Carolina Tohá comentó sobre el quiebre en el oficialismo, evidenciado en la división entre el Socialismo Democrático y el Frente Amplio con el Partido Comunista, señalando que aún queda un largo camino para comprender el nuevo panorama político.

Durante el 69° Consejo Nacional del PPD, la exministra del Interior subrayó la importancia de comprender por qué los partidos que colaboraron no lograron establecer un proyecto común que integrara y representara a todos los sectores, permitiendo que cada uno sintiera que había aportado.

En esa misma línea, Tohá aseguró que el proceso “no ha terminado de consolidarse” y llamó a examinar de manera “sincera y directa” las dificultades y diferencias que han generado tensiones dentro del bloque.

Además, indicó que “aún queda un largo camino por recorrer” para determinar la configuración de la oposición, resaltando que, independientemente de si se establece una o dos coaliciones opositoras, será fundamental la articulación y coordinación política.

Finalmente, enfatizó que, cualquiera que sea el esquema, la oposición deberá trabajar unida para evitar “regalar una mayoría al futuro oficialismo”, insistiendo en la necesidad de colaborar, entenderse y formular una propuesta clara para el país.

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La exclusión del Frente Amplio y el Partido Comunista en el cónclave organizado por el Socialismo Democrático ha suscitado críticas.

En este contexto, el Presidente Gabriel Boric instó a los partidos a que «se pongan a la altura de la situación de una vez por todas”.

El Mandatario subrayó que “la ciudadanía no quiere ver conflictos o declaraciones cruzadas en la prensa. Al final, esas actitudes terminan alejando a la gente de la política. Quieren vernos trabajando y unidos por Chile. Así que, por favor, pongan de una vez por todas la mirada en lo importante”.

Consultado sobre las críticas a la respuesta del Gobierno ante los incendios en Ñuble, Biobío y La Araucanía, el Presidente defendió la labor llevada a cabo: “Hemos estado casi todos los días en terreno con los alcaldes y hemos desplegado ministros, subsecretarios y equipos regionales”.

Asimismo, recordó que el Estado involucra a diversas instituciones, y que cuestionar la respuesta es tanto como desconocer el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, Senapred, los municipios y las gobernaciones regionales.

Boric también detalló las medidas de apoyo implementadas: el pago a la primera nómina de damnificados con ficha FIBE, la creación de un bolsillo electrónico de emergencia de 50 UF para viviendas con daños leves o moderados, un subsidio de retención laboral, asistencia técnica y apoyo de Sercotec para mipymes y cooperativas afectadas.

Además, se anunció una beca de emergencia de $200 mil por alumno y un apoyo anual de $700 mil para estudiantes de educación superior, que se dividirá en hasta diez pagos adicionales a la beca BAES.

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Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista (PC), hizo un llamado a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, tras su advertencia de que los fondos de emergencia podrían no ser suficientes para cubrir el reajuste en el sector público debido a los incendios en Ñuble y Biobío.

En una entrevista con radio Cooperativa, Figueroa solicitó a la contralora “con respeto y humildad” que sea coherente con su rol, evitando extralimitarse en juicios que no le corresponden, ya que su función principal es asegurar que los actos administrativos se realicen adecuadamente.

“Es natural que cualquiera tenga su opinión; sin embargo, la contralora no está aquí para opinar sobre economía ni sobre el presupuesto”, enfatizó. Además, destacó que este reajuste impacta a quienes están en la línea del frente durante la crisis, señalando que a los funcionarios públicos que están trabajando en la emergencia se les niega el reajuste salarial, lo que es una contrariedad para aquellos a quienes se les elogia, incluidos los Carabineros.

Por su parte, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, comentó que declaraciones de Pérez “posiblemente excedieron sus atribuciones” y añadió que su mensaje se interpretó como que no hay recursos disponibles para enfrentar la emergencia o para el reajuste salarial, lo cual sería “absurdo”.

Quintana remarcó que “la fiscalización no es responsabilidad de la Contraloría, ya que hay otras entidades como el Consejo Fiscal Autónomo y el Ministerio de Hacienda que manejan estos temas.” Además, indicó que el papel de la Contraloría es asegurar la legalidad de los actos administrativos, pero no debería determinar si es posible o no realizar un reajuste.

