De acuerdo con información de la PDI, en Chile se roban aproximadamente 500.000 teléfonos celulares cada año, cifra que corresponde al 62,6% de los bienes sustraídos en lugares públicos. No obstante, estadísticas de Subtel indican que solamente el 50% de estos dispositivos son bloqueados, condición que posibilita su distribución en mercados ilegales.

Las autoridades instaron a la ciudadanía a actuar con rapidez en caso de robo o sustracción de un celular, recomendando solicitar el bloqueo del equipo a través del código IMEI y del chip SIM, además de interponer una denuncia ante Carabineros o la PDI.

La campaña tiene como objetivo enfrentar ilícitos vinculados al uso de equipos robados, tales como fraudes en línea, usurpación de identidad, phishing y SIM swapping, enfatizando la relevancia de inutilizar los dispositivos para disminuir su demanda en el mercado informal.

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El incremento sostenido de teléfonos celulares en las cárceles chilenas ha despertado serias dudas sobre la capacidad de control del sistema penitenciario. Expertos en seguridad alertan que el aumento del 26% en las incautaciones en el último año evidencia vulnerabilidades que facilitan la actividad delictiva desde el interior de estos recintos.

Este debate se intensifica junto a investigaciones judiciales recientes. En un caso de estafa telefónica que involucra a la actriz Amparo Noguera, el juez de Garantía Leonardo Valdivieso determinó que, “dado que no se estableció, por ahora, su participación en ninguno de los delitos imputados, no se le impondrán medidas cautelares” para tres de los imputados formalizados.

La fiscalía apeló y logró extender la prisión preventiva a otros implicados, aunque no se aclaró la participación de los internos. Se corroboró que durante un operativo Gendarmería incautó 12 teléfonos celulares junto a sus tarjetas SIM en las celdas de los imputados, estableciéndose que “la evidencia material, junto al informe de Gendarmería, justifica la existencia del delito” en cuanto a la tenencia de elementos prohibidos.

Más allá del caso específico, las cifras generales confirman una tendencia al alza. En 2024 se reportaron 27,762 dispositivos confiscados, número que aumentó en 2025 a 34,921. El exdirector de Gendarmería, Christian Alveal, declaró en una entrevista con El Mercurio que “el aumento en las incautaciones de teléfonos celulares y otros objetos prohibidos refleja vulnerabilidades estructurales en los sistemas de control y seguridad”. Según él, la circulación de estos dispositivos “permite la continuidad operativa de organizaciones criminales” y, en un sistema penitenciario efectivo, tales situaciones deberían “tender a cero”.

Alveal también subraya que solo una pequeña proporción de internos puede costear el ingreso ilegal de dispositivos, con un valor aproximado de $350,000, que incluye sobornos y el equipo mismo. Por ello, propone avanzar hacia una inteligencia penitenciaria que descubra los perfiles de demanda y reduzca la oferta.

Por su parte, el exfiscal Luis Toledo sostiene que este fenómeno puede interpretarse tanto como un aumento en los controles como por un mercado ilícito más activo. En este sentido, indica que “el ingreso ilegal sigue siendo estructural” y que “un número mayor de incautaciones puede reflejar mejoras en los controles, pero también evidencia que el mercado ilícito de celulares en cárceles persiste y se adapta”.

Las críticas también se extienden a los inhibidores de señal instalados en algunos recintos. Toledo sugiere que “el enfoque debe orientarse hacia una estrategia de control inteligente, que combine persecución penal, tecnología y regulación”, incluyendo trazabilidad de IMEI, bloqueo efectivo de equipos y una mayor colaboración con compañías telefónicas, resaltando que “el sector privado no es un actor neutro”.

Alveal coincide en que los inhibidores son insuficientes mientras existan brechas de seguridad, incluso sugiriendo prohibir la instalación de antenas cercanas a las cárceles mediante modificaciones legales.

El problema abarca no solo el control, sino también la persecución penal. La resolución judicial en el caso de Noguera indicó que “no se acreditó nada en relación con el lugar de las llamadas y quién las habría realizado”, lo cual muestra las dificultades probatorias. Toledo explica que asociar dispositivo, chip y usuario requiere pericias complejas, cooperación rápida de empresas y registros confiables, todo en un contexto de celulares compartidos y ocultamiento de evidencia por parte de terceros fuera de los penales.

