Los hechos se originaron cuando más de una decena de funcionarios de la PDI llegó al municipio solicitando la entrega voluntaria de equipos computacionales y telefónicos, sin contar con una orden judicial. Ante esa situación, el administrador municipal, quien también es abogado, exigió el documento correspondiente, lo que derivó en su retención por al menos cuatro horas, sin derecho a comunicarse, mientras se gestionaba una orden verbal ante el Juzgado de Garantía de San Felipe.

Para el tribunal, la medida se dispuso de manera infundada y en contravención a la normativa. La Corte sostuvo que no existían antecedentes que vincularan de forma objetiva al Director Jurídico con los delitos que se investigan, lo que evidenció una falta de proporcionalidad en la decisión.

El fallo añadió que la PDI vulneró la libertad personal del amparado al mantenerlo retenido en su oficina mientras se esperaba la orden. En consecuencia, el tribunal de alzada dejó sin efecto la autorización judicial, declaró ilegales los resultados de las diligencias y dispuso la restitución de los objetos incautados a la brevedad, junto con la eliminación de los datos obtenidos de ellos. Asimismo, declaró ilegal el procedimiento ejecutado por la policía.

“Es de extrema gravedad que funcionarios de la PDI de Los Andes vulneraran las garantías constitucionales de trabajadores municipales mediante retenciones ilegales, sin fundamentos mínimos y excediendo sus atribuciones, tal como confirmó la Corte de Apelaciones al descartar delitos en el municipio. Estos actos atentan contra el Estado de derecho y representan una grave falta a la probidad, por lo que exigimos a las altas autoridades una respuesta institucional categórica y la aplicación de los sumarios correspondientes. Solo con estas medidas disciplinarias, nuestro municipio y la comunidad de Llay Llay podrán seguir confiando en la institución”, sentenció el alcalde Edgardo González Arancibia.

Con Información de www.sitiodelsuceso.cl

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En una decisión dividida (causa rol 607-2026), la Séptima Sala del tribunal de alzada, compuesta por los ministros Guillermo de la Barra, Hernán López y el abogado Rafael Plaza en calidad de (i), determinó que la ley de transparencia no constituye el procedimiento apropiado para solicitar la entrega de la partida de nacimiento del padre de la solicitante, ya que existen otros procedimientos legales disponibles para este fin.

El fallo sostiene que «tratándose de la entrega de documentos a partir de información administrada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, no cabe acudir a la Ley de Transparencia para acceder a ella, pues deben ocuparse los procedimientos que la ley prevé al efecto».

La resolución añade que, si bien es legítimo el interés de la solicitante y reconoce sus dificultades para hallar la partida de nacimiento de su padre —residir en Venezuela, país sin relaciones diplomáticas ni consulares con Chile, y que su progenitor nació en el año 1900—, esto no justifica utilizar el mecanismo excepcional de la Ley de Transparencia, dado que la normativa ha establecido procedimientos específicos para obtener esta información, incluyendo la búsqueda que debe efectuar el propio interesado.

El tribunal observa que el requerimiento exige al Servicio realizar una labor de pesquisa e indagación de sus registros de la que la interesada pretendería liberarse mediante este procedimiento de acceso a la información.

El fallo aclara que «la información en cuestión no se ha denegado, sino que el peticionario debe utilizar las vías legales para acceder a ella, en tanto al Servicio le corresponde entregarla de acuerdo con la normativa que la rige».

En consecuencia, la sentencia resuelve acoger, sin costas, el reclamo de ilegalidad del Servicio de Registro Civil e Identificación en contra de la Decisión de Amparo Rol C13.256-245, adoptada el 2 de abril de 2026 por el Consejo para la Transparencia, dejándola sin efecto y declarando que no se da lugar al amparo de acceso a la información presentado por Rosemary Castro Salazar en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación.

La decisión fue adoptada con el voto en contra del abogado Plaza.

Con Información de g5noticias.cl

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La resolución del tribunal de alzada se adoptó mediante un fallo dividido de 2 votos contra 1, modificando así la decisión de primera instancia dictada el pasado lunes 3 de agosto.

