La Alianza Anticorrupción UNCAC Chile reúne a 45 organizaciones del sector público, privado, la academia, organismos internacionales y la sociedad civil. Su objetivo es promover la implementación en el país de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), impulsando iniciativas de capacitación, buenas prácticas, fortalecimiento institucional y colaboración entre distintos actores para elevar los estándares de integridad y transparencia.

En el encuentro participaron representantes de las instituciones que integran la Alianza, incluyendo a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, quien destacó la importancia de este espacio de colaboración y enfatizó la necesidad de avanzar hacia una gestión pública preventiva, apoyada en herramientas tecnológicas, el intercambio de información y la coordinación institucional.

La elección de FGE reconoce más de tres décadas de trabajo promoviendo la ética, la integridad, el cumplimiento y las buenas prácticas en organizaciones públicas y privadas. La institución ejercerá la vicepresidencia de la Alianza durante un año.

Francisca Martin, gerenta general de FGE, señaló: «Esta vicepresidencia reconoce nuestro trabajo promoviendo culturas organizacionales basadas en la ética, la integridad y la transparencia. Agradecemos la confianza depositada en Fundación Generación Empresarial y asumimos este desafío con la convicción de que el trabajo colaborativo es el camino para prevenir la corrupción, promover buenas prácticas y fortalecer la confianza en nuestras instituciones».

Desde este nuevo rol, Fundación Generación Empresarial continuará impulsando iniciativas que promuevan la ética, el cumplimiento y la integridad como pilares para fortalecer la confianza, contribuyendo al desarrollo de organizaciones más responsables y a una cultura de transparencia. Martin agregó: «Estamos convencidos de que solo el trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil permitirá avanzar hacia organizaciones más íntegras y una sociedad más transparente».

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El funcionario fue identificado como Rodrigo Silva, quien posee aproximadamente 11 años de trayectoria en la PDI y ostenta un historial laboral favorable. Silva se encerró en un inmueble situado en Las Tranqueras junto a Pedro Gamboa.

El subcomisario permaneció al menos tres horas dentro de una oficina. En ese lapso, fracturó parte de uno de los ventanales del recinto y, a través de la abertura resultante, comenzó a vociferar hacia una plaza adyacente, solicitando que comunicaran con Carabineros y expresando temor por su vida.

«Me van a matar… Por favor, ayúdenme. Llamen a Carabineros. Boté todas mis municiones, mis cargadores; mi arma está desarmada. Si me matan, van a plantar una pistola. Créanme, soy inocente. Ayúdenme, por favor», exclamó el subcomisario. De igual forma, manifestó su oposición a que se simulara un enfrentamiento entre fuerzas policiales.

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Al dictar la prisión preventiva para los 62 acusados en la Operación Apocalipsis, incluidos 42 ex gendarmes, el magistrado Francisco Ramos del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, argumentó que «la corrupción organizada dentro de los recintos penitenciarios afecta directamente uno de los núcleos más sensibles del Estado: el control legítimo de la privación de libertad».

La Fiscalía Metropolitana Occidente formalizó a los imputados como responsables de delitos cometidos desde 2020 en los recintos penitenciarios de la región Metropolitana, especialmente en Santiago 1, incluyendo agrupación criminal, lavado de activos, cohecho (tanto simple como agravado) y soborno. El juez consideró que representan un riesgo para la sociedad.

“Cuando quienes deben proteger el sistema lo utilizan para obtener beneficios ilícitos, el riesgo va más allá de lo individual y alcanza una dimensión estructural. Por eso, las circunstancias personales presentadas por las defensas, como arraigo, falta de antecedentes, cargas familiares y desvinculación laboral, son elementos a considerar, pero no eliminan el riesgo que proviene de pertenecer a redes criminales consolidadas. Desde un enfoque de proporcionalidad, la prisión preventiva es la única medida adecuada para salvaguardar los objetivos del proceso”, indicó.

Además, enfatizó que “los hechos en investigación no son desviaciones individuales ni incumplimientos administrativos aislados, sino parte de una corrupción institucional sistémica, organizada a través de asociaciones criminales que han convertido el sistema penitenciario en un mercado ilícito paralelo. No se trata simplemente de violaciones al deber, sino de la mercantilización de la función pública por parte de quienes debían garantizar la seguridad y la legalidad, socavando el pacto social y la autoridad del Estado, lo que pone en peligro la seguridad de la sociedad”.

