La exdelegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, se pronunció sobre el informe de la Contraloría, que reveló graves fallas en la gestión de recursos destinados a enfrentar la emergencia del megaincendio de febrero de 2024 en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, en la región de Valparaíso. Este asunto involucra a municipalidades, a la Delegación Presidencial Regional y a la Dirección Regional de Arquitectura.

En un comunicado, la diputada electa por el Distrito 6 enfatizó su “completa tranquilidad” respecto a las decisiones tomadas desde el inicio de la emergencia y en los meses siguientes a la tragedia.

«Fue un periodo de profunda coordinación interinstitucional, que abarcó a diversos servicios públicos y a funcionarias y funcionarios que trabajaron bajo una presión excepcional, ante una de las mayores catástrofes vividas en nuestra región. Aún así, todas las acciones se adoptaron dentro del marco legal y fundamentadas en informes técnicos y resoluciones administrativas«, agregó.

La exautoridad subrayó que “durante mi tiempo como Delegada Presidencial, cada vez que detecté situaciones que pudieran representar errores o irregularidades administrativas, instruí de inmediato las investigaciones y sumarios correspondientes.”

González añadió que «al momento de presentar mi renuncia, el 15 de noviembre de 2024, había varios sumarios en curso, precisamente porque actuamos con responsabilidad, rigor y estricto apego a los procedimientos«.

La parlamentaria electa también destacó que los hallazgos de la Contraloría ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la institucionalidad en la gestión de emergencias: «En situaciones de catástrofe, los mercados pueden sufrir distorsiones significativas, lo cual exige que el Estado disponga de herramientas más sólidas para el control, fiscalización y regulación, especialmente cuando bienes y servicios esenciales son cruciales para resolver la crisis, evitando al mismo tiempo crear obstáculos innecesarios o demoras que impidan una respuesta efectiva».

Luego, añadió que «considero pertinente que la información sea enviada tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado, para llevar a cabo un análisis exhaustivo de los hechos y, de ser necesario, realizar las investigaciones pertinentes, determinar responsabilidades y aplicar las sanciones adecuadas. Estoy dispuesta a colaborar en lo que se requiera».

Finalmente, Sofía González afirmó que «mi trayectoria ha estado marcada por la transparencia, la probidad y el compromiso con las personas. Las decisiones tomadas en medio de una emergencia de tal magnitud deben ser evaluadas en el contexto, la urgencia y el deber ineludible del Estado de responder de manera oportuna a las familias afectadas».

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La entrada Exdelegada de Valparaíso destaca su «absoluta tranquilidad» respecto a su gestión durante el megaincendio, tras el informe de la Contraloría. se publicó primero en Quinta News.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se refirió al informe de la Contraloría General de la República (CGR), que identificó serias irregularidades en la gestión de recursos públicos destinados a la emergencia y reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024, que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en la región de Valparaíso.

La autoridad destacó que cada vez que la CGR lleva a cabo un procedimiento, “el servicio público y este Gobierno siempre han estado dispuestos a responder y proporcionar toda la información que se requiere”.

Asimismo, agregó que “este caso no fue la excepción. La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso ya emitió un comunicado en el que se informa cómo han mantenido plena disposición durante todo este proceso para entregar la información solicitada en tiempo y forma”.

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Ramos mencionó que «la Delegación también está trabajando en las respuestas a los requerimientos solicitados recientemente, que son respuestas que deben entregarse en plazos de diez, veinte o hasta treinta días, y ellos están preparando toda la información para la Contraloría, dado que este informe final es reciente».

Respecto a si se ha hecho alguna autocrítica sobre el manejo del proceso, el subsecretario afirmó que “en momentos de emergencia se genera un impacto y un shock en la ciudadanía muy significativo, y creo que todos los sectores políticos, sin importar su posición, debemos mantener una actitud responsable, ya que Chile tiene una larga historia de respuesta ante emergencias y catástrofes”.

Añadió que “en los últimos tiempos, a veces, se observa que las emergencias están siendo utilizadas para realizar análisis políticos o para atacar al adversario en diferentes circunstancias”.

En este contexto, hizo un llamado a que “todas las autoridades a nivel comunal, regional y nacional trabajemos en unidad para responder de la mejor manera a la ciudadanía”, solicitó.

