De acuerdo con los datos del centro de salud, solo durante junio se registró la pérdida de más de 400 horas médicas que no fueron utilizadas por los usuarios y tampoco fueron comunicadas con anticipación.

En relación a otros servicios prestados en el establecimiento, se perdieron 271 horas destinadas a pacientes crónicos; 94 correspondientes a consultas dentales; 87 consultas respiratorias; 275 horas para la realización de exámenes y 36 para curaciones.

Xavier Mendoza Cedeño, director subrogante de SaludQuillota, señaló que las cifras son preocupantes, manifestando que «las horas que se pierden de profesionales, no sólo corresponden a médico, hay de enfermera, de matrona, de kinesiólogo, es un número importante, sobre los 400 en el último mes, es una pérdida importante de recursos. Llamamos a la corresponsabilidad en aquellos casos que las personas puedan avisar por las líneas más comunes, de que no van a utilizar una hora. Eso es de mucha importancia porque las horas profesionales se pueden ocupar en las personas que requieren y tienen una mayor urgencia o necesidad».

El médico Ignacio Pérez Carrasco, del Centro de Salud Doctor Miguel Concha, explicó que «lamentablemente, desde ya hace mucho tiempo, hemos visto que, pese a que efectivamente existe una falta de horas médicas importante, también las horas disponibles que tenemos se pierden debido a la inasistencia de los mismos usuarios».

Las autoridades de SaludQuillota realizaron un llamado al compromiso de los usuarios para hacer un uso adecuado de la red de salud municipal.

«Hemos dispuesto un número de WhatsApp +56 9 8221 0637 por el cual el usuario se puede comunicar para decir que no va a asistir. Lo ideal es que si es un control crónico sea con la mayor cantidad de antelación, ojalá días, para poder reagendar esa hora y poder otorgarla a otro usuario. En caso de que haya tomado hora de morbilidad a través de la línea de Hora Fácil (800 000 183), puede llamar a esa misma línea y le va a otorgar la posibilidad de rechazar la hora que tenía agendada», explicó el médico Ignacio Pérez.

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La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) informó que, de los 20.916 millones de pesos identificados por la Contraloría en licencias médicas no recuperadas, «la cantidad efectivamente no recuperada corresponde a las licencias rechazadas, lo cual suma 5.547 millones».

Además, la Junji aseguró que, en 2024, antes de la publicación del informe de la Contraloría, «se gestionó el cobro del 95% de esos fondos, logrando recuperar subsidios por incapacidad laboral que superan los $1.700 millones».

También mencionó que hay licencias notificadas en proceso de recuperación, que se han sumado a un plan de acción institucional. Igualmente, indicó que, siguiendo las instrucciones de la Contraloría, la Dirección Regional Metropolitana de la Junji llevará a cabo las gestiones necesarias para el tratamiento contable de los saldos adeudados.

La Junji destacó que se han tomado las medidas correspondientes dentro del marco normativo vigente para recuperar los recursos y anunció que dará respuesta al ente contralor en el plazo estipulado de 60 días.

Asimismo, la Junji resaltó que este trabajo se lleva a cabo con «la responsabilidad y celeridad que requiere el compromiso institucional con la probidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos».

EL INFORME DE CONTRALORÍA

Según su informe, la Contraloría detectó que entre 2017 y 2024, un total de 1.045 funcionarios acumularon licencias médicas por “Enfermedad o Accidente Común” durante más de dos años de forma intermitente, generando 60.958 licencias no recuperadas, que representan un total de $20.916 millones.

De estas, se alertó que 9.964 licencias, cuyo subsidio por incapacidad laboral asciende a $5.547.961.164, fueron rechazadas, pero el servicio no tomó medidas para recuperar esos montos, lo que requiere su devolución por parte de los funcionarios.

La Contraloría estableció un plazo de 60 días hábiles para que la Dirección Nacional de la Junji presente un plan de acción que asegure la recuperación efectiva de esos fondos. Paralelamente, se enviarán antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para las acciones pertinentes.

Además, se encontró que la Junji maneja 54.876 licencias médicas que tienen más de cinco años de antigüedad, por montos superiores a 10 mil millones de pesos, y sobre las cuales no se han iniciado procesos de castigo contable.

Por este motivo, el servicio deberá enviar a la Contraloría la documentación que valide los saldos pendientes, registros de reclasificación realizados y las solicitudes formales que se han presentado ante los ministerios de Educación y Hacienda para obtener la autorización del castigo contable.

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La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, anunció una notable reducción en la emisión de licencias médicas irregulares, con caídas mensuales que oscilan entre un 12% y un 20%. Esto se debe al fortalecimiento de los mecanismos de control y a una mejor coordinación entre instituciones.

