De acuerdo con la investigación, durante 2022 la Policía de Investigaciones de Chile y la Dirección Regional de Aduanas de Arica incautaron 41 contenedores en tránsito hacia Bolivia que contenían mercancías declaradas como precursores químicos. Estos permanecían depositados desde 2020 en el Puerto de Arica. Debido a su alta inflamabilidad y volatilidad, la carga representaba riesgos significativos para la salud de las personas y el medio ambiente.

Uno de los primeros hallazgos de la Contraloría señala que el Servicio de Salud Arica y Parinacota no remitió a la Fiscalía Local de Alto Hospicio el protocolo del análisis químico de la sustancia, documento que permitía identificarla y detallar su naturaleza, contenido, composición y grado de pureza. Tampoco envió un informe sobre los componentes tóxicos y sicoactivos asociados, sus efectos y la peligrosidad para la salud pública, conforme a la Ley N° 20.000.

La Contraloría realizó sus investigaciones incluyendo una fiscalización en terreno en octubre del año pasado. En su informe final N°723, reportó que en julio de 2025 permanecían en el terminal portuario 36 contenedores con acetato de etilo envasado en tambores de 200 litros. Conforme a acuerdos de una mesa técnica interinstitucional, el Servicio de Salud de Arica y Parinacota debía trasladarlos a su disposición final en una planta de Antofagasta, mediante un proceso de compra por trato directo a cargo de la Delegación Presidencial Regional.

La Contraloría advirtió que la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota no controló la ejecución ni el cumplimiento del plan de trabajo, así como la falta de información y coordinación entre servicios públicos. Se observó demora en la formalización de la contratación de la empresa y en la solicitud de financiamiento, incumpliendo la Ley N°19.886.

Además, las empresas que participaron en el transporte e inicio del tratamiento del acetato de etilo en Antofagasta no están inscritas en el Registro Especial de Usuarios de Sustancias Químicas Controladas, administrado por el Ministerio del Interior.

Se detectaron incumplimientos en el transporte de la sustancia desde el Puerto de Arica a Antofagasta. La planta contratada no contaba con la resolución sanitaria que la habilitara para procesar acetato de etilo ni con las medidas de seguridad necesarias para su almacenamiento. Tampoco disponía de bodegas adecuadas para sustancias peligrosas.

Se advirtió falta de comunicación y coordinación de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota con los servicios involucrados. Las autoridades de Antofagasta se enteraron del traslado del cargamento de acetato de etilo a través de publicaciones de prensa.

La Contraloría remitió el informe final a la Subsecretaría del Interior para que evalúe la infracción a la Ley N°20.000 y al decreto N°1.358 de 2006 en el ámbito de sus competencias.

Actualmente, la Contraloría Regional de Arica y Parinacota realiza una segunda investigación especial para verificar el proceso de transporte, destrucción y disposición final del cargamento de acetato de etilo del Puerto de Arica, en el marco de la contratación aprobada mediante la resolución N°3 de 2026 de la Delegación Presidencial Regional. Esta fiscalización examinará la correcta ejecución del servicio y el cumplimiento de las exigencias técnicas y jurídicas aplicables.

Con Información de laregionhoy.cl

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Tras denuncias presentadas por un particular y por la concejala Karina Soto, la CGR estableció que entre las 24 personas vinculadas al alcalde se encuentran su cónyuge y dos hermanas, además de otros funcionarios con quienes mantiene relaciones de proximidad.

Según el organismo fiscalizador, el jefe comunal participó en actos administrativos relacionados con estas contrataciones y situaciones laborales, a pesar de la existencia de vínculos que exigían su abstención.

De igual forma, se identificaron 56 funcionarios con vínculos familiares o personales con autoridades municipales. De ellos, 16 están relacionados con el director de Finanzas, nueve con el director Jurídico, entre los que figuran su cónyuge, un hermano y una tía, y otros siete mantienen vínculos con el director de Control.

