Conforme a los datos iniciales, el individuo fue atacado por dos personas, también posiblemente extranjeras, quienes causaron su muerte mediante armas de fuego. Las autoridades investigan si además emplearon armas blancas para agredirlo.

El fiscal ECOH Daniel Contreras explicó que «recibimos una denuncia a propósito que en este cité, aquí en la comuna de La Cisterna, existe una persona de nacionalidad colombiana, que lo habían matado recientemente con tiros de arma de fuego (…) Dos sujetos, también probablemente extranjeros, lo habrían ultimado».

El persecutor señaló que los agresores también residirían en el cité, y que el homicidio se habría producido tras una discusión que fue escalando en intensidad.

«Se encontraron unos casquillos, que probablemente fueron el resultado de haber disparado a este joven», manifestó Contreras.

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El hecho ocurrió en la tarde del martes durante una audiencia en la que participaban dos adolescentes imputados. En medio de una riña entre ambos, uno de ellos extrajo un arma blanca e hirió al otro. Una segunda persona también resultó lesionada durante el incidente, que se produjo ante la presencia del fiscal del caso, funcionarios judiciales, defensores y asistentes.

El adolescente agresor fue reducido y detenido por Carabineros tras el ataque, mientras que los lesionados recibieron atención médica. Las circunstancias que originaron la pelea y la forma en que el arma logró ingresar al tribunal continúan siendo investigadas.

La Asociación Nacional de Fiscales de Chile emitió una declaración pública condenando los hechos y señalando que la situación evidencia graves deficiencias en los sistemas de seguridad de los recintos judicales.

La organización expresó su respaldo al fiscal y a quienes debieron enfrentar una situación de extrema violencia en el ejercicio de sus funciones, destacando que el ataque nuevamente coloca en evidencia la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad en los tribunales de justicia.

La Asociación sostuvo que resulta especialmente grave que un arma blanca haya podido ingresar a una sala de audiencias, exponiendo a fiscales, jueces, funcionarios, defensores, intervinientes y público asistente a un riesgo evidente.

Además, instó a revisar con urgencia los protocolos de control de acceso, la detección de elementos prohibidos y las medidas de reacción ante emergencias. También recordó la existencia del Convenio de Seguridad suscrito entre las instituciones del sistema de justicia, cuya implementación debe fortalecerse para prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir.

La entidad pidió que el caso sea investigado con máximo rigor y que las instituciones competentes adopten medidas concretas para reforzar la seguridad en los tribunales de justicia del país.

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El conjunto será desarrollado en el marco del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS-49) e incluye nueve edificios de cuatro y cinco pisos, además de áreas verdes, estacionamientos, bicicleteros y una sala multiuso destinada a actividades comunitarias.

El inicio de las obras se realizó mediante una ceremonia simbólica que contó con la participación de autoridades y las familias beneficiarias. Durante el acto, enterraron una cápsula con mensajes y deseos para acompañar el proceso constructivo. La entrega de las viviendas está proyectada para los primeros meses de 2028.

El comité habitacional Guacolda, encargado de impulsar el proyecto, reanudó sus gestiones en 2020 para avanzar en la obtención de los subsidios y el desarrollo de la iniciativa. El nombre del comité recuerda a una histórica dirigenta de Rodelillo que participó en diversos proyectos habitacionales del sector.

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El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, lideró la ceremonia de entrega del conjunto habitacional «El Nogal» en la comuna de Casablanca. Este proyecto beneficiará a 192 familias y permite superar la meta de 815 viviendas establecidas en el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) del Gobierno.

Los departamentos, construidos en hormigón armado, tienen una superficie aproximada de 60 m² y cuentan con 3 dormitorios, sala de estar-comedor, cocina, logia y balcón. Incluyen dos baños, salvo las viviendas para personas con movilidad reducida. Asimismo, el proyecto incorpora acondicionamiento térmico, ventanas de termopanel y un cierre perimetral eléctrico.

