El alcalde Johnny Piraíno presentó un oficio dirigido a Chilquinta, expresando su preocupación por los prolongados cortes de energía que han afectado a la comuna tras el paso de un sistema frontal.

La Municipalidad de La Calera reportó aproximadamente 8 mil hogares sin suministro eléctrico. Aunque la cifra ha disminuido durante el quinto día del sistema frontal, la comuna continúa siendo la más afectada de la provincia de Quillota, con familias que aún carecen de solución.

«Como alcalde, hemos formalizado un reclamo por falta de servicio, entendiendo cada llamada que nos hacen vecinos y vecinas de distintos sectores, quienes necesitan respuestas claras sobre cuándo se restablecerá la electricidad», señaló la máxima autoridad comunal.

El oficio exige a la empresa informar sobre las causas de la demora en la reposición del servicio, detallar el plan de contingencia implementado y las medidas inmediatas que adoptará para normalizar el suministro eléctrico en la comuna. La información debe ser remitida en un plazo máximo de 24 horas, considerando la urgencia de la situación que afecta a cientos de familias.

La Municipalidad también presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso por una eventual falta de servicio de Chilquinta.

«Hace tres días que muchos hogares de nuestra comuna están sin suministro eléctrico. Hemos conversado en varias ocasiones con el equipo de emergencia de Chilquinta, no teniendo el resultado favorable para cada uno de los clientes», indicó el alcalde.

«Por eso hemos ingresado un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Valparaíso por la falta de servicio de Chilquinta frente a la problemática que enfrenta cada uno de ustedes. Es un tema muy complejo que hemos tratado de perseverar en una respuesta oportuna, pero no nos quedó otra que presentar este recurso de protección que ya está en el sistema para una respuesta favorable para cada uno de ustedes, los vecinos y vecinas», agregó el jefe comunal.

Con Información de www.observador.cl

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Sin adelantarse a las responsabilidades que determinará la investigación en curso, la organización señala que este caso evidencia la necesidad de revisar cómo la legislación y el debate público abordan estos hechos. Cuestionan específicamente que las muertes ocasionadas por conductas viales imprudentes sigan siendo clasificadas como accidentes, incluso cuando podrían haber sido prevenidas.

Claudia Rodríguez, directora de ONG No Chat y presidenta del Cosoc de la Subsecretaría de Transportes, expresó: «Cuando una conducta imprudente al volante provoca la muerte de una persona, no podemos seguir hablando simplemente de un accidente. Debemos contar con una figura penal que reconozca la gravedad del hecho y establezca sanciones proporcionales al daño causado».

Según explica la organización, la ausencia de intención directa de causar la muerte no implica que todos los fallecimientos en el tránsito sean hechos inevitables. Consideran necesario distinguir entre accidentes que no pueden prevenirse y aquellos casos donde una conducta de particular gravedad provoca consecuencias fatales.

Países como Francia e Italia ya cuentan con figuras legales específicas para sancionar muertes derivadas de ciertas conductas viales, con penas que se incrementan ante agravantes como exceso de velocidad, consumo de alcohol o drogas, uso de celular o conducción sin licencia.

Rodríguez agregó: «Varias organizaciones de la sociedad civil llevamos años impulsando este cambio. Actualmente trabajamos en un proyecto de ley que esperamos ingresar próximamente al Congreso y que busca reconocer estas conductas como delitos graves contra la vida, dejando atrás la idea de que toda muerte en el tránsito es un accidente».

ONG No Chat enfatiza que el objetivo del debate no es prejuzgar casos específicos, sino establecer un marco normativo que permita sancionar adecuadamente las conductas viales graves que causen muertes o lesiones gravísimas.

Con Información de laregionhoy.cl

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La alcaldesa Macarena Ripamonti confirmó que el municipio está evaluando las acciones judiciales que permitan colaborar con el esclarecimiento de los hechos y acompañar a las familias de las víctimas durante el proceso. «Este es un hecho de extrema gravedad, que nos conmociona, y hoy lo más importante es que la investigación se desarrolle con celeridad, rigurosidad y, sobre todo, con transparencia», señaló.