Ante estos antecedentes, la Contraloría ordenó invalidar los actos administrativos observados, además de establecer mecanismos de abstención en futuras decisiones y regularizar las situaciones contractuales detectadas.

También instruyó que el cargo de secretario municipal sea provisto por un titular y dispuso que, mientras ello no ocurra, el actual subrogante se abstenga de participar en asuntos relacionados con una funcionaria con la que mantiene una relación sentimental.

La auditoría también advirtió irregularidades en el traspaso de trabajadores desde honorarios al Código del Trabajo. La Contraloría constató que el municipio no contaba con antecedentes suficientes para acreditar que los funcionarios cumplían los requisitos legales ni había realizado estudios financieros que permitieran determinar el costo de dichas incorporaciones.

Por ello, el organismo ordenó elaborar un informe con la nómina de trabajadores traspasados entre 2023 y 2025, cuantificar el impacto financiero de la medida y mantener actualizada y publicada esta información. Además, el municipio deberá informar al concejo municipal y reportar, en un plazo de 15 días hábiles, el estado de los sumarios instruidos durante la fiscalización.

Con Información de puranoticia.pnt.cl

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CGE multiplicará sus recursos y desplegará más de 1.600 brigadas, entre livianas y pesadas, dedicadas a la reconstrucción de infraestructura dañada o destruida, con casi 5.000 personas en terreno para atender las posibles interrupciones de suministro que podrían presentarse durante la duración completa de los distintos sistemas frontales.

Este despliegue es inédito y responde a los planes preventivos desarrollados por la compañía para eventos climáticos de gran magnitud. Al despliegue de brigadas se suma la disposición de 225 equipos para generación de respaldo, los que en conjunto tienen capacidad de más de 91 mil kVA.

Estos equipos se trasladarán a las zonas más críticas para apoyar las labores de reposición de suministro. Esto se complementa con las actividades realizadas en el marco del Plan Invierno 2026, el cual consideró más de 170 mil actividades de mantenimiento a lo largo de su zona de concesión, entre revisión de postes, poda de vegetación adyacente a las líneas eléctricas, revisión de equipos telecomandados, lavado de aislación de estructuras y equipos en diversas zonas y revisión de líneas de media tensión.

Asimismo, la compañía dispondrá de personal especializado y generadores para atender posibles requerimientos de clientes electrodependientes en las comunas bajo su concesión y se comunicará de manera proactiva con aquellos que estén inscritos para conocer sus necesidades.

CGE cuenta con un número exclusivo para atención de electrodependientes, el 800 203 180.

En la región de Valparaíso, donde CGE atiende a más de 140 mil clientes en 12 comunas, desplegará 41 brigadas, con más de 90 personas, entre técnicos y supervisores, en terreno.

En caso de ser requerido, CGE puede aumentar su operación entre 5 a 7 veces su condición normal para atenciones de emergencia.

CGE activó su plan de relacionamiento orientado hacia las autoridades regionales, comunales y locales, con el propósito de proporcionar información y atender los requerimientos prioritarios que tengan que ver con casos de pacientes electrodependientes o situaciones de riesgo de tipo eléctrico.

CGE recuerda a sus clientes que pueden comunicarse con la compañía a través del Fono Clientes gratuito 800 800 767, el número de Whatsapp +569 895 68 479, la aplicación 1Click CGE y la página web www.cge.cl

Con Información de www.sitiodelsuceso.cl

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Ambas parlamentarias se dirigieron a la Contraloría acompañadas por dirigentas de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para solicitar que el organismo se pronuncie sobre las irregularidades denunciadas en la cartera.

Schonhaut explicó que presentaban el requerimiento por las denuncias sobre irregularidades en el uso de recursos públicos, específicamente respecto a aumentos y beneficios remuneratorios fuera de los procedimientos legales establecidos. Solicitó a la Contraloría que verifique la legalidad de estos actos y determine si fue tomada razón de ellos, además de evaluar si existe un uso adecuado de los recursos y la necesidad de una auditoría interna o externa.

