El candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, expresó su desacuerdo con la decisión de la bancada del Partido Socialista (PS) de solicitar la destitución del diputado Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) debido a sus declaraciones sobre la posibilidad de respaldar un nuevo golpe de Estado en el país.

Cabe recordar que durante una entrevista, al ser preguntado sobre el golpe de Estado de 1973, Kaiser afirmó que “sin duda” apoyaría un eventual nuevo golpe en situaciones similares, argumentando que lo haría “con todas las consecuencias”.

Ante la controversia generada por estas declaraciones, Franco Parisi manifestó que «el Partido Socialista tiene derecho a llevar al Partido Nacional Libertario a tribunales, pero no estamos de acuerdo en absoluto con esta acción».

En este contexto, Parisi agregó que “nuestra intención es competir y vencer al Partido Comunista, al Partido Republicano, a Chile Vamos y a la ex Concertación en las urnas. Nos oponemos a utilizar alternativas legales para superar a nuestros oponentes”.

“La democracia se ejerce a través del voto y nosotros planeamos ganar dentro del sistema. Esto se reflejará en nuestra participación en la segunda vuelta en noviembre y en la sólida representación de diputados y senadores que lograremos”, concluyó la carta del PDG.

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La defensa de Héctor Llaitul presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema el jueves, con el fin de solicitar su traslado desde la cárcel El Manzano, en Concepción, al módulo destinado a comuneros mapuche en el penal de Temuco.

Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fue arrestado el 22 de agosto de 2022 y condenado en mayo de 2023 a 23 años de prisión por delitos como usurpación violenta, atentado contra la autoridad y vulneración de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Desde su condena, ha estado en régimen de alta seguridad, y su pena se extenderá hasta el año 2045.

Según las abogadas Verónica Bórquez y Josefa Ainardi, la permanencia de Llaitul en El Manzano constituye una violación a sus derechos fundamentales, especialmente en lo que respecta a su identidad mapuche, según informó La Tercera.

En el recurso presentado a la Corte Suprema, se argumenta que el penal no brinda condiciones adecuadas para sus necesidades culturales, y que su confinamiento en un módulo evangélico lo obliga a presenciar prácticas religiosas ajenas a su cosmovisión.

La defensa también sostiene que su situación actual lo separa de su entorno familiar y comunitario, lo que afecta negativamente su bienestar psicológico y espiritual.

Como apoyo, han incluido una carta de su madre, un documento firmado por internos mapuche del penal de Temuco —incluido su hijo, Pelantaro— y un informe antropológico.

Por su parte, Gendarmería ha defendido la permanencia de Llaitul en Concepción, afirmando que el interno ha recibido autorizaciones especiales, como alimentación acorde a su cultura, visitas de una machi para tratamientos con medicina ancestral, vestimenta tradicional y la posibilidad de participar en ceremonias mapuche.

La institución enfatiza que El Manzano es un recinto de alta seguridad, lo que —argumentan— justifica su permanencia allí, a diferencia del penal de Temuco, de mediana seguridad.

Este nuevo recurso se presenta tras el rechazo de una solicitud similar por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco en mayo, que alegó que no existía evidencia de ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de Gendarmería.

Sin embargo, la defensa sostiene que esta resolución no estuvo debidamente fundamentada ni consideró todos los elementos presentados.

“La resolución impugnada no aborda los fundamentos culturales ni las garantías establecidas en la legislación chilena y en los instrumentos internacionales sobre derechos indígenas”, señala el recurso presentado ante la Corte Suprema.

Llaitul, quien ha tenido un papel clave en las demandas territoriales del pueblo mapuche, mantiene —según su defensa— una conducta intachable durante su reclusión y nunca ha intentado escapar ni ha habido intentos de rescate.

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Esta petición surge como consecuencia de los trágicos eventos ocurridos en las inmediaciones del Estadio Monumental, donde una joven y un menor perdieron la vida antes del partido entre Colo-Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, manifestó que la violencia en torno a los estadios constituye un grave riesgo y destacó la urgencia de implementar medidas efectivas para asegurar la seguridad en eventos deportivos, tanto nacionales como internacionales.

Por otro lado, el alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, anunció su intención de presentar una querella contra los organizadores del evento, así como contra quienes resulten responsables de las muertes y los daños ocurridos.

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La defensa de Nicolás Zepeda, condenado por el asesinato de su expareja japonesa, Narumi Kurosaki, ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal de Casación de Francia solicitando la realización de un tercer juicio.

Según informó el diario francés L’Est Républicain, este miércoles el tribunal más alto del sistema judicial examinó el recurso presentado por los abogados del chileno.

La defensa argumenta en base a ocho puntos que deberían llevar a «anular» la sentencia de 28 años de prisión dictada por el Tribunal de lo Penal de Vesoul en diciembre de 2023.

