En la comuna de San Felipe ha surgido una creciente inquietud debido al riesgo de un colapso en el alcantarillado de la toma Yevide. Este asentamiento irregular se extiende por 8,5 hectáreas que pertenecen a la empresa sanitaria Esval y alberga actualmente a alrededor de 900 familias, las cuales deberán ser desalojadas en cumplimiento de una orden judicial que será ejecutada pronto.

Debajo de estas viviendas y calles improvisadas se encuentran los ductos principales de aguas servidas que sirven a la ciudad y parte del Valle del Aconcagua. Por lo tanto, la intervención no planificada en esta área podría comprometer la integridad del sistema sanitario, lo que podría llevar a un eventual colapso del alcantarillado.

Si esto llegara a suceder, se podría desencadenar una emergencia sanitaria de gran magnitud, afectando no solo al asentamiento, sino también a la calidad de vida de los vecinos de San Felipe y sus alrededores.

La expansión de la toma Yevide ha generado preocupación no solo por la falta de regulación urbanística, sino también por el riesgo ambiental que representa. La presencia de residencias y conexiones irregulares en una área crítica para la red de saneamiento aumenta el riesgo de daños estructurales y de contaminación en caso de que ocurran las fallas temidas.

Así lo señala un informe de «Alerta SF», que advierte que la proliferación de este asentamiento irregular no solo representa un desafío para Esval, propietaria del terreno, sino que también constituye una amenaza para la salud pública y la seguridad sanitaria de la comunidad, que podría sufrir consecuencias severas si los ductos de aguas servidas fallan.

Esval también alertó sobre esta situación en un documento enviado a la Subsecretaría de Prevención del Delito, indicando que «la instalación de viviendas en el lote A, junto con el movimiento de tierra generado por su construcción, pone en grave riesgo la estabilidad y operación del colector ‘Aguas Claras’, que se encuentra justo debajo de este lote«.

Asimismo, advirtieron que esto podría llevar al colapso del mismo, ocasionando graves daños a la salud de la población adyacente y afectando el funcionamiento de la PTAS El Almendral, lo que podría resultar en la interrupción de un servicio público esencial por parte de Esval S.A.

Puranoticia.cl contactó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). Su jefe regional en Valparaíso, Carlos Órdenes, explicó que «este asunto se ha estado monitoreando desde 2022. La toma Yevide se originó en 2020 y en ese momento requerimos a Esval tomar medidas para garantizar la continuidad del servicio, dado que hay una tubería que atraviesa la toma y que llega a la planta de aguas servidas. Se han tomado acciones judiciales que han evolucionado. Ahora estamos solicitando nuevos antecedentes, pero es importante destacar que no ha habido ningún evento ni problema en el colector que esté bajo la toma«.

En este sentido, Órdenes enfatizó que «no ha habido afloramientos ni intervenciones que hayan perjudicado la operación del sistema, que sigue funcionando correctamente, aunque Esval no puede acceder a esa tubería para llevar a cabo las inspecciones necesarias. Según la información disponible, no se han registrado problemas desde 2020 hasta ahora».

También mencionó a Puranoticia.cl que «Esval no tiene acceso al sitio por razones de seguridad; entiendo que solo los residentes de la toma pueden ingresar. Sin embargo, desde que se estableció la toma, no se ha reportado ningún evento relacionado con problemas operacionales en ese colector, que continúa funcionando correctamente. La instrucción que hemos dado a Esval es que, ante cualquier posible evento, deben hacer todo lo posible para resolver el problema, incluso con el apoyo de Carabineros si es necesario«.

Finalmente, Carlos Órdenes subrayó que «una vez que ocurra el desalojo y se pueda acceder, es probable que haya cámaras de la tubería que estén ocupadas actualmente por la toma, y estas deben ser revisadas. Vamos a pedir a Esval que realice una revisión integral, incluso con videoinspección, para evaluar la integridad de la tubería, que ha estado funcionando adecuadamente, asegurando que el caudal de aguas servidas llegue a la planta de tratamiento. Estaremos presentes en una inspección de terreno con videoinspección cuando ocurra el desalojo».