Aún reconociendo las restricciones fiscales vigentes, insistió en que “es nuestra responsabilidad encontrar una buena solución para los trabajadores públicos”.

El diputado socialista Leonardo Soto, por su parte, advirtió que “cuando una contralora interviene en decisiones de carácter político, política su cargo, lo que no había sucedido antes en la historia de la Contraloría General.” Aunque reconoció que ha cambiado ciertos criterios de fiscalización, consideró que cualquier indicio de inmersión en decisiones políticas es negativo para el Estado y la ciudadanía.

Desde la oposición, el diputado republicano Agustín Romero sugirió que sería beneficioso revisar las atribuciones de la Contraloría, ya que su labor se centra en la fiscalización de los actos de Gobierno y en la contabilidad administrativa de la nación. Criticó que el excontralor (Jorge) Bermúdez introdujera el concepto de “confianza legítima”, considerando que la Contraloría estaba en un buen camino y no debería legislar o inventar plazos.

Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, indicó que “la contralora debe garantizar el uso adecuado de los recursos públicos. Si estamos enfrentando un déficit fiscal de aproximadamente 800 o 900 millones de dólares anuales, esto resalta problemas en el control de los recursos públicos. Su advertencia es pertinente y debe resolverse.”

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La absolución del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, por las lesiones que dejaron ciego al diputado electo Gustavo Gatica durante las protestas sociales, ha generado un fuerte debate político en el oficialismo.

Miembros del Partido Comunista (PC) y del Frente Amplio (FA) manifestaron su responsabilidad hacia el Gobierno por haber promovido la ley Nain-Retamal, la cual consideran como la base jurídica del fallo.

El diputado Matías Ramírez (PC) criticó a quienes apoyaron la ley: “Sería útil que aquellos parlamentarios que se autodenominan progresistas y votaron a favor del proyecto Nain-Retamal, que ahora sirvió de fundamento para absolver a Claudio Crespo por disparar y cegar a Gustavo Gatica, ofrezcan alguna explicación. Cuando se pacta con la derecha, es la derecha la que sale beneficiada.”

La diputada Daniela Serrano (PC) también alertó sobre el tema: “Tal como hemos señalado en múltiples ocasiones, la aprobación de la Ley Nain-Retamal sería un preludio a la impunidad ante la brutalidad policial.”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), mostró su preocupación, afirmando: “Este fallo genera gran inquietud. La absolución de Claudio Crespo se basa en la aplicación retroactiva de la ley Nain-Retamal a hechos de 2019, lo que inicia un debate serio sobre los estándares y el uso de la fuerza y sus consecuencias en casos de violaciones a los derechos humanos.” Añadió que “si bien respetamos las decisiones judiciales, como sociedad no podemos dejar de reflexionar sobre los mensajes que se envían a las víctimas y a la ciudadanía.”

La diputada Lorena Pizarro (PC) afirmó: “Esto no es un acontecimiento banal, es un Chile que revivie el horror de la impunidad gracias a Nain-Retamal (…) fuimos firmes en condenarlo como comité, y ahí está la primera respuesta.”

La legisladora también interpela al Gobierno: “Que respondan quienes impulsaron y aprobaron esta ley, y que se comporten de manera adecuada ante la aplicación de la misma desde el 11 de marzo.” Recordó que “este comité buscaba recurrir al Tribunal Constitucional para rechazar el proyecto de ley, pero el Gobierno lo proclamó a primeras horas de la mañana para que no pudiéramos hacerlo. Deben asumir la responsabilidad que les corresponde por esta indecorosa situación que selló la impunidad en el país desde 1990.”

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A nivel institucional, el PC emitió una declaración expresando: “Nos preocupa profundamente el fallo emitido hoy. A partir de esta resolución surge una legítima inquietud respecto a la eventual impunidad de quienes —amparados en un supuesta función de control y represión de la movilización social— podrían ser absueltos bajo criterios similares.”

Maite Orsini vinculó la absolución a la ausencia de estrategia progresista: “La absolución de Crespo no es casual: responde a la falta de una propuesta progresista clara en temas de seguridady a la concesión ante el populismo penal. El Gobierno no debió avalar una ley incompatible con los derechos humanos.”