La jefa comunal indicó que la casa edilicia buscará hacerse parte de la causa para contribuir al proceso investigativo y apoyar la búsqueda de justicia para los familiares de las seis personas fallecidas y los siete lesionados que dejó la tragedia.

La alcaldesa también expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas, indicando que el municipio desplegará apoyo social, jurídico y emocional para quienes resultaron afectados por la tragedia. «Sabemos el enorme dolor e incertidumbre que están viviendo y queremos decirles que como municipio los vamos a acompañar en todo momento», sostuvo.

Asimismo, informó que los registros de las cámaras de televigilancia municipales fueron puestos a disposición de la justicia para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Tras la emergencia, equipos de la Dirección de Seguridad Pública y del Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres llegaron al lugar para coordinar labores junto a Carabineros, Bomberos y SAMU. Funcionarios municipales colaboraron en los cortes de tránsito, la atención inicial de las personas afectadas y la contención emocional de familiares y testigos presentes en el sitio del suceso.

Con Información de www.sitiodelsuceso.cl

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La jefa comunal manifestó que «para nuestra ciudad, esta noticia es profundamente dolorosa y enluta a toda nuestra comunidad. Lo primero que quiero expresar es nuestro apoyo, cariño y solidaridad a las familias de las víctimas y a las personas que de algún modo se vieron afectadas por esta tragedia».

Ripamonti expuso que «sabemos el enorme dolor e incertidumbre que están viviendo y queremos decirles que como municipio los vamos a acompañar en todo momento y brindarles apoyo y acompañamiento social, jurídico y emocional, aunque sabemos que esta pérdida es gravísima».

«Este es un hecho de extrema gravedad, que nos conmociona –afirmó la alcaldesa- y hoy lo más importante es que la investigación se desarrolle con celeridad, rigurosidad y, sobre todo, con transparencia. Esperamos estar involucrados y evaluar las acciones que sean posible. Y en este sentido, como municipio ya estamos evaluando todas las acciones jurídicas que puedan estar a nuestro alcance para colaborar en el proceso investigativo pero, además, acompañando para lograr la justicia que van a necesitar las familias de las víctimas».

La jefa comunal informó que todos los registros de las cámaras de televigilancia se han puesto a disposición de la justicia para la investigación de este lamentable hecho.

Equipos municipales de la Dirección de Seguridad Pública y del Departamento de Gestión del Riesgos de Desastres llegaron de inmediato al lugar, coordinándose con Carabineros para realizar los cortes de tránsito, junto con colaborar con Bomberos y SAMU en las labores de rescate y despeje del lugar.

Inspectores de Seguridad Pública y paramédicos dieron la primera atención a las personas afectadas por el atropello y las lesionadas, hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Patrulleros y gestores comunitarios brindaron también contención emocional a quienes se encontraban en el lugar y coordinaron acciones con personal técnico.

Con Información de puranoticia.pnt.cl

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El Ministerio de Vivienda ha respondido a la denuncia presentada ante el Juzgado de Garantía de San Antonio por el Movimiento de Pobladores Organizados, dirigiendo sus comentarios hacia altas autoridades del Gobierno en relación al desalojo de la megatoma del Cerro Centinela.

La demanda está dirigida contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; la delegada del Minvu en San Antonio, Gloria Maira; y el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme. Se les acusa de haber impulsado un proceso habitacional “unilateral e injustificado”, el cual habría infringido los acuerdos establecidos con las comunidades.

A través de un comunicado, la cartera de vivienda enfatizó que “hasta la fecha, ninguna querella ha sido presentada ante ninguna de las instituciones ni personas mencionadas en las notas de prensa relacionadas”.

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Añadieron que “rechazamos de manera categórica las acusaciones que intentan asociar a las autoridades con conductas delictivas de estafa”, un delito que, de acuerdo con los artículos 467 y siguientes del Código Penal, requiere la presencia de engaño, error, disposición y perjuicio patrimonial, elementos que no se presentan en este caso.