Este asunto también fue mencionado por la diputada Chiara Barchiesi, quien comentó a Puranoticia.cl que «en San Felipe vemos uno de los efectos más visibles del abandono estatal: terrenos tomados, familias en situaciones precarias y riesgo sanitario, y áreas donde comienza a operar el crimen organizado. Las tomas no son un fenómeno aislado; se han multiplicado en todo Chile. Por lo tanto, es urgente implementar una política que aborde este problema con orden, ley y justicia, en lugar de soluciones improvisadas».

La situación en la toma Yevide ilustra las tensiones que enfrentan hoy muchas ciudades: la escasez de vivienda, la expansión descontrolada de asentamientos irregulares y los riesgos que esto supone para la infraestructura esencial. Mientras las autoridades se preparan para el inminente desalojo, persiste la incertidumbre entre los sanfelipeños sobre el impacto que podría tener cualquier intervención en un terreno que sustenta parte del sistema sanitario de la comuna del Aconcagua.

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Al menos 19 personas han perdido la vida -entre ellas seis niños- y decenas han resultando heridas debido a una serie de bombardeos israelíes en los barrios de Al Rimal y Al Nasr en la ciudad de Gaza, en el marco de una inminente operación de ocupación del Ejército israelí, de acuerdo con el informe provisional del Hospital de Al Shifa.

El ataque más devastador impactó un edificio civil en el barrio de Al Rimal, que fue totalmente destruido en una calle llena de desplazados, según fuentes médicas y testimonios recogidos por la agencia palestina Sanad. Entre las víctimas mortales se encuentran niños.

«El área afectada estaba repleta de desplazados debido a los movimientos resultantes de la agresión militar en Gaza y por la concentración de comercios y oficinas de algunas instituciones públicas», indicó una fuente citada por Sanad, que afirmó que Israel «bombardeó este edificio con tres misiles y sin previo aviso».

Un segundo bombardeo impactó una panadería y una tienda de campaña en el barrio de Al Nasr.

Las Fuerzas Armadas israelíes confirmaron un ataque «contra un terrorista clave de la organización terrorista Hamás» utilizando aeronaves de la Fuerza Aérea.

«Antes de llevar a cabo el ataque, se implementaron múltiples medidas para minimizar el riesgo de daños a los civiles, incluyendo el uso de armas de precisión, vigilancia aérea e información de inteligencia adicional«, destacó el comunicado militar israelí, que acusó a las organizaciones armadas palestinas de «violar sistemáticamente el derecho internacional al usar cruelmente las instituciones civiles y a la población como escudos humanos para llevar a cabo actos terroristas».

Hamás, por su parte, ha declarado que este ataque busca «forzar a los civiles a abandonar la ciudad» y es parte de un «plan para arrasar Gaza». El ataque en Al Rimal es «un crimen de guerra absoluto» llevado a cabo por Israel «bajo la mirada del mundo», instando a la comunidad internacional a actuar «de inmediato» para poner fin a la agresión, «tomar medidas disuasorias contra la ocupación» y «hacer que sus líderes respondan por sus crímenes».

Las fuentes médicas han reportado un incremento a 63 los palestinos que han perdido la vida desde el amanecer de este sábado tras los ataques israelíes en la Franja de Gaza, de los cuales 35 son de la ciudad de Gaza.

El último informe general sobre las víctimas de la ofensiva israelí, emitido por el Ministerio de Salud del enclave controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), asciende a más de 63.400 muertos desde el 7 de octubre de 2023, de los cuales 330 han perecido por hambre debido a las restricciones impuestas por Israel a la entrega de ayuda humanitaria, incluido 124 niños.

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