Alveal añade que las investigaciones dentro de las cárceles enfrentan riesgos para testigos y dinámicas de poder que pueden distorsionar la asignación de responsabilidades, por lo que “los estándares probatorios aplicables a delitos intracarcelarios no pueden ser idénticos a los aplicables en el medio libre”.

Con cifras en aumento, limitaciones tecnológicas y persistentes desafíos investigativos, el control de las comunicaciones ilegales en las cárceles se convierte en una de las brechas más críticas del sistema de seguridad, generando presión por reformas que superen las medidas actualmente existentes.

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La Cámara de Diputados ha aprobado con una amplia mayoría las enmiendas del Senado al proyecto de ley que regula el uso de dispositivos móviles electrónicos, como celulares y tablets, en instituciones educativas, quedando así a un paso de ser promulgada por el Ejecutivo.

El eje principal de esta iniciativa es la prohibición del uso de estos dispositivos en escuelas de educación básica y media. Sin embargo, la normativa incluye excepciones que se pueden solicitar para necesidades específicas, siempre con la autorización del director del establecimiento.

Cristóbal Guerra, académico de Psicología en la Universidad Santo Tomás, sede Viña del Mar, destacó la importancia de esta ley, considerándola un avance necesario frente al uso desmedido de pantallas e internet por parte de niños y adolescentes.

“Los niños pequeños no deberían estar expuestos a este tipo de estimulación. Es muy placentera y entretenida, pero perjudica su aprendizaje, desarrollo y habilidades sociales”, sostuvo.

El uso desmedido de estos dispositivos puede desplazar actividades esenciales como jugar con otros niños, practicar deporte, desarrollar creatividad, interactuar con la familia y adquirir hábitos saludables.

Para escolar y adolescentes, además, surgen otros riesgos importantes, como la interacción con desconocidos, el intercambio irresponsable de información o imágenes, la exposición a agresores sexuales y el ciberbullying. “Un uso desregulado puede llevar a situaciones muy complejas que los adultos muchas veces no conocen hasta que es demasiado tarde”, advirtió Guerra.

No obstante, el académico destacó que la tecnología no debe ser vista como algo negativo en sí misma. “Los dispositivos no son malos; el problema es el uso excesivo, descontrolado o estereotipado. Internet puede ser una herramienta muy valiosa si se utiliza correctamente”.

La Superintendencia de Educación será la encargada de implementar la norma, elaborando instructivos que detallen mecanismos, condiciones y consecuencias frente al uso indebido de dispositivos. La prohibición se aplicará durante todas las actividades curriculares, dentro del aula y también afectará a docentes, asistentes y otros miembros de la comunidad educativa.

La ley comenzará a regir a partir del inicio del año escolar 2026, y las instituciones educativas tendrán plazo hasta el 30 de junio de ese año para actualizar sus reglamentos internos.

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La Fiscalía de Análisis Criminal del Biobío ha formalizado al gendarme Luis Montalba por cohecho e internación de elementos prohibidos en la cárcel de Arauco, delitos que se habrían cometido entre 2023 y 2024.

El tribunal ha decretado prisión preventiva como medida cautelar para el funcionario.

El fiscal Mario Elgueta explicó que la denuncia fue realizada por los propios colegas de Montalba. “Después de más de un año de investigación, que incluyó interceptaciones telefónicas, declaraciones y una amplia recopilación de antecedentes, logramos confirmar la existencia de delitos y el grado de participación de este funcionario”, comentó.

La investigación reveló que Montalba recibió más de $3 millones de reclusos, exreclusos y personas relacionadas con ellos, a cambio de ingresar teléfonos móviles y drogas al penal. Cada transacción se remuneraba con montos que variaban entre $100 mil y $300 mil, ya sea en efectivo o mediante transferencia bancaria.

Las indagaciones fueron llevadas a cabo por una unidad especializada de Gendarmería, que examinaron grabaciones de cámaras de seguridad. Además, se obtuvo autorización judicial para realizar interceptaciones telefónicas que confirmaron el comportamiento ilícito. El Juzgado de Garantía de Arauco ha otorgado un plazo de 120 días para finalizar la investigación.

(Imagen referencial)

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La entrada Un gendarme de Arauco fue detenido en prisión preventiva por recibir pagos a cambio de introducir celulares y drogas en la cárcel. se publicó primero en Quinta News.

