El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó las iniciativas legislativas en discusión que pretenden modificar la compensación que reciben los expresidentes.

Entre las propuestas se incluyen la reducción del monto, el establecimiento de una edad mínima de 65 años para acceder al beneficio y la eliminación de gastos relacionados con transporte y oficina.

Ante esta situación, el Gobierno manifestó su apoyo a mantener la asignación actual, recordando que “esto fue el resultado de un acuerdo transversal alcanzado hace más de veinte años, en relación con la situación del expresidente Patricio Aylwin”.

El ministro subrayó que “el debate debe basarse en el principio de dignidad del trato hacia quienes han ocupado la jefatura de Estado, reconociendo el papel institucional que representan”.

Además, destacó que las democracias con altos estándares generalmente establecen prestaciones similares, para evitar conflictos de interés o actividades como el lobby tras el ejercicio del cargo.

Por último, Álvaro Elizalde enfatizó que “aunque es posible mejorar el marco regulatorio actual, cualquier modificación debe mantener los principios que dieron origen a esta normativa”.

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El Presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), impuso sanciones al diputado Jaime Naranjo (PS) tras un incidente con su compañero del Partido Republicano, José Carlos Meza, durante una sesión especial referida al caso ProCultura.

Naranjo se levantó de su asiento y se dirigió hacia Meza, a quien le hizo un reproche y le dio un golpe amistoso en el hombro.

Luego de revisar el video que captó el momento, Castro decidió aplicar medidas disciplinarias contra Naranjo. «He optado por seguir el reglamento y aplicar una sanción. Esta ha sido notificada al diputado, quien puede apelar ante Ética. La sanción implica una deducción del 15% de su dieta y le prohíbe usar la palabra en siete sesiones,” detalló.

«Es fundamental señalar que bajo esta presidencia no se tolerará ningún tipo de violencia, ni verbal ni física. Hago un llamado al respeto y a la buena convivencia entre los diputados; no resulta grato para mí tener que imponer estas sanciones y espero que, eventualmente, se rectifiquen con disculpas”, añadió.

Por su parte, el diputado Jaime Naranjo ha presentado una solicitud de reconsideración ante la comisión de Ética de la Cámara respecto a la acusación de agresión contra el diputado Meza.

En el escrito, Naranjo solicitó que se revise “la sanción que se intenta imponer, es decir, la prohibición de expresarme durante seis sesiones consecutivas y una multa del 15% de mi dieta líquida”.

Alegó que “no es cierto que haya tenido una actitud agresiva hacia otro diputado en la sesión.” Además, mencionó que el diputado Meza “realizó una intervención durante la sesión especial del 19 de mayo en la que injustificadamente implicó a mi familia, acusándome sin fundamentos de corrupción, lo cual es inaceptable, considerando mi conducta ejemplar y siempre alineada con la ley a lo largo de mi trayectoria en el servicio público.”

“Después de escuchar su intervención, no me acerqué a él de inmediato, como sostiene el acusador, sino que pasaron casi 60 minutos desde su intervención. Reflexionando sobre sus palabras, me acerqué a él de manera tranquila y civilizada (tocándole el hombro), para informarle que al día siguiente le entregaría un documento oficial del Senado que demuestra que lo dicho por el diputado Meza es una falacia”, relató.

Además, expresó su sorpresa de que quien miente no sea sancionado, y que, en cambio, se busque responsabilizarlo por un hecho que, en vista de las pruebas, es completamente descontextualizado, falso y malicioso de acuerdo a la versión del diputado Meza.

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El diputado Diego Ibáñez (FA) solicitó al Ejecutivo que otorgue prioridad al proyecto de ley que suspende el sueldo de los parlamentarios desaforados debido a procesos penales en su contra.

“Un parlamentario desaforado es aquel que no tiene la capacidad de ejercer su rol, que ha sido suspendido y que no asiste al Congreso. Por lo tanto, es lógico que no perciba la dieta parlamentaria, ya que está siendo investigado por la justicia”, afirmó.

Existen dos propuestas al respecto: una presentada por la senadora Fabiola Campillai y otra por el diputado Andrés Giordano, las cuales podrían fusionarse en la Cámara de Diputados para su discusión.

Ibáñez subrayó que “es fundamental que los diputados y diputadas que han sido desaforados no reciban recursos provenientes de los impuestos de todos los chilenos para su defensa en el proceso judicial. Considero que no es adecuado, y en ese sentido, solicito al Gobierno que le dé celeridad al proyecto que suspende el sueldo a los desaforados para eliminar este privilegio”.

En la actualidad, están desaforados los diputados Mauricio Ojeda, Francisco Pulgar y Catalina Pérez, quien ha anunciado su intención de apelar a la Corte Suprema.

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La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados impartió una sanción a la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista), consistiendo en un descuento del 15% de su dieta parlamentaria por no someterse al test de drogas.

Este control se aplica a todos los diputados, sin excepción, y se realiza de forma aleatoria y semestral, a través de un sorteo que asegura que cada legislador se someta, al menos, a dos pruebas de este tipo durante el período legislativo.

La legisladora ha denunciado que el reglamento sobre el test de drogas se ha convertido en una herramienta política utilizada para estigmatizar y desacreditar a los parlamentarios, lo que afecta su dignidad y da lugar a escarnios públicos.

Tras conocerse la noticia, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, recordó que «aquellos que dan positivo en el test de drogas deben abrir sus cuentas corrientes bancarias, pero quienes se niegan a realizarlo solo enfrentan una sanción económica según lo permitido por la comisión de ética; no tenemos la facultad de abrir sus cuentas corrientes«.

Por esta razón, Coloma solicitó a la Cámara de Diputados que la comisión de Constitución considere una modificación al reglamento que endurezca las sanciones para aquellos que se nieguen a realizarse el test de drogas.

La propuesta de Coloma no logró alcanzar la unanimidad requerida y fue rechazada.

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