La Dirección de Presupuestos (Dipres) presentó su sexto informe sobre los sumarios administrativos iniciados por el Ministerio de Hacienda en relación con el uso indebido de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, abarcando el período de 2023 a 2024. Los casos reportados incluyen viajes al extranjero y otros incumplimientos de reposo.

Este informe responde a las recomendaciones de la Contraloría General de la República y revela que, hasta el 15 de octubre, se detectaron 28.028 funcionarios del nivel Central presuntamente implicados en irregularidades. De estos, 23.140 aún están activos en sus puestos, mientras que 4.888 ya no lo están, aunque 2.670 de ellos todavía tienen sumarios en proceso.

Los tipos de casos son variados: el 35% corresponde a salidas del país, 1% a atenciones de parto, 5% a personas bajo investigación penal, 6% a salidas relacionadas con Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, 23% a asistencia a casinos, y 30% a viajes por servicios regionales.

Respecto al avance de los procedimientos, el informe señala que se han iniciado 22.954 sumarios, de los cuales 20.794 aún están activos. Solo 2.160 han recibido alguna resolución y 562 están cerrados con resolución ejecutoriada. La duración promedio de las licencias involucradas es de 21.9 días.

El impacto financiero estimado por estas irregularidades asciende a $36.008 millones en remuneraciones pagadas durante los períodos de inasistencia.

Con la difusión de este nuevo balance, el Ministerio de Hacienda y la Dipres buscan fortalecer la transparencia en los procesos disciplinarios y asegurar una adecuada administración de los recursos públicos, garantizando que las investigaciones se realicen conforme al debido proceso y avancen hacia responsabilidades claras.

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El Servicio de Impuestos Internos anunció que dos empleados de la Dirección Regional de Rancagua están siendo investigados, en el contexto de una indagatoria relacionada con un contador local implicado en un fraude tributario que supera los $5.180 millones.

Este jueves, la Fiscalía Regional de Rancagua y la PDI llevaron a cabo un allanamiento en las oficinas del SII en Rancagua, donde confiscaron los computadores de los dos funcionarios sospechosos de haber colaborado con el contador que ha asesorado a varios contribuyentes de la región.

En este sentido, el SII declaró que «a raíz de una denuncia recibida a través de los canales internos contra un contador de la zona, nuestra institución inició un proceso de recopilación de información para determinar la posible existencia de delitos tributarios».

«Durante esta investigación, surgieron indicios que sugerían la posible implicación de dos empleados de la Dirección Regional de Rancagua en los delitos investigados, lo cual fue comunicado de inmediato a la Subdirección de Contraloría Interna, que inició los sumarios pertinentes en mayo de 2024», complementó.

«Como parte de la indagación interna, se decidió suspender a ambos funcionarios mientras se lleva a cabo la investigación», añadió.

El SII también señaló que «los sumarios continúan abiertos, y actuaremos con la mayor prontitud conforme surjan nuevos detalles, porque nuestro compromiso como Servicio es apelar al máximo rigor y celeridad frente a cualquier conducta que contradiga nuestro marco ético, afectando a los más de cinco mil funcionarios que trabajan cumpliendo rigurosamente la normativa vigente y los valores de nuestra institución».

Además, el 4 de abril de 2025, el SII presentó una querella por delitos tributarios contra quienes resulten responsables y contra una persona que brindaba servicios contables a diversas empresas, creando sociedades para emitir facturas falsas y así disminuir impuestos. El monto del perjuicio fiscal total actualizado asciende a $5.181.000.490.

La querella se presentó por delitos tributarios como declaraciones anuales de renta y declaraciones juradas maliciosamente falsas; registro, uso y declaración indebida de créditos fiscales IVA en los Formularios 29, sustentados en facturas falsas, y por obtención de devoluciones indebidas por Impuesto a la Renta.

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La fiscal jefe de la Fiscalía Oriente, Lorena Parra, comentó sobre los nuevos datos proporcionados por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), que identificó a 1.470 prestadores que emitieron un total de 30.870 licencias médicas mientras estaban bajo reposo médico.

Durante la “Cumbre Interinstitucional sobre Licencias Médicas Fraudulentas”, la fiscal indicó que se trata de “información que se está solicitando. El listado es bastante amplio y nosotros ya poseemos una base de datos previa, por lo que debemos realizar un cruce de información”.

“No tenemos nombres específicos, pero si detectamos nuevos grandes emisores, la intención es identificar, verificar, y comprobar si efectivamente se han cometido delitos, y en caso afirmativo, proceder a la formalización”, añadió.

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Cuando se le preguntó acerca de la concentración de los lugares donde podrían haberse reunido estos prestadores, la fiscal explicó que “toda esa información se está analizando, y esperamos obtener esos y otros datos esenciales para la investigación con rapidez”.

Por su parte, la directora nacional de Compin, Valeria Céspedes, informó que “son 1.470 médicos los que emitieron más de 30.000 licencias médicas por un valor aproximado de 2.600 millones de pesos”.

Asimismo, mencionó que “esperamos poder recuperar y reintegrar al Fisco porque es completamente inaceptable que, encontrándose con licencia médica, incumplieran con su reposo y además emitieran licencias médicas de manera indebida”.

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