La Cámara de Diputados aprobó los cambios efectuados por el Senado al proyecto que prohíbe y regulael uso de dispositivos digitales, como celulares, en los establecimientos educativos.

Como resultado, la iniciativa está lista para ser enviada al Ejecutivo para su promulgación como ley.

Las modificaciones realizadas en el segundo trámite fueron respaldadas por una amplia mayoría, sin votos en contra. Entre los cambios, se sustituyó el término de medios tecnológicos de telefonía móvil por dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal, que engloba aquellos elementos que permiten telecomunicaciones y acceso a internet para interactuar y consultar contenidos digitales.

Además, se excluyó la educación parvularia de la prohibición.

El nuevo texto prohíbe el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en las instituciones educativas que imparten educación básica y media.

Sin embargo, se establecen ciertas excepciones para permitir su uso en situaciones específicas:

• Si el estudiante tiene necesidades educativas especiales y el uso de estos dispositivos es una herramienta de apoyo, debiendo ser acreditado por un profesional competente.
• En casos de emergencia, desastre o catástrofe.
• Si el alumno presenta una enfermedad o condición de salud diagnosticada que requiera monitoreo mediante dispositivos móviles, lo cual necesitará un certificado médico.
• Cuando su utilización sea útil para actividades curriculares o extracurriculares en educación básica o media.
• Si un padre, madre o apoderado lo solicita de forma justificada y temporal, solo por razones de seguridad personal o familiar del estudiante.

Las excepciones relacionadas con actividades curriculares y la última mencionada deberán ser autorizadas por el director del establecimiento.

El texto establece que le corresponde a la Superintendencia de Educación implementar, a través de sus instructivos, la prohibición, considerando mecanismos, condiciones y sanciones para el uso de dispositivos móviles.

La prohibición se aplicará durante las actividades curriculares en las aulas y afectará a toda la comunidad educativa.

En educación media, los reglamentos podrán determinar espacios, horarios y actividades específicas donde el uso de dispositivos móviles esté permitido, teniendo en cuenta la autonomía progresiva de los alumnos. Asimismo, se establecerán procedimientos y medidas para regular su uso y las consecuencias de su incumplimiento.

Se busca que los centros educativos informen a toda la comunidad sobre el uso responsable de dispositivos móviles y sus riesgos, y fomenten acciones formativas que prevengan su uso indebido o delitos relacionados con estos medios.

La prohibición entrará en vigor a partir del inicio del año escolar 2026, fijándose como plazo hasta el 30 de junio para la actualización de los reglamentos internos.

Finalmente, se estipula que en 2030, el Ministerio de Educación realizará una evaluación de esta medida.

En general, la regulación del uso de dispositivos móviles en las aulas se considera un avance, ya que establecerá normas claras dentro de los recintos educativos. Además, se destaca que abordará la desconcentración en el aprendizaje y el impacto que los celulares tienen en el rendimiento académico y en la convivencia escolar. También se tiene en cuenta la ansiedad y rapidez con la que las notificaciones de redes sociales afectan la interacción social de los jóvenes.

Se espera que la medida favorezca la salud mental de los alumnos. Además, se subrayó que los docentes no asumirán la carga de controlar el uso de celulares, evitando un papel de vigilancia.

También se valoró la inclusión de la educación digital como principio fundamental y una campaña informativa anual del Gobierno para señalar los beneficios y riesgos del uso de pantallas.

Sin embargo, algunos parlamentarios cuestionaron que los establecimientos asuman una responsabilidad educativa que corresponde a los padres y que la prohibición incluya a toda la comunidad educativa, incluso a los docentes y asistentes.

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La entrada Cámara de Diputados aprueba proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares en escuelas. se publicó primero en Quinta News.

La Sala del Senado ofreció un fuerte apoyo al proyecto que prohíbe la utilización de dispositivos digitales de comunicación personal en los niveles de educación parvularia, básica y media en los colegios del país.

Con esta aprobación, la iniciativa está lista para su tercer trámite en la Cámara de Diputados.

La Sala ratificó los cambios realizados por la Comisión de Educación a la propuesta inicial, que establecen la extensión de la prohibición del uso de celulares a todos los niveles educativos, con algunas excepciones por motivos de salud, emergencia o catástrofe.

Se establecen derechos y responsabilidades para los miembros de la comunidad educativa, y la normativa entrará en vigor en el año 2026.