La diputada Lorena Fries enfatizó que “no enmarcar el uso de la fuerza de manera proporcional resulta en muertes y lesiones. Muchas personas han sufrido daños durante este contexto en Chile, lo que concierne y relaciona a los derechos humanos.”

Ante el descontento oficialista, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), pidió cautela: “Primero que todo, debemos esperar el fallo. Es fundamental no asumir consecuencias de las cuales no estamos seguros; es crucial proceder con prudencia en estos temas.”

El ministro destacó la importancia de esperar el fallo y analizarlo con tranquilidad, señalando que “nuestro sistema democrático funciona, contamos con tribunales independientes que evalúan la responsabilidad jurídica y penal según los antecedentes proporcionados; existen instancias pendientes, por lo que es urgente esperar el fallo.”

Por último, Gajardo instó a no sacar ventaja política de la situación: “Ningún sector debería obtener provecho de una circunstancia dramática. La situación que afectó a Gustavo Gatica es lamentable y necesitamos ser empáticos, solidarizando con este drama, y esperar el fallo para analizarlo detenidamente.”

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Las decisiones estratégicas adoptadas por el Partido Comunista (PC) después de su último pleno están generando reacciones en el oficialismo. Este domingo, el líder de la bancada del PPD, Raúl Soto, se distanció del enfoque propuesto por la colectividad comunista para abordar el próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast.

El debate surgió tras la difusión de un informe de 15 páginas del comité central del PC, que incluye una autocrítica sobre la derrota presidencial de Jeannette Jara y también culpa al gobierno del Presidente Gabriel Boric y su equipo por los resultados electorales. El documento traza, además, un plan para ejercer oposición a la futura administración republicana.

Entre sus puntos más relevantes, el informe propone la necesidad de “impulsar hitos de movilización amplia y unitaria”, como el 8 de marzo y el 1 de mayo, en lo que consideran una tarea frente a la “ultraderecha”. En el programa Estado Nacional de TVN, Soto advirtió que la propuesta comunista no solo implica meras convocatorias, sino que se trata de “un plan de lucha”.

Desde su perspectiva, el parlamentario criticó que un partido quiera organizar y dirigir a los movimientos sociales, afirmando que “ningún partido, cuando todos están desacreditados y desconectados de la realidad social, debe sentirse con el derecho de apropiarse de los sentimientos de la ciudadanía”. En este contexto, calificó la postura del PC como “completamente imprudente e inapropiada”, especialmente cuando el nuevo gobierno aún no ha comenzado su mandato.

Sin embargo, Soto dejó claro que su postura no implica una actitud de inacción frente al próximo Ejecutivo. Al contrario, sostuvo que el PPD se opondrá firmemente si el gobierno de Kast implementa recortes sociales o políticas inspiradas en el modelo de Javier Milei, subrayando que es responsabilidad política evaluar las acciones del gobierno una vez que asuma y no adelantarse a escenarios de confrontación.

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Un grupo de diputados oficialistas ha decidido solicitar a Unicef un pronunciamiento formal respecto a la controvertida propuesta del diputado republicano José Carlos Meza, vocero de José Antonio Kast. Esta propuesta permitiría la conmutación de penas para personas condenadas por diversos delitos, incluyendo abuso o violación sexual infantil, si se trata de reos de avanzada edad o con enfermedades terminales.

Durante una entrevista en CNN Chile, Meza discutió la posibilidad de una conmutación humanitaria. Cuando se le preguntó si esta medida incluiría a los condenados por delitos contra menores, afirmó que no debería haber excepciones: “Es el momento en que nosotros nos ponemos por sobre y creo que no hay que hacer distinciones”.

Meza añadió: “Un adulto mayor que va a morir en seis meses, en su caso es terminal, creo que hay que tener la humanidad de que muera”, afirmando que, a su juicio, “nadie merece morir en la cárcel”.

A raíz de sus declaraciones, un grupo significativo de parlamentarios oficialistas ha decidido solicitar a Unicef Chile que evalúe estos comentarios y emita un pronunciamiento público. Entre los firmantes se encuentran Alejandra Placencia, Carmen Hertz, Boris Barrera, Daniela Serrano, Lorena Pizarro, Marisela Santibáñez, Tomás Hirsch, Diego Ibáñez, Ana María Gazmuri, Héctor Barría, María Candelaria Acevedo, Camila Rojas, Jorge Brito, Karol Cariola, Matías Ramírez y Nathalie Castillo.

