Los parlamentarios de la región de O’Higgins y miembros de la Comisión de Minería de la Cámara abordaron la decisión de Codelco de destituir a parte de la alta dirección relacionada con la División El Teniente, a raíz de una auditoría interna realizada tras la tragedia del 31 de julio de 2025.

La empresa estatal reveló que la revisión encontró «irregularidades y omisiones en la presentación de antecedentes técnicos ante la autoridad correspondiente», además de «graves incumplimientos de deberes que han llevado a establecer responsabilidades tanto en ejecutivos actuales como en ex-ejecutivos».

Codelco comunicó que «el Presidente Ejecutivo ordenó la remoción inmediata de la dirección responsable«.

El diputado y presidente de la comisión de Minería, Marco Antonio Sulantay (UDI), afirmó que «lo importante, después de este tiempo, es que ya está comprobada una negligencia por parte de la empresa, y es fundamental que las familias sean indemnizadas adecuadamente por esta tragedia, respetando el derecho a defensa de los ejecutivos desvinculados«.

Asimismo, anunció que convocarán a la comisión «a los altos representantes de la empresa para que nos brinden más detalles sobre estas desvinculaciones y cómo El Teniente planea compensar a las familias de las víctimas».

Por su parte, la diputada Natalia Romero (IND-UDI) subrayó que «la auditoría revela información de suma gravedad. La ocultación o distorsión de las causas de esta tragedia por parte de los ejecutivos debe ser objeto de una investigación rápida y efectiva por la fiscalía».

«Pacheco, una vez más, debe proporcionar información más concreta y asumir un grado de responsabilidad por la jerarquía del mando«, enfatizó.

En esa línea, el parlamentario Benjamín Moreno (Republicanos) destacó que «hace tiempo hay una persona que no ha brindado las explicaciones necesarias y debe hacerlo, y esa persona es Máximo Pacheco«.

«El señor Pacheco debe rendir cuentas por todo lo que ha ocurrido con la estatal en los últimos tiempos», agregó.

El diputado Cristian Tapia (IND-PPD) aseveró que «hemos expuesto el ocultamiento de información y esto fue investigado en la Comisión Investigadora de Codelco. Además, no es un caso aislado, ya que en estos tres años y medio, Codelco ha tenido 11 trabajadores fallecidos en accidentes. ¿Y dónde está el Presidente del directorio, que sigue en su puesto?«.

Hizo un llamado al Presidente electo, José Antonio Kast, para que «asuma la responsabilidad, que evite el amiguismo y nombre a personas idóneas en los cargos, que prioricen no solo la producción de cobre, que es crucial para el bienestar del país, sino lo más importante, la vida y la salud de nuestros trabajadores».

Por otro lado, Yovana Ahumada (PSC) argumentó que «esto refuerza nuestra labor de fiscalización y apoyo a los trabajadores de El Teniente y Codelco. Considero fundamental continuar con el trabajo de supervisión, acompañando a los trabajadores y buscando las responsabilidades adecuadas«.

La parlamentaria Marta González (IND-FA) expresó que «los hechos comunicados por Codelco son extremadamente graves y confirman la ocultación e inconsistencias en la investigación del trágico accidente del 31 de julio que afectó a la región de O’Higgins«.

«Sin embargo, teníamos diversos antecedentes que señalaban malas prácticas, como la falta de escucha a las denuncias de los trabajadores y dirigentes sindicales. Por eso valoramos la decisión de desvincular a estos ejecutivos. Esperamos que esta sea la directriz en Codelco y en todas las empresas donde los ejecutivos pongan en riesgo la seguridad e integridad de sus trabajadores«, concluyó.

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La Corte de Apelaciones de Coyhaique determinó que la notificación a Nabila Rifo fue ineficaz, lo que afectó su derecho a ser escuchada durante el proceso de solicitud de libertad condicional de su agresor, Mauricio Ortega, quien en 2017 la atacó violentamente, causándole la ceguera.

Este fue el argumento central del tribunal, que el miércoles acogió el recurso de amparo presentado por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) en nombre de la víctima, anulando así la decisión de la Comisión de Libertad Condicional de Aysén que había otorgado este beneficio al condenado Mauricio Orlando Ortega Ruiz.

En un fallo unánime, la Primera Sala concluyó que la notificación a Nabila Rifo fue ineficaz, ya que se realizó en un ubicación institucional y no en su verdadero domicilio, lo que violó su derecho a ser oída en el proceso de solicitud de libertad condicional de Ortega.

El fallo señala que esta omisión «vulnera la garantía constitucional del debido proceso, y hace que lo actuado sea ilegal». También hace hincapié en que «debió asegurarse un emplazamiento válido de la ofendida sobre la solicitud del condenado por los delitos que la afectaron para solicitar la libertad condicional.»

En ese sentido, se subraya que «su situación de discapacidad, ceguera –deficiencia física, sensorial y permanente– debe ser considerada», lo que requería un estándar superior de comunicación y ajustes necesarios para que la afectada pudiera ejercer realmente sus derechos.

Además, esto resalta la urgente necesidad de establecer un tribunal de ejecución en la región, ya que el proyecto de ley en tramitación no prevé su creación solamente en este territorio. Esta exclusión revela una grave debilidad estructural en el sistema de justicia penal chileno, al dejar sin supervisión judicial efectiva y permanente, y con un enfoque especializado, la fase de cumplimiento de medidas y sentencias, especialmente en contextos de vulnerabilidad.

La Corte aclara que «no tiene competencia para pronunciarse sobre la solicitud de denegación de la libertad condicional hecha por el condenado, ya que esta debe ser tratada y decidida por la Comisión de Libertad Condicional, el único órgano competente para ello.»

Por lo tanto, ordena que «la Comisión correspondiente deberá reunirse nuevamente para decidir sobre la solicitud de libertad condicional del condenado Mauricio Ortega Ruiz, asegurando la debida notificación previa a la víctima conforme a la ley.»

Finalmente, se ordena el reingreso del sentenciado Mauricio Ortega Ruiz al establecimiento penitenciario de Puerto Aysén, lo cual deberá realizar el Juzgado de Garantía de Coyhaique una vez que este fallo sea firme.

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Tras el anuncio de un recorte en el presupuesto de varias carteras del Estado, el jefe de la Bancada Republicana expresó críticas, responsabilizando al Presidente de la República y al Ministro de Hacienda, Mario Marcel, señalando que esta reducción afectaría a las Fuerzas Armadas.

El diputado Luis Fernando Sánchez subrayó que las decisiones del Gobierno son erróneas y perjudiciales para las Fuerzas Armadas, afirmando que “el Gobierno no solo afecta nuestras pensiones, sino también a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Es un escándalo que la rebaja presupuestaria que el ministro Marcel impone a diversos sectores del Estado busque afectar incluso los salarios de la Armada y el Ejército. Esta es la misma remuneración que se otorga a quienes están en zonas extremas, protegiendo la macrozona sur o en misiones de alto riesgo. Son hombres y mujeres que hacen patria, a quienes Boric y Marcel están menospreciando”.

En este sentido, mencionó que los recortes salariales deberían aplicarse a otros, añadiendo que “es incomprensible que los únicos que no vean disminuidos sus sueldos sean las altas autoridades, los amigos de la casta frenteamplista, mientras quienes realmente trabajan son despreciados”.

Agregó que “con esta reducción, fuentes internas del ejército y la armada me han informado que tendrán que disminuir cursos, despliegues, conscripción e incluso considerar desvinculaciones. Esto es de una violencia intolerable, y mientras tanto, el despilfarro en gasto político continúa”

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