El senador Gustavo Sanhueza, presidente de la Comisión de Educación, explicó las modificaciones realizadas a una propuesta que surgió de siete mociones refundidas.

En esencia, se consagran derechos y responsabilidades para los integrantes de la comunidad educativa, destacando el deber de los padres y apoderados para supervisar el uso de dispositivos móviles por parte de los estudiantes fuera del horario escolar, así como asumir la responsabilidad de las repercusiones de su uso indebido.

Igualmente, se establece que el sistema educativo promoverá un uso responsable y seguro de las tecnologías en el proceso de formación, especialmente en lo relacionado con la información y la conectividad digital.

El proyecto propuesto prohíbe la utilización de dispositivos móviles en establecimientos que ofrecen educación parvularia, básica o media, contemplando excepciones como:

• Cuando el estudiante tenga necesidades educativas especiales y el uso adecuado de estos dispositivos sea una herramienta de apoyo a su aprendizaje.
• En caso de emergencia, desastre o catástrofe.
• Si el estudiante presenta una condición de salud diagnosticada que requiera monitoreo con dispositivos móviles.
• Si el uso de dispositivos móviles es relevante para actividades curriculares o extracurriculares.
• Si un padre, madre o apoderado lo pide temporalmente y con justificación por razones de seguridad personal o familiar.

La prohibición de uso de dispositivos móviles se aplicará durante las actividades curricularesdentro del aula y afectará a todos los integrantes de la comunidad educativa, excepto en circunstancias excepcionales.

Sin embargo, se establece que en la educación media, los reglamentos de las instituciones podrían permitir el uso de dispositivos móviles en horarios o actividades específicas, teniendo en cuenta la autonomía progresiva de los alumnos.

Por último, se incluye una disposición transitoria que indica que lo dispuesto en esta iniciativa entrará en vigencia al inicio del año escolar 2026 y que las instituciones educativas tendrán hasta el 30 de junio de 2026 para actualizar sus reglamentos internos.

Además, se estipula que en marzo de 2030, el Ministerio de Educación presentará a las Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado un informe sobre la evaluación de la implementación, incluyendo aspectos como la convivencia escolar, rendimiento académico, bienestar socioemocional y brechas en el acceso digital.

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La entrada Senado aprueba iniciativa que prohíbe el uso de celulares en escuelas: se envía a tercer trámite en la Cámara. se publicó primero en Quinta News.

En la noche del jueves 6, personal de Gendarmería y Carabineros logró capturar al operador de un dron que, durante varias semanas, había intentado introducir teléfonos celulares y droga en el Módulo 3 del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno.

La intervención tuvo lugar a las 21:15 horas, cuando los funcionarios de Gendarmería detectaron el dron sobrevolando el módulo de imputados reincidentes y entregando un envoltorio que presuntamente fue recogido por internos. El alcaide (s), Mayor Danny Jara Arellano, activó el Plan de Enlace y notificó a la Primera Comisaría de Carabineros.

Desde la plaza Suiza, en la intersección de Zenteno y Rodríguez, Carabineros interceptó a un hombre de 35 años que estaba manipulando el dron con una cuerda atada a un calcetín, que contenía tres teléfonos celulares. “Carabineros, de manera inmediata, y siguiendo las características proporcionadas por el personal de Gendarmería, procedió a fiscalizar al individuo”, explicó el capitán Thomas Riquelme.

El detenido, quien tiene antecedentes policiales pero no órdenes vigentes, fue presentado ante el tribunal. Además, se informó al Juzgado de Policía Local, dado que no contaba con la acreditación de la DGAC para operar drones. Se confiscaron el dron, su control remoto, el celular del detenido y los objetos que pretendía ingresar.

Simultáneamente, Gendarmería llevó a cabo un allanamiento en los dormitorios 1 y 2 del Módulo 3, incautando cuatro teléfonos, seis litros de licor artesanal, un arma blanca hecha a mano, un cable USB y un envoltorio con 21,9 gramos de cannabis sativa.

El coronel Gustavo Flores Abarca, director regional de Gendarmería, destacó la relevancia del trabajo conjunto: “Es cada vez más vital la colaboración entre los distintos organismos que participan en la seguridad pública.”

