La bancada de diputados de Renovación Nacional se dirigió al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, solicitándole que reconsidere su decisión de no aplicar la Ley Antiterrorista en la investigación de los autores del ataque ocurrido la noche del sábado 23 de agosto en el fundo Los Prados, en la comuna de Victoria, región de La Araucanía.

Este incidente, que tuvo lugar durante una faena forestal, resultó en la muerte de un patrullero y dejó a otro gravemente herido.

Para los legisladores Frank Sauerbaum, Carla Morales, Miguel Becker, Jorge Rathgeb, Juan Carlos Beltrán y Miguel Mellado, cambiar esta postura sería una “manera de enviar un mensaje claro de justicia y reafirmar el compromiso del Presidente Boric de combatir el terrorismo”.

Subrayan que el ataque ocurrió “días después de que el Gobierno intentara obtener los votos en el Congreso para renovar un estado de excepción, momento en el cual la ministra de Defensa Nacional celebró el éxito de la medida”.

Recuerdan que, tras el atentado, “el Gobierno, mediante el Ministerio de Seguridad, presentó una querella por asociación criminal con homicidio calificado, descartando la aplicación de la Ley Antiterrorista, argumentando que era necesario no comprometer el curso de la investigación”.

Para los diputados de RN, es fundamental que el “Ejecutivo rectifique y haga uso de la legislación antiterrorista”. Aclaran que “la intención de infundir temor, la acción armada organizada y el resultado mortal reflejan claramente las conductas que la nueva Ley Antiterrorista busca prevenir y sancionar con mayor severidad”.

También enfatizan que “como Bancada de Renovación Nacional, participamos de manera significativa en la redacción final de esta ley” y que en este contexto, “la forma más efectiva de perseguir estos delitos es a través del nuevo marco legal de la Ley Antiterrorista y las diversas herramientas investigativas que proporciona (…) esto es fundamental dadas las graves implicaciones que tiene el terrorismo para una sociedad libre”.

Añaden que apelar a “cuestiones de estrategia procesal” para evitar el uso de la ley evidencia un retroceso en la lucha contra el terrorismo en la Macrozona Sur, “debido a los miedos que tienen las coaliciones de centroizquierda para aplicar este marco contra crímenes que se justifican como reivindicaciones territoriales”.

Además, mencionan que “las presiones históricas del Frente Amplio y el Partido Comunista para evitar estas herramientas en casos de atentados que claramente buscan desafiar al Estado en ciertas áreas de la Provincia de Malleco vuelven a predominar y afectan la credibilidad del ministro y su nuevo cargo, en el que alguna vez depositamos expectativas”.

Por último, reafirman que tanto el Gobierno como el Ministerio de Seguridad deben revisar su postura, “con el fin de enviar un mensaje claro de justicia y reafirmar el compromiso del Presidente Boric en la lucha contra el terrorismo, lo cual se pone en duda tras esta penosa decisión”.

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La entrada Diputados de RN exigen al Gobierno la implementación de la Ley Antiterrorista tras el atentado en La Araucanía. se publicó primero en Quinta News.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, informó que el gobierno interpondrá una querella bajo la Ley Antiterrorista luego del atentado incendiario que afectó en la madrugada a la Central Rucalhue en Santa Bárbara, en la Región del Biobío.

“Los hechos son sumamente graves. Contamos con información preliminar. El Ejecutivo ha decidido iniciar la recopilación de antecedentes, ya que presentará una querella bajo la Ley Antiterrorista”, especificó el ministro en una entrevista con Canal 13.

“Las inscripciones en el lugar reivindican una asociación terrorista, y el Gobierno considera que es el momento de ejercer la acción contemplada en la ley antiterrorista”, agregó.

Asimismo, el ministro de Seguridad Pública anunció que el Estado también presentará una querella contra los responsables del atentado ocurrido el 7 de abril en Contulmo, que resultó en la destrucción de dos viviendas y un galpón, hecho que fue reclamado por la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).

«En situaciones como esta, corresponde utilizar todas las herramientas del Estado de Derecho», añadió la autoridad respecto a ambos atentados en la región del Biobío.

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La entrada El Gobierno interpondrá una querella por Ley Antiterrorista tras el ataque a la Central Rucalhue. se publicó primero en Quinta News.

Legisladores de la oposición han instado al Gobierno a tomar cartas en el asunto tras el atentado a la Central Rucalhue. Critican la falta de seguridad en La Araucanía y exigen la aplicación de la Ley Antiterrorista.

“Necesitamos que el gobierno reconozca el terrorismo como tal y aplique la Ley Antiterrorista cuando sea necesario. Hacemos un llamado para que la ciudadanía no tenga miedo y las autoridades tampoco al definir las situaciones. Exigimos un plan claro y un enfoque decidido, pues hasta ahora, parece que están desorientados”, afirmó el diputado del Partido Republicano Stephan Schubert.