En este contexto, el magistrado argumentó que “la prisión preventiva no es una medida excepcional o simbólica, sino la respuesta legal necesaria ante organizaciones criminales que han transformado el sistema penitenciario en un mercado ilícito”.

Según expuso la fiscalía durante las 12 jornadas de formalización, desde 2020 hasta la detención el 16 de diciembre pasado, los acusados formaron parte de diversas células criminales compuestas por civiles, internos y funcionarios de Gendarmería de diferentes rangos, con el objetivo de ingresar artículos prohibidos, como celulares, alimentos y vestimenta, a los recintos Santiago 1 y Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Estas agrupaciones obtuvieron cuantiosas ganancias por estos ingresos.

Asimismo, en diligencias autorizadas por el tribunal, se hallaron en las casas fiscales del complejo penitenciario Santiago Uno cocaína en diversas dosificaciones, así como armas y municiones no registradas en las viviendas de algunos de los detenidos.

Además, un grupo de civiles y internos llevaron a cabo diversas acciones delictivas, como soborno y cohecho de funcionarios de Gendarmería, para que estos desestimaran su labor de custodia e ingresaran objetos prohibidos al penal.

Estas actividades estaban coordinadas por los denominados “jefes de manilla” y “manilleros”, civiles organizados que atendían solicitudes internas o externas para el ingreso de artículos prohibidos; bandas que también gestionaban la entrada de “gatitas”, quienes, sin registro, podían acceder al penal para ejercer comercio sexual a cambio de favores o prebendas.

Otras modalidades de obtención de recursos incluían el “rescate”, mediante el cual los gendarmes requisaban objetos prohibidos a internos para luego revenderlos, y el “cambio de camiseta”, que consistía en alterar la clasificación y el lugar de internación de reos previo pago.

Con el incremento de sus patrimonios, los imputados realizaron diversas acciones para diversificar recursos, empleando cuentas bancarias, testaferros y adquiriendo propiedades o vehículos, con el fin de ocultar el origen ilícito de los ingresos obtenidos, configurando así el lavado de activos.

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La entrada Juez que mantuvo en prisión a 42 exgendarmes califica la red criminal en cárceles como «corrupción institucional sistémica». se publicó primero en Quinta News.

El juez Francisco Ramos, del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, ha decretado la prisión preventiva para 62 imputados, entre los cuales se encuentran 42 exgendarmes, por los delitos de asociación criminal, lavado de activos, cohecho y soborno. Asimismo, estableció un plazo de cierre de la investigación de 300 días.

Todos los detenidos fueron arrestados el martes 16 de diciembre, como parte de la «Operación Apocalipsis», que es liderada por la Fiscalía Metropolitana Occidente.

Las indagaciones revelaron que funcionarios de Gendarmería colaboraban con particulares para introducir productos prohibidos en el penal Santiago 1.

Según la acusación, algunos gendarmes aceptaban sobornos para permitir el ingreso de grandes cantidades de celulares, drogas, alcohol, chips, ropa, comida, carne y otros artículos prohibidos.

Adicionalmente, algunos gendarmes ingresaban productos por cuenta propia para venderlos a reclusos a precios exorbitantes en una especie de «feria».

También facilitaban el ingreso irregular de mujeres que ofrecían servicios sexuales, haciéndolo pasar por visitas autorizadas, cobrando tarifas que oscilaban entre $10.000 y $400.000, dependiendo del producto.

Junto con los detenidos, se logró incautar 183 cuentas bancarias, 11 vehículos, armas y drogas. Las detenciones se llevaron a cabo en las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Ñuble y Los Ríos.

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La entrada Quedaron en prisión preventiva 62 acusados por una red de corrupción en el sistema carcelario: 42 de ellos son exgendarmes. se publicó primero en Quinta News.

El caso conocido como “Operación Apocalipsis” se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de Gendarmería. Este domingo, se llevó a cabo la tercera jornada de formalización, que involucra a aproximadamente 70 personas detenidas, tanto civiles como funcionarios penitenciarios. La audiencia tuvo lugar en la sala 203 del 12° Juzgado de Garantía de Santiago.

Durante la sesión, la Fiscalía Metropolitana Occidente presentó evidencias que muestran el funcionamiento de una amplia red criminal en distintos recintos penitenciarios, respaldada por al menos nueve bandas internas. Los materiales incluyen miles de horas de escuchas telefónicas, cerca de 9 mil transacciones comerciales y registros audiovisuales sobre el ingreso de encomiendas a las cárceles.