En términos de equipamiento comunitario, «El Nogal» cuenta con una plaza, dos sedes comunitarias, áreas verdes centrales y ciclovías. Está ubicado en la zona poniente de Casablanca, cerca de comercios, un skatepark y la autopista.

Este proyecto de alta calidad fue desarrollado bajo el Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) y apoya a familias de la comuna, organizadas en los comités habitacionales «Newen» y «Luchando por Mi Casa».

El ministro Carlos Montes destacó que «en Casablanca se ha impulsado significativamente el programa de vivienda y el Plan de Emergencia, superando ya las 815 viviendas que era la meta inicial. Hay otros proyectos, algunos en marcha y otros recién comenzando. Esto es parte de una política pública y es fundamental contar con opciones de vivienda pública, para que muchas familias que no pueden acceder por el mercado reciban apoyo del Estado.

Por su parte, el alcalde Rodrigo Martínez expresó que «estoy muy contento por lo que hemos logrado. Las políticas deben ser continuas a través de las administraciones. Estamos trabajando en nuevos proyectos para los próximos tres o cuatro años y esperamos poder repetir esto para más familias en Casablanca.

Finalmente, la dirigente vecinal Gabriela Varela comentó que “hoy celebramos una lucha sin colores políticos, por el derecho a una vivienda digna. Nos une el amor por nuestras familias, por nuestro barrio y por un futuro mejor. Invito a cada vecino y vecina a seguir esforzándose, manteniéndonos unidos, solidarios y comprometidos, porque aún hay muchos desafíos por enfrentar.”

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Con el objetivo de supervisar las instalaciones fronterizas y los servicios de la comuna de Colchane, este martes una delegación de la Contraloría General de la República (CGR), liderada por la contralora Dorothy Pérez, se encuentra en la zona.

Esta inspección, sin precedentes, abarca la evaluación del funcionamiento del Plan Frontera Segura, el Programa de Despliegue de las Fuerzas Armadas en el área y la gestión de los complejos fronterizos, con el propósito de analizar las condiciones operativas e infraestructurales del Paso Fronterizo de Colchane.

Asimismo, se revisan los controles de los sistemas tecnológicos empleados en el lugar, así como otros recursos físicos disponibles.

Junto a la Contralora Dorothy Pérez, viajan el jefe de la División de Fiscalización, Ricardo Provoste; la Contralora Regional de Tarapacá, Paula Vera; el jefe de Control Externo de esa sede, Carlos Bruna, y un grupo de fiscalizadores de la misma dependencia.

Además, se evalúan los equipos tecnológicos relacionados con el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero, Carabineros de Chile y la PDI.

También se verifica la correcta adquisición, instalación y funcionamiento del equipo necesario para llevar a cabo un control migratorio adecuado, así como se estudian las estrategias implementadas para las labores en la frontera.

Este esfuerzo marca un nuevo hito institucional, reforzando la estrategia de asegurar que el Estado cumpla con sus funciones y servicios hacia la ciudadanía.

La visita de las principales autoridades de la CGR a la región también incluye encuentros con otras entidades, así como una visita a la Fiscalía Regional de Tarapacá.

El despliegue de la Contraloría en la región incluye la presencia del Subcontralor General, Víctor Hugo Merino, y del jefe de la División de Función Pública, Alejandro Riquelme, quienes visitaron la sede regional de la CGR en Tarapacá para reunirse con los funcionarios y conocer sus necesidades y labores diarias.

(Imagen: Contraloría)

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La ministra de Obras Públicas, Jessica López, realizó una visita al nuevo Complejo Policial de la PDI en Viña del Mar, donde las obras alcanzan un avance del 98%.

«La seguridad también se construye sobre la infraestructura que la respalda. Esperamos que esta obra refuerce la labor de la PDI y mejore la atención a los usuarios que visiten este recinto», enfatizó.

