«Desde Renovación Nacional respaldamos con mucha fuerza la agenda de seguridad del gobierno y compartimos plenamente el objetivo: darle al Estado todas las herramientas necesarias para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Pero una reforma constitucional tiene que hacerse bien», declaró Balladares.

«La Constitución no puede transformarse en un catálogo de medidas ni modificarse cada vez que enfrentamos un problema de política pública», añadió.

«Nuestro compromiso con la seguridad es total, pero justamente porque queremos que estas herramientas perduren, tenemos que construir normas sólidas, jurídicamente bien diseñadas y capaces de reunir una mayoría amplia», agregó.

«En seguridad necesitamos eficacia, no maximalismos; firmeza contra los delincuentes y responsabilidad con nuestras instituciones», cerró.

Las declaraciones de Balladares se producen luego de que durante el domingo Ramírez advirtiera que la UDI eventualmente podría rechazar la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Ejecutivo. El parlamentario cuestionó que la iniciativa incorpore excepciones a principios generales, lo que, a su juicio, podría terminar debilitando la Carta Fundamental.

«No conocemos el texto, pero lo que se ha dado a conocer por distintos medios de comunicación es una reforma que hoy día nosotros no podríamos apoyar», aseguró el timonel de la UDI en entrevista con La Tercera.

Agregó que «la razón es que estamos poniendo en la Constitución excepciones a principios generales que al final debilitan la Constitución. Esta práctica se usó mucho y terminó debilitando la Constitución de 1925, que finalmente era incapaz de contener ningún tipo de debate político contingente».

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Díaz sostuvo que las conclusiones presentan errores graves, como los relativos a la adquisición de un helicóptero para Carabineros y otros bienes adquiridos para terceros. Señaló que el informe indica reiteradamente que fue el Gobierno Regional quien no entregó los respaldos necesarios, y expresó preocupación por autoridades que parecerían no comprender su rol, considerando que fueron los mismos Cores y el gobernador actual quienes participaron en la inauguración de la Escuela Pampa Algodonal y en la entrega de vehículos a las instituciones. El parlamentario enfatizó que si la Contraloría encuentra irregularidades, corresponde a esa institución determinar y sacar sus propias conclusiones.

El ex gobernador recordó que durante los tres años y medio que ejerció el cargo trabajó permanentemente junto a la Contraloría Regional, período durante el cual se instruyeron 32 sumarios e investigaciones sumarias y se dictó por primera vez un procedimiento formal de conciliaciones bancarias.

Respecto de la adquisición de un helicóptero para Carabineros de Chile por 10.947.709 millones de pesos, uno de los puntos más cuestionados de la auditoría, Díaz fue enfático en señalar que era imposible no recordar esa compra, ceremonia en la que participaron el general director de Carabineros y el actual gobernador. Explicó que la aeronave opera con regularidad en la región y que lo único pendiente es la regularización de la documentación formal de traspaso.

Díaz también se refirió a la observación sobre otros bienes adquiridos para terceros, como vehículos entregados a la PDI, Carabineros y el Ejército por un total de 25.035.947 millones de pesos. Señaló que el informe de auditoría indica que no se recibió toda la documentación de compra y traspaso a los destinatarios finales, pero calificó esto como un problema administrativo pendiente de resolver y no como una irregularidad de fondo ni un perjuicio al patrimonio regional.

El diputado explicó que el Gobierno Regional no entregó demostraciones ni análisis de los saldos de balance en general, por lo que los auditores tuvieron que aplicar pruebas alternativas. Indicó que en las conciliaciones bancarias recibidas faltaba el detalle de movimientos pendientes, no se recibió el detalle de control de Bienes de Uso Depreciables por 17.567.269 millones de pesos, y sobre el helicóptero de 10.947.709 millones de pesos no se obtuvo información de su destino, traspaso ni ubicación física. Agregó que en la muestra de Costos de Proyectos no se recibió la totalidad de respaldos de cierre en un 67 por ciento de los casos, y que respecto de los bienes entregados a terceros, la documentación de compra y traspaso no fue presentada por el Gobierno Regional hasta la fecha de cierre del informe.

Díaz criticó el gasto en la auditoría externa, argumentando que las autoridades no fueron capaces de entregar información completa y acusó al Gobernador y los Cores de no ser responsables en sus declaraciones. Afirmó que manipularon la información entregada a la empresa auditora, según lo expresa el mismo informe.

Finalmente, el diputado Díaz concluyó que existe una reiterada falta en la entrega de información a la empresa auditora, lo que no implica inexistencia de respaldos contables, por lo que es necesario esperar el pronunciamiento formal de la Contraloría General de la República sobre esta materia.