El diputado Luis Cuello (PC) afirmó: “Las declaraciones de José Carlos Meza, en pro de la impunidad para condenados por violación de niños mediante la conmutación de penas, constituyen una propuesta aberrante”.

Cuello también criticó la actitud del abanderado republicano, subrayando: “Es aún más preocupante que José Antonio Kast no condene estas afirmaciones y solo indique que aplicará la ley si es aprobada por el Congreso”.

La solicitud dirigida a Unicef busca que la organización analice los antecedentes y reafirme la importancia del cumplimiento, por parte del Estado de Chile, de las obligaciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, especialmente aquellas relacionadas con la protección contra abusos sexuales y cualquier forma de violencia.

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El camino hacia la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre continúa generando reconfiguraciones y definiciones en el panorama político, especialmente en la región de Valparaíso, donde el escenario se fragmentó tras las elecciones del 16 de noviembre. Con Jeannette Jara como representante del oficialismo y José Antonio Kast por la oposición, diversas colectividades y figuras locales comienzan a manifestar sus posturas y alineamientos, así como a distanciarse de las dos opciones que se presentan.

En este contexto, el diputado Tomás Lagomarsino, representante del Distrito 7 y miembro del Partido Radical (PR), ha abierto un nuevo frente para el oficialismo al rechazar de manera tajante votar por la candidata de su sector.

El parlamentario, quien no logró la reelección a pesar de obtener 16,380 votos, lo que representa el 2.92% de la votación, explicó a Puranoticia.cl que su decisión se basa en cómo el Partido Comunista (PC) ha gestionado el Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio (SSVSA) en los últimos años. Según él, esta experiencia le impide respaldar a un candidato de dicha colectividad.

«Después de la experiencia de haber participado en el Gobierno del Presidente Boric, donde el PC tomó la dirección del Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio, y habiendo constatado lo nefasto y perjudicial que fueron con el Hospital Carlos Van Buren, me es imposible», expresó el legislador del Partido Radical, el cual está sufriendo un proceso de disolución tras no alcanzar el umbral mínimo de representantes en las elecciones parlamentarias.

Agregó que «aunque ambos Servicios de Salud (el de Valparaíso y el de Viña) presentan tintes políticos evidentes, uno de ellos funciona de manera más eficiente. El de Viña del Mar – Quillota (SSVQ) lo hace, en contraste con Valparaíso – San Antonio, que claramente no ha funcionado. La crisis del Hospital Carlos Van Buren no es una sorpresa, ya que los recursos en el Servicio de Salud eran escasos y se transferían de manera fragmentada, haciendo insostenible su administración».

«Ese Servicio de Salud fue liderado, en gran medida, por el Partido Comunista, y por tanto, me es imposible votar por alguien de esa colectividad en este momento, lo que no significa que vaya a votar por Kast. Quiero dejarlo claro», añadió el Diputado del Distrito 7, que ejercerá hasta el 11 de marzo de 2026.

En octubre de 2023, los diputados Tomás Lagomarsino (PR) y Andrés Celis (RN) denunciaron ante la Contraloría Regional de Valparaíso «una mafia» dentro del SSVSA, cuestionando entre otros aspectos la gestión de recursos para pagar bonos de asignaciones críticas a 12 funcionarios de la entidad.

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También criticó en septiembre del año pasado que el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso –el principal recinto del SSVSA– estaba en situación “grave”, con cierres de pabellones por falta de financiamiento. Mencionó que el entonces director de la entidad, Cristian Gálvez (PC), estaba de vacaciones mientras se imponían esos cierres, lo que consideró “irresponsable”.

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Además, ha señalado un estancamiento en el proyecto del nuevo Hospital Van Buren, criticando la falta de coordinación entre el SSVSA y otras instituciones (municipalidad, Ministerio de Salud, Seremi) para avanzar en la adquisición de terrenos y otros temas cruciales.

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Las críticas constantes de Lagomarsino coinciden con lo que se ha señalado incluso desde dentro de la entidad, pues ya en julio de 2023, algunas fuentes afirmaron a Puranoticia.cl que la elección de Cristián Gálvez como director del SSVSA respondía a un movimiento político. Por ello, el diputado Andrés Celis comentó que «parece que el director Gálvez quiere secuestrar al SSVSA para el comunismo, formando un equipo a dedo, sin concurso, con figuras tan controvertidas como él, como la ex seremi Graciela Astudillo».

