Conforme a este concepto, la infraestructura no debe evaluarse solo por su funcionamiento en días normales, sino por su capacidad de respuesta cuando todo falla. Esta evaluación es particularmente relevante en la Región de Valparaíso, donde diversos sectores permanecieron sin suministros básicos durante horas e incluso días.

Cuando una familia pierde su vivienda, cuando un adulto mayor que depende de energía eléctrica para equipos médicos queda sin suministro, o cuando una localidad queda aislada por varios días, el problema trasciende lo puramente técnico. Las instituciones deben planificar, prevenir, fiscalizar, mantener y responder de manera oportuna y operativa para proteger la vida humana y animal.

El evento del sistema frontal evidenció la necesidad de que Chile elabore un Plan Nacional de Resiliencia de la Red Eléctrica. No es suficiente reponer el suministro después de cada temporal; se requiere diseñar un sistema capaz de resistir, adaptarse y recuperarse con celeridad.

El Delegado Presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, señaló esta semana que no existe un plazo obligatorio de reposición del suministro para las empresas eléctricas en casos de fuerza mayor. Este vacío normativo explica parcialmente por qué medidas de resiliencia conocidas desde hace años —soterramiento, corredores de poda, microrredes— avanzan lentamente: sin plazos ni estándares exigibles, no existe incentivo regulatorio para acelerar la inversión.

Existe un proyecto de ley en el Senado que obliga el soterramiento de cables eléctricos y de telecomunicaciones en todo el país, con plazos de hasta cuatro años en zonas urbanas y diez en zonas rurales. Si bien es una medida positiva, resulta insuficiente frente a la frecuencia de estos eventos. La discusión debería acelerar los plazos para infraestructura crítica —hospitales, centros de salud, zonas con adultos electrodependientes— en lugar de tratarla uniformemente que el resto de la red.

Esto requiere diversas acciones: soterrar redes en infraestructura crítica, establecer corredores de seguridad con manejo permanente de vegetación, implementar microrredes y sistemas de respaldo para personas electrodependientes, fortalecer el monitoreo inteligente de la red, y exigir estándares de continuidad del servicio acordes con un clima cada vez más extremo.

Estas medidas no representan un gasto, sino una inversión pública inteligente. Según el informe del BID «Del riesgo a la confiabilidad: servicios de infraestructura resiliente para enfrentar los desafíos de la naturaleza» de octubre de 2025, construir infraestructura resiliente desde el diseño cuesta entre un 5% y un 20% menos que reemplazarla tras un desastre, y cada dólar invertido en gestión del riesgo evita hasta cuatro dólares en pérdidas. Esta relación costo-beneficio debiera ser el argumento central para financiar el Plan Nacional de Resiliencia de la Red Eléctrica, integrándolo al eje «Sistema energético seguro y resiliente» que el Ministerio de Energía ya comprometió en su Ruta Energética 2026-2030, con metas y plazos verificables. No debe olvidarse que la infraestructura más importante de un país es siempre la vida humana.

Con Información de g5noticias.cl

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De acuerdo con lo ratificado por el persecutor, los cinco fallecidos, todos jóvenes de nacionalidad venezolana, escaparon a alta velocidad por calle Franklin a bordo de una camioneta SUV. Al llegar a la intersección con avenida Santa Rosa, el vehículo fue impactado por un bus del sistema RED, que lo aplastó contra el muro de una farmacia Simi. El incidente se registró cerca de las 5:30 horas.

«Estas personas se dan a la fuga en el vehículo, se inicia una persecución controlada por esta misma calle y al llegar a la intersección de avenida Santa Rosa, el vehículo menor, que sería una camioneta SUV cruza con luz roja el semáforo y termina siendo colisionado por un bus de la locomoción colectiva», indicó el fiscal.

El fiscal también explicó que «el vehículo quedó entre el muro perimetral del local comercial y el bus. Los ocupantes del vehículo no pudieron escapar desde el interior del mismo».