Este proyecto implica una inversión cercana a los 13 mil millones de pesos y beneficiará directamente a 212 funcionarios de la PDI, mejorando sus condiciones laborales y optimizando la atención a la ciudadanía, acercando los servicios policiales a la comunidad y aumentando la capacidad operativa para enfrentar los desafíos de las próximas décadas. La ministra aseguró que su habilitación está prevista para dentro de dos meses.

El complejo abarca una superficie total construida de 6.679,94 m², distribuidos en dos niveles subterráneos, que incluirán estacionamientos, camerinos y un salón auditorio; además de siete pisos sobre el nivel del suelo, que albergarán oficinas administrativas, laboratorios de criminalística y diversas dependencias operativas.

La ministra López señaló que este Complejo Policial forma parte de un plan que busca fortalecer la seguridad pública en el país, relacionado con la infraestructura necesaria para lograrlo. «Estamos trabajando en una cartera de 100 proyectos en desarrollo para Carabineros y la PDI, así como para el Ministerio del Interior en lo que respecta a los pasos fronterizos y controles migratorios, además de una amplia oferta en infraestructura penitenciaria», agregó.

Por su parte, el jefe regional policial de Valparaíso, el prefecto inspector Guillermo Gálvez, destacó que el nuevo edificio cumple con “los estándares más altos en modernidad y seguridad”. Además, expresó su esperanza de que, para fin de año, podamos tener el edificio terminado y en enero empezar a ocuparlo, dejando atrás el sector de Miraflores, que nos ha acogido con gran amabilidad durante estos años”.

En la región de Valparaíso, el MOP está desarrollando 14 proyectos de seguridad pública, que presentan diferentes niveles de avance. De estos, 11 son para Carabineros de Chile y 3 para la PDI, lo que representa una inversión de más de 43 mil millones de pesos en obras destinadas a fortalecer la seguridad pública en la región.

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Luego de una investigación conjunta de la Fiscalía de Arica y la Policía de Investigaciones (PDI), se llevó a cabo la detención de cinco ciudadanos peruanos este martes. Estos individuos ingresaron a Chile a través del complejo Chacalluta portando una considerable cantidad de ketamina, entre ellos se encontraban dos miembros de la Policía Nacional de Perú.

La captura fue posible gracias al trabajo del Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Arica y la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI, que tenía como objetivo identificar vehículos que transportan drogas desde Perú a Chile.

La subprefecta Geraldine Chacana, jefa (s) de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI Arica, destacó que los detenidos “habían cruzado el control fronterizo de Chacalluta en dos vehículos, llevando un total de 11 kilos de ketamina”.

A pesar de que la droga fue encontrada en el primer vehículo revisado, la Fiscalía confirmó que ambos vehículos estaban interconectados y al menos un agente de la policía peruana se encontraba en cada uno.

Los cinco detenidos serán presentados este miércoles en el Juzgado de Garantía de Arica para su control de detención.

(Imagen: PDI)

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Con un avance físico del 89,49%, la reposición del Complejo Policial de la Policía de Investigaciones (PDI) en Viña del Mar progresa de manera constante. Este nuevo edificio, situado en calle Quillota N° 72, en el sector de la población Vergara, se está construyendo en terrenos adquiridos y combinados por el Fisco y la PDI, como parte de un ambicioso plan de modernización de la infraestructura policial en la Región de Valparaíso.

El proyecto abarca una superficie total construida de 6.679,94 m², distribuida en dos niveles subterráneos que contendrán estacionamientos, camarines y un salón auditorio. Además, contará con siete pisos sobre el nivel del terreno, que incluirán oficinas administrativas, laboratorios de criminalística y diversas dependencias operativas. Esta iniciativa tiene como objetivo atender el déficit histórico en infraestructura y proyecta un incremento en la dotación policial para los próximos 20 años.

La inversión total supera los 12 mil millones de pesos ($12.778.371.562) y beneficiará directamente a 212 funcionarios que actualmente trabajan en Viña del Mar, mejorando tanto sus condiciones laborales como la atención a la ciudadanía.