La autoridad concluyó que “lo más importante en este momento es que las instituciones están funcionando, y debemos permitir que terminen su trabajo, colaborando en todo lo necesario para esclarecer lo ocurrido, incluyendo sanciones si son pertinentes, y las investigaciones pertinentes por parte del Ministerio Público o el Consejo de Defensa del Estado. Creo que eso es lo crucial en esta situación”.

Finalmente, el subsecretario del Interior expresó que “como país siempre hemos enfrentado las emergencias unidos, trabajando arduamente para que la ciudadanía se recupere lo antes posible. Lo esencial es cómo comunican las instituciones los diferentes informes y análisis; esto no está en nuestras manos comentar. Creo que esa es una pregunta para la Contraloría”.

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La entrada Gobierno, tras informe de la Contraloría sobre el megaincendio, resalta su disposición a proporcionar antecedentes y hace un llamado a la «responsabilidad». se publicó primero en Quinta News.

La Superintendencia de Educación ha publicado un informe titulado “Caracterización de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula (2016-2024)”, el cual examina las tendencias, perfiles y causas de estas sanciones en el sistema educativo chileno.

Este estudio se sitúa en el contexto del debate actual sobre la difícil tarea que enfrentan las instituciones educativas para mantener ambientes seguros mientras garantizan el derecho a la educación. Con un enfoque descriptivo y exploratorio, se analizaron más de 8.200 expedientes reportados a la Supereduc, junto con datos del Ministerio de Educación.

Los hallazgos indican un aumento continuo en la aplicación de sanciones severas. Entre 2016 y 2024, el número de casos se triplicó, pasando de 741 a 2.423. Este crecimiento es especialmente notable en la fase pospandemia, alcanzando un promedio anual de 1.754 casos entre 2022 y 2024, más del doble que en el periodo 2016-2019.

Un dato crucial es que las expulsiones se multiplicaron por ocho durante este período, aumentando de 167 casos en 2016 a 1.304 en 2024. Desde 2022, esta medida ha superado a la cancelación de matrícula, consolidándose como la principal sanción, representando el 53,8% de los expedientes en 2024.

La superintendenta, Loreto Orellana Zarricueta, comentó: “Este informe demuestra que los equipos directivos de los establecimientos están utilizando su facultad conforme a la normativa vigente. Los datos indican que la mayoría de las expulsiones y cancelaciones de matrícula se basan en fundamentos establecidos por la Ley Aula Segura. Por lo tanto, es un mito que no se esté utilizando. Es fundamental que estos procesos busquen al mismo tiempo proteger las trayectorias educativas.”

El estudio revela que las sanciones tienden a concentrarse en establecimientos con una mayor proporción de estudiantes prioritarios. En 2024, el 63,4% de las expulsiones y el 53,1% de las cancelaciones ocurrieron en instituciones donde más del 60% de la matrícula es de estudiantes prioritarios. En contextos vulnerables, los índices son más altos, mientras que en establecimientos de baja vulnerabilidad son prácticamente insignificantes. Para este estudio, se analizaron principalmente instituciones públicas y particulares subvencionados, dado que los particulares pagados no tenían la obligación de informar sobre procesos sancionatorios de esta índole; sin embargo, esta situación se modificará con la nueva Circular N°782, que aborda medidas formativas y disciplinarias.

También destaca una sobrerrepresentación de hombres en ambas medidas (más del 75% en 2024), especialmente en Educación Media y en perfiles académicos desfavorecidos: bajo rendimiento, baja asistencia y trayectorias educativas inestables.

Al respecto, Orellana agregó: “Las cifras indican que quienes son sancionados ya presentaban problemas previos, como bajo rendimiento, ausentismo y repitencia. Para evitar que estas medidas se conviertan en un punto de quiebre irreversible, es esencial fortalecer las estrategias preventivas y de acompañamiento que se han implementado en el contexto de la reactivación educativa, como el programa Chile Presente del Mineduc. Como resultado, entre 2022 y 2024, la tasa de desvinculación disminuyó, permitiendo que aproximadamente 10 mil estudiantes permanecieran en el sistema.”

En relación con las causas, la agresión física a estudiantes es la más común, representando el 45,7% de las expulsiones y el 31,2% de las cancelaciones en 2024. También se ha detectado un aumento en incidentes de mayor gravedad, como el porte de armas, consumo de drogas y agresiones sexuales, lo que refleja la complejidad de los entornos escolares.