Cucumides expresó que la situación es grave y que consideran insuficiente una instrucción sumaria como la anunciada por la ministra. Señaló que la institucionalidad que respalda a las mujeres chilenas no puede estar comprometida por las propias autoridades del ministerio.

La presidenta de la Asociación de Funcionarios indicó que como funcionaria con más de 20 años en el ministerio, existe preocupación por las faltas administrativas graves y por el conflicto permanente entre autoridades, que genera obstaculización en la operación del ministerio.

Las diputadas solicitaron además una sesión especial en la Comisión de Mujer para citar a la ministra y subsecretaria a fin de que den cuenta de la ejecución presupuestaria, las irregularidades detectadas, la aplicación de recortes, la agenda legislativa y la implementación de leyes como la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

Cucumides hizo un llamado al presidente Kast para que defina el rol del Ministerio de la Mujer y sus políticas públicas, expresando preocupación por el desorden administrativo que afecta el funcionamiento básico de la institución y la claridad sobre los programas estratégicos para las mujeres del país.

Con Información de g5noticias.cl

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Este beneficio estatal se otorga a sostenedores de colegios subvencionados con el objetivo de evitar la deserción escolar, constituyendo un aporte social significativo que aborda dos asuntos de particular interés para la CGR en el presente año: la infancia y la entrega adecuada de beneficios sociales.

De acuerdo con un examen de cuentas realizado para el período 2021-2024, se verificó que 439 tarjetas gift card destinadas a la compra de vestuario y calzado para estudiantes beneficiarios de la subvención Pro-Retención vencieron sin ser utilizadas, representando un monto total de $89.529.138.

Además, se comprobó que el DAEM no ejecutó las acciones requeridas para recuperar dichos recursos, a pesar de estar destinados directamente al apoyo de alumnos en condición de vulnerabilidad.

Debido a esta situación, la CGR formuló un reparo por la totalidad de los fondos comprometidos para su restitución al fisco.

El Informe Final N° 42 de 2026 también reveló que la Municipalidad de Linares adquirió 3.576 gift cards entre 2022 y 2024 por un total de $650.694.641, sin que existan antecedentes suficientes que comprueben su entrega efectiva a los estudiantes ni la recepción conforme de dichos beneficios.

La fiscalización también estableció que 281 estudiantes beneficiarios de los períodos 2021 y 2022 no figuraban en los registros de entrega, mientras que 37 alumnos incluidos en las nóminas de respaldo no correspondían a beneficiarios de los períodos auditados.

Esta situación evidenció inconsistencias en los registros y una mezcla de información de distintos años, dificultando la trazabilidad y el control de los recursos.

Ante estas irregularidades, la Municipalidad de Linares deberá instruir un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.

La auditoría también advirtió irregularidades en las rendiciones efectuadas a la Superintendencia de Educación.

En particular, el DAEM incluyó en la rendición de 2022 un pago por $394.776.023 a una empresa, pese a que el valor real de la factura correspondía a $289.279.211 y a que el desembolso fue realizado con posterioridad a la rendición informada.

Asimismo, en la rendición de 2023 se incorporó una factura por $361.415.430, aun cuando ésta no había sido pagada al momento de su presentación.

Adicionalmente, entre 2023 y 2024 se identificaron facturas por $89.279.211 y $361.415.430, emitidas a la misma empresa, de las cuales no se pudo verificar antecedentes que respaldaran su emisión ni la existencia de documentos tributarios válidos que acreditaran su autenticidad.

Por esta razón, la Contraloría remitirá los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII).

Por otra parte, respecto de los recursos de la subvención Pro-Retención de los años 2023 y 2024, la fiscalización determinó que no habrían sido ejecutados fondos por $306.026.080 y $130.917.834, respectivamente, según lo informado por el jefe de finanzas del entonces DAEM de Linares.