De acuerdo con lo señalado por el tribunal, el pronunciamiento se concentró exclusivamente en la necesidad de cautela, considerando que el mero transcurso del tiempo constituye un antecedente fundado para ajustar las medidas restrictivas de libertad, sin cuestionar los presupuestos materiales sobre la existencia de los delitos ni la participación del imputado.

El exintegrante del Parlamento permanecía en prisión preventiva desde el pasado 8 de mayo tras ser formalizado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.

Conforme a los antecedentes presentados por el Ministerio Público, Lavín León se encuentra acusado de haber presentado ante la Cámara de Diputadas y Diputados y el Servicio Electoral (Servel) facturas ideológicamente falsas por un monto cercano a los $104 millones. Estos documentos habrían sido emitidos a nombre de la imprenta MMG y la empresa Modo 74 SpA, de propiedad de Juan Silva y Felipe Vásquez, respectivamente, quienes también enfrentan cargos en la investigación.

Con Información de www.epicentrochile.com

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Cohen realizó sus estudios en establecimientos públicos de la ciudad y se tituló como abogada en la Universidad de Valparaíso. Ingresó al Poder Judicial en 1998 como secretaria del Segundo Juzgado Civil de Valparaíso. A partir de entonces, desarrolló una extensa trayectoria en distintos tribunales de la jurisdicción y del país, desempeñándose como secretaria de juzgados civiles y de letras, jueza del Quinto Juzgado Civil de Valparaíso entre 2010 y 2017, relatora de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, relatora suplente de la Corte Suprema y, desde 2017, secretaria titular del tribunal de alzada porteño.

Tras prestar juramento, la ministra Cohen expresó: «Estoy inmensamente feliz. Hoy he cumplido el sueño de ser ministra titular de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, jurisdicción en la que me he desempeñado por más de dos décadas. Llego a ejercer mis funciones con el compromiso de trabajar con probidad, capacitándome cada día más y teniendo siempre en el centro a los justiciables».

La magistrada también se refirió a su labor como secretaria titular del tribunal de alzada, señalando: «Dejo mi cargo de secretaria titular de la Corte con un poco de tristeza, porque he logrado afianzarme con los funcionarios y tener un equipo de trabajo con el que nos dimos recíprocamente mucho cariño, comprensión y aprendimos a trabajar en equipo para el bienestar de este tribunal. Así que muchas gracias».

Con Información de puranoticia.pnt.cl

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Este lunes se realizará una audiencia crucial en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde la defensa de la exministra Ángela Vivanco pedirá la revocación de la prisión preventiva que se le impuso en el contexto del caso “Muñeca Bielorrusa”. Esta decisión podría influir en el futuro proceso judicial de uno de los aspectos más delicados de la investigación.

La medida cautelar fue establecida el 30 de enero por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, al considerar que Vivanco representaba un riesgo tanto para la sociedad como para el desarrollo de la investigación. Según señaló el Ministerio Público, la acusada habría borrado mensajes de su celular, lo que generó inquietudes sobre posibles intentos de obstrucción al proceso.

Previo a la audiencia, los querellantes expresaron su deseo de que se mantenga la prisión preventiva, argumentando que hay suficientes fundamentos para justificar la medida cautelar. Marcelo Acevedo, presidente de la Organización de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales, afirmó que confían en que la Corte respalde la decisión del tribunal de garantía.

Actualmente, Vivanco se encuentra detenida en la Cárcel de Mujeres de San Joaquín, alojada en un módulo especial debido a su condición de exintegrante de la Corte Suprema, una medida que busca proteger su integridad física frente a posibles riesgos dentro del establecimiento penitenciario.

La resolución que tome la Corte de Apelaciones será fundamental para el desarrollo judicial de Vivanco y podría establecer un precedente en el tratamiento de medidas cautelares en casos de alto perfil, consolidando o revirtiendo la estrategia de defensa presentada por la exministra.

