Adicionalmente, el tribunal dictó una orden de arresto en contra del activista Gonzalo Velásquez, responsable de tramitar las autorizaciones de la movilización.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció la resolución, confirmando que la organización se vio forzada a costear el monto económico para impedir el encarcelamiento del dirigente ante los patrullajes policiales en su residencia.

El fundador del Movilh, Rolando Jiménez, fustigó el actuar judicial sosteniendo que se trata del «más grave y horroroso atentado contra la libertad de expresión del Orgullo en Chile». El dirigente afirmó que el proceso estuvo viciado por la falta de notificaciones formales hacia el imputado antes de despachar la orden de detención.

Frente a la negativa del juzgado a un incidente de nulidad presentado por la defensa, la agrupación confirmó la presentación de un recurso de queja y un recurso de protección para revertir el fallo ante las instancias superiores del Poder Judicial.

Desde la organización de derechos humanos cuestionaron la vaguedad del pronunciamiento judicial, remarcando que la sentencia no especifica el nivel ni la naturaleza de las emisiones sonoras objetadas.

En esa línea, advirtieron que tampoco se fundamentó la supuesta afectación a terceros en el marco de un acto público que contaba con los permisos de la autoridad administrativa, por lo que no descartan acudir a tribunales internacionales si no obtienen reparación en el plano local.

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La resolución del tribunal de alzada se adoptó mediante un fallo dividido de 2 votos contra 1, modificando así la decisión de primera instancia dictada el pasado lunes 3 de agosto.

De acuerdo con lo señalado por el tribunal, el pronunciamiento se concentró exclusivamente en la necesidad de cautela, considerando que el mero transcurso del tiempo constituye un antecedente fundado para ajustar las medidas restrictivas de libertad, sin cuestionar los presupuestos materiales sobre la existencia de los delitos ni la participación del imputado.

El exintegrante del Parlamento permanecía en prisión preventiva desde el pasado 8 de mayo tras ser formalizado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.

Conforme a los antecedentes presentados por el Ministerio Público, Lavín León se encuentra acusado de haber presentado ante la Cámara de Diputadas y Diputados y el Servicio Electoral (Servel) facturas ideológicamente falsas por un monto cercano a los $104 millones. Estos documentos habrían sido emitidos a nombre de la imprenta MMG y la empresa Modo 74 SpA, de propiedad de Juan Silva y Felipe Vásquez, respectivamente, quienes también enfrentan cargos en la investigación.

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La audiencia de revisión de cautelares se realizó de forma reservada conforme a lo solicitado por las partes. Tras la conclusión de la cita, su abogado defensor, Víctor Providel, informó que el tribunal consideró el extenso período durante el cual la exautoridad cumplió la medida cautelar de arresto domiciliario total, que superó los 400 días.

«El tribunal realiza un profundo análisis en relación con los peligros que podrían existir para la libertad de Manuel Monsalve. En ese sentido, descarta peligro de fuga, peligro de reiteración y que exista peligro de obstrucción de las diligencias de investigación pendientes», señaló el jurista tras conocer la resolución.

De igual manera, la defensa del imputado expresó que el magistrado a cargo descartó la existencia de antecedentes que permitan presumir que Monsalve podría atentar contra la seguridad o la integridad física y psicológica de la víctima o de su entorno familiar, lo que permite la flexibilización de su régimen cautelar mientras continúa el proceso penal.

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En la audiencia de formalización, la magistrada Paulina Rodríguez Zapata acogió las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, por considerarlas apropiadas y proporcionales a los fines del procedimiento. Además, fijó en tres meses el plazo de investigación.

«Se procedió a la formalización del imputado Jorge del Pozo Pastene a quien se le comunicó que se iniciaba una investigación en su contra. En todos los delitos se le atribuyó participación de autor estando los mismos consumados. El Ministerio Público solicitó, como medidas cautelares, el arresto domiciliario parcial nocturno del imputado y la prohibición de acercarse a ambas víctimas. Medidas a las que adhirió la querellante y no se opuso la defensa», informó al final de la audiencia la magistrada Rodríguez Zapata.

Según el ente persecutor, una larga investigación permitió establecer que el imputado, en octubre de 2020, fecha en la que fungía como concejal de la comuna de Chillán Viejo, habría violado utilizando fuerza a una trabajadora a contrata del municipio, a quien citó a su domicilio con la excusa de tratar temas laborales, inmueble en que concretó el delito.

En tanto, ya como alcalde, en noviembre de 2022, habría amenazado con destituir a otra funcionaria por negarse a bailar con él en una actividad oficial. La misma funcionaria, además, en enero y septiembre de 2023, habría sido víctima de actos de significación sexual realizados por el alcalde en dependencias de la municipalidad y en una celebración laboral, respectivamente.

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La entrada Autoridad municipal de Chillán Viejo enfrenta formalización por violación, abuso sexual y amenazas, con medida de arresto domiciliario parcial nocturno. se publicó primero en Quinta News.

Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado San Antonio de la Policía de Investigaciones (PDI) han detenido a tres sospechosos involucrados en la venta de sustancias prohibidas en la comuna de Algarrobo, en la región de Valparaíso.

Gracias a un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, la PDI logró obtener órdenes de entrada y registro para siete propiedades, donde se incautaron 115,6 gramos de cocaína base, 20 gramos de clorhidrato de cocaína, 8,45 gramos de marihuana, un gramo de ketamina, y dos plantas de cannabis sativa en etapa de crecimiento, así como dinero en efectivo de baja denominación y materiales para la dosificación de drogas.

Asimismo, fuentes de la investigación informaron que uno de los detenidos tenía dos órdenes de arresto pendientes por homicidio y amenazas a Carabineros.

Por orden del Ministerio Público, todos los imputados fueron llevados ante el Juzgado de Garantía de San Antonio, donde serán formalizados y conocerán las medidas cautelares que se les aplicarán.

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La entrada Detienen a tres personas por microtráfico en Algarrobo; uno de ellos tenía órdenes de arresto por homicidio. se publicó primero en Quinta News.

Este lunes por la tarde se activó el protocolo de seguridad en el Terminal Nacional del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, tras la detección de una vibración inusual en el equipaje de un pasajero por parte del personal de la aerolínea SKY.

Esta situación impactó el vuelo H2-2026 de la misma aerolínea, que tenía como destino Copiapó y transportaba a 139 pasajeros y 6 tripulantes. El personal evacuó de inmediato a todos los pasajeros y a la tripulación, ubicándolos en una zona segura dentro del terminal.

Al mismo tiempo, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al pasajero implicado, un chileno de 38 años sin antecedentes penales.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) se constituyó en el AMB a las 18:40 horas, estableciendo una coordinación interinstitucional constante.

El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, junto con expertos en manejo de explosivos, también llegaron al aeropuerto.

La aeronave fue trasladada a una zona segura para permitir la realización de los procedimientos técnicos necesarios.

Finalmente, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó a las 20:32 horas sobre la conclusión del procedimiento, excluyendo la presencia de explosivos en la aeronave.

Además, se indicó que el pasajero implicado fue entregado a la Policía de Investigaciones.

(Imagen referencial)

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La entrada No se encontraron explosivos en el Aeropuerto de Santiago: un avión fue evacuado y la PDI arrestó a un pasajero. se publicó primero en Quinta News.

La Policía de Investigaciones (PDI) capturó este viernes al psiquiatra Alberto Larraín, fundador de ProCultura y mencionado en el caso Convenios, tras la emisión de una orden de detención por parte del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

El psiquiatra fue arrestado en un lugar distinto de su hogar y luego, fue llevado a su residencia en Ñuñoa, que, según se informa, está siendo investigada por agentes de la PDI.

Al llegar a su domicilio, Larraín comentó brevemente que «llevamos dos años y medio en este proceso, donde no se ha logrado aclarar la situación, y siempre hemos estado dispuestos a aclarar cualquier tema. Así que, si podemos ayudar, bienvenida sea la oportunidad«.

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«La detención es parte del proceso regular, y debemos hacer que las cosas funcionen como corresponde», añadió antes de entrar a su vivienda acompañado por personal de la PDI.

El convenio con ProCultura significó transferencias que superan los $1.600 millones, y los investigadores alegan que fue acelerado de manera artificial debido a gestiones del gobernador metropolitano, Claudio Orrego.

El mismo juzgado también emitió órdenes de captura para María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme, Evelyn Magdaleno y Gabriel Prado, siguiendo la decisión del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien coordina la investigación junto con un equipo de la PDI.

La Fiscalía ha centrado su atención en los vínculos anteriores entre Claudio Orrego y Larraín, así como en las conexiones con Abusleme y Magdaleno.

“El análisis institucional del proyecto ‘Quédate’ y sus principales actores no puede entenderse sin considerar los vínculos previos, tanto formales como informales, entre Claudio Orrego, Alberto Larraín, Evelyn Magdaleno y María Teresa Abusleme”, afirmó el Ministerio Público al solicitar el desafuero del gobernador.

En esa solicitud, los fiscales declararon que la autoridad metropolitana “abusó de su cargo de gobernador regional Metropolitano y, por ende, de su función pública, al intervenir en actos propios de su cargo y violar gravemente los deberes correspondientes”.

La Fiscalía considera que los recursos se asignaron sin criterios objetivos: “Se procedió a una asignación discrecional, por lo tanto, arbitraria, sin parámetros objetivos de evaluación y sin respetar los principios de transparencia, probidad y eficiencia que rigen la contratación pública”.

El convenio con ProCultura implicó transferencias de más de $1.600 millones, y los investigadores aseguran que fue acelerado artificialmente gracias a las gestiones de Orrego.