De igual forma, defendieron que “las acciones de las autoridades se han llevado a cabo dentro de la legalidad” y con la intención de encontrar soluciones habitacionales para las familias, sin que haya existido engaño ni perjuicio patrimonial atribuible a ellos.

También aclararon que “fueron las cooperativas, sin excepción, quienes formalmente solicitaron el desarrollo del proyecto habitacional en cuestión, siguiendo los canales establecidos”.

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El inicio del desalojo de los terrenos no expropiados de la megatoma de San Antonio, previsto para el lunes 12 de enero, se enfrenta a un nuevo obstáculo judicial debido a la presentación urgente de un recurso de protección, cuyo objetivo es detener un proceso que podría afectar a cerca de 2.000 familias.

De acuerdo con La Tercera, el recurso fue presentado el jueves 8 de enero y está dirigido contra la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio y la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., cuestionando lo que se describe como un acto ilegal y arbitrario que amenaza con un desalojo inminente.

La acción fue interpuesta por una residente de la parcela 15, quien lo hizo sin patrocinio legal y en representación de su familia. En el documento, esta mujer argumenta que ha vivido en el terreno de forma continua, pública y pacífica por más de 30 años y sostiene que la autoridad administrativa no puede superar las facultades de los tribunales de justicia ni ignorar sentencias vigentes.

El recurso menciona un fallo del Segundo Juzgado de Letras de San Antonio de 2013, en el que se estableció que no se probó el dominio ni la ausencia de título por parte de la recurrente, lo que, según su argumentación, impediría el desalojo administrativo.

Finalmente, la solicitante denuncia una violación a la integridad psíquica de su familia, así como al derecho a un debido proceso y al derecho de propiedad sobre su vivienda y posesión legítima. En este contexto, pide que las entidades recurridas se abstengan de ejecutar cualquier desalojo hasta que no haya una resolución judicial que lo justifique y solicita además la suspensión inmediata de cualquier uso de la fuerza pública respecto a su vivienda.

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Se generó una intensa controversia tras la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el litigio entre los trabajadores de la Salud Municipal y el Municipio de Viña del Mar, a raíz de una reducción en sus salarios. Este fallo, que se dio a conocer el lunes 5 de enero, abrió un panorama de interpretaciones divergentes: mientras la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti sostiene que el procedimiento administrativo no fue declarado ilegal, el tribunal afirmó que los funcionarios tienen derechos adquiridos sobre sus remuneraciones, anulando los actos impugnados y obligando a restituir los descuentos aplicados.

Desde el Municipio de Viña del Mar manifestaron a Puranoticia.cl que la decisión del tribunal representa «una buena noticia y un mensaje claro», indicando que confirma la legalidad del procedimiento utilizado. Siguiendo esta línea, el municipio anunció su intención de apelar ante la Corte Suprema para que resuelva la discrepancia en la interpretación. «Defenderemos todas las herramientas que nos brinda el Estado de Derecho y recurriremos a la Corte Suprema para que aclare esta diferencia de interpretación. Nuestros equipos jurídicos ya están trabajando en este escrito junto al Estudio Fermandois», precisaron.

Desde el ámbito de la gestión del frente amplio, reiteraron que en el máximo tribunal fortalecerán la legalidad del procedimiento y los actos administrativos realizados, además de profundizar sobre la responsabilidad fiscal que, según ellos, llevó a la reestructuración de los sueldos de los trabajadores de la Salud de Viña.

“Apreciamos que la Corte de Apelaciones haya confirmado que el procedimiento se realizó conforme a la normativa vigente y que se ejercieron las atribuciones de manera legítima. Este fallo beneficia el proceso jurídico, ya que desestima acusaciones de ilegalidad y ataques malintencionados de algunos abogados, que solo han tensionado el debate y lo han vuelto más conflictivo, cuando lo que se necesita es una discusión fundamentada y responsable”, apuntaron.

El Municipio también afirmó que “nuestro único objetivo ha sido aportar a la equidad en la estructura de salarios de la Salud Municipal”, recordando que Viña del Mar posee una de las escalas salariales más elevadas del país, con ingresos que oscilan entre $3.5 millones y $14 millones, muy por encima de comunas similitudes.