Esta información fue compartida durante el Primer Encuentro de Oficiales de Justicia y Abogados de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, el cual se llevó a cabo en el Cuartel General de la PDI y tuvo como objetivo mejorar la gestión pública, la probidad y la respuesta del Estado ante las demandas de la ciudadanía.

En su presentación, Pérez subrayó la importancia del papel de la PDI en la identificación de irregularidades, agradeciendo especialmente la información que ha permitido iniciar procesos de control y ahorrar recursos públicos. “El control es uno de los pilares del Estado de Derecho y la manera en que se hacen efectivas las limitaciones al poder”, afirmó la autoridad.

Finalmente, la Contralora destacó que en un contexto de creciente descontento ciudadano, es crucial reforzar las funciones fundamentales del Estado y garantizar una gestión pública eficaz y transparente, resaltando que los avances conseguidos demuestran que una fiscalización adecuada sí produce resultados tangibles.

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La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se pronunció sobre la captura de seis médicos extranjeros acusados de haber emitido 35,978 licencias médicas fraudulentas a funcionarios públicos entre 2021 y 2024.

La ministra subrayó que una de las principales iniciativas del Gobierno ha sido “fiscalizar la emisión de licencias médicas masivas”.

«El enfoque fue precisamente en la fiscalización de los grandes emisores de licencias médicas. A finales de 2022, se llevó a cabo un punto de prensa en el cual se mostró lo que se descubrió durante el allanamiento de estos médicos», recordó durante una conferencia en La Moneda.

Además, añadió que «esto es parte de un proceso que comenzó en esos años; la Superintendencia de Seguridad Social ha reportado en sus informes anuales que entre 2022 y 2024 hemos visto una disminución del 53% en la emisión de licencias de estos grandes emisores, y Fonasa ha señalado que este año ha habido una reducción adicional de aproximadamente entre el 10% y el 11%«.

“Así que, efectivamente, hemos logrado una reducción. Este es un esfuerzo sostenido, enfocado en revisar las licencias médicas de los grandes emisores. Gracias a las acciones detectadas en 2022 por Isapres y Fonasa, que condujeron a la querella y a esta investigación, también priorizamos el proyecto de regulación para grandes emisores de licencias médicas, que conseguimos promulgar este año, endureciendo las sanciones para estos médicos», concluyó la ministra.

Los seis médicos extranjeros detenidos son de nacionalidad colombiana, venezolana y cubana, y operaban mediante centros médicos fantasmas, que no contaban con un lugar físico y no realizaban tratamientos.

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La fiscal (s) de Chillán, Valentina Hormazábal González, ha formalizado a tres médicos cirujanos extranjeros empleados por la Municipalidad de Pemuco por delitos vinculados a la emisión de licencias médicas fraudulentas.

Los médicos involucrados son Norelys Portal Farías y Héctor Plaza Moreira, a quienes se les imputan cargos por obtener licencias médicas falsas y cometer fraude en subvenciones.

Ambos han quedado sujetos a medidas cautelares que incluyen arresto domiciliario nocturno, prohibición de salir del país y restricción para emitir licencias médicas por un plazo de 60 días.

Además, se ha formalizado a Anny Tomas Ulacio por los mismos delitos y por ejercer sin haber aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom).

Las medidas cautelares para ella serán discutidas en una audiencia programada para el 5 de enero próximo.

Con esto, se suman a otros cinco médicos que fueron formalizados en septiembre pasado por los mismos delitos. Queda pendiente la formalización de un médico más, quien cuenta con una orden de detención.

La fiscal (s) explicó que la investigación se inició de oficio en mayo, al revelarse que siete médicos del Centro de Salud Familiar (Cesfam) y postas rurales de la comuna, junto a tres médicos de servicios públicos de las regiones de Ñuble, O’Higgins y Metropolitana, habían presentado permisos de enfermedad emitidos entre ellos, lo que provocó la falta de atención médica en Pemuco.

Esto ocurrió después de que el Concejo Municipal de Pemuco eliminara una asignación especial transitoria, lo que conllevó a una reducción en los salarios de los trabajadores de la salud contratados.

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La Dirección de Presupuestos (Dipres) ha publicado su quinto informe sobre el avance de los sumarios abiertos el 20 de mayo por el Ministerio de Hacienda debido al uso indebido de licencias médicas.

Hasta el 15 de septiembre, se han reportado 25.764 funcionarios del Gobierno Central implicados en casos de uso incorrecto de licencias médicas, excluyendo municipios, gobiernos regionales, empresas públicas, organismos autónomos e instituciones de educación superior estatales.

Esto representa un aumento respecto a los 16.435 funcionarios reportados en el balance anterior a 15 de agosto, y se debe, principalmente, a que Dipres, en su rol como Secretaría Técnica del Comité Nacional de Ausentismo, solicitó a las entidades públicas que añadieran datos relacionados con las fiscalizaciones que la Contraloría inició tras el primer informe de mayo.