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La exautoridad descartó cualquier consumo de sustancias ilícitas y anunció que se someterá a nuevos análisis para respaldar su posición.

«Hoy he presentado mi renuncia al Presidente de la República al cargo de subsecretario de Hacienda. Esta decisión se funda en que, tras haber obtenido un resultado negativo en un examen de drogas realizado en abril, un examen posterior, efectuado en junio, arrojó un resultado positivo que no refleja mi realidad», indicó Rodríguez en un comunicado público.

Agregó que «no consumo drogas, y tengo la plena convicción de que ese segundo resultado es un error. Por lo mismo, me realizaré nuevos exámenes para despejar cualquier duda y demostrar, con total transparencia, que cumplo íntegramente con los estándares que el gobierno ha establecido para las autoridades del Estado en esta materia».

Rodríguez expresó su agradecimiento al Presidente Kast, al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y a todos sus colegas del Ministerio y del Gobierno.

«Me voy con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí y con la convicción de que este Gobierno seguirá avanzando con fuerza para construir un país más próspero, más seguro y con más oportunidades para todos», concluyó.

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La entrada Exfuncionario de la Subsecretaría de Hacienda rechaza acusaciones de consumo de estupefacientes y cuestiona validez del examen toxicológico se publicó primero en Quinta News.

Durante una entrevista en el matinal Mucho Gusto, Norambuena valoró que la declaración de Zona de Catástrofe permitiera activar helicópteros para conectar sectores aislados y trasladar a personas con problemas de salud. «Al fin nos escucharon», expresó la autoridad al referirse al reforzamiento de los recursos aéreos.

No obstante, la alcaldesa advirtió que la principal urgencia de la zona urbana es la carencia de agua potable en los domicilios. En ese sentido, cuestionó si los puntos de distribución establecidos por la compañía privada son suficientes para atender la demanda.

«Con 200 puntos para alimentar a casi 200 mil personas no hay por dónde, es inviable», indicó Norambuena. Además, reveló que los 25 camiones aljibe de la empresa son interceptados en la vía pública por residentes desesperados antes de llegar a los estanques fijos. Para resolver esta situación, ofreció desplegar inspectores municipales y resguardo de Carabineros.

La empresa sanitaria estimó que el suministro podría normalizarse durante la jornada del sábado. Ante esta proyección, la alcaldesa criticó la falta de planificación frente a un evento meteorológico que era previsible y cuestionó la respuesta de los organismos de protección civil.

«Ha estado más lento que un bolero, no nos han llegado las gestiones que hemos ido necesitando, como los camiones aljibe y las motobombas», concluyó Norambuena sobre el apoyo entregado por Senapred.

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Después del encuentro llevado a cabo en el Congreso Nacional en Valparaíso, Jorge Díaz, jefe de la bancada de diputados de la DC, manifestó que existe una posición compartida de presentar la megarreforma ante el Tribunal Constitucional.

«Hay materias comunes donde se va a enfrentar de manera unida esto de avanzar en las presentaciones al TC», expresó Díaz.

Por su parte, Paulina Vodanovic, presidenta del PS, señaló que «la verdad es que el Gobierno debería haberse preocupado frente al mal tiempo, concentrar sus esfuerzos allí y no en apurar una votación que de todas maneras, como todos saben, tienen los votos y la van a ganar. Por lo tanto, apurar esto no tenía ningún sentido y mañana es el día en que se va a votar».

«Nosotros hemos estado conversando con los distintos jefes de bancada, las distintas posiciones para enfrentar esto en el Tribunal Constitucional. Como todos saben, en temas de invariabilidad, en temas medioambientales, ahí ya hay una primera decisión que se ratifica, donde hay una estrategia en común», agregó.

No obstante, Vodanovic indicó que «hay temas en que vamos a votar a favor, como es la propia reconstrucción, el fortalecimiento del Sense, pero hay materias de fondo en que no vamos a estar de acuerdo».

Respecto a la posibilidad de quiebres en la votación, la timonel socialista aseveró que «yo no hablaría de descuelgue, yo hablo de la autonomía parlamentaria. Aquí se tiene que respetar lo que finalmente los parlamentarios decidan y determinan en forma individual. No hay órdenes de partido, eso está incluso prohibido por la Constitución».

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En entrevista con Radio Duna, el timonel del PPD afirmó que «El acuerdo de los senadores con el Gobierno se cae irremediablemente. No se puede confiar en el ministro Jorge Quiroz, creo que ha actuado de mala fe».

Soto explicó que el partido manifestó su molestia al Ejecutivo, «particularmente respecto del ministro de Hacienda, en quien creo no se puede confiar, y quien creo no es un interlocutor válido ni para la oposición, ni para el mundo político. Creemos que está generando un problema a su propio Gobierno».