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El próximo miércoles 12 de febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago evaluará la solicitud de desafuero presentada contra el Gobernador Metropolitano, Claudio Orrego, en el marco de las indagatorias relacionadas con el caso Procultura.

La noticia fue confirmada por Ciro Colombara, abogado defensor de Orrego, quien en una entrevista con Canal 13 especificó que ese día, a las 08:30 horas, el tribunal de alzada llevará a cabo un pleno extraordinario para examinar el requerimiento.

“Esperamos que se resuelva la solicitud ese día; aunque las partes pueden optar por suspender, nosotros no haremos eso, ya que hemos pedido que el desafuero se discuta lo antes posible”, afirmó el jurista, destacando la disposición de la defensa para avanzar sin retrasos.

Colombara expresó que el gobernador se mantiene sereno ante el proceso judicial. “Es consciente de que las acusaciones son falsas y confía en que los tribunales seguirán emitiendo decisiones favorables”, aseguró.

En este contexto, el abogado aclaró que ya existen resoluciones anteriores que han señalado un punto relevante en favor de la defensa, aludiendo a problemas de competencia territorial con respecto a la solicitud presentada.

“Se busca discutir el desafuero en Antofagasta, cuando debería hacerse en Santiago”, declaró Colombara, añadiendo que este aspecto ya ha sido señalado por instancias judiciales. Además, la defensa sostiene que las acusaciones no tienen fundamento fáctico ni jurídico, pues se basan en pruebas equivocadas, un hecho que ha sido reconocido públicamente, además de contener graves errores en el análisis penal, aspecto que se presentará ante la Corte el próximo 12 de febrero.

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La Corte de Apelaciones de Santiago decidió este miércoles aceptar la querella presentada por la Fiscalía Regional de Los Lagos contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

El Ministerio Público busca formalizarla por cohecho en el caso denominado «Muñeca Bielorrusa».

La resolución fue tomada de manera unánime por la Primera Sala del tribunal, compuesta por los ministros Fernando Carreño, Guillermo de la Barra y Fernando Valderrama, quienes consideraron que se cumplen las condiciones para proceder con el antejuicio.

En su fallo, los magistrados indicaron que “de la información presentada ante esta Corte por las partes, se desprenden indicios sólidos y consistentes que señalan que la imputada Ángela Vivanco Martínez, aprovechándose de su cargo como Ministra de la Excma. Corte Suprema, aceptó pagos de dos abogados representantes de la empresa chileno-bielorrusa CBM (…) con el fin de favorecer a dicha empresa en su litigio con Codelco durante 2023 y 2024, sin inhabilitarse como era su deber, y participando en decisiones que beneficiaron a la mencionada empresa.

El documento añade que “se puede inferir que la acusada, en su calidad de funcionaria pública, recibió dinero tanto para ella como para su conviviente a cambio de favorecer los intereses de CBM, vulnerando el principio de probidad administrativa y sus deberes de inhabilitación, recibiendo montos que conocía eran de origen ilícito, que utilizó con fines de lucro, encubriendo su procedencia a través de diversas maniobras coordinadas con otros imputados”.

La resolución también menciona que, durante los procesos entre CBM y Codelco, la exministra pudo haber cometido infracciones a las normas de tramitación de causas, como se detalla en el informe de la Comisión de Ética de la Corte Suprema.

El tribunal aclaró que, en esta etapa, solo es necesario verificar la existencia de antecedentes que sugieran una posible participación de la querellada, dejando el debate sobre culpabilidad y pruebas para el juicio oral. “Las alegaciones de la defensa respecto a la falta de pruebas y a la imposibilidad de juzgar a su representada constituyen cuestiones de fondo que no son parte de este antejuicio”, señala la sentencia.

Finalmente, la Corte determinó que existen “evidencias sólidas, graves y plausibles que justifican la admisión de la querella en todos sus aspectos”. De esta manera, se declaró admisible la querella y su ampliación contra Ángela Vivanco, permitiendo al Ministerio Público formalizar la investigación y solicitar medidas cautelares en su contra.