Finalmente, expresaron su compromiso de “cumplir al pie de la letra lo dispuesto” y que “en la Corte Suprema fortalecemos la legalidad y la responsabilidad de nuestras acciones”.

Sin embargo, esta interpretación del Municipio contrasta radicalmente con la visión del Poder Judicial, los trabajadores de la Salud Municipal y el Colegio Médico. Para esclarecer los efectos del fallo, Puranoticia.cl consultó al abogado laboral Dagoberto Hernández, quien analizó el fallo con detalle.

“En términos simples, la sentencia afirma que la rebaja es ilegal y, por lo tanto, anula los actos administrativos que se impugnan. No obstante, en la cláusula 19ª de la sentencia, se menciona que el mecanismo empleado por el Municipio es correcto, pero que los trabajadores tienen derechos adquiridos que datan desde el ’96 en adelante”, explicó.

Añadió que “hay un aspecto que ha sido ignorado: la ministra (Nancy) Bluck discrepa y sostiene que los actos administrativos se implementaron de forma incorrecta. Ella considera que el procedimiento fue ilegal, lo cual es fundamental en este asunto”.

El abogado subrayó que el fallo no permite interpretaciones parciales: “No se puede segmentar una sentencia. En realidad, quien perdió fue la Municipalidad de Viña del Mar, lo cual explica su decisión de apelar a la Corte Suprema”, y enfatizó que “el principal argumento de los trabajadores es que se rechazan todos los actos administrativos y se acoge el recurso de protección, lo que implica que cualquier rebaja de sueldos queda sin efecto, por lo que se debe restituir lo descontado de manera ilegal”.

Sobre el posible fallo de la Corte Suprema, el abogado advirtió que “particularmente con el voto de la ministra Bluck, quien afirma:‘No coincido con sus dos colegas, señores ministros. Creo que el procedimiento fue ilegal y arbitrario’. Esa posición representa un gran riesgo para el Municipio de Viña del Mar”, puesto que si esa postura prevalece, “la situación podría empeorar significativamente para el Municipio”.

Ese desenlace podría llevar a que el gobierno local “perdiera en costas y, en consecuencia, si en el futuro intenta aplicar el procedimiento nuevamente, no podrá hacerlo porque ya fue declarado ilegal”.

Por último, Hernández analizó las motivaciones del Municipio para recurrir a la Suprema, indicando que “si finalmente deciden apelar, podrían incluso buscar amparo en el Tribunal Constitucional como parte de una estrategia legal, lo que les permitiría demorar la situación”. Esto permitiría “ganar tiempo” mientras se preserva el status quo, aunque advirtió que el riesgo es considerable: «Si la situación se complica para el Municipio y se refuerza la opinión de la ministra Bluck, perderían no solo en la forma, sino también en el fondo, y no podrían intentar nuevamente ajustar los salarios de los trabajadores de la Salud en el futuro”.

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La entrada Funcionarios de la Salud contra el Municipio de Viña: la gestión de Ripamonti sostiene que el acto fue legal, mientras un experto en derecho laboral explica la decisión. se publicó primero en Quinta News.

La Dirección del Trabajo (DT) ha impuesto 49 multas por un total de más de $43 millones debido a violaciones al feriado legal irrenunciable de Navidad en el sector comercio.

Hasta las 16:00 horas del jueves 25, según el reporte de la institución, se realizaron 183 fiscalizaciones aleatorias en todo el país.

Además, 76 trabajadores del comercio fueron enviados a sus hogares al verificar que estaban laborando cuando debían estar descansando.

Las tres regiones con mayor cantidad de trabajadores enviados a casa fueron la Metropolitana (22), Tarapacá (14) y Valparaíso (9).

La DT también se desplazó para verificar denuncias recibidas a través del sitio web y en el Centro de Atención Telefónica de la institución, que registró 16 llamados.

