La Contraloría General de la República ha instruido al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) cesar las funciones de Jeanette Tapia Fuentesy recuperar el bono de retiro voluntario que le fue otorgado en 2018, tras hallar irregularidades en su doble vinculación con el Estado.

Esta acción se originó a raíz de un reportaje de radio Biobío, titulado “¿Quién paga? La ‘asesora’ de Carlos Montes que no está contratada por Vivienda”, que cuestionó el rol de Tapia en la institución. Aunque estaba contratada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), figuraba en documentos oficiales como asesora del ministro Carlos Montes (PS).

Además, Tapia había recibido un bono aproximado de $50 millones por retiro voluntario en 2018, beneficio que le prohíbe trabajar para el Estado durante cinco años, a menos que devuelva el monto recibido.

Tras la publicación, los diputados Gloria Naveillán (Partido Nacional Libertario) y Luis Sánchez (PR) solicitaron un pronunciamiento a la Contraloría. Este lunes, el organismo fiscalizador respaldó su solicitud y ordenó al MINVU recuperar los fondos y suspender las actividades de Tapia.

“La señora Jeanette Tapia estuvo ejerciendo funciones en la Cámara de Diputados y en el Senado como asesora del MINVU, pero en realidad estaba contratada por el PNUD, lo que implicaba una restricción de cinco años (…) Ella debe devolver los fondos que recibió por el retiro al Ministerio de Vivienda”, afirmó la diputada Naveillán en un video.

El dictamen emitido el 8 de septiembre confirmó que Tapia compareció ante la Comisión de Vivienda de la Cámara como asesora legislativa del MINVU en al menos tres ocasiones, mientras estaba contratada por el PNUD como especialista en normativa urbana desde 2022.

Según la Contraloría: “La representación de un ministerio u organismo público es parte del ejercicio de una función pública, que no puede ser delegada mediante un convenio con una Agencia de Desarrollo de la ONU”.

Por este motivo, el organismo estableció que Tapia “no está jurídicamente habilitada para llevar a cabo dicha labor de representación” y ordenó al MINVU prevenir nuevas irregularidades similares.

La Contraloría revisó también el bono de retiro voluntario recibido por Tapia, señalando que su contratación a través del PNUD para labores en el MINVU contraviene los objetivos del beneficio.

“Es necesario que el MINVU tome las medidas necesarias para obtener la restitución de las bonificaciones mencionadas”, concluyó el dictamen.

En el marco de la investigación, el MINVU proporcionó una lista de 59 personas que trabajaron en proyectos del PNUD entre 2016 y 2024. En ocho casos, se encontró que los períodos de trabajo coincidían con funciones realizadas como servidores públicos o a honorarios.

La Contraloría ha remitido esta información a las autoridades correspondientes para investigar si hubo superposición indebidaentre sus funciones públicas y su relación con el PNUD.

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La Contraloría General de la República ha encendido una nueva alerta al revelar que 13.286 funcionarios públicos visitaron casinos de juego mientras se encontraban de licencia médica entre 2023 y 2024.

Este dato fue divulgado en el Consolidado de Información Circularizada N°15 (CIC), que se elaboró a partir de un análisis de información entre la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

De los casos detectados, 1.486 funcionarios ya constaban en un informe previo por haber viajado al extranjero durante su período de reposo. En total, se registraron 14.923 visitas a casinos, destacando la región de O’Higgins con 3.376 ingresos (23%), seguida por Biobío y Valparaíso.

Los datos indican que las municipalidades representan el 30% de estas licencias de uso irregular, seguidas por hospitales y servicios de salud (29%). Organismos como JUNJI, Fundación Integra, y los Servicios de Salud de Concepción (332) y O’Higgins (233) aparecen entre las entidades con mayores licencias médicas relacionadas con visitas a casinos.

El senador Juan Luis Castro (PS), miembro de la Comisión de Salud y representante de la región de O’Higgins, expresó su preocupación por esta situación, afirmando que impacta seriamente a los servicios públicos, especialmente en el ámbito de la salud: “Aquí en la práctica tenemos un problema que afecta gravemente al sector salud, ya que más de 4 mil funcionarios, de los investigados, pertenecen a este sector, junto con un número similar de municipios. También están implicados educación, Fundación Integra y Junji, lo que indica una irregularidad significativa”.

“Es obvio que una persona operada, que ha sufrido un infarto, con hemorragias o infecciones graves, difícilmente podrá asistir a un casino. En temas de salud mental, aunque puede haber desplazamientos a otros lugares, no es aceptable que los casinos se conviertan en un escape, porque al final estamos hablando de eso”, cuestionó.

Es importante mencionar que la Contraloría ha anunciado que notificará a las instituciones correspondientes para iniciar los procedimientos disciplinarios, además de remitir los antecedentes a la COMPIN, SUSESO, Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

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El senador del Partido por la Democracia (PPD), Ricardo Lagos Weber, se pronunció sobre la reciente transferencia de grandes sumas de dinero desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) hacia el Estado, subrayando que “no hay irregularidades”.

En una entrevista con Radio ADN, el legislador explicó que “en relación a Corfo y según los análisis de diversos expertos y economistas, no hay nada irregular. Corfo forma parte del Estado, y estos traspasos han sucedido tanto en la actualidad como en gobiernos anteriores”.

“Las transferencias de recursos extraordinarios son una práctica común que se ha llevado a cabo tanto en el gobierno actual como en administraciones pasadas, incluida la de Sebastián Piñera”, aclaró Lagos Weber.

“Lo que realmente debemos discutir es el destino de esos recursos, un debate legítimo aunque no debería ser controvertido, a pesar de que algunos intenten utilizarlo políticamente para asuntos cotidianos y menores. Lo que realmente debería evaluarse es ¿dónde fueron esos recursos extraordinarios? Sin embargo, no veo irregularidades en este proceso”, enfatizó.

El senador sugirió que la discusión debe enfocarse en el uso de los recursos y no en la legalidad de su transferencia. “Considero que es importante analizar a dónde se destinaron esos recursos extraordinarios, más allá de que vayan a las Arcas Generales de la Nación”.

“Pronto, el Congreso recibirá un informe conjunto del Fondo Monetario Internacional y la Autoridad de Reducción del Presupuesto, el cual permitirá evaluar si los ingresos han sido sobreestimados. De confirmarse que los ingresos fueron sobreestimados, esto justificará una reducción en el presupuesto”, concluyó el senador Lagos Weber.

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