El análisis longitudinal indica que estas sanciones tienen un impacto significativo en las trayectorias educativas. A los 20 años, entre un 20% y un 27% de los estudiantes expulsados han sido excluidos del sistema escolar, en comparación con menos del 10% de la población general.

Loreto Orellana Zarricueta enfatizó: “La transparencia de estos datos es clave. No pretendemos crear alarma, sino ofrecer evidencias para mejorar políticas y prácticas. Nuestro compromiso es que todos los estudiantes se mantengan en el sistema y tengan oportunidades reales de aprendizaje. Siempre que sea posible, debemos prevenir casos graves que podrían llevar a una expulsión, enfocándonos en el fortalecimiento de políticas de convivencia como la Gestión Colaborativa de Conflictos.”

La Supereduc destaca que, junto con la publicación de este informe, continuará impulsando capacitaciones en gestión de convivencia, estrategias preventivas y articulación intersectorial. El propósito es proporcionar a los establecimientos las herramientas necesarias para anticipar conflictos y apoyar a los alumnos en riesgo de exclusión, aplicando no solo medidas disciplinarias, sino también formativas.

Finalmente, la institución enfatiza que este informe aspira a ofrecer evidencia para fortalecer la política educativa y asegurar que cada estudiante, sin importar sus circunstancias, pueda ejercer su derecho a una educación en un entorno seguro y respetuoso.

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La Universidad de Chile tuvo su estreno en la Liga de Primera con un empate sin goles ante Audax Italiano en el estadio Nacional, un encuentro que se vio opacado por serios incidentes protagonizados por los barristas del equipo azul.

Este lunes, el árbitro Gastón Philippe presentó un contundente informe arbitral que describe los hechos ocurridos en el recinto de Ñuñoa.

«A los 4 minutos de juego, aficionados situados en la galería sur (puertas 14 y 15), donde se encuentra la barra de Universidad de Chile, intentaron destruir la reja que separa la galería del campo de juego y lanzaron bengalas, llegando una de ellas al terreno de juego, y otros objetos a la zona de exclusión», indica el informe.

«Tras la llegada de Carabineros a esa tribuna, este sector fue evacuado y los hinchas que estaban causando desórdenes escalaron las rejas de separación para trasladarse a las puertas 16, 17 y 18, donde durante todo el primer tiempo lanzaron asientos, latas de bebida y varios proyectiles hacia el campo, además de enfrentarse con proyectiles a Carabineros y al personal de seguridad dispuesto por el club organizador», añadió.

El árbitro también denunció que los barristas de la U actúan «con la clara intención de que el partido no se pudiera llevar a cabo y se suspendiera«.

«Al inicio de la segunda mitad, continúan los lanzamientos de proyectiles al campo. Mientras que en el sector de las puertas 11, 12 y 13 de la galería prenden fuego a un basurero que también es arrojado al campo, en las puertas 16, 17 y 18 encendieron una fogata con cartones y otros elementos tomados del interior del estadio, lo que provocó un incendio en el área. Ante esta situación y tras anuncios por altavoces, a los 55 minutos, en coordinación con los delegados de la ANFP y Carabineros, se decidió interrumpir momentáneamente el partido debido al intenso fuego y al humo, lo que requirió la intervención de Bomberos en el lugar», complementó.

Luego, el árbitro indicó que «se anunció por altavoces que el sector de las puertas 16, 17 y 18 de la galería sur sería desalojado, reanudándose el partido a los 64 minutos tras el desalojo de esa área. Sin embargo, durante varios minutos continuaron los lanzamientos de objetos al campo desde el sector de las puertas 11, 12 y 13 de la galería sur».

Ante este contundente informe, la Universidad de Chile podría enfrentar un castigo que deberá determinar el Tribunal de Disciplina de la ANFP en los próximos días.

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La entrada Árbitro reportó bengalas, incendios y disturbios de hinchas de la U en contundente informe del partido contra A. Italiano. se publicó primero en Quinta News.

Un análisis del Instituto Libertad criticó severamente el proceso de reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024, que impactó a Viña del Mar y Quilpué. Se señala un lento progreso en la utilización de recursos y en las soluciones habitacionales para las miles de familias afectadas, justo cuando se aproxima el segundo aniversario de la tragedia.

