La Fiscalía de Perú anunció este viernes su intención de solicitar el retiro del pasaporte a la expresidenta Dina Boluarte, con el objetivo de evitar una posible fuga mientras se llevan a cabo investigaciones sobre su desempeño, incluyendo las muertes de manifestantes en las protestas de 2022 y 2023, así como un presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal general Tomás Gálvez admitió que la acción del Congreso fue inesperada, pero que en breve buscarán prohibir la salida del país de la exmandataria, tras rumores sobre un posible intento de huida a través de alguna embajada.

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El abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, desmintió estos rumores, afirmando en su cuenta de X que «ella está en su hogar; ese ha sido y será su ubicación». Además, destacó que está dispuesta a colaborar con los poderes del Estado si se le requiere.

«Dejen el delirio informativo a un lado y practiquen un periodismo veraz, educativo y responsable», indicó el profesional, quien ha enfrentado hasta siete investigaciones durante casi tres años de mandato, además de tres por situaciones anteriores a su rápida llegada al poder tras la caída de Pedro Castillo.

Dada la nueva situación, Gálvez confía en que las investigaciones avancen, después de que como presidenta, el Tribunal Constitucional interrumpiera en cierta medida las pesquisas y la posibilidad de implementar medidas cautelares.

Ahora sin inmunidad, Boluarte deberá responder por las siete causas abiertas en su contra. Las más avanzadas tienen que ver con las muertes de 49 personas durante las protestas contra el Gobierno a finales de 2022 y principios de 2023, y con un supuesto delito de cohecho pasivo ligado a la posesión de joyas y relojes de lujo.

Los otros casos, que se encuentran en fase preliminar, abordan un supuesto abandono de funciones para someterse a procedimientos estéticos, abuso de autoridad por el cierre de una oficina especial de fiscales anticorrupción, enriquecimiento ilícito, supuesta complicidad en el traslado ilegal del prófugo Vladimir Cerrón en un vehículo oficial y un acuerdo subrepticio para mantener a un aliado al frente de la Policía.

(Imagen: Presidencia de Perú)

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El Congreso de Perú aprobó la destitución de la Presidenta Dina Boluarte, con una amplia mayoría, argumentando «incapacidad moral permanente» para enfrentar la inseguridad en el país. José Jeri Oré, presidente del Congreso, asumió su lugar.

Con 123 votos a favor de un total de 130 escaños, se puso fin a la administración de Boluarte, menos de tres años después de iniciarse su mandato y en medio de una crisis de seguridad que culminó en un tiroteo durante un concierto de cumbia en el sur de Lima.

«Recibí la banda presidencial del Congreso, el mismo que hoy votó por mi destitución», declaró Boluarte tras dejar el cargo, añadiendo que «mi preocupación siempre ha sido el bienestar de los más de 34 millones de peruanos, que merecen un crecimiento y estabilidad democrática libre de corrupción».

La destitución fue impulsada por la aprobación de hasta cuatro mociones en el Parlamento, tras las cuales la presidenta fue convocada a defender su gestión, aunque no acudió a la cita.

El proceso de destitución se aceleró tras un tiroteo en un concierto del grupo Agua Marina, que se celebró en el Círculo Militar de Chorrillos, un distrito al sur de Lima, la noche del miércoles.

Durante la actuación de la banda, varios tiradores abrieron fuego, resultando en cinco heridos, cuatro de ellos músicos, en un nuevo episodio de inseguridad, que ha sido uno de los principales motivos de las recientes protestas contra el gobierno.

El Ministerio del Interior condenó los hechos de inmediato e informó que la Policía estaba investigando. En un comunicado, indicó que el evento no contaba con las garantías adecuadas y que no se había notificado a las autoridades policiales sobre su celebración.

«Se insta a los organizadores de este tipo de espectáculos públicos no deportivos a cumplir con todos los mecanismos y protocolos necesarios para asegurar los permisos y las garantías de seguridad requeridas», señala el comunicado.

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