Entre los elementos expuestos, se escucharon interceptaciones telefónicas entre gendarmes y “manilleros”, quienes introducían artículos prohibidos, como teléfonos móviles y alimentos en las prisiones. El fiscal a cargo, Marcos Pasten, afirmó que estas pruebas permiten atribuir responsabilidad penal a los imputados como autores.

Por parte de la defensa, los abogados expresaron críticas sobre el desarrollo de la audiencia. Diego Rojas cuestionó la falta de medidas de protección para sus defendidos y la extensión de la jornada, mientras que María Ignacia Barrera destacó que el proceso ha estado marcado por irregularidades formales y de fondo que serán exploradas más adelante a través de recursos legales.

La audiencia de formalización continuará este lunes a las 10:00 horas, momento en el cual se espera que las defensas presenten sus argumentos y evidencias en el marco de la investigación. Este caso sigue generando un gran interés debido a la magnitud de la red criminal y la implicación de funcionarios de Gendarmería.

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La entrada Operación Apocalipsis: 70 arrestos y pruebas fortalecidas en el escándalo de corrupción. se publicó primero en Quinta News.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha establecido un plazo de 300 días para la investigación del caso conocido como “Operación Apocalipsis”, el cual investiga una amplia red de corrupción dentro del sistema penitenciario, con 70 personas actualmente imputadas.

Esta decisión se tomó durante la segunda jornada de formalización, donde el Ministerio Público presentó nuevos detalles sobre la operativa de la organización, compuesta por 47 funcionarios de Gendarmería y 23 civiles. Según la Fiscalía, la red vulneraba los protocolos de seguridad en recintos como Santiago 1 y el Centro Penitenciario de San Joaquín, permitiendo la entrada de elementos prohibidos y la realización de visitas irregulares a los internos.

En la audiencia, el tribunal dispuso arresto domiciliario total con monitoreo telemático para seis funcionarios de Gendarmería, mientras que otros dos imputados quedaron en prisión preventiva. Esta medida fue solicitada por la Fiscalía y no fue cuestionada por las defensas, dada la potencial amenaza que representan para la seguridad pública.

Según el fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, la estructura criminal habría manejado más de 6.000 millones de pesos en un período de tres años, utilizando transferencias bancarias para encubrir el origen ilícito de los fondos. Los delitos investigados incluyen agrupación criminal, cohecho y lavado de activos; en el caso de los imputados civiles, se recalificó el delito como soborno según su nivel de participación.

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La entrada Caso «Operación Apocalipsis»: Justicia establece un plazo de 300 días para investigar la red de corrupción en las cárceles. se publicó primero en Quinta News.

El Consejo de Defensa del Estado ha presentado una querella contra 42 funcionarios de Gendarmería de Chile y una cantidad significativa de particulares, por los delitos de cohecho y soborno. Esto no excluye otros delitos como asociación ilícita, lavado de dinero y falsificación documental, que podrían ser comprobados durante la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público en el marco de la «Operación Apocalipsis».

La querella, presentada ante el 12° Juzgado de Garantía, incluye nombres específicos de 35 particulares acusados de soborno, lo que suma un total de 77 imputados involucrados en diversos ilícitos relacionados con actos de corrupción y criminalidad organizada dentro de establecimientos penitenciarios de la región Metropolitana. Esto se ha observado en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín y en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Uno, en la comuna de Santiago.

Según los hechos descritos en la querella, “en estos centros penitenciarios, desde 2020 hasta la actualidad, se ha consolidado un patrón de intervención directa de funcionarios de Gendarmería de Chile, quienes, en virtud de sus cargos, habrían solicitado, aceptado y recibido pagos (en efectivo y transferencias bancarias), así como beneficios de diversas índoles para permitir la entrada de personas no autorizadas como visitantes.

Además, la querella indica que “permitieron la introducción y circulación de objetos ilícitos en estos recintos, tales como celulares y drogas, entre otros, ya sea ingresándolos directamente o eludiendo los controles establecidos.”

“Este accionar se habría llevado a cabo a través de la coordinación entre particulares -tanto internos como personas libres- y los funcionarios de Gendarmería”, concluye el documento.

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La entrada CDE presentó una querella criminal contra funcionarios de Gendarmería por delitos relacionados con la corrupción. se publicó primero en Quinta News.