De acuerdo al informe, hasta agosto de 2025 —18 meses tras el desastre— el Fondo de Emergencia Transitorio (FET) había ejecutado apenas un 14,6% de su presupuesto ($8.340 millones de $57.033 millones). La reconstrucción presenta un rezago significativo, con escaso avance en subsidios para vivienda y trabajos de infraestructura, «lo que revela una falta de prioridad y gestión efectiva por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo».

El documento también señala que la reconstrucción enfrenta serios rezagos en soluciones habitacionales definitivas y obras de entorno, especialmente en los instrumentos más críticos para las familias damnificadas. Sin embargo, reconoce que el FET, administrado principalmente por el Serviu, mejoró su ejecución, pasando de un bajo 14,6% en junio de 2025 a un avance notable a finales de noviembre, «lo que evidencia una aceleración tardía del gasto, concentrada en la segunda mitad del año».

Respecto a la ejecución presupuestaria general del FET, se detalla que a noviembre de 2025, el presupuesto total vigente era de $57.134 millones, con $29.844 millones ejecutados, lo que equivale a un 52,2%. El informe advierte que «este nivel de ejecución representa un cambio significativo con respecto al estancamiento visto durante 2024 y el primer semestre de 2025, cuando más del 85% de los recursos permanecían sin utilizar. Sin embargo, este dato debe ser analizado con precaución, ya que la aceleración llegó tarde, haciendo que muchas familias ya hubieran atravesado dos inviernos completos sin soluciones definitivas, lo que afecta el impacto social del gasto».

En lo que respecta a la composición del FET, se distinguen dos categorías principales: la primera incluye iniciativas de inversión directa (Subtítulo 31), con un presupuesto vigente de $13.289 millones y una ejecución hasta noviembre de $8.057 millones, representando entre un 60% y 65% de avance.

El informe indica que «este componente ha mostrado el mejor desempeño relativo, con múltiples proyectos urbanos y de pavimentación en fases avanzadas, especialmente en Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué». Según el catastro de inversión pública, esta región concentra el 100% del FET en inversión, alcanzando un 64,8% de ejecución efectiva, destacando obras como el mejoramiento del Paseo Los Héroes (77,8%), plaza Los Pasionistas (75,8%) y Vialidad Manuel Bustos (76,1%).

Por otro lado, las transferencias de capital para subsidios habitacionales (Subtítulo 33) representan la mayor parte de los recursos del fondo. Este segmento tiene un presupuesto vigente de $43.382 millones, ejecutando hasta noviembre $21.502 millones, equivalente a un 49,6%. El economista advierte que «aquí se encuentran los principales cuellos de botella sociales, a pesar del aumento en la ejecución», evidenciando una desigualdad marcada entre los programas.

En cuanto a este desglose, el Sistema Integrado de Subsidios muestra $8.842 millones ejecutados de un total de $10.085 millones, con casi 88% de avance, mientras que el Fondo Solidario de Elección de Vivienda apenas llega al 40%, con $12.623 millones utilizados de $31.425 millones. El Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios presenta la mayor desaceleración, con solo $37 millones ejecutados de $1.872 millones (2%).

«El aumento total oculta una ejecución altamente desigual. Los subsidios más simples avanzan, pero las soluciones definitivas y el mejoramiento de barrios continúan rezagados, afectando directamente la calidad de vida diaria», detalla el estudio.

En el análisis temporal del FET, se observa un avance tardío. Al final de 2024, la ejecución apenas alcanzaba el 5%, cifra que ascendió a 14,6% en junio de 2025 y llegó al 52,2% en noviembre del mismo año, mostrando una considerable concentración del gasto en la segunda mitad del periodo analizado. Según el estudio, «el patrón es claro: la reconstrucción no fue una prioridad en los primeros 18 meses, y sólo aceleró cuando el retraso se volvió políticamente insostenible».

En términos de evaluación de la gestión pública, el informe del Instituto Libertad establece que, aunque el Gobierno puede mostrar cifras de ejecución más altas que las de mediados de 2025, esto no lo exonera de la responsabilidad por la demora estructural en el proceso de reconstrucción.

En este contexto, se identifican fallas de oportunidad, pues la ejecución llega tarde para muchas familias que han tenido que soportar largos períodos de precariedad; un déficit en liderazgo y coordinación, ya que no se activaron de manera urgente los instrumentos disponibles; y una reconstrucción asimétrica, donde los avances son más notorios en obras visibles que en soluciones habitacionales definitivas.