Ruiz añadió que «en este momento se está trabajando en poder extraerlos desde el interior y por lo tanto no tenemos certeza del número de víctimas, ni tampoco de las identidades de las mismas».

El fiscal confirmó además que el conductor del bus del sistema RED resultó gravemente lesionado en el rostro.

En el lugar del accidente, donde el tránsito permanece suspendido en un amplio sector, llegaron familiares de las víctimas, quienes aún no han podido confirmar oficialmente la identidad de sus parientes.

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El vehículo municipal estaba a cargo de resguardar las posibles evidencias de los autos utilizados en la fuga, antes de que personal de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de La Calera los incautara y retirara de la autopista. Los delincuentes huyeron con más de 800 millones de pesos en dos vehículos, que posteriormente abandonaron, para continuar su escape en dirección a la comuna de Concón.

Durante las tareas de custodia, a eso de las 14:40 horas, un conductor que transitaba por la autopista no advirtió la presencia del vehículo municipal detenido y lo impactó por atrás. El chofer que perdió el control resultó ser el único lesionado del incidente.

Gabriel Orellana, director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Nogales, explicó que el accidente ocurrió en una curva previa a la salida de La Cruz con Pocochay, mientras aguardaban la llegada de la Bicrim de La Calera. «Otro vehículo, un tercero, pierde el control, dado que esto es en una curva previa a la salida de La Cruz con Pocochay; pierde el control en la curva y se impacta de lleno con el vehículo de nosotros, que estaba en el lugar prestando custodia», señaló.

Orellana añadió que «ni Carabineros ni el inspector de Seguridad Pública estaban dentro del vehículo al momento del impacto, se encuentran bien. Hay un lesionado, que es la persona que iba conduciendo el vehículo que perdió el control y hasta el momento, más que los daños materiales, no hay nada que lamentar».

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De acuerdo con los antecedentes que sustentan la comunicación de cargos, se señala la contratación de dos asesores mediante asignaciones parlamentarias pese a que no realizaron las funciones por las que fueron remunerados, además de la emisión de boletas a pesar de existir causa en su contra. Estos hechos elevarían el presunto fraude atribuido a más de $200 millones.

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Según los antecedentes de Fiscalía, el magistrado Mario Devaud ordenó la reapertura de la investigación por un plazo de 60 días para diligencias puntuales y acotadas en relación al imputado Felipe Klein.

Asimismo, la Fiscalía accedió a que se realicen las diligencias precisas y determinadas, que habían sido solicitadas fuera de plazo legal por la defensa del senador Calisto, las cuales tienen relación con informes y toma de declaraciones.

El ente persecutor efectuará diligencias dispuestas por el Juzgado de Garantía de Coyhaique, donde no hay una discusión sobre su pertinencia. Además, el lunes 27 de julio a las 09:00 horas se efectuará una nueva audiencia para debatir sobre la viabilidad de dos diligencias específicas solicitadas por la defensa del legislador.

En este caso, la Fiscalía ya había presentado la acusación y solicitado el desafuero del senador Calisto, luego de una extensa investigación que se inició en 2021 y tras establecer que el monto de lo defraudado supera los 100 millones de pesos.

Durante la audiencia, el fiscal regional, Hernán Libedinsky, indicó que la pretensión del Ministerio Público es evitar dilaciones innecesarias a fin de que luego del eventual desafuero del parlamentario se pueda fijar la audiencia de preparación de juicio oral y así llevar la causa a juicio oral.

Para este viernes se encuentra fijada la audiencia en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para analizar la petición de desafuero solicitada por el Ministerio Público luego que la Corte de Apelaciones de Coyhaique se inhabilitara.

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De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía Nacional, Valencia conducía su vehículo particular acompañado por su familia en el momento del incidente.

La institución indicó que las circunstancias del accidente se encuentran bajo investigación.