Desde Renovación Nacional, el diputado Miguel Mellado mencionó que “en Rucalhue se estaba reactivando la construcción de una central de paso con embalse, un proyecto que había esperado 10 años y obtenido más de 40 permisos, que generaría 450 empleos. (…) “¿Cuándo va a reaccionar el gobierno? Hace dos días, Werken Noticias ya había advertido que algo así podía ocurrir»

Además, destacó que “se creó un nuevo Ministerio y está la Agencia de Inteligencia, que permanece inactiva. ¿Dónde está el estado de excepción que actualmente se aplica en esa zona?”, concluyó el diputado.

Por su parte, la diputada Joanna Pérez del partido Demócratas expresó en sus redes sociales su enérgico repudio hacia el atentado contra la Central Rucalhue, en las comunas de Quilaco y Santa Bárbara, que causó importantes pérdidas de vehículos y maquinaria. “¡Nunca más violencia!”

Desde la bancada de la UDI, la diputada Flor Weisse también condenó estos hechos, que “ocurrieron en un estado de excepción. Esto evidencia la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad”, señaló.

Agregó que “no se soluciona con más burocracia ni creando un nuevo Ministerio de Seguridad. Lo que se necesita es voluntad política y decisiones concretas. ¿Dónde está la prevención? ¿Dónde está la inteligencia que debe anticiparse a los violentistas que desafían al Estado de Derecho?”

Finalmente, el diputado Roberto Arroyo del Partido Social Cristiano expresó que “es imperativo aplicar la Ley Antiterrorista y llevar a cabo una investigación para localizar a los responsables de esta destructiva acción contra una central vital para nuestro país. Los afectados son los vecinos que viven alrededor, así como toda la sociedad que, al ver estos actos, generan un justificado miedo a que la situación se agrave”, concluyó.

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La diputada independiente, Gloria Naveillán, ha interpuesto una denuncia mencionando la Ley Antiterrorista en relación al ataque sufrido por un helicóptero que estaba combatiendo incendios en Collipulli, en la Región de La Araucanía.

La parlamentaria afirmó: “El artículo 16 de la Ley Antiterrorista es claro y define que este tipo de ataques son considerados delitos terroristas”.

El incidente tuvo lugar el pasado viernes 14 de febrero, cuando individuos no identificados dispararon perdigones a un helicóptero que había sido contratado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para luchar contra incendios forestales.

Desde el Gobierno, se ha señalado la intención de presentar una querella por homicidio frustrado, disparos injustificados y por obstaculizar la lucha contra los incendios.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, el delegado presidencial de La Araucanía, Domingo Abdala Abarzúa, ha señalado que este evento es el segundo caso de “violencia rural” registrado en la zona en la última semana.

“Lo que hemos planteado es que, por el momento, dado que la investigación se encuentra en una etapa inicial, estamos considerando presentar una querella de acuerdo a nuestra habitual tipología”, expresó.

Asimismo, buscan “evaluar la posibilidad de hacer una modificación a la querella, una vez que contemos con más antecedentes, para establecer las condiciones que permitan un procedimiento penal adicional”.

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Este martes, el presidente Gabriel Boric promulgó la nueva Ley Antiterrorista, enfatizando que “Chile no se rinde ni se arrodilla ante la delincuencia”.

La ceremonia, que tuvo lugar al mediodía en La Moneda, contó con la presencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá; la ministra de Defensa, Maya Fernández; la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry; el ministro (s) de Justicia, Ernesto Muñoz; el general director (s) de Carabineros, Enrique Monrás; y el director general (s) de la Policía de Investigaciones, Ricardo Gatica.

El presidente destacó que «esta norma actualiza las instituciones del Estado y es el resultado de un acuerdo transversal, que tiene un gran valor”.

Adicionalmente, subrayó que “el terrorismo es inaceptable en Chile y no podemos permitirlo ni minimizarlo”, enfatizando que “la seguridad de nuestros compatriotas es lo más fundamental”.

En relación con la nueva ley, el presidente especificó que su actualización «forma parte de un esfuerzo más amplio para dejar a Chile en mejores condiciones para combatir el crimen organizado y avanzar con herramientas más efectivas contra la delincuencia, incluyendo nuevas instituciones, policías mejor equipadas y protegidas, barrios con mejor iluminación y más espacios en las cárceles (…) así como fronteras más seguras”.

La reforma de esta ley es parte del programa de gobierno y del Compromiso Transversal por la Seguridad, que fue acordado con asociaciones de municipios y gobernadores regionales en abril de 2023, así como de la agenda priorizada entre el Gobierno y el Congreso Nacional. Con su promulgación, se deroga la Ley 18.314 de 1984, y una vez que entre en vigencia, el Ministerio de Seguridad Pública tendrá la capacidad de querellarse por estos delitos y estará obligado a proponer al Presidente de la República una Estrategia Nacional de Prevención y Combatir contra las Conductas Terroristas, la cual deberá incluir un plan de reparación para las víctimas.

Además, se otorgará al fiscal encargado, en situaciones de alarma pública o complejidad elevada, la autoridad para solicitar a la Corte Suprema el traslado del caso a un Tribunal en Santiago.

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