Bajo este análisis, el estudio concluye que «la promesa de una ‘reconstrucción con dignidad’ se cumple solo parcialmente en términos de cifras, pero tardíamente en su impacto social. La aceleración del gasto en el último tramo del periodo no compensa el desgaste acumulado en confianza, bienestar y cohesión social», advirtiendo que el atraso inicial sigue teniendo profundas repercusiones en la vida diaria de las familias afectadas.

Finalmente, el informe concluye que la trayectoria de ejecución del Fondo de Emergencia Transitorio «revela fallas estructurales en la gestión del proceso de reconstrucción por parte del Minvu», señalando que la aceleración observada durante el segundo semestre de 2025 «no puede compensar el daño social acumulado por más de un año de lentitud, improvisación y falta de liderazgo estratégico».

Desde la perspectiva de política pública, subrayan que el mayor déficit no fue financiero, sino institucional. En este sentido, advierten que «el Minvu contó desde el principio con recursos extraordinarios, instrumentos legales especiales y respaldo político, pero no logró articular una respuesta oportuna ni priorizar la reconstrucción como una tarea de Estado». Añaden que la excesiva burocracia, la fragmentación de responsabilidades y la falta de metas exigibles de ejecución, «resultaron en un proceso errático, activando el gasto solo cuando el retraso se volvió insostenible”.

En cuanto a la evaluación del diseño político implementado, el informe señala que la principal falla fue la aplicación de criterios y exigencias típicos de la postulación habitual al subsidio habitacional, que no concuerdan con la reposición de viviendas tras una catástrofe, acentuando retrasos y dificultades para las familias damnificadas.

La Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso respondió al informe del Instituto Libertad sobre el proceso de reconstrucción tras el megaincendio de 2024, cuestionando severamente sus conclusiones y poniendo en entredicho su rigurosidad técnica.

La seremi Belén Paredes expresó su preocupación por la falta de rigor del informe, declarando que «más que un análisis técnico o investigativo, el documento se asemeja a una opinión política sobre un proceso altamente complejo, utilizando términos valorativos que son más propios de un debate público que de un análisis técnico o científico».

Además, la autoridad regional afirmó que el estudio presenta debilidades metodológicas significativas, lo cual es «especialmente problemático» cuando se abordan temas normativos y jurídicos sin aclarar sus fundamentos, citando como ejemplo la crítica a las restricciones para acceder a subsidios habitacionales. Según indicó, dicho informe omite que estas limitaciones se establecen en un marco legal vigente y no son decisiones arbitrarias.

Defendiendo la gestión del Minvu, la seremi explicó que la magnitud de la catástrofe exigió cambios normativos excepcionales, abarcando modificaciones legales, un decreto supremo y resoluciones especiales, todo dentro del marco del Estado de Derecho. «La mejora en las cifras no se debe a una coyuntura política, sino al desarrollo de un entorno propicio para el crecimiento de los números», declaró Paredes, destacando el aumento sostenido en la entrega de subsidios y en la ejecución de viviendas durante 2025 y principios de 2026.

Finalmente, con respecto al análisis presupuestario del FET, afirmó que el informe comete errores conceptuales al confundir distintas etapas de la ejecución del gasto público. Según indicó, «se entremezclan conceptos de compromiso, gasto e inversión efectiva, llevando a conclusiones incorrectas», subrayando que la entrega de subsidios no significa la construcción inmediata de viviendas y que los plazos observados son consistentes con reconstrucciones anteriores. Así, concluyó que el documento «puede ser interpretado como una opinión válida dentro del debate público, pero no como un informe técnico riguroso», aunque reconoció que «compartimos la necesidad de avanzar hacia una nueva institucionalidad para la reconstrucción».

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La entrada Informe inicial sugiere que la ruptura de una vía podría ser la causa del accidente de dos trenes que causó 45 muertes en España. se publicó primero en Quinta News.

Tras la publicación del informe de la Contraloría General de la República, que revela importantes irregularidades financieras en la Municipalidad de Valparaíso durante la gestión del exalcalde Jorge Sharp, el diputado Hotuiti Teao enfatizó la urgencia de moverse de la denuncia a soluciones estructurales.