Según el parlamentario, el PPD enfrentó un «doble agravio» por parte del Gobierno, ya que, a su juicio, desde La Moneda habrían «aprovechado la coyuntura en la interna de la colectividad», en medio de un proceso de transición de mando, para «acelerar» un acuerdo con los senadores, el cual «no estaba debidamente socializado, conversado y validado».

En esa línea, sostuvo que «Una vez que suscribe el Gobierno este acuerdo, lo vulnera tratando por debajo de ingresar indicaciones que iban muchísimo más allá, y eso evidentemente generó un malestar y un doble agravio».

El presidente del PPD también llamó tanto al Gobierno como a la oposición a disculparse con la colectividad, argumentando que los senadores de su partido actuaron «de buena fe», aunque reconoció que «se cometió el error de confiar en el Gobierno».

Asimismo, advirtió que el episodio no debe transformarse en una nueva instancia de confrontación política.

«Creo que hay que sacar lecciones de aquello, pero no se puede transformar nuevamente en un escenario de cancelación política, de acusaciones injuriosas, de funas por redes sociales respecto de quienes piensan distinto (…) se ha traspasado una línea que nos preocupa», señaló.

En esa misma línea, agregó que «amerita que en algunos casos algunos dirigentes y parlamentares también pidan las disculpas del caso».

Soto destacó que el PPD actuó de manera institucional tras la controversia y aseguró que hubo sectores que deberían entregar explicaciones por sus declaraciones.

«Si bien se generó una crisis, tanto interna como externa, a propósito de este acuerdo, creo que el PPD actuó rápidamente, lo hizo de forma institucional, unida, resguardando nuestra posición partidaria que ha sido lo que ha primado, y creo que hay varios que tienen explicaciones que dar o disculpas que pedir respecto de sus declaraciones, porque eso también va a ayudar a construir hacia el futuro las confianzas que se requieren para seguir coordinándonos», aseveró.

Finalmente, respecto a la megarreforma, el parlamentario confirmó que los senadores del PPD, junto con la oposición, acudirán en bloque al Tribunal Constitucional «para que se revisen los aspectos constitucionales, tanto en las materias tributarias como también en las medioambientales».

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La iniciativa es impulsada por Aguas Pacífico como medida de compensación para pescadores de Quintero y contempla el traslado diario de los residuos hasta Concón para su tratamiento. Según los antecedentes del proyecto, se generarían aproximadamente 54,9 metros cúbicos de RILES por día, lo que implicaría el tránsito de al menos seis camiones diarios por la comuna.

Ramírez cuestionó que Concón deba asumir los efectos de una actividad industrial radicada en otro territorio. «Queremos que Esval tome conciencia de que no tenemos la capacidad como comuna para aceptar desechos de una planta que está en otro lugar», señaló la autoridad.

El alcalde advirtió que una eventual falla en el manejo de los residuos podría provocar malos olores y afectar la calidad de vida de los vecinos, además de generar impactos sobre ecosistemas sensibles como el río Aconcagua y el humedal urbano de Concón. También expresó preocupación por el aumento del tránsito de camiones y los riesgos asociados de derrames, filtraciones o accidentes en sectores habitados.

Ramírez cuestionó además la falta de certezas sobre el tratamiento final de los residuos orgánicos derivados del proceso industrial y anunció que convocará a organizaciones sociales y vecinos para coordinar acciones que impidan que la iniciativa se concrete. «Planteamos nuestro más categórico rechazo a lo que implica el impacto ambiental de esta planta de procesamiento de jibia, toda vez que los desechos y gran parte de los RILES terminarán en la comuna de Concón», afirmó.

Esval aclara que no hay proyecto definitivo ni convenio suscrito

Consultada al respecto, Esval aclaró que el certificado emitido a solicitud de la Federación de Pescadores Bahía Narau es solo un documento preliminar de referencia, entregado para que el potencial cliente disponga de los antecedentes necesarios para evaluar una eventual prestación del servicio.

La empresa precisó que a la fecha no ha recibido un proyecto definitivo que permita realizar una evaluación integral de las características, condiciones operacionales e impactos asociados a la recepción y tratamiento de los RILES. Asimismo, indicó que tampoco se ha suscrito ningún convenio para la eventual recepción de residuos líquidos industriales mediante camiones aljibes.

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El conflicto al interior del oficialismo se intensificó después de que Cicardini publicara un video en redes sociales señalando que Vodanovic y Juan Luis Castro, jefe del comité de senadores socialistas, ocultaron deliberadamente las conversaciones destinadas a incorporar modificaciones al proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Cicardini aseguró que las cúpulas directivas negaron los acercamientos con el Gobierno de manera intencional. «No voy a respaldar una colusión con Quiroz para ponerle un candado por 20 años a la ley de los súper ricos», declaró la parlamentaria del norte, generando una profunda crisis de coordinación en el bloque parlamentario.

