia gremial.
Con Información de www.epicentrochile.com