Por lo anterior, el municipio deberá reintegrar al Ministerio de Educación $436.943.914 correspondientes a recursos no ejecutados, mientras que la Superintendencia de Educación deberá iniciar un procedimiento disciplinario respecto de estos hechos.

Con Información de puranoticia.pnt.cl

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A través de un escrito, la exsecretaria de Estado argumentó que el dictamen invade la esfera del mérito de una decisión política o administrativa. Además, señaló que el organismo realizó un juicio del acto y no sobre su necesidad, oportunidad o intensidad.

Asimismo, afirmó que como ministra tenía la facultad para requerir antecedentes, aún cuando estos tuvieran carácter de secretos o reservados. «La entrega reservada de información, por conducto regular, desde el Director General de la institución policial al despacho de la Ministra de la cual esa institución depende por mandato (…) no constituye divulgación en ningún sentido jurídicamente plausible del término», indicó.

Por otro lado, la extitular de la cartera de Seguridad sostuvo que el dictamen no establece la existencia de un interés personal, patrimonial o de las personas vinculadas que la ley señala, capaz de restar imparcialidad a la decisión, y que no individualiza cuál sería ese interés.

Junto con ello, señaló que la resolución establece un juicio nominativo de reproche sobre la conducta personal de una exautoridad que había cesado en el cargo el 19 de mayo de 2026, más de un mes antes de su emisión.

Y añadió que al no ser parte de la administración, del pronunciamiento no puede seguirse sumario, medida correctiva ni efecto administrativo alguno. Steinert cuestionó que el caso surgiera de una divulgación ilícita de un documento reservado y mencionó que nunca se enteró de cómo se filtró el escrito ni cómo llegó a conocimiento de la entidad.

Por último, la exministra acusó por parte de la Contraloría una omisión de notificar el dictamen a la única persona a quien reprocha, lo que configura indefensión, y recalcó que resulta difícilmente conciliable que un pronunciamiento llamado a servir de pieza de cargo contra una persona se comunique a los denunciantes, a la Fiscalía Nacional y a la institución policial, y no a la persona reprochada.

Con todo, la exautoridad pidió dejar sin efecto la conclusión del dictamen y que se declare que el Oficio Reservado N° 28 se enmarcó en las atribuciones que la ley confiere al Ministerio de Seguridad Pública, además de que no concurrió a su respecto infracción al deber de abstención.

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La fiscalización examinó la ejecución del plan de acción vinculado a la estrategia, revisando contrataciones, pagos, viáticos, coordinación interinstitucional y el cumplimiento de las actividades comprometidas para el período 2021-2030.

Entre los principales hallazgos, la Contraloría señaló que la Subsecretaría del Medio Ambiente no acreditó contar con procedimientos, lineamientos o directrices para monitorear el avance de las acciones comprometidas. Como resultado, a marzo de 2026 no disponía de información sistematizada sobre el cumplimiento de los objetivos, lo que podría afectar la planificación, el control y la toma de decisiones.

La auditoría también constató que la Subsecretaría del Medio Ambiente, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante no acreditaron gestiones para promover programas de prevención, recolección, valorización y disposición adecuada de residuos marinos, ni para difundir experiencias del sector privado y la sociedad civil. Tampoco se verificó la definición de acciones concretas para cumplir este objetivo, cuya implementación debió iniciarse en 2022.

La revisión detectó escasos avances en la identificación de productos del sector pesquero y acuícola que podrían incorporarse al régimen de Responsabilidad Extendida del Productor, establecido en la Ley N° 20.920. Igualmente, se observó la ausencia de acciones concretas para impulsar la economía circular en caletas pesqueras y reducir la generación de residuos plásticos marinos.