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La Corte Suprema ha confirmado y apoyado las competencias de la Contraloría General de la República (CGR) para identificar irregularidades en contratos municipales y enviar informes al concejo municipal, incluso cuando detecta que servicios públicos son ofrecidos por empresas privadas sin un contrato válido.

Este caso se originó en Coyhaique, donde la Contraloría Regional de Aysén encontró que el servicio de recolección de basura se realizaba sin un contrato legal. Ante esto, el alcalde de la comuna presentó un recurso de protección argumentando que el oficio del organismo de control infringía el debido proceso y perjudicaba su imagen pública.

Sin embargo, en octubre, la Corte de Apelaciones local indicó que no había un acto ilegal o arbitrario por parte de la Contraloría, ya que el oficio cuestionado se emitió dentro de sus facultades.

Además, señalaron que la actuación en cuestión estaba directamente asociada con la obligación de la CGR de asegurar la legalidad en los actos municipales, en este caso, relacionados con la prestación de servicios públicos por parte de privados sin respaldo contractual.

Posteriormente, el tribunal supremo ratificó la decisión, reafirmando el rol preventivo y fiscalizador de la entidad contralora.

Así, los tribunales concluyeron que la Contraloría actuó conforme a sus atribuciones legales, lo que implicó la instrucción de un sumario administrativo e informar al Concejo Municipal, sin imponer sanciones ni hacer juicios de valor sobre responsabilidades.

Además, se desestimaron vulneraciones a derechos fundamentales y se confirmó que no existía riesgo para la continuidad del servicio.

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Deportes La Serena y Deportes Limache expresaron su descontento ante el vacío legal que han utilizado Deportes Iquique y Unión Española para evitar el descenso, lo que dejó a los «papayeros» y «tomateros» en la Primera B.

La argumentación de los clubes del norte y los hispanos se basa en algunos artículos de un reglamento que rige desde 2019, que establece un criterio de promedios para definir qué equipos descienden. En este caso, los equipos afectados serían serenenses (0,9 de promedio) y limachinos (1,03). Otro aspecto del reglamento sugiere que esta normativa tiene prioridad sobre las bases del Campeonato Nacional.

El presidente del «Tomate Mecánico», César Villegas, comentó que el reclamo «carece de fundamento y contexto. Ellos firmaron y aceptaron las bases. Perdieron en la cancha. No dignifica en nada el campeonato ni el fútbol. Se está normalizando la salvación por medio de apelaciones legales. Vamos a tener que esperar todos los años para ver quiénes se salvan así».

Para Villegas, esta situación «desacredita al fútbol. Ambos equipos descendieron por sus propias malas actuaciones y sabían lo que iba a suceder al final de la temporada. Todos eran conscientes de que los dos últimos de la tabla descenderían«.

Andrés Kishinevsky, gerente general del club nortino, tiene una perspectiva diferente. «Nuestra postura es de sorpresa e incredulidad. En el Consejo de Presidentes se establecen acuerdos y, al final, hay dos clubes que intentan encontrar una solución legal a lo que perdieron en la cancha. No vemos que tenga ningún fundamento una salida por tribunales», afirmó en una entrevista con La Tercera.

El directivo granate enfatizó que «los estatutos priman sobre el reglamento, y todos los clubes los firmaron. Ahí se especificó el sistema de competición y el número de equipos en las diferentes divisiones del fútbol profesional. Las bases son claras. Si no, no habríamos tenido tantas dificultades cuando descendieron».

Kishinevsky también mencionó que «es lamentable que una situación así ensucie el campeonato, especialmente porque los clubes participamos en los consejos de presidentes donde se establecen las bases de las competiciones. Esto le resta credibilidad a nuestra industria. Me preocupa mucho desde el ámbito deportivo, y deja a Unión e Iquique con una mala imagen».

Finalmente, planteó que «sin duda hay que corregir el asunto. No puede ser que esto haya sucedido. Sin embargo, eso requeriría reestructurar el tema del descenso para 2025. Además, este reglamento no es nuevo desde 2025, por lo que se tendrían que reconsiderar todos los descensos retroactivamente. Es una tarea impracticable«.

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