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Héctor Espinosa, exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), se encuentra en prisión por malversación de fondos públicos, falsificación de documentos y lavado de activos. Recientemente, presentó un recurso para ser liberado, pero fue denegado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El exjefe de la policía civil fue condenado a 17 años de cárcel por el 4° Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago. Su defensa intentaba revertir la medida cautelar que lo mantenía en prisión mientras su condena no se encontraba firme, pero el tribunal rechazó su solicitud.

Hasta el 12 de noviembre, Espinosa estaba bajo arresto domiciliario nocturno, sin embargo, tras la publicación de su veredicto, el TOP determinó que su situación había cambiado de forma significativa y que existía un riesgo de fuga.

Por lo tanto, se encontraba a la espera de su sentencia en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas). La medida cautelar fue confirmada al notificarse la sentencia al condenado.

La Corte de Apelaciones destacó que el recurso de amparo es “un mecanismo de excepción”. “En otras palabras, recurrir a procedimientos excepcionales solo tiene justificación cuando la ley ordinaria no ofrece un medio eficaz para proteger el derecho”, subrayó el tribunal.

En este contexto, se indica que la privación de libertad de Espinosa fue “decretada por un tribunal de justicia en un proceso que, se presume, se ha llevado a cabo conforme a las disposiciones legales pertinentes”.

La decisión fue tomada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, conformada por los ministros Marisol Rojas y Jaime Balmaceda, además del abogado Cristian Parada.

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La colaboración entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el salar de Atacama hasta 2060 ha recibido un nuevo respaldo judicial.

El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó unánimemente el recurso presentado por Tianqi, accionista que posee el 22% de SQM, que pedía someter el acuerdo a votación entre los accionistas.

El accionista chino había cuestionado las decisiones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que respaldaron la decisión del directorio de SQM de aprobar la asociación sin consultar a los socios.

En su alegato, la empresa argumentó que “la implementación anticipada del Acuerdo de Asociación… haría imposible ejecutar una eventual sentencia favorable a esta parte, provocando un daño irreparable”.

El fallo, rubricado por los ministros Marisol Rojas, Jaime Balmaceda y el abogado integrante Manuel Antonio Luna, determinó que “la Comisión para el Mercado Financiero no ha incurrido en la ilegalidad que se denuncia… Por ende, esa reclamación debe ser necesariamente desestimada”.

Asimismo, la Corte enfatizó que “la operación permitirá que SQM Salar SpA adquiera los contratos que Minera Tarar SpA tendrá con Corfo a partir de 2030”, permitiendo así extender las operaciones de litio por tres décadas más.

Este fallo judicial se suma a la aprobación recibida por las autoridades regulatorias de China, fortaleciendo el avance de la alianza estratégica entre Codelco y SQM.

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La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha programado para el lunes 17 de noviembre la audiencia destinada a discutir los alegatos respecto al pedido de desafuero del diputado independiente Sebastián Videla.

La sesión se llevará a cabo al mediodía en la sala de Pleno del cuarto piso del tribunal.

La solicitud fue presentada por el exseremi de Bienes Nacionales, Eduardo König, quien ha sido señalado por el legislador como responsable de maltrato animal.

El parlamentario acusó a König en una denuncia ante la Fiscalía de Antofagasta, alegando que este proporcionó vidrio molido en la comida de un perro comunitario llamado Negrito, en el sector Coviefi de Antofagasta.

Videla ha expresado que esta acción judicial busca esclarecer responsabilidades en este controvertido caso, refiriéndose a la denuncia de maltrato animal que involucra al exseremi Eduardo König.

La audiencia será crucial para determinar si se avanza con el desafuero del congresista, lo que podría representar un hito en los procesos judiciales relacionados con denuncias similares en la región.

El diputado y su defensa tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos ante el tribunal, mientras que König podrá responder a las acusaciones en su contra.

La Corte evaluará la evidencia presentada y decidirá los pasos a seguir en un proceso que ha generado gran expectación tanto en la comunidad local como en el ámbito político regional.

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