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En este sentido, Tomás Lagomarsino subrayó que «si Jeannette Jara, como estoy seguro que será, va a representar la continuidad del Presidente Boric, mi voto no está disponible para ello«.

El médico de profesión amplió sus críticas al PC al señalar que «hoy plantear espacio para otras colectividades es parte de lo que no se quiere«, y respecto a su futuro profesional, expresó que «como mencioné antes de la elección, si no resultaba electo, regresaría a trabajar como médico. Estamos preparándonos para eso. Siempre he sido una persona activa en el ámbito médico, así que volveré a esa labor, porque no busco un cargo. Los currículums se olvidan, pero no para posiciones como Seremi. Mi objetivo es retornar a mi profesión.»

Las declaraciones no pasaron desapercibidas, tanto por su dureza como porque Lagomarsino ya había anticipado su incomodidad durante la primera vuelta, cuando compartió con Puranoticia.cl que tendría que “cerrar los ojos” al momento de votar. Aunque no reveló públicamente su preferencia, todo indica que se inclinó hacia la centroderecha, particularmente hacia la candidatura de Evelyn Matthei (Chile Vamos), algo que no confirmó abiertamente.

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«Votamos por alguien que no era Jara», comentaba el congresista por la región de Valparaíso, quien reiteró que tampoco votará por José Antonio Kast porque «no me considero parte de ese sector político (derecha dura). Pero si Evelyn Matthei hubiera pasado a segunda vuelta, la situación sería diferente».

Cuando se le preguntó si teme por la postura del líder del Partido Republicano, confesó que «hay quienes buscan incitar miedo en esta candidatura. Desde el entorno de Jara intentarán asustar con Kast, y viceversa. A mí ningún candidato me asusta. Solo hay una experiencia personal durante este período de Gobierno que me impide votar por Jara. Después de lo sucedido en el Servicio de Salud, es imposible«.

Y para disipar cualquier duda sobre su postura para la segunda vuelta, el diputado Lagomarsino reiteró: «No votaré por Jeannette Jara».

La postura disonante de Lagomarsino surge en un momento en que el oficialismo regional intenta alinear fuerzas ante la segunda vuelta, dentro de un reordenamiento interno que posiciona a Rodrigo Mundaca como pieza clave del comando 2.0. Sin embargo, declaraciones como las del diputado, que critican y se distancian de la propia candidata del sector, generan tensión en un momento crucial y amenazan el despliegue territorial que busca consolidar el oficialismo de cara al balotaje del 14 de diciembre.

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Las declaraciones de Carolina Tohá, exprecandidata presidencial y exministra del Interior, han generado controversia tras su charla en París, donde criticó a la izquierda chilena por su «alergia» hacia la policía y el orden público.

La exautoridad afirmó que “el miedo influye en las preocupaciones progresistas y puede potenciar ideas conservadoras o de extrema derecha”.

Asimismo, mencionó que «hay dos tentaciones muy difíciles de resistir para un gobierno progresista en materia de seguridad. Una es el populismo penal y la otra son los complejos de izquierda (…) al tener aversión a la policía y al orden público, se dificulta el cumplimiento de la ley. Cumplir con la ley no es exclusivo de la derecha, sino que es la principal protección para quienes son vulnerables. En un entorno caótico, los que se benefician son aquellos que no necesitan de la ley».

A raíz de estas declaraciones en Chile, desde el Frente Amplio rechazaron esta perspectiva. “Creo que se equivoca en su apreciación, si bien es cierto que hubo aversión en el pasado, por razones justificadas después de la dictadura, hoy no lo veo de esa manera”, comentó la diputada Lorena Fries en radio Biobío.

Adicionalmente, indicó que «entiendo que esté dando una charla allá, pero debería ser más cautelosa (…) esperaba que Carolina Tohá fuera más comedida».

En el mismo sentido, el jefe de bancada del FA, diputado Jaime Sáez, opinó que “no comparto esa visión. Las votaciones del Frente Amplio son evidentes y reflejan un apoyo total a todos los proyectos de seguridad”.

Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS), de Socialismo Democrático, destacó que “el mundo frenteamplista y comunista ha sido reacio y distante, como lo menciona ella (…) no sé si alérgico, pero sí distante”.

Desde el PPD, el senador Jaime Quintana (PPD) coincidió, aunque precisó que se trata solo de ciertos sectores. «Es posible que haya una aversión; lo calificaría más bien como una rinitis (…) es algo que se puede corregir y debe hacerse”, afirmó.

Y añadió que “hay un cierto complejo en algunas áreas de la izquierda, que ha evolucionado con el tiempo, especialmente durante el gobierno del Presidente Boric, pero creo que tiene razón en destacar que eso debería quedar atrás en ciertos segmentos limitados de la izquierda”.

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La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, ha renovado sus llamados a la unidad dentro de la coalición, buscando dejar de lado las disputas internas. Sin embargo, un incidente reciente, que pone de manifiesto las persistentes tensiones, ha sido la presentación de un proyecto de ley por parte de un diputado de la misma coalición, el cual aborda una de las controversias que más ha impactado a las agrupaciones que la respaldan.

Jara instó con vigor a las fuerzas políticas que la apoyan a adoptar una actitud de «modo ciudadanía», centrando su atención en los problemas de la población. Este llamado se produce en el contexto de un conflicto público entre el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y otros dirigentes oficialistas. La candidata señaló que «el tiempo y la energía que se dedican a discutir entre políticos es alarmante«, lo que provoca «desafección» por parte de la ciudadanía.

Simultáneamente, reflejando la profundidad de estas diferencias, el diputado Jaime Araya (bancada PPD) ha presentado un proyecto de ley que busca impedir que los partidos designen reemplazos para parlamentarios condenados por corrupción. Aunque Araya destacó que la propuesta es «anticorrupción» y no «antijadue«, parece dirigirse especialmente al caso de Daniel Jadue, cuya candidatura ha generado incomodidad dentro de la coalición, incluso para Jara.

La propuesta establece que los partidos no recibirían un «premio» si alguno de sus parlamentarios es condenado. Esta iniciativa pone de relieve que, a pesar de los esfuerzos de la candidata por promover la unidad, las tensiones internas y las diferencias en torno a la ética política continúan vigentes en el oficialismo, manifestándose incluso a través de acciones legislativas.

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El Partido Socialista (PS) ha decidido, a solicitud del comando presidencial de Jeannette Jara (PC), aportar 23 millones de pesos a la candidatura de la representante oficialista. De esta manera, se convierte en la primera colectividad en contribuir a la campaña, después del Partido Comunista.

La cuestión financiera preocupa a los líderes del oficialismo, especialmente a los del PC, quienes están atentos a cuánto dinero aporta cada partido. “Eso dirá mucho sobre el nivel de compromiso que tienen con la campaña”, aseguró un miembro del conglomerado, según La Tercera.

Hasta el momento, en los registros más recientes de aportes del Servicio Electoral (Servel), Jeannette Jara aún no ha recibido financiamiento, ya que solo figuran los fondos obtenidos durante la Primaria.

Por ahora, el PS es el único partido que ha definido su contribución a la campaña; los otros siete partidos de la coalición aún no han establecido los montos que aportarán.

En cuanto al Frente Amplio, están trabajando en el presupuesto para el período electoral, donde incluyen el aporte a la campaña presidencial de la exministra del Trabajo.

Por otro lado, el Partido Por la Democracia (PPD), liderado por el senador Jaime Quintana, discutirá este asunto en la reunión de la mesa directiva programada para la próxima semana.

Desde la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), miembros de su directiva han señalado que deben considerar el apoyo a sus candidaturas parlamentarias, ya que deben financiar elecciones en todas las regiones.

El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, mencionó que “tenemos planeado contribuir y dependerá de los recursos que recibamos en el corto plazo, en el marco de la normalización del partido.”

El secretario general de Acción Humanista, Efrén Osorio, expresó que “nos gustaría aportar monetariamente,” aunque deben tener en cuenta que sus recursos son “extremadamente limitados”.

Finalmente, el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, comentó que “todo esto se discute en consejo, donde se determina.”

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La entrada PS destina $23 millones a la candidatura de Jeannette Jara, mientras que otros partidos del oficialismo aún no deciden el monto a aportar. se publicó primero en Quinta News.