Conversaciones entre las acusadas Abusleme y Magdaleno respaldan esta teoría, mencionando que el gobernador incluso habría contactado a autoridades para acelerar el proceso.

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Agentes de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de Los Andes, perteneciente a la Policía de Investigaciones (PDI), arrestaron a dos individuos chilenos en el contexto de una investigación por delitos de robo en lugar habitado y robo con intimidación. Uno de ellos era buscado por contar con dos órdenes de aprehensión vigentes y estar relacionado con otros delitos similares en la provincia.

El jefe interino de esta unidad, subprefecto Alex Silva, mencionó que, “mientras se llevaba a cabo el procedimiento de detención en un domicilio en la comuna de San Esteban, los detectives percibieron un fuerte olor a marihuana proveniente de uno de los dormitorios del inmueble, lo que llevó a inspeccionar el lugar y descubrir dos bolsas con cannabis sativa, que pesaban 776 gramos; cinco envases de clorhidrato de cocaína, que sumaban 2.5 gramos; una pistola de aire comprimido y $133 en efectivo.”

El oficial añadió que, “también se halló en el patio trasero de la vivienda una gran cantidad de herramientas de construcción, las cuales el propietario no pudo justificar su procedencia, y que fueron valoradas en aproximadamente $16 millones de pesos. Estas herramientas fueron reconocidas posteriormente por dos víctimas de robos en el lugar. Además, se encontró una bolsa con 139 cilindros de pirotecnia, cuya posesión está prohibida por la ley.”

Con base en lo expuesto, el propietario de la vivienda fue detenido por receptación flagrante, y por infracciones a la ley de drogas y a la ley de control de armas y explosivos. Tras instrucciones del Ministerio Público, ambos detenidos fueron llevados ante el Juzgado de Garantía de Los Andes para su control y formalización.

(Imagen referencial)

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La entrada Capturan a dos hombres en una pesquisa por robos en la provincia de Los Andes: uno de ellos contaba con órdenes de arresto vigentes. se publicó primero en Quinta News.

La Sección Centauro de la Prefectura de Carabineros Valparaíso ha concluido el 2025 con resultados positivos, destinados a reforzar las operaciones en Valparaíso y Casablanca.

Esta unidad se enfoca en áreas con altos índices de incivilidades y delitos, además de enmarcarse dentro del plan «Calles sin violencia». Su propósito es aumentar la presencia policial, fortalecer la seguridad ciudadana y asegurar una respuesta rápida y efectiva.

Mediante patrullajes motorizados, controles preventivos y despliegues focalizados, el año pasado se detuvieron a 703 personas, de las cuales 410 eran prófugos de la justicia. Este resultado corresponde a los 8.000 controles de identidad y vehiculares realizados en la zona.

En términos de incautaciones, se lograron retirar del comercio ilegal 14.107 cigarrillos de contrabando, 14 armas de fuego y 50 armas blancas. También se recuperaron 14 automóviles con encargo vigente.

En el ámbito de la fiscalización de la ley de alcoholes, se registraron 2.369 infracciones, tanto a locales de expendio como a individuos por consumo en la vía pública. En relación a las infracciones de tránsito, Carabineros reportó 610 infracciones y 415 por incumplimiento de ordenanzas municipales.

Finalmente, la institución policial subrayó que «estos resultados evidencian el compromiso, profesionalismo y dedicación de los funcionarios que componen esta sección especializada«, reafirmando el compromiso de Carabineros de Chile con la seguridad, el orden público y la comunidad.

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La entrada La Sección Centauro de Carabineros arrestó a 703 individuos y confiscó 14 armas de fuego en Valparaíso y Casablanca durante el 2025. se publicó primero en Quinta News.

El Juzgado de Garantía de Concepción ha decidido reducir la medida cautelar de arresto domiciliario total que pesaba sobre Camila Polizzi desde noviembre de 2023.

La principal acusada en la arista Lencería del caso Convenios en la región del Biobío ahora enfrentará un arresto domiciliario nocturno.

A la excandidata a alcaldesa de Concepción se le mantiene el arraigo nacional y la obligación de firmar cada quince días.

La defensa de Polizzi, liderada por el abogado Francisco García, solicitó la revisión de las medidas, argumentando que su representada ha cumplido con todas las condiciones durante casi dos años y enfrenta dificultades económicas.

“Ha cumplido con cada uno de los requisitos impuestos y necesita generar ingresos. Hay una oferta laboral concreta que respaldaba esta solicitud”, explicó el abogado.

La propuesta laboral consiste en un contrato de seis meses con la plataforma para adultos Arsmate, con la cual Polizzi ya ha trabajado anteriormente.

Tras la audiencia, la excandidata se mostró aliviada por la decisión y, en relación a la oferta laboral, comentó: “No puedo dar muchos detalles, pero seguiré colaborando con Arsmate. Ahora podré movilizarme durante el día, lo que me permitirá realizar actividades tanto en Santiago como en Concepción.”

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