Según informó la Cancillería, «el sábado por la tarde aterrizó en la ciudad de Pereira, Colombia, la aeronave de la Fuerza Aérea con la ayuda humanitaria enviada para socorrer a los damnificados por el terremoto que afectó al país».

La aeronave fue recibida por autoridades locales en Pereira, la localidad que sufrió los mayores daños por el sismo del lunes pasado. El cargamento transportado incluye aproximadamente 20 toneladas de alimentos, kits de higiene para niños, mujeres y hombres, además de productos de limpieza para el hogar.

Asimismo, se incluyó una donación de medicamentos aportada por entidades privadas. Esta contribución fue posible gracias a la coordinación entre los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa Nacional, junto con la Fuerza Aérea de Chile y Senapred.

Este constituye el segundo envío de ayuda humanitaria que Chile proporciona a Colombia durante la presente semana, considerando que el jueves anterior se remitieron 10 toneladas de suministros.

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El río se transformó en un monstruo de barro.

La pesadilla comenzó con la reactivación del río Huatulame, un cauce que la sequía prolongada mantuvo dormido por años y que despertó con una furia inusitada tras el paso del sistema frontal. La bajada del agua fue tan rápida y violenta que destruyó el puente de Tomé Bajo, dejando a la familia completamente cercada.

Para el alcalde Cristián Herrera, quien lideró las coordinaciones en el puesto de mando, la tensión llegó a niveles insoportables durante la madrugada. «Quedaron atrapados como en una isla: el río carcomió todo alrededor de su casa, están al medio y son cinco personas», relató la autoridad antes de que las aspas del helicóptero rompieran el cielo.

Los afectados pertenecen al mundo rural profundo de la zona interior, dedicados históricamente a la ganadería caprina. Al ver que el estero comenzaba a ensancharse, tomaron la dolorosa decisión de suparar sus pertenencias, abrieron los corrales para supar a sus animales y decidieron quedarse a cuidar el terreno, confiando en que el agua no subiría más.

Cuando el temporal dio un pequeño respiro y mejoró la visibilidad, los pilotos policiales metieron la aeronave en el corazón de la zona de catástrofe. La pericia de las tripulaciones permitió realizar el rescate aéreo en Monte Patria sacando primero a los niños y luego a los adultos, quienes a pesar del shock y el frío, se encontraban estables y sin lesiones.

El mapa de la emergencia en la comuna sigue estando muy golpeado. La destrucción de la pasarela y la activación en masa de quebradas mantiene bajo aislamiento a decenas de las 222 localidades rurales que componen el territorio, mientras el tránsito hacia Combarbalá sigue completamente suspendido.

Equipos municipales y de vialidad ya se despliegan en las zonas donde el agua comenzó a bajar para iniciar el catastro de daños viales y evaluar la conectividad de los vecinos afectados.

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Según información preliminar, uno de los afectados presenta un cuadro más grave y se encuentra siendo trasladado mediante helicóptero hacia el hospital institucional.

Los carabineros pertenecen a la dotación de Radiopatrullas y forman parte de la 40ª Comisaría de la comuna.

De acuerdo con los antecedentes disponibles, el responsable de los disparos habría utilizado un arma automática y posteriormente se habría desplazado en un bus de transporte público.

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En un acontecimiento sin precedentes para el sistema de control público del país, la Contraloría General de la República (CGR) llevó a cabo el martes 6 de enero una exhaustiva inspección de las operaciones y gestión de los funcionarios públicos en la Base Aérea “Presidente Frei”, la más grande de la región y una de las más relevantes del continente antártico.

Es la primera vez que la CGR se despliega en este territorio para supervisar instalaciones, la gestión de residuos y las condiciones en que viven y trabajan los servidores públicos en el lugar.

La fiscalización abarcó la revisión de cuatro áreas fundamentales: operaciones y logística, medio ambiente, personal y obras públicas.

En estos ámbitos se incluyó la inspección de diversas cuestiones, como la verificación de las instalaciones y obras, el control de pasajeros que ingresan al territorio chileno antártico, el funcionamiento de la torre de control y los sistemas de rescate, así como las estaciones meteorológicas, médicas y de agua, y las operaciones logísticas y de financiamiento, cumpliendo con las normativas medioambientales en cuanto a la gestión de residuos y otras áreas.

El equipo también revisó en el lugar el estado de todas las instalaciones y aplicó cuestionarios junto a una inspección visual a las dependencias de la DGAC, Armada y FACh. Todo esto será parte de un informe de inspección cuyos resultados se darán a conocer en 2026.

El despliegue de la CGR en la zona no generó gastos públicos adicionales, ya que se realizó en el marco de un traslado regular de la Fuerza Aérea en un avión Hércules, que transportaba víveres e insumos para la dotación antártica.

La delegación institucional estuvo liderada por la Contralora General, Dorothy Pérez, y el Subcontralor General, Víctor Hugo Merino. También formaron parte del equipo el jefe de la División de Función Pública, Alejandro Riquelme; el subjefe de la División de Fiscalización (DIFI), José Manuel Escobar; el líder del Departamento de Defensa, Orden y Seguridad Pública de la DIFI, Luis Cid; la jefa de la Unidad de Medio Ambiente de la División de Infraestructura y Regulación, Katherine Córdova; el fiscalizador de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, Sergio Seguel; y la fiscalizadora de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Olga Vásquez.

Esta visita inspectiva forma parte de una de las dos etapas de la fiscalización de la CGR. En una fecha que aún no se ha definido, el segundo ciclo de control incluirá la visita de funcionarios de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, así como de la sede central, a las bases O’Higgins y Prat.