El jefe (s) de la Región Policial de la PDI Valparaíso, prefecto inspector Giordano Lanzarini, comentó que “este edificio cumple con todos los estándares establecidos por la institución en cuanto a seguridad y tecnología. Acogerá a 120 funcionarios inicialmente, trasladando diversas unidades operativas y administrativas desde Miraflores, incluidas la Prefectura de Viña del Mar y el laboratorio de criminalística regional. Además, este edificio estará más cerca de la comunidad, facilitando el acceso a los ciudadanos. Esto representa una mejora en la calidad del trabajo de la PDI en la región”.

Por su parte, el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, señaló que “en un inicio se trasladarán 120 funcionarios, pero esperamos que pronto puedan llegar hasta 212, ya que el prefecto nos mencionó que con este edificio podrán incrementar la planta e iniciar procesos de contratación de nuevos funcionarios, lo cual es una excelente noticia para Viña del Mar y la región”.

Es importante destacar que la nueva infraestructura policial no solo mejorará las condiciones de trabajo de los funcionarios, sino que también optimizará la atención al público, acercando los servicios policiales a la comunidad y proyectando una mayor capacidad operativa frente a los desafíos de las próximas décadas.

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El empresario gastronómico Wilson Carol del Carmen Verdugo Díaz, de 56 años, ideó una compleja trampa para que el comerciante José Felipe Reyes Ossa, apodado «El rey de Meiggs», fuera asesinado por tres sicarios venezolanos el 19 de junio en Ñuñoa.

Los hechos fueron presentados por la Fiscalía Metropolitana Oriente en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se formalizó al dueño de los restaurantes «La Vaquita Sabrosa» como el autor intelectual de los delitos de homicidio calificado, robo con intimidación y tenencia ilegal de municiones.

Según la Fiscalía, días antes del 19 de junio de 2025, Verdugo, tras pagar al menos $30 millones, encargó a un extranjero (aún no identificado) que asesinara a Reyes y le robara un sobre con dinero que le había entregado a la víctima.

Para facilitar la identificación de Reyes, el imputado proporcionó al extranjero una fotografía, información sobre su vehículo, domicilio, así como el día y la hora exacta en que la víctima regresaría a su departamento en Ñuñoa desde Valparaíso.

Además, coordinó con Reyes la entrega de un sobre con $9 millones en efectivo, que dejó en la conserjería de su edificio alrededor de las 8:09 horas del 19 de junio. También mantuvo comunicación constante con la víctima, pidiéndole que le avisara cuando tuviera el dinero.

Simultáneamente, el contratado, a cambio de una considerable suma de dinero, encomendó a los coimputados Alberto Mejía Hernández (en fuga), Yonder Blanco Véliz y Neomar Arismendi Duarte, todos de nacionalidad venezolana y supuestos miembros del «Tren de Aragua», la ejecución del plan criminal.

Los tres coimputados se trasladaron desde un domicilio en Estación Central, en un vehículo Chevrolet Spark, hasta las cercanías del domicilio de la víctima en Ñuñoa, donde esperaron desde las 10 de la mañana por el regreso de Reyes, que provenía de Viña del Mar, donde estaba de vacaciones.

Alrededor del mediodía, Reyes llegó a su casa en una camioneta BMW, acompañado de un amigo. Al ingresar al edificio, retiró el sobre y llamó al imputado para informarle que tenía el dinero.

Al salir del edificio, Reyes y su acompañante fueron interceptados por los tres venezolanos, quienes los amenazaron de muerte, le quitaron el sobre con dinero al amigo, golpearon a la víctima e intentaron introducirla en el vehículo Chevrolet. Al no conseguirlo, dispararon tres veces, causándole la muerte en el lugar.

Finalmente, el miércoles pasado, personal del OS9 de Carabineros cumplió con una orden judicial de entrada y registro en el domicilio de Wilson Verdugo Díaz, ubicado en Providencia, donde fue detenido y se incautaron cinco cartuchos calibre .38, marca Winchester, y uno más calibre .38, marca Famae, sin que el imputado posea autorización para su tenencia.