La delegada presidencial regional, Paulina Muñoz, también subrayó la coordinación: “Este operativo evidencia la importancia de la labor preventiva y del control que realizan ambas instituciones (…) Nos comprometemos a seguir fortaleciendo esta articulación y nuestras capacidades operativas para enfrentar nuevas modalidades delictivas.”

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La entrada Capturan a un hombre que intentaba introducir celulares y droga en la cárcel de Osorno utilizando un dron. se publicó primero en Quinta News.

En respuesta a varias denuncias, la Policía de Investigaciones (PDI) desmanteló una banda dedicada al robo de teléfonos celulares en la Pampilla, Región de Coquimbo.

El subprefecto José Luis Ortega, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Coquimbo, explicó que “nuestros detectives están llevando a cabo diversas acciones de análisis criminal e inteligencia policial para localizar los dispositivos móviles que fueron robados a los asistentes de la Pampilla”.

“Como resultado, se recuperaron 35 teléfonos celulares que una organización criminal tenía en un domicilio en la Avenida Costanera de esta comuna. Además, dos personas que residían en el lugar fueron arrestadas; estos teléfonos habían sido sustraídos durante las celebraciones de Fiestas Patrias en el interior de la Pampilla”, agregó.

Los detenidos son un hombre y una mujer de 22 y 32 años, ambos de nacionalidad chilena, quienes fueron puestos a disposición de la justicia para su correspondiente control de detención.

Se espera que los acusados sean formalizados hoy en el Juzgado de Garantía de Coquimbo por hurto y receptación flagrante de bienes robados.

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Las Fiestas Patrias representan un periodo crítico en las cárceles de la región de Valparaíso y del país. Debido a la celebración, se incrementan notablemente los intentos de ingreso de elementos prohibidos, lo que lleva a Gendarmería a intensificar los procedimientos de registro y allanamiento en todos sus recintos del subsistema cerrado.

En respuesta a esta situación, se implementó el Plan Preventivo de Fiestas Patrias, que permitió realizar 41 operativos de registro y allanamiento en diversas cárceles de la región durante la primera quincena de septiembre.

En estos operativos se lograron confiscars 68 teléfonos celulares, 293 armas blancas artesanales y 396 dosis de diversas drogas, entre otros artículos prohibidos por la administración penitenciaria, que pueden generar desordenes y poner en riesgo a la población penal y al personal funcionario.

A estos objetos se añaden –aunque en menor cantidad–  cables USB, fermento artesanal, pipas, perfumes, audífonos, entre otros.

El aumento en los operativos se complementa con otras medidas para fortalecer la seguridad en las unidades penales durante las Fiestas Patrias: una de ellas es el apoyo de personal uniformado de la Dirección Regional, que colabora en labores de seguridad en distintos recintos penales de la región, especialmente en el Complejo Penitenciario de Valparaíso.

Además,  40 gendarmes en formación están realizando prácticas en los recintos penitenciarios, principalmente en el Complejo de Valparaíso.

Estos estudiantes de la Escuela Institucional participan en diversas tareas dentro de las cárceles, algunas de las cuales refuerzan la seguridad de los recintos.

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Los rigurosos controles en el paso fronterizo Chungará sobre las mercancías que entran y salen del país en la Región de Arica y Parinacota, permite desbaratar un millonario contrabando de teléfonos móviles, tablets y cargadores destinados a Bolivia.

Este hecho se descubrió cuando un equipo de inspectores de la Aduana Regional de Arica inspeccionó la cabina de un camión, encontrando en uno de los compartimentos cajas envueltas en bolsas negras.

Al realizar una revisión más exhaustiva de la cabina y sus diferentes compartimentos, se hallaron más bultos ocultos. Esto llevó al descubrimiento de 386 teléfonos, tablets y cargadores, todos nuevos y sellados, incluidos modelos como Iphone 13, 15 y 16. Las demás marcas encontradas fueron Infinix, Redmi, Samsung y Tecno.

“Este procedimiento de control en la frontera con Bolivia evidencia la necesidad de mantener un control riguroso sobre el comercio exterior, las mercancías y los vehículos que las transportan para detectar delitos como el contrabando, que afectan tanto al comercio legítimo como a la seguridad de ambos países”, declaró James Alarcón Contreras, director de la Aduana Regional de Arica.

El valor total de esta considerable cantidad de productos electrónicos nuevos, que estaban siendo enviados al país vecino, supera los 53 mil dólares.

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