El proyecto de Sala Cuna Universal fue despachado por el Senado y ahora continúa su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa elimina la exigencia que condiciona este derecho a la cantidad de mujeres contratadas por una empresa y promueve una mayor corresponsabilidad, cambios que Chile ha postergado durante mucho tiempo.
No obstante, una política pública de esta escala no debería evaluarse únicamente por la amplitud de su cobertura. También debe ser capaz de garantizar que el beneficio llegue efectivamente a quienes corresponde, que los recursos se destinen al propósito definido y que su operación entregue certezas a las familias, las empresas y el Estado.
La gestión cotidiana de este beneficio demuestra que la buena intención no es suficiente. Es necesario verificar que los establecimientos cumplan las exigencias correspondientes, administrar costos que varían significativamente entre comunas y regiones, respaldar los pagos y contar con información que permita supervisar el correcto funcionamiento del sistema, de modo que este sea sostenible y conserve su legitimidad.
Un aspecto que requiere especial atención es el bono compensatorio. La Dirección del Trabajo ha reconocido esta modalidad para situaciones excepcionales, como la inexistencia de salas cuna autorizadas en una localidad, el desempeño laboral en lugares apartados o en turnos incompatibles con su funcionamiento, o determinadas condiciones de salud del niño o niña.
Se trata de una flexibilidad necesaria para evitar que circunstancias extraordinarias dejen a una familia sin protección. Sin embargo, precisamente por su carácter excepcional, el bono no debería convertirse en una alternativa automática ni en un atajo para reemplazar la prestación de sala cuna.
Si su uso se extiende sin criterios claros, puede abrir espacio a montos insuficientes, favorecer soluciones informales sin estándares verificables y debilitar la trazabilidad de los recursos. El resultado podría ser un derecho universal en el papel, pero desigual y fragmentado en la práctica.
Por ello, el nuevo sistema debería contemplar causales objetivas y debidamente acreditadas; acuerdos individuales formalizados; montos relacionados con el costo real y razonable del cuidado; revisión periódica de las circunstancias que justificaron el beneficio, y mecanismos de registro y fiscalización que permitan prevenir desvíos o abusos. Cuando desaparezca la causal excepcional, también debería terminar la procedencia del bono.
Desde Edenred se sostiene que el mejor camino para contribuir a esta tarea es el trabajo colaborativo público-privado. La compañía plantea aportar a la discusión con su experiencia operativa, cobertura y capacidad tecnológica, de manera que la política pública cumpla el propósito que la inspira: proteger a los niños, apoyar a las familias, favorecer la participación laboral y avanzar hacia una sociedad más corresponsable y justa.
El avance de la Sala Cuna Universal merece valorarse, pero el desafío de la Cámara será lograr que su implementación esté a la altura de esa promesa. El bono compensatorio debe seguir siendo lo que corresponde: un puente debidamente justificado cuando la sala cuna no es posible, nunca un camino para eludirla.
Con Información de g5noticias.cl