Otra observación indica que la Subsecretaría del Medio Ambiente no realizó las capacitaciones semestrales comprometidas para servicios públicos, municipios, docentes y estudiantes sobre prevención e impactos de los residuos marinos, ni contaba con una planificación que permitiera implementar esta medida, prevista desde 2022.

La Contraloría instruyó a la Subsecretaría del Medio Ambiente elaborar y remitir, en un plazo de 60 días hábiles, procedimientos y directrices que permitan fortalecer la planificación, supervisión y seguimiento de las actividades contempladas en el Plan de Acción de la Estrategia. Además, deberá informar las coordinaciones realizadas y la planificación para ejecutar las actividades pendientes.

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura deberá acreditar la elaboración del informe técnico comprometido y reportar los avances asociados al cumplimiento de las acciones programadas para 2026.

Directemar tendrá que identificar brechas, evaluar las actividades ejecutadas y reportar las medidas adoptadas para avanzar en el cumplimiento de los compromisos establecidos por la estrategia.

La auditoría también detectó observaciones en procesos de pago relacionados con actividades de difusión y capacitación. Por ello, la Subsecretaría del Medio Ambiente deberá ajustar sus procedimientos, fortalecer los mecanismos de control y acreditar la incorporación de los antecedentes faltantes en los expedientes respectivos.

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La exdelegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, se pronunció sobre el informe de la Contraloría, que reveló graves fallas en la gestión de recursos destinados a enfrentar la emergencia del megaincendio de febrero de 2024 en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, en la región de Valparaíso. Este asunto involucra a municipalidades, a la Delegación Presidencial Regional y a la Dirección Regional de Arquitectura.

En un comunicado, la diputada electa por el Distrito 6 enfatizó su “completa tranquilidad” respecto a las decisiones tomadas desde el inicio de la emergencia y en los meses siguientes a la tragedia.

«Fue un periodo de profunda coordinación interinstitucional, que abarcó a diversos servicios públicos y a funcionarias y funcionarios que trabajaron bajo una presión excepcional, ante una de las mayores catástrofes vividas en nuestra región. Aún así, todas las acciones se adoptaron dentro del marco legal y fundamentadas en informes técnicos y resoluciones administrativas«, agregó.

La exautoridad subrayó que “durante mi tiempo como Delegada Presidencial, cada vez que detecté situaciones que pudieran representar errores o irregularidades administrativas, instruí de inmediato las investigaciones y sumarios correspondientes.”

González añadió que «al momento de presentar mi renuncia, el 15 de noviembre de 2024, había varios sumarios en curso, precisamente porque actuamos con responsabilidad, rigor y estricto apego a los procedimientos«.

La parlamentaria electa también destacó que los hallazgos de la Contraloría ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la institucionalidad en la gestión de emergencias: «En situaciones de catástrofe, los mercados pueden sufrir distorsiones significativas, lo cual exige que el Estado disponga de herramientas más sólidas para el control, fiscalización y regulación, especialmente cuando bienes y servicios esenciales son cruciales para resolver la crisis, evitando al mismo tiempo crear obstáculos innecesarios o demoras que impidan una respuesta efectiva».

Luego, añadió que «considero pertinente que la información sea enviada tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado, para llevar a cabo un análisis exhaustivo de los hechos y, de ser necesario, realizar las investigaciones pertinentes, determinar responsabilidades y aplicar las sanciones adecuadas. Estoy dispuesta a colaborar en lo que se requiera».

Finalmente, Sofía González afirmó que «mi trayectoria ha estado marcada por la transparencia, la probidad y el compromiso con las personas. Las decisiones tomadas en medio de una emergencia de tal magnitud deben ser evaluadas en el contexto, la urgencia y el deber ineludible del Estado de responder de manera oportuna a las familias afectadas».

