La detención del proceso para añadir nuevas patologías a la Ley Ricarte Soto ha reavivado la inquietud entre pacientes y organizaciones, quienes manifiestan su preocupación por la falta de progreso en una política pública esencial para acceder a tratamientos de alto costo.

Desde su implementación en 2015, la Ley Ricarte Soto ha estado destinada a financiar terapias para enfermedades complejas a través de un fondo anual de $100 mil millones. Con el tiempo, su cobertura se ha expandido, llegando a incluir 27 patologías, entre las que se encuentran diversos tipos de cáncer no cubiertos por el AUGE/GES, enfermedades inmunológicas y condiciones raras. No obstante, desde 2021 no se han añadido nuevas patologías, dejando a miles de personas a la espera de un decreto que amplíe la cobertura.

Esta expectativa se vio frustrada nuevamente cuando el Ministerio de Salud confirmó la suspensión del proceso de evaluación de nuevas tecnologías sanitarias, a la espera de un informe financiero que aún no ha sido entregado por el Ministerio de Hacienda.

“La suspensión del proceso de evaluación mientras se espera un informe financiero que Hacienda no ha proporcionado condena a miles de familias a la incertidumbre. El Estado no puede seguir eludiendo responsabilidades, porque las enfermedades no esperan; no entienden de transiciones de gobierno,” advirtió el senador Juan Luis Castro (PS) en un comunicado conjunto con asociaciones de pacientes.

Ya en septiembre, el Ministerio de Salud había señalado que la inclusión de nuevas patologías enfrentaba dificultades presupuestarias. Esta situación ha sido reconocida por especialistas y organizaciones, quienes alertan sobre el efecto que la demora tiene en quienes dependen de estos tratamientos.

En la primera fase del proceso para desarrollar un nuevo decreto, llevada a cabo el año pasado, se recibieron 9.580 solicitudes de diagnósticos y tratamientos de alto costo para su evaluación. Entre ellas, se encontraban tratamientos para condiciones como el mal de Crohn, hipercolesterolemia familiar, mielodisplasia, linfoma cutáneo y atrofia muscular espinal.

“Esta ley fue creada para apoyar a las personas con enfermedades de alto costo, incluidas las poco frecuentes. Si bien no es la solución definitiva, es una ventana que permite a algunos encontrar un espacio donde su tratamiento sea abordado. El problema es que, al pausar las decisiones, se generan retrasos que convierten esta ventana en un obstáculo enorme,” afirmó Jessica Cubillos, presidenta de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, en una entrevista con diario La Tercera.

Mientras tanto, en junio de 2025, el Ministerio de Salud presentó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para modificar la normativa y aumentar los recursos del fondo. Aunque la iniciativa fue aprobada en términos generales, su avance ha sido escaso.

La economista especialista en salud, Daniela Sugg, comentó que el principal obstáculo para expandir la cobertura es el financiamiento. “Las proyecciones indican que el gasto efectivo superará los recursos disponibles en el fondo a largo plazo. Por lo tanto, si no se ajusta lo que actualmente está cubierto —sin eliminar prestaciones, sino evaluando si hay tratamientos que ya no se consideran de alto costo y que podrían ser transferidos a otro sistema—, el problema persistirá,” explicó.

Agregó que “no se puede seguir sobrecargando a la Ley Ricarte Soto con nuevas tecnologías y desafíos de salud, si los recursos actuales del fondo no son suficientes para cubrir lo que ya está garantizado.”

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La decisión del Gobierno de incluir tres nuevas patologías en el Plan GES, durante una ceremonia liderada por el Presidente Boric y la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el 1 de diciembre, tuvo como resultado inmediato la publicación de un decreto ministerial. No obstante, la manera en que se dio a conocer el documento provocó críticas.

El Minsal optó por publicar solo un resumen en el Diario Oficial. Esta acción llevó a la intervención de la Contraloría General de la República, que indicó: “No se observa que exista una disposición que autorice la publicación en extracto del decreto N° 29 de 2025 del Ministerio de Salud (…) dado que contiene regulaciones que impactan a un número indeterminado de personas, por lo que su publicación completa es obligatoria”.

La observación del ente fiscalizador obligó al Ministerio a ajustar el procedimiento, provocando un retraso en la validación del decreto, que finalmente se concretó días antes de la fecha establecida por el Mandatario para que las nuevas garantías entraran en vigencia. Este proceso fue considerado por algunos actores del ámbito sanitario como “problemático”.

A pesar de estos contratiempos, la medida continúa en vigor y beneficiará a los afiliados de Fonasa y de isapres. La ministra Aguilera expuso las razones detrás de cada nueva incorporación:

En relación a la cirrosis hepática, mencionó: “La cirrosis está entre las diez principales causas de muerte en Chile, provocando más de 3.200 fallecimientos al año”.

En lo que respecta a la depresión grave en menores de 15 años, afirmó: “Se trata de una respuesta al aumento de la carga de enfermedad en salud mental infantil y adolescente, frecuentemente con riesgo suicida. El Estado envía un mensaje claro: la salud mental de niños, niñas y adolescentes es una prioridad”.

Referente a la cesación tabáquica, indicó: “El tabaco es el principal factor de riesgo evitable para cáncer y enfermedades crónicas, y afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables. Incluir la cesación tabáquica en el GES significa abordar la causa y no solo sus consecuencias”.

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