En relación con lo anterior, el comunicado precisó que «se practicó al Fiscal Nacional un examen de alcotest, cuyo resultado fue negativo».

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La entrada Fiscal Ángel Valencia se ve involucrado en accidente de tránsito con trabajador de plataforma de reparto se publicó primero en Quinta News.

La búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil llegó a su décimo sexto día en la región de Los Ríos, con nuevas diligencias en el domicilio de la mujer desaparecida.

En este contexto, la fiscal regional Tatiana Esquivel señaló que “el desarme o la demolición no tienen un día y una hora específicos, pero no se descarta dentro de este trabajo que sigue activo”.

Previamente, se había encontrado sangre humana en unmachete y un hacha en una bodega de la propiedad, aunque aún no se ha confirmado si pertenecen a Chuñil.

Durante el día, el uso de georradar permitió identificar varios puntos de interés, incluyendo un radier. La fiscal comentó: “Es una construcción situada en la casa de doña Julia Chuñil, eso es lo principal. En este rastreo en el lugar nos hemos apoyado con maquinaria especializada, ya que reconocemos que buscar en un área tan densa y extensa como esta no es sencillo”.

En cuanto al plazo de las diligencias, Esquivel mencionó que “estamos considerando extender esto”, y reiteró que “el desarme o la demolición no tienen un día y una hora específicos, pero sí se mantienen como posibilidad dentro de este trabajo que sigue activo; como pueden observar, la intensidad de las labores en estos 16 días no ha disminuido y no tenemos intención de que así sea”.

Por su parte, el comandante Ricardo Díaz, Jefe Nacional de Operaciones de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros, agregó que “se han encontrado indicios biológicos y orgánicos que están siendo analizados. También hemos concluido que hay evidencia de sangre humana. Esta está en proceso de pericia y análisis correspondientes”.

Respecto al uso del georradar, señaló que «ha sido útil para identificar anomalías específicas y esa es la función que cumple. Al finalizar la revisión de una anomalía, generamos un punto de interés. Insisto, no descartaremos ningún punto de interés hasta que encontremos el cuerpo de la señora Julia Chuñil”.

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La entrada El fiscal considera solicitar una extensión de plazo para las diligencias y confirma que el radier en la casa de Julia Chuñil es un punto de interés. se publicó primero en Quinta News.

El Juzgado de Garantía de Coyhaique decidió suspender la tramitación del caso por el delito de fraude al fisco en relación con el diputado Miguel Ángel Calisto Águila, quien ha sido elegido senador por Aysén y se encuentra protegido por el fuero parlamentario.

En su fallo, el tribunal argumentó que, aunque se había acordado el desafuero de Calisto en su calidad de diputado, este fallo no se extiende al cargo de Senador de la República, para el cual fue elegido en las elecciones del 16 de noviembre de 2025, fecha a partir de la cual ha recuperado su fuero parlamentario.

El juez Mario Devaud explicó en la resolución que, de acuerdo con el artículo 61 de la Constitución Política de la República y las normativas aplicables, no se puede continuar con la tramitación de un caso contra un parlamentario aforado sin la autorización previa del tribunal de alzada competente para llevar a cabo el procedimiento de desafuero correspondiente.

Durante la audiencia, la Fiscalía de Aysén formalizó la investigación contra los coimputados Carla Nicole Graf Toledo, Roland Andrés Cárcamo Catalán y Felipe Ignacio Klein Vidal, quienes son señalados como coautores del delito de fraude al fisco (los dos primeros) y encubridor (el tercero). Estos quedaron sujetos a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, y se estableció un plazo de 120 días para la investigación.

El ente persecutor alega que entre 2018 y 2022, Calisto habría implementado un esquema defraudatorio relacionado con el uso irregular de recursos del Congreso Nacional, con un monto estimado de $103.664.697.

Los incidentes involucran a Roland Cárcamo y Carla Graf, quienes habrían firmado contratos de asesoría que no ejecutaron, desviando los fondos a terceras personas; mientras que Klein Vidal habría recibido $34.164.589 durante ese período.