La decisión del Tribunal de Casación se conocerá el próximo 26 de febrero. En caso de que se rechace el recurso, la sentencia queda firmemente establecida.

Zepeda fue condenado el 12 de abril de 2022 a 28 años de prisión durante el primer juicio, una condena que fue confirmada en diciembre de 2023 por el Tribunal de lo Penal de Vesoul.

Se le imputa haber asesinado y ocultado el cuerpo de Narumi Kurosaki, quien desapareció del campus de Besançon la noche del 4 al 5 de diciembre de 2016.

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La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados está trabajando a contrarreloj para establecer posibles responsabilidades políticas en la respuesta de La Moneda ante la denuncia de violación y abuso sexual que mantiene en prisión preventiva al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Durante una sesión en el Congreso, se debatió la posibilidad de solicitar una extensión del plazo original de 60 días para la presentación del informe final, que tiene como fecha límite el 31 de enero.

El presidente de la comisión, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, propuso una prórroga de 15 días, la cual fue aprobada con 6 votos a favor y 5 en contra.

En la sesión fueron convocados varios funcionarios para brindar su testimonio, aunque algunos no pudieron asistir.

Catalina Arrey, quien fue la primera en declarar, se identificó como amiga de la víctima y decidió no ofrecer más detalles por respeto a ella.

Entre los miembros del gobierno que estuvieron presentes se encontraba la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien reiteró haber conocido el caso solo después de la renuncia de Monsalve y aclaró que el comité político no fue informado de inmediato debido a la naturaleza confidencial de la investigación.

La ministra explicó que la información básica se compartió únicamente entre ciertos funcionarios para realizar gestiones iniciales, y que la intención era informar al comité político al momento de tomar decisiones específicas.

Sin embargo, los acontecimientos se sucedieron rápidamente y no se convocó al equipo completo. La ministra Tohá también había indicado que mantener la confidencialidad era esencial para proteger tanto a la víctima como el desarrollo de la investigación.

La comisión investigadora busca finalizar su trabajo de manera adecuada y presentar su informe final con las conclusiones correspondientes. La prórroga de 15 días adicionales brindará a los legisladores la oportunidad de revisar las declaraciones y testimonios de los funcionarios convocados, así como avanzar en la indagación de las responsabilidades políticas en este caso.

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Víctor Providel, abogado de Manuel Monsalve, comentó sobre la declaración del exsubsecretario del Interior, indicando que “podríamos estar en condiciones de solicitar una audiencia para revisar las medidas cautelares”.

El jueves se finalizó la declaración de la exautoridad ante la Fiscalía Centro Norte en relación a una denuncia por violación. Al concluir la diligencia, Providel explicó que “quedan algunos detalles pendientes como la revisión de la declaración, su lectura y firma, que se ha pospuesto para mañana, pero en términos generales, se brindaron todos los detalles que eran relevantes para la defensa”.

Cuando se le preguntó sobre los vídeos vinculados al caso que supuestamente fueron eliminados por detectives de Inteligencia, la defensa del exsubsecretario expresó que “esperamos y confiamos en la capacidad del Ministerio Público para que todas las evidencias audiovisuales se integren directamente a la carpeta de investigación”.

Respecto a la posible implicación de Monsalve en el manejo de las cámaras de vigilancia, afirmó que “en su calidad de subsecretario del Interior, nunca tuvo la autoridad ni realizó acciones para dar órdenes a la Policía de Investigaciones; no tuvo facultades para incautar, revisar o alterar dichas cámaras para hacer desaparecer evidencia”.

“Manuel Monsalve no tenía la autoridad ni llevó a cabo gestiones para revisar, incautar o manipular las cámaras de seguridad”, enfatizó.

El defensor reconoció que el exsubsecretario sí “observó” las cámaras de seguridad. “Eso no podemos negarlo y en ese sentido, la declaración es coherente. Lo que afirmamos es que no ordenó la incautación o levantamiento de esas cámaras”, aclaró.

En relación a la declaración de Monsalve, su abogado detalló que se presentaron “elementos que ocurrieron antes del 21 y 22 de septiembre, así como información posterior a esas fechas, que entendemos que no se había aportado previamente”.

“Para nosotros, como defensa, lo significativo de esta declaración es que se establezca un relato que pueda ser comparado con otras evidencias, un relato que puede contrastarse con la declaración de la denunciante y, desde ese enfoque, estos nuevos elementos, esperamos que se propicie una investigación”, comentó.

Adicionalmente, Providel mencionó que “con la declaración de don Manuel Monsalve y los elementos recuperados de dicha declaración, podríamos estar en posición de solicitar una audiencia para la revisión de las medidas cautelares”.

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