Después de una jornada marcada por numerosos allanamientos y un impresionante despliegue policial, el interior de las cárceles en siete regiones del país reveló una compleja red de corrupción. Lo que debería haber sido un sistema controlado por el Estado se transformó en una entrada para el crimen organizado, resultando en la detención de 66 individuos, entre ellos 44 funcionarios de Gendarmería, quienes son acusados de facilitar el ingreso de productos ilegales en los centros penitenciarios.

El operativo conocido como «Apocalipsis» movilizó a alrededor de 500 efectivos policiales y permitió desarticular una red de corrupción que utilizaba el sistema de encomiendas para introducir artículos prohibidos en las cárceles, a cambio de sobornos que podrían superar los $6.300 millones. Este es uno de los golpes más contundentes asestados en años recientes contra las estructuras ilegales que operan dentro del sistema penitenciario chileno.

Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la U. San Sebastián (USS), analizó el alcance del caso en una conversación con Puranoticia.cl. Observó que el crimen organizado no se limita a lo externo de los recintos penitenciarios; uno de sus objetivos es cooptar instituciones estratégicas para convertirlas en centros de operación.

«Esto ya ocurrió en Ecuador y debería servir como advertencia. Podría estar sucediendo en Perú. Las organizaciones criminales buscan cooptar funcionarios públicos en las instituciones donde se encuentran custodiados. Es decir, la cárcel ha pasado de ser un lugar donde se erradicaba el delito a ser un área donde podría surgir, si no existe una adecuada gobernanza estatal», expresó el experto.

En este contexto, Toledo, exfiscal y exdirector de la Unidad Antidrogas, criticó el manejo del problema a nivel país, señalando fallas en la comunicación y las acciones institucionales. Cuestionó las «comunicaciones ambiguas» en este ámbito y enfatizó que la corrupción en las cárceles genera no solo enormes ganancias ilícitas, sino que también facilita la cooptación de funcionarios públicos más allá de las rejas.

«Esto puede ocurrir en Gendarmería, en Aduanas, en áreas territoriales como Carabineros, en la Fiscalía, o incluso en los tribunales. Si el país no aborda la corrupción como un tema prioritario, es probable que siempre quedemos rezagados», afirmó. Consultado sobre posibles soluciones para enfrentar este panorama, el académico propuso varias medidas estructurales. En primer lugar, destacó la necesidad de segmentar efectivamente a la población penal, diferenciando perfiles y niveles de riesgo. «No es viable mantener segmentaciones ineficaces que juntan a los primerizos con aquellos imputados sin antecedentes delictuales, o que desconocemos durante la prisión preventiva, con los líderes de organizaciones criminales», advirtió el académico de la Universidad San Sebastián.

En segundo lugar, propuso avanzar hacia la especialización de los recintos penitenciarios, asignando algunos de ellos a internos vinculados a la criminalidad organizada bajo regímenes de mayor control. Además, sugirió el uso de tecnología con mecanismos de supervisión efectivos, dado que estos sistemas también habrían sido vulnerados por la red desarticulada. «Es fundamental que la tecnología cuente con métodos de verificación de resultados. Por ejemplo, los gendarmes que interactúan con organizaciones criminales podrían estar equipados con cámaras corporales para grabar y hacerles saber que están bajo vigilancia».

Finalmente, el director del Cescro propuso una redefinición importante del papel de Gendarmería y de las funciones dentro del sistema penitenciario. «Es fundamental avanzar hacia una función pública que distinga claramente la custodia de la reinserción. Gendarmería tiene que seccionar su función de reinserción, regida por principios distintos a los de seguridad y control, que deben estar bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad», concluyó el abogado.

Así, el masivo operativo «Apocalipsis» no solo expuso una significativa red de corrupción, sino que también reavivó el debate sobre el control estatal en las cárceles y el riesgo de que el crimen organizado se consolide en espacios clave para su operatividad.

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La entrada Cárceles en alerta: experto alerta sobre el aumento del crimen organizado tras destaparse una red de corrupción en siete regiones. se publicó primero en Quinta News.

El operativo llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), que desmanteló una red de corrupción dentro de las cárceles con 66 imputados y 44 gendarmes detenidos, fue elogiado por el Presidente Gabriel Boric, quien destacó la importancia de la coordinación institucional a largo plazo.

El mandatario explicó que “se trata de un operativo que requirió una extensa preparación y colaboración entre diversas instituciones del Estado, impulsado por nuestro Gobierno en conjunto con la Fiscalía, la PDI y Gendarmería de Chile”.