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Codelco ha comunicado, mediante un Hecho Esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el nombramiento de la abogada Marta Herrera Seguel como nueva gerenta de Ética y Cumplimiento.

La ejecutiva tomará el cargo el 12 de febrero, después de un proceso de búsqueda y selección realizado con el apoyo de una firma especializada y liderado por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) del directorio, que evaluó tanto a candidatos internos como externos, considerando criterios de liderazgo, independencia, conocimiento técnico y probidad.

Según informó la empresa, la designación del CACE «forma parte del continuo fortalecimiento del sistema de integridad, probidad y cumplimiento de la Corporación, un pilar esencial de su gobierno corporativo y su compromiso con altos estándares éticos, regulatorios y de transparencia, tanto en Chile como a nivel internacional».

La Gerencia de Ética y Cumplimiento tiene como función principal diseñar, implementar y supervisar el sistema corporativo de ética, integridad y cumplimiento normativo, asegurando el correcto funcionamiento del Modelo de Prevención de Delitos, la adecuada aplicación del Código de Ética, la gestión de denuncias, la promoción de una cultura de integridad en toda la organización y la relación con organismos reguladores y fiscalizadores. También se encargará de asesorar a la alta administración y al directorio en temas de cumplimiento, riesgos éticos y normativos, así como en mejores prácticas internacionales.

Es importante destacar que Marta Herrera es abogada de la Universidad de Chile y cuenta con un Master of Laws de la California Western School of Law. Posee una extensa experiencia en el ámbito jurídico, anticorrupción y compliance, con más de 20 años de trayectoria en el sector público, donde se ha destacado por su labor en el Ministerio Público, dirigiendo el área jurídica y una unidad especializada en delitos económicos y corrupción, además de haber liderado la implementación de sistemas de integridad institucional. Actualmente, se desempeña como directora Jurídica del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

Con esta designación, Codelco «refuerza su compromiso con la ética, la probidad y el cumplimiento como condiciones esenciales para la sostenibilidad del negocio y su papel como empresa del Estado al servicio del desarrollo de Chile».

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El descomunal desorden financiero de $15.9 billones identificado por la Contraloría General de la República llevó a la bancada de Renovación Nacional (RN) a solicitar al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, la designación de un fiscal con “dedicación exclusiva, preferente o regional” para liderar la investigación.

El informe, publicado en la penúltima semana de 2025 por la contralora Dorothy Pérez, expuso serias deficiencias en el control presupuestario de 73 servicios públicos durante el quinquenio. Como resultado, el organismo decidió no validar los estados financieros de alrededor de 70 entidades y remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Los parlamentarios explicaron que la revisión abarcó 50 entidades del Gobierno Central y 23 comunales, identificando una “falta de control presupuestario” que resultó en observaciones de alta gravedad. En su comunicación, enfatizaron que “los ministerios de Defensa y Vivienda acumulan la mayor cantidad de recursos objetados, así como Cenabast, prestadores de servicios de salud y organismos relacionados con la actividad económica”.

Para RN, “las inconsistencias podrían constituir delitos por parte de funcionarios públicos, actos de corrupción, graves afectaciones al patrimonio fiscal e incluso posibles hipótesis de criminalidad organizada”. Advierten que “este incidente se suma a casos como el conocido como caso Convenios, que sigue sin esclarecerse después de casi tres años”.

La agrupación demanda una investigación penal exhaustiva. En la carta, los diputados resaltan la necesidad de una “indagatoria penal que aclare lo sucedido, persiga a los responsables penalmente y recupere, en la medida de lo posible, los recursos mal gestionados”.

Con este fin, solicitaron formalmente al Fiscal Nacional que, en ejercicio de sus atribuciones, designe un fiscal exclusivo o regional para llevar a cabo la investigación, ejercer la acción penal pública y asegurar la protección de posibles víctimas o testigos.

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