En este contexto, el parlamentario independiente, ligado a la UDI, recordó su propuesta en la Cámara de Diputados para implementar auditorías externas independientes y obligatorias al finalizar cada periodo municipal, como una medida constante de control, transparencia y prevención.

“Mi propuesta busca prevenir que situaciones como estas se repitan y obliga a llevar a cabo auditorías externas independientes al final de cada periodo municipal. No se trata de desconfianza ideológica; aplicará a todos los municipios por igual. Es un estándar básico de transparencia. La inversión en auditorías externas es mínima comparada con los montos millonarios que a menudo se detectan más tarde. Es más responsable gastar algunos millones en control preventivo que perder miles de millones por falta de fiscalización”, enfatizó Teao.

Además, destacó que “el informe de la Contraloría se fundamenta en hechos objetivos y verificables. La falta de rendiciones por aproximadamente $17 mil millones, las conciliaciones bancarias hechas sólo con hojas de Excel y la presencia de saldos cuyo origen no pudo ser comprobado evidencian una administración financiera claramente ineficaz. Estos elementos, por sí solos, sustentan que, si se confirman responsabilidades, pueden surgir faltas graves a la probidad administrativa”.

Asimismo, Teao añadió que “cuando un informe oficial señala deudas sin el respaldo adecuado, cheques caducados, pagos no contabilizados a tiempo y atrasos en controles básicos, lo que se cuestiona no es solo la rigurosidad administrativa, sino la real capacidad del municipio para salvaguardar los recursos públicos. Si estas prácticas se han perpetuado, corresponde que las entidades competentes determinen posibles responsabilidades administrativas o legales. Ese es el camino institucional correcto y debe exigirse con firmeza”.

Finalmente, Teao sostuvo que “es extremadamente preocupante que el informe haga mención a posibles usos indebidos de recursos municipales en contextos que podrían tener connotaciones políticas o electorales. Si esto se confirma, estaríamos ante una situación inaceptable bajo cualquier estándar democrático. Por eso es adecuado y necesario que la información sea entregada a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado, para que se aclaren todas las dudas de manera totalmente independiente y sin interferencias”.

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La entrada Tras el informe sobre la gestión de Sharp, se promueve un proyecto que sugiere auditorías externas obligatorias al final de cada período municipal. se publicó primero en Quinta News.

La Comisión para la Fijación de Remuneraciones (CFR) ha dado a conocer su primer informe sobre los sueldos de las principales autoridades gubernamentales y del Congreso, así como de los directivos de empresas estatales y asesores.

En junio de 2025, la remuneración bruta promedio se ubicó en $7,1 millones, mientras que la remuneración bruta mensualizada del trimestre de abril a junio tuvo un promedio de $6 millones.

Durante el mes de junio, el costo fiscal total de estas remuneraciones se aproximó a $4.877 millones de pesos, alcanzando un total de $12.377 millones de pesos en el trimestre de abril a junio.

Los sueldos más altos corresponden al presidente, vicepresidente, fiscal y gerente general del Banco del Estado, quienes perciben cada uno $17,9 millones.

A continuación, se presentan las remuneraciones promedio de junio de 2025, así como el promedio del trimestre de abril a junio, que incluye un bono por metas:

– Presidente de la República (1 cargo): $10.046.124 y $7.787.012.

– Director administrativo de la Presidencia (1): $9.496.858 y $7.832.490.

– Presidente del Senado (1): $7.348.983 y $7.348.983.

– Vicepresidente del Senado (1): $7.348.983 y $7.348.983.

– Senador (48): $7.348.983 y $7.348.983.

– Presidente de la Cámara de Diputados (1): $7.348.983 y $7.348.983.

– Vicepresidente de la Cámara de Diputados (2): $7.348.983 y $7.348.983.

– Diputado (152): $7.348.983 y $7.345.558.

– Ministro (25): $9.103.332 y $7.172.352.

– Subsecretario (40): $9.881.171 y $7.860.476.

– Delegado presidencial regional (16): $10.289.320 y $7.980.687.

– Delegado presidencial provincial (40): $6.502.794 y $5.349.403.

– Seremi (305): $6.009.209 y $4.493.356.

– Gobernador (16): $10.312.063 y $8.735.769.

– Director de empresa estatal (21): $8.815.707 y $6.897.437.