El éxito de la operación, agregó, radicó en que “cuando se trabaja de manera adecuada, gestionando sin atajos, con seriedad, rigor y cooperación, el combate contra el delito es efectivo, a través de inteligencia, sin shortcuts y con mano firme”.

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La magnitud de la red, que operaba en actividades de tráfico de drogas, cohecho, lavado de dinero y asociación ilícita, fue enfrentada con la activa participación de la misma institución afectada: “Gendarmería de Chile se encargó de atacar y detener a los involucrados en la corrupción”.

Para Boric, la implicación política es evidente: “es un mensaje poderoso para todas las instituciones […] que sepan que no tendrán éxito, que vamos a encontrarlos, a juzgarlos, y que al final las instituciones prevalecerán, como lo está haciendo hoy Gendarmería de Chile”.

El Presidente concluyó, agradeciendo a las entidades involucradas: “Agradezco a la PDI, al Ministerio Público, a Carabineros, a Gendarmería, así como a nuestros ministros de Justicia y Seguridad Pública por los resultados obtenidos en esta operación que hemos apoyado desde el Gobierno”.

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La entrada Presidente Boric resalta la operación para desmantelar la red de corrupción en las cárceles: «Sin atajos y con mano firme.» se publicó primero en Quinta News.

En la madrugada del martes 16 de diciembre, la Fiscalía Regional Occidente, en colaboración con la Policía de Investigaciones (PDI), llevó a cabo un operativo en siete regiones del país, donde más de 500 efectivos policiales participaron activamente.

Este procedimiento, que contó con el apoyo de un equipo investigativo de Gendarmería, tenía como fin desmantelar una red de corrupción que operaba principalmente en Santiago 1 y que tenía conexiones con otros centros penitenciarios a nivel nacional.

Se ejecutaron 78 órdenes de detención, de las cuales 42 eran gendarmes que desempeñan sus funciones en el penal Santiago 1 y en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín.

Las órdenes restantes fueron dirigidas a personas particulares, varias de ellas extranjeras, que colaboraban con los gendarmes en un negocio ilícito de ingreso y venta de artículos prohibidos dentro de los recintos penitenciarios.

A pesar de que la mayoría de las detenciones se realizaron en la región Metropolitana, el operativo abarcó también acciones en las regiones de O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Ñuble y Los Ríos.

La investigación comenzó en mayo de 2025 y se enmarca dentro del programa Foco Penitenciario, que la Fiscalía lidera en la región Metropolitana desde 2024.

Dirigida por el fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, junto a un equipo formado específicamente para esta indagación, que incluye a dos fiscales adjuntos, un abogado asesor y dos analistas, la investigación pudo comprobar la existencia de varias agrupaciones criminales relacionadas con delitos de corrupción y crimen organizado en los recintos penitenciarios de la región Metropolitana. Los hechos investigados abarcan el periodo de 2022 a 2025.

Se determinó que en el CDP Santiago Uno y en el CPF Santiago, en San Joaquín, operan grupos criminales que utilizan sobornos y cohecho de funcionarios públicos (gendarmes) para introducir elementos prohibidos o ilícitos.

Además, se confirmó el acceso irregular de personas ajenas a estos establecimientos, quienes se hacían pasar por visitas oficialmente registradas, eludiendo los requisitos reglamentarios y legales aplicables.

La investigación identificó al menos siete agrupaciones criminales, conocidas como «Manillas», que operan en las cercanías de los recintos penitenciarios; sus miembros son denominados «Manilleros», y muchas de ellas están formadas por ciudadanos extranjeros.

Estas bandas, en complicidad con los gendarmes, introducen diversos artículos dentro de los establecimientos penitenciarios, pagando a los funcionarios a través de dinero o especie, con precios que varían según el tipo de elemento prohibido, desde $10.000 hasta $400.000.

Los gendarmes involucrados utilizan estos fondos para su propio beneficio o el de terceros, encubriendo el origen ilícito de los recursos mediante la adquisición de vehículos e inmuebles y utilizando a testaferros (parejas o familiares) para ocultar la procedencia de los ingresos.

El operativo finalizó con la detención de 66 personas, de las cuales 44 son funcionarios de Gendarmería, además de la incautación de 183 cuentas bancarias, 11 vehículos, armas y drogas.

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La entrada Gran operación desmantela red de corrupción en prisiones de siete regiones del país: 44 gendarmes arrestados. se publicó primero en Quinta News.