En respuesta, Vodanovic emitió una declaración oficial dirigida a la militancia del partido. En el comunicado, la presidenta socialista descartó categóricamente la existencia de acuerdos legislativos ocultos, precisando que las reuniones se realizaron en una mesa multipartidaria formal convocada por la directiva del Senado con representantes del oficialismo y la Democracia Cristiana.

Vodanovic subrayó que la postura opositora del partido se ha mantenido coherente en todas las instancias institucionales, recordando el rechazo unánime ejercido en las comisiones técnicas y en las votaciones. «Decir que mentimos o que vamos a coludirnos con el ministro Quiroz es falso y desproporcionado», replicó la jefa de la colectividad.

La líder socialista argumentó que el diálogo con el Ejecutivo es parte de las responsabilidades legislativas para mitigar los impactos macroeconómicos de la propuesta oficialista. No obstante, expresó su preocupación por que las diferencias internas del conglomerado se ventilaran públicamente sin mediar una discusión previa en las comisiones internas correspondientes.

«El Partido Socialista tiene su institucionalidad: la Mesa, la Comisión Política y su Comité Central. Los llamo a la discusión fraterna, y a jamás desertar», concluyó Vodanovic en su misiva, instando a resolver las disputas internas a través de canales formales para evitar debilitar la capacidad de incidencia del partido en las reformas de relevancia social.

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La entrada Vodanovic rechaza negociación con el gobierno sobre megareforma y cuestiona acusaciones de su sector se publicó primero en Quinta News.

Según un comunicado oficial de la EFA, la protesta surge tras la controversia generada en Egipto y en gran parte del mundo árabe respecto al resultado de los octavos de final del Mundial 2026, en el cual Argentina logró remontar un marcador desfavorable de 0-2 en los minutos finales. El equipo egipcio sufrió la anulación de un gol mediante VAR y dos acciones que no fueron revisadas como posibles penales.

«La Federación no puede mantenerse ajena a las decisiones arbitrales evidenciadas durante el partido contra Argentina, así como al manejo inadecuado del VAR. Varias acciones relevantes generaron preocupaciones serias y plantean profundas dudas sobre la coherencia e imparcialidad de unas determinaciones que incidieron directamente en el transcurso del encuentro», expresó la EFA en su comunicado.

La reclamación del organismo llega tras un partido en el que Egipto se adelantó 0-2 en el marcador, con tantos de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico, donde fue ampliamente cuestionada la anulación por VAR de otro gol de Zico en el minuto 57, anterior al 2-0 y previo a que Argentina revirtiera el resultado en los últimos tramos del encuentro.

La EFA destacó que la situación ha provocado una «frustración generalizada» entre los jugadores y la afición, respaldando sus críticas en evaluaciones de expertos locales e internacionales que identificaron «episodios controvertidos» en el partido.

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La decisión representó un duro golpe para el cuadro caturro, que esperaba recibir el histórico compromiso en el estadio Elías Figueroa. Tras conocerse la determinación, el presidente y controlador del club, Reinaldo Sánchez, responsabilizó a las autoridades chilenas por la pérdida de la sede.

A través de un comunicado oficial, el dirigente manifestó su molestia por el desenlace de las gestiones.

«El tiempo nos dio la razón de la peor manera, el partido histórico entre Santiago Wanderers y el Real Madrid no se va a jugar en Valparaíso, en gran medida debido al escaso apoyo a la industria del fútbol y la negación constante de permitirle a los clubes la organización espectáculos deportivos masivos de calidad, por parte de las Delegaciones Presidenciales, y particularmente en la nuestra», expresó el timonel en un comunicado oficial.

Sánchez también cuestionó las dificultades que, a su juicio, enfrentan los clubes para organizar eventos deportivos de gran magnitud en el país.

«Nos cansamos de rebotar contra un muro burocrático (…) La solución de la autoridad siempre es la misma y la más fácil: prohibir y cerrar las puertas en lugar de hacer su trabajo y dar seguridad», añadió.

Pese a la frustración por no poder recibir el encuentro en Valparaíso, el dirigente aseguró que el club deberá enfocarse ahora en la preparación del compromiso.

Además, el directivo enfatizó en que «se preocuparon para darle una fiesta a los wanderinos, pero no queda otra opción que dar vuelta la página».

Finalmente, Sánchez agradeció el respaldo de la ministra del Deporte, Natalia Duco, destacando las gestiones que, según afirmó, realizó para intentar mantener el partido en territorio nacional.

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