En particular, el incremento de casos se relaciona con el hecho de que hasta esa fecha, las instituciones públicas reportaron que 6.993 funcionarios de servicios públicos con presencia regional viajaron al extranjero mientras estaban de licencia médica.

Actualmente, un 36% de los casos se relacionan con salidas del país bajo licencia, y el 29% corresponde a funcionarios regionales que viajaron con licencia, según lo identificado al 15 de septiembre a partir de la más reciente circular.

A continuación, se hallan los casos de funcionarios que asistieron a casinos de juegos mientras estaban de licencia médica, constituyendo el 23% de los casos; seguidos por un 6% de funcionarios con licencias emitidas por entidades bajo investigación por el Ministerio Público, y la misma proporción corresponde a salidas del país bajo licencia en Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Finalmente, solo un 1% de los casos son funcionarios que atendieron partos estando de licencia.

Según los datos proporcionados por las instituciones, 21.114 funcionarios siguen en el servicio en el que hicieron un uso indebido de las licencias médicas, mientras que 4.650 de los implicados ya no laboran en la misma entidad. De estos, 2.251 funcionarios están bajo sumario administrativo aunque ya no se encuentren en la institución.

Hasta el momento, 18.986 funcionarios están en proceso administrativo y 1.042 ya han recibido alguna resolución. De esta última cifra, 280 casos han sido cerrados y el resto está a la espera de su cierre, ya que tienen resolución del jefe de servicio, aunque la sanción no ha sido ejecutoriada.

La duración promedio de las licencias implicadas es de 21,9 días y se estima, considerando las remuneraciones promedio reportadas, que los funcionarios que serán sometidos a sumario recibieron un total de $33.684 millones en remuneraciones durante estos meses de ausencia.

Es importante recordar que la Contraloría General de la República (CGR) reveló que más de 25 mil funcionarios públicos realizaron viajes al extranjero mientras estaban de licencia entre 2023 y 2024, lo que llevó al Ministerio de Hacienda a solicitar a las entidades públicas comenzar procesos disciplinarios contra estas personas e informar periódicamente sobre su avance.

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La entrada Quinto informe sobre sumarios por mal uso de licencias médicas: los casos en el Gobierno Central superan los 25 mil. se publicó primero en Quinta News.

Después de la publicación de un nuevo informe de la Contraloría General de la República (CGR), que revela nuevos casos de licencias médicas fraudulentas, el presidente de la comisión de Salud del Senado, Iván Flores, pidió acelerar los sumarios y las sanciones correspondientes.

“Parece que el Gobierno está dejando de lado su responsabilidad y ahora estamos en una situación de perdonazos”, comentó.

Esta semana, la CGR también comunicó que hasta ahora se han registrado solo 8 mil sumarios y 52 destituciones.

LEER TAMBIÉN: La Contraloría identifica a otros 10 mil funcionarios regionales que viajaron al extranjero con licencia médica

El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°16, dado a conocer este viernes, añade otros 10.805 funcionarios públicos regionales que se encontraban de licencia médica y salieron del país. Esto podría indicar el uso irregular de 15.257 licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024, de las cuales el 76% corresponde a Fonasa y el 24% a Isapres.

Al respecto, el senador Flores expresó: “Cuando la Contraloría determinó que había 25.000 funcionarios públicos que salieron del país con licencia médica, y entre ellos había carabineros, miembros de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial y otros, esperábamos acciones. No se comprende que a estas alturas, habiendo un plazo de 20 días para iniciar el sumario, hayan pasado varios meses desde el primer informe de la Contraloría, y que solo se hayan realizado 8.000 sumarios y 50 destituciones. Han pasado de una política de abandono de funciones gubernamentales a una de perdonazo”.

“Si la Contraloría ya ha hecho la mitad del trabajo, ¿por qué no lo completan? ¿Por qué no se cumplen los plazos? ¿Por qué no se investiga a fondo el robo que probablemente costó cerca de 1.500 millones de dólares, que corresponde a los ocho millones de licencias médicas emitidas durante 2024? No se puede aceptar esta situación.”

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La entrada Presidente de la comisión de Salud del Senado insta a «no aceptar perdonazos» tras el reciente informe de la Contraloría sobre licencias médicas. se publicó primero en Quinta News.

El diputado Tomás Lagomarsino, miembro de la Comisión de Salud, ha solicitado una investigación sobre el aumento de licencias médicas de funcionarios en el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso, el cual ha alcanzado casi 19.953 en un año, según un reportaje. Esta solicitud surge en medio de las críticas a los informes de la Contraloría que denuncian un uso inapropiado de los certificados médicos, lo que repercute directamente en la atención sanitaria.