PURANOTICIA

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La entrada Exdelegada de Valparaíso destaca su «absoluta tranquilidad» respecto a su gestión durante el megaincendio, tras el informe de la Contraloría. se publicó primero en Quinta News.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se refirió al informe de la Contraloría General de la República (CGR), que identificó serias irregularidades en la gestión de recursos públicos destinados a la emergencia y reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024, que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en la región de Valparaíso.

La autoridad destacó que cada vez que la CGR lleva a cabo un procedimiento, “el servicio público y este Gobierno siempre han estado dispuestos a responder y proporcionar toda la información que se requiere”.

Asimismo, agregó que “este caso no fue la excepción. La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso ya emitió un comunicado en el que se informa cómo han mantenido plena disposición durante todo este proceso para entregar la información solicitada en tiempo y forma”.

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Ramos mencionó que «la Delegación también está trabajando en las respuestas a los requerimientos solicitados recientemente, que son respuestas que deben entregarse en plazos de diez, veinte o hasta treinta días, y ellos están preparando toda la información para la Contraloría, dado que este informe final es reciente».

Respecto a si se ha hecho alguna autocrítica sobre el manejo del proceso, el subsecretario afirmó que “en momentos de emergencia se genera un impacto y un shock en la ciudadanía muy significativo, y creo que todos los sectores políticos, sin importar su posición, debemos mantener una actitud responsable, ya que Chile tiene una larga historia de respuesta ante emergencias y catástrofes”.

Añadió que “en los últimos tiempos, a veces, se observa que las emergencias están siendo utilizadas para realizar análisis políticos o para atacar al adversario en diferentes circunstancias”.

En este contexto, hizo un llamado a que “todas las autoridades a nivel comunal, regional y nacional trabajemos en unidad para responder de la mejor manera a la ciudadanía”, solicitó.

La autoridad concluyó que “lo más importante en este momento es que las instituciones están funcionando, y debemos permitir que terminen su trabajo, colaborando en todo lo necesario para esclarecer lo ocurrido, incluyendo sanciones si son pertinentes, y las investigaciones pertinentes por parte del Ministerio Público o el Consejo de Defensa del Estado. Creo que eso es lo crucial en esta situación”.

Finalmente, el subsecretario del Interior expresó que “como país siempre hemos enfrentado las emergencias unidos, trabajando arduamente para que la ciudadanía se recupere lo antes posible. Lo esencial es cómo comunican las instituciones los diferentes informes y análisis; esto no está en nuestras manos comentar. Creo que esa es una pregunta para la Contraloría”.

PURANOTICIA

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La Contraloría General de la República ha ordenado a la Municipalidad de El Quisco iniciar un sumario administrativo tras identificar irregularidades en la licitación para la producción del evento de Año Nuevo 2025.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia ciudadana que denunciaba el incumplimiento de las bases del proceso, destacando la subcontratación de una banda musical sin la autorización correspondiente, así como la falta de información completa sobre los artistas contratados, contratos, boletas de honorarios y registros audiovisuales del evento.

El pronunciamiento determinó que el proceso no se llevó a cabo con la anticipación necesaria y que algunas de las obligaciones establecidas en las bases administrativas y técnicas no fueron cumplidas, según informa Diario El Líder.

En su análisis, el organismo fiscalizador destacó que los procesos de licitación deben realizarse con «estricta sujeción a las bases administrativas y técnicas».

El informe indica que las bases del proceso fueron aprobadas a principios de diciembre de 2024 y que la adjudicación se concretó el 18 de ese mes a favor de la productora Krima Eventos, por un total de $61 millones.

La Contraloría mencionó que, aunque la Municipalidad notificó inicialmente la aplicación de una multa a la productora por incumplimiento contractual, dicha sanción no se ejecutó después de aceptar los argumentos de la empresa.

Además, la CGR concluyó que la Municipalidad no realizó el proceso con la debida anticipación, al adjudicarlo solo 13 días antes del fin de año, lo que vulneró los principios de eficiencia y eficacia en la administración de los recursos públicos.

(Imagen referencial)

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