El objetivo, al igual que en la Base Frei, es revisar detalladamente las instalaciones, operaciones y gestión de recursos en ambas bases.

Con esta acción inédita, la Contraloría General refuerza uno de sus principales desafíos: asegurar que todas las áreas geográficas del país cuenten con control. Asimismo, que el organismo principal de control de Chile supervise la zona, representa un esfuerzo por promover los elementos que impliquen soberanía en el territorio antártico.

En este contexto, la Contralora General, Dorothy Pérez, comentó que “esta labor no solo es un hito institucional, sino también un hito oficial de Chile”.

Todo lo anterior «se suma al trabajo en terreno que la CGR ha realizado a nivel nacional, que incluye el despliegue en la Aduana de Arica y Parinacota y el Paso Fronterizo en Colchane, en la región de Tarapacá», señaló el organismo.

Estas actividades de control representan para la CGR «un impulso hacia su objetivo de examinar cuestiones que nunca antes habían sido fiscalizadas, en vísperas de cumplir 100 años de existencia institucional, en marzo de 2027″, finalizó.

(Imagen: Contraloría)

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En el Juzgado de Garantía de Iquique se llevará a cabo la formalización de cinco individuos detenidos por tráfico de ketamina, en relación con un caso descubierto en la base aérea «Los Cóndores» de Iquique.

El tribunal ha aceptado la jurisdicción sobre el caso y ha encargado a la Fiscalía local la investigación y la citación de los acusados a una audiencia de formalización programada para este martes.

Los acusados son Danilo Rivas Pulgar, Elías Villalonga Martínez, Mauricio Ponce Dinamarca, María Rebolledo Díaz y Rodrigo Silva Fuentes.

Todos ellos fueron formalizados el 6 de julio por el tribunal de Aviación por tráfico de drogas, pero el sábado posterior se declaró incompetente para tratar el caso.

Con el cambio de competencia, los exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) -Elías Villalonga, Mauricio Ponce y María Rebolledo- que se encontraban en el Centro de Detención Preventiva de la Base Aérea El Bosque, fueron transferidos a Gendarmería de Chile.

Actualmente, Villalonga y Ponce se encuentran cumpliendo prisión preventiva en el CDP Santiago 1, mientras que Rebolledo Díaz está en el CPF San Miguel. Los otros dos imputados -Rivas y Silva- están recluidos en el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio.

El caso comenzó el 3 de julio, cuando se detectó una maleta con sustancias ilegales que iba a ser embarcada en un vuelo institucional desde Iquique hacia Santiago. La droga había sido introducida a la Base Aérea «Los Cóndores», lo que provocó una investigación inmediata por parte de la Fiscalía de Aviación.

El Juzgado de Aviación justificó su incompetencia al determinar que el delito se originó fuera del ámbito militar. Estableció que la ejecución del delito tuvo lugar en un domicilio particular, no en un recinto militar ni en el marco de un acto de servicio.

Según declaraciones a la PDI, uno de los imputados, Danilo Rivas Pulgar, recibió la maleta en su departamento en Iquique, desde donde la trasladó a la base aérea «Los Cóndores».

Esta situación fue crucial, ya que el artículo 5 N°3 del Código de Justicia Militar limita la competencia castrense a delitos cometidos por militares en estado de guerra, campaña, servicio o en recintos institucionales. Ninguna de estas condiciones se daba en este caso.

Además, la incompetencia se sustentó en el hecho de que la red criminal operaba al margen de la FACh.

El tribunal concluyó que la estructura criminal encargada de obtener y trasladar drogas no formaba parte de la Fuerza Aérea, sino que operaba desde la ciudad de Santiago y habría involucrado a los procesados únicamente para facilitar el transporte ilícito del norte a la capital.

Esto refuerza la idea de que el delito comprometía un bien jurídico común -la salud pública- y no uno exclusivamente militar, lo que es necesario para aplicar jurisdicción militar.

Finalmente, se tomó en cuenta la participación de civiles en el caso.

Conforme a la Ley N° 20.477, que reformó la competencia de los tribunales militares, se establece que ningún civil puede ser juzgado por la justicia militar, ya sea como víctima o imputado.

Dado que algunos de los acusados no son militares activos, el caso debe ser tramitado en tribunales ordinarios.

El fallo del Juzgado de Aviación reafirmó los límites establecidos por la legislación chilena en relación a la justicia militar y subrayó que el crimen organizado debe ser abordado mediante las herramientas del sistema penal ordinario, especialmente cuando involucra estructuras ajenas a las Fuerzas Armadas.

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La entrada El relato del sobreviviente de la tragedia aérea en India: «Se oyó un estruendo y el avión colisionó». se publicó primero en Quinta News.

Un avión de Air India con más de 242 personas a bordo se estrelló poco después de despegar en Ahmedabad con destino a Londres, según confirma la aerolínea.

El vuelo AI171, que viajaba entre Ahmedabad y el aeropuerto de Gatwick en Londres, ha estado involucrado en un incidente, informó un portavoz de la aerolínea.

Gyanendra Singh Malik, comisario de la Policía de Ahmedabad, confirmó que «un avión se estrelló en la zona de Meghaninagar, cerca del aeropuerto».

Air India explicó que la aeronave, un Boeing 787-8, transportaba 242 pasajeros y miembros de la tripulación, incluyendo 169 indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense. «Los heridos están siendo trasladados a los hospitales más cercanos», indicó.

El Aeropuerto de Ahmedabad anunció que «todas las operaciones aéreas están suspendidas temporalmente hasta nuevo aviso».

El ministro del Interior de India, Amit Shah, expresó su pesar por el «trágico» accidente de avión y mencionó que se encuentra en contacto con las autoridades locales para gestionar la situación.

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