El parlamentario del Distrito 7 acknowledged que “hay un alto ausentismo en todos los hospitales del país” y resaltó que el reportaje revela la normalidad de esta práctica, presentando diversos casos en los que las licencias se han utilizado para alargar días de vacaciones, realizar trámites e incluso recibir atención médica en el sistema privado.

«La Contraloría General de la República ha cruzado información acerca de aquellos que entraron y salieron del país mientras tenían licencia médica, y se está indagando en quiénes han hecho un mal uso de estos certificados de reposo laboral”, afirmó el legislador del Partido Radical.

Por lo tanto, enfatizó que “es crucial llevar a cabo todas las investigaciones necesarias en todos los niveles, especialmente con respecto a quienes hayan mal utilizado las licencias médicas”.

Finalmente, recalcó que las investigaciones y sanciones son fundamentales “para erradicar esta mala práctica”.

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La entrada Solicitan una investigación sobre el incremento de hasta casi 20 mil licencias médicas de empleados del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso. se publicó primero en Quinta News.

El Colegio Médico ha propuesto una reforma del Sistema de Licencias Médicas y el Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), con la intención de fortalecerlo como un recurso fundamental de seguridad social, asegurar el derecho a la salud de los trabajadores y salvaguardar la práctica ética de la medicina.

La presidenta del Colegio, Anamaría Arriagada, enfatizó que consideran que la reciente Ley N° 21.746, que refuerza la supervisión de las licencias médicas, no es suficiente para abordar el problema raíz.

“Además de sancionar el mal uso, es imperativo avanzar hacia una reforma integral del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) y del sistema de licencias, adoptando una perspectiva ética, técnica y social”, aseguró.

La propuesta se desarrolló a través de un proceso participativo que involucró consultas a más de 6.000 médicos y médicas de todo el país, reuniones con expertos y sociedades científicas, análisis de datos estadísticos y revisión de propuestas legislativas anteriores. Se articula en siete ejes:

1. Fortalecimiento de las competencias profesionales para la emisión de licencias e información a los pacientes.
2. Transparencia clínica y acceso a información para respaldar la decisión médica.
3. Control del fraude y fortalecimiento institucional con mayores atribuciones y herramientas de investigación.
4. Mejora del proceso de tramitación y pago del SIL, estableciendo plazos claros y una gestión más eficiente.
5. Optimización de la gestión de casos prolongados o complejos, con mecanismos especializados.
6. Revisión de incentivos y brechas de seguridad social para evitar distorsiones en el uso del reposo laboral.
7. Ética profesional y corresponsabilidad, reforzando el compromiso de médicos y pacientes.

Arriagada expresó su deseo de que esta propuesta sirva como una contribución significativa a la discusión parlamentaria sobre el proyecto que el Gobierno ya presentó, ayudando a enriquecer y perfeccionar sus objetivos.

La propuesta será sometida a consideración de los parlamentarios para que sea tenida en cuenta en las modificaciones que se realicen a la nueva normativa.

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La entrada Colmed propone una reforma al sistema de licencias médicas y al Subsidio por Incapacidad Laboral. se publicó primero en Quinta News.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, anunció que las investigaciones concluirán en agosto, tras el informe de la Contraloría que reveló que funcionarios de las Fuerzas Armadas realizaron viajes al extranjero mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024.

Durante la sesión de la comisión investigadora sobre el uso indebido de licencias médicas, el Ministerio de Defensa aclaró que los procesos disciplinarios solo afectan a los funcionarios en activo.

«Si excluimos al personal civil y a aquellos que ya se han retirado, el total de personas objeto de la investigación sumaria es de 602 uniformados involucrados en esta falta grave«, afirmó la secretaria de Estado.

La Contraloría identificó 386 casos en el Ejército, 58 en la Armada y 158 en la Fuerza Aérea de Chile (FACh). La ministra destacó que la mayoría de estos casos se encuentran en la región Metropolitana, Arica y Punta Arenas.

«No busco minimizar el asunto, sino proporcionar contexto […] esto está relacionado con Tacna, donde muchas personas que consultan a un médico general en Arica, al buscar un especialista, optan por ir a Tacna. Eso no exime de solicitar un permiso para salir, y en estos casos no se hizo”, explicó la ministra de Defensa.

Además, mencionó que «en Puerto Natales, se viaja a Río Turbio, en Argentina (…) un lugar donde la gente también suele abastecerse, es un movimiento habitual».

“Reitero, es esencial pedir permiso para salir, ya sea a Río Turbio o a Tacna. Nadie puede salir del país sin eso, aunque llama la atención que hay regiones completas de donde casi nadie ha salido, lo que también está relacionado con los contextos geográficos”, concluyó.

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La entrada La Defensa presentará este mes los resultados sobre los uniformados que viajaron al extranjero con licencias médicas. se publicó primero en Quinta News.