Cabe destacar que la CFR es un organismo autónomo, técnico y resolutivo establecido por la Constitución, encargado de fijar las remuneraciones del Presidente de la República, parlamentarios, ministros de Estado, subsecretarios, gobernadores regionales, y otros funcionarios de confianza, así como de las personas contratadas a honorarios que les brindan asesoría directa.

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La entrada Informe revela los salarios de las máximas autoridades del Gobierno y el Congreso. se publicó primero en Quinta News.

Durante la presentación del Informe Anual 2025 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile, elaborado por el INDH, el Presidente Gabriel Boric abordó los episodios de violencia ocurridos en liceos emblemáticos por parte de los conocidos como «overoles blancos».

En ese contexto, un asistente lo confrontó, acusándolo de haber fallado «a los niños de Chile».

El hombre expresó: «En Chile, los derechos humanos de los niños del Sename están siendo violados. Cada día mueren niños bajo esta Presidencia. Están siendo drogados intencionadamente dentro de las residencias de protección».

Asimismo, añadió: «Todavía tenemos jóvenes en el servicio de reinserción, por infracciones legales, que están siendo encerrados con candado, señor Presidente».

En sus palabras, se dirigió al Presidente, diciendo que, «en nombre de los niños que han perdido la vida y de los que están siendo cuidadores hoy, usted ha fallado a los niños en Chile«.

Al escuchar la intervención, el Presidente agradeció las palabras y sugirió que, en general, las autoridades tienden a reaccionar a la defensiva en estas situaciones. Expresó: «Trato, genuinamente, de no hacerlo, porque comprendo la rabia y preocupación que hay detrás«.

Boric compartió la necesidad de proteger y garantizar los derechos de los niños, tanto en el sistema de protección como en el de reinserción, y destacó que ha sido un enfoque constante de su Gobierno, con la esperanza de que se logren resultados.

En relación a los incidentes violentos protagonizados por «overoles blancos», el Mandatario los condenó y advirtió sobre sanciones para los responsables. Su intervención estuvo enfocada en la suspensión de un profesor del Instituto Nacional, quien está siendo investigado por supuesta complicidad en actos de vandalismo, y el ataque a tres docentes del mismo establecimiento, quienes fueron rociadas con bencina en recientes incidentes.

Boric señaló que estas acciones afectan a toda la comunidad escolar, indicando que «el caso de los overoles blancos estigmatiza a toda una comunidad educativa«. Agregó que quienes cometieron estos actos cometen «delitos, lo cual no se puede justificarse de ninguna manera».

El jefe de Estado afirmó que «ese tipo de violencia, que puede dañar a las comunidades, no puede ser tolerada«.

Igualmente, hizo un llamado a combinar diálogo y participación con medidas firmes: “Debemos realizar todos los esfuerzos, con diálogo, participación y, cuando sea necesario, sanciones, para que estas personas, que son una minoría en las comunidades escolares y que generan conflictos, incluso dañando a sus compañeros y agrediendo a sus profesores, no vuelvan a actuar así. Esto es completamente inaceptable”.

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(Video: T13)

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La entrada El presidente Boric fue criticado por su incumplimiento con los niños en Chile durante la presentación del informe del INDH. se publicó primero en Quinta News.

Durante el amplio operativo de seguridad y tránsito llevado a cabo con motivo de la peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, Carabineros informó sobre el fallecimiento de una persona en la Ruta 68.

La General Patricia Vásquez Muñoz, Jefe de la Zona de Carabineros Valparaíso, a cargo del operativo, lamentó el incidente y confirmó que el deceso se produjo en la misma ruta, posiblemente por un desvanecimiento. La oficial mencionó que la persona se dirigía desde Santiago.

En sus declaraciones, la General destacó el significativo despliegue de recursos de la institución para garantizar la seguridad de los peregrinos y el flujo vehicular. El operativo ha contado con un esfuerzo de «más de 500 Carabineros desplegados» en la zona y sus alrededores.

Según los resultados preliminares proporcionados por Carabineros, se destaca la detención de un fugitivo de la justicia por conducir en estado de ebriedad, así como la emisión de 60 infracciones de tránsito, además de realizar más de 520 controles preventivos en la ruta.

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La entrada Despliegue operativo en Lo Vásquez: Carabineros presentó un informe sobre la situación actual. se publicó primero en Quinta News.