Tras escuchar los cargos durante la formalización y a solicitud de la Fiscalía, el magistrado Iván Olavarría Berbelagua ordenó que Verdugo ingresara en prisión preventiva, ya que su libertad representaba un peligro para la sociedad.

Al tomar esta decisión, el juez Olavarría señaló que “hay antecedentes que permiten considerar que la libertad del imputado es especialmente riesgosa para la seguridad de la sociedad, según lo estipulado en el artículo 140, inciso cuarto del Código Procesal Penal”.

“En primer lugar, los delitos imputados son de carácter criminal, particularmente el homicidio calificado, que prevé penas que van desde el presidio mayor en su grado medio hasta la prisión perpetua calificada”.

“En segundo lugar, los hechos se cometieron con armas de fuego, lo cual el legislador considera especialmente peligroso para la seguridad pública”.

“Por último, la acción ocurrió dentro de un contexto de organización criminal, al menos ocasional, con el imputado como autor intelectual y tres ejecutores, mostrando una estructura delictiva que amenaza gravemente los fundamentos de la convivencia social”.

El magistrado también mencionó otros factores que refuerzan la peligrosidad del imputado:

– La gravedad excepcional de los hechos, dado que se trata de un homicidio por encargo que refleja una personalidad extremadamente peligrosa.

– La multiplicidad de delitos atribuidos, que muestran un patrón de conducta delictiva reiterada.

– Los antecedentes del imputado, que no tienen una conducta anterior impecable, con causas por giro doloso de cheques y investigaciones en curso por delitos de defraudación en relación a la adquisición irregular de bienes raíces.

– Las sofisticadas tácticas de ocultamiento empleadas, como el uso de múltiples dispositivos telefónicos para evadir la investigación.

– La magnitud de la deuda que mantiene en el sistema financiero (más de mil millones de pesos), lo que sugiere una situación económica desesperante que lo convierte en un individuo particularmente peligroso.

– Finalmente, la naturaleza premeditada y profesional del delito, que indica una capacidad potencial para organizar y llevar a cabo crímenes de gran gravedad.

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En la Parroquia Santo Cristo de la Salud en Los Andes, se celebró una misa en recuerdo de las 27 personas que perdieron la vida el 3 de julio de 1984 en el Complejo Fronterizo Los Libertadores debido a una avalancha.

El evento fue liderado por la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecta General Consuelo Peña San Miguel, y contó con la presencia del jefe nacional de Migraciones, prefecto inspector Christian Sáez Aguilera, el jefe de la Región Policial Valparaíso, prefecto inspector Guillermo Gálvez Carriel, el delegado presidencial de la zona, Cristian Aravena Reyes, el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera Martínez, así como autoridades del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio Agrícola y Ganadero.

Durante la ceremonia, se recordó a los siete mártires de la PDI que ofrecieron su vida mientras realizaban labores en el área de Extranjería y Policía Internacional en el paso fronterizo de los Andes, cuando un fuerte temporal provocó una avalancha que impactó las instalaciones del paso fronterizo. También se recordó a la esposa y al hijo del subcomisario Eugenio Fernández Ramognini, quien estaba a cargo en ese momento.

Respecto a este emotivo homenaje, la Subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecta general Consuelo Peña San Miguel, expresó que “todas las instituciones que operamos en la frontera podemos tener distintos uniformes, pero trabajamos en conjunto. El dolor que sentimos por nuestras pérdidas se une al sufrimiento de los funcionarios de las otras entidades, como el SAG y Aduanas, con quienes colaboramos continuamente en todos los pasos fronterizos.

Es importante mencionar que la magnitud de este trágico accidente también impactó a otros organismos, incluyendo a un capitán del Ejército, cinco funcionarios del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), cinco del Servicio Nacional de Aduanas y siete civiles.

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