Luego del atropello que resultó en la muerte de una estudiante de la Universidad de Valparaíso (UV) en el cerro Playa Ancha, el diputado Luis Cuello (PC) exigió al Gobierno que cumpla con su compromiso de apoyar y fusionar los proyectos de ley que pidentest de drogas obligatorios a conductores de microbuses, instando a que esta normativa se apruebe antes de que finalice el período legislativo actual.

A raíz del caso de Mauro Alberto Gómez, un estudiante del liceo Eduardo de la Barra que sufrió un atropello en circunstancias similares, se presentó en mayo de 2024 unproyecto de ley que establece la realización de alcotests y narcotests diarios para conductores de microbuses urbanos. Ese mismo mes, se llevó a cabo una reunión con la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, en la que se comprometió a fusionar iniciativas legislativas similares y a elaborar una propuesta desde el Ejecutivo.

Además, Cuello volvió a subrayar la urgencia de este proyecto en marzo y septiembre de 2025, esta vez acompañado de la madre de Alberto, tras un incidente en Copiapó donde un bus volcó, dirigido por un conductor que dio positivo en cocaína. Hasta la fecha, el compromiso del Gobierno aún no se ha materializado.

Al respecto, el diputado Cuello manifestó que “Valparaíso enfrenta nuevamente esta trágica situación. Una joven estudiante ha fallecido por el atropello de un conductor de micro que estaba bajo la influencia de drogas”.

Asimismo, recordó que «hace más de un año y medio presentamos un proyecto de ley que obliga a las empresas a realizar controles diarios de alcotest y narcotest, con el objetivo de evitar que conductores bajo efectos de drogas operen un micro. Hemos estado en La Moneda junto a otros parlamentarios que propusieron ideas semejantes, consiguiendo el compromiso del Gobierno para respaldar estos proyectos de ley. Sin embargo, hasta ahora, no se ha visto progreso en esta área”.

“Hago un llamado al Gobierno para que cumpla con su compromiso, respalde estos proyectos de ley y les dé un tratamiento inmediato, de forma que puedan convertirse en ley antes de finalizar el período legislativo. No podemos permitir que esto continúe y es nuestra responsabilidad prevenir más tragedias que afectan a todo Chile, especialmente a nuestra región de Valparaíso”, concluyó el parlamentario por el Distrito 7.

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La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, comentó sobre la discusión en el Congreso acerca de la Ley de Seguridad Municipal.

“Creemos que ha habido un prolongado debate, y los municipios requieren con urgencia que este proyecto sea aprobado por razones fundamentales”, afirmó durante su intervención en radio Duna.

Además, subrayó que “el Gobierno ha otorgado discusión inmediata a este proyecto desde hace tiempo, por lo que tiene prioridad para ser revisado por las comisiones y demás instancias. Sin embargo, hay particularidades que también necesitan ser debatidas a fondo”, agregó.

Cuando se le preguntó sobre el posible despacho del proyecto, la subsecretaria indicó que “hemos tenido sesiones ayer y el lunes, y tenemos otra antes del 18. Espero que podamos aprobar el proyecto al menos en la comisión para llevarlo a la Comisión de Hacienda y, posteriormente, al Senado”.

“La verdad es que ha pasado bastante tiempo y hemos dado toda nuestra prioridad a este asunto. He asistido a todas las comisiones y hemos cumplido con los requerimientos de los parlamentarios a tiempo”, mencionó.

Además, la subsecretaria tocó un tema candente en el debate sobre la ley: si las cámaras de seguridad gestionadas por los municipios deben grabar audio.

“El Gobierno ha sido claro al respecto, como se mencionó ayer en la comisión: creemos que las cámaras solo deben captar imágenes”, subrayó, añadiendo que “nos referimos a cámaras operadas por funcionarios municipales, no por Carabineros”.

“Consideramos que solo deberían grabar imágenes, y en nuestra propuesta se indicó que el audio se utilizaría únicamente para generar alertas”, explicó.

Al plantear si grabar audio podría vulnerar las libertades constitucionales y la posibilidad de solicitar reserva de constitucionalidad sobre el tema, Leitao respondió que “no lo hemos hecho, más bien hemos solicitado a la comisión que revise esta cuestión”.

“Me preocupa que ya habíamos aprobado un texto en las comisiones unidas. Ahora, en la Comisión de Seguridad, algunos parlamentarios quieren revisarlo nuevamente y presentar modificaciones. No estamos de acuerdo con esto, lo planteamos en la comisión, y esperamos encontrar una solución”, detalló.

Para finalizar, la subsecretaria de Prevención del Delito mencionó que “una cosa es otorgar facultades a los funcionarios y mejorar sus habilidades, pero hay límites que debemos proteger”.

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