Las fuerzas policiales de Chile están en alerta ante la posible llegada al país de Jhonsson Smit Cruz, alias «Jhonsson Pulpo», líder de la organización criminal transnacional conocida como «Los Pulpos», cuyo paradero sigue siendo incierto.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, mencionó que el posible ingreso de este cabecilla es vigilado de cerca por las autoridades policiales, ya que su figura es clave en varias investigaciones en curso en el país.

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, el líder de la banda podría haber ingresado a Chile eludiendo controles en Bolivia, una hipótesis que aún no ha sido confirmada.

En este contexto, la autoridad destacó que “hasta el momento no tenemos registro de su presencia. Sin embargo, es importante indicar que es una persona que genera interés para ambas policías en relación con diversas investigaciones.”

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Además, exautoridades han emitido advertencias. El exministro del Interior, Rodrigo Delgado, resaltó que la organización criminal tiene gran capacidad de adaptación, y que sus operaciones abarcan delitos como el sicariato y la extorsión, lo que requiere un monitoreo constante de sus movimientos.

Por otro lado, el exministro del Interior Jorge Burgos sugirió la necesidad de fortalecer la cooperación con Perú y aumentar las actividades en áreas fronterizas y en materia de investigación criminal.

Mientras no haya una confirmación oficial de su paradero, las autoridades chilenas mantienen la vigilancia preventiva del caso, considerando el posible impacto que la presencia del líder de Los Pulpos podría tener sobre la seguridad nacional.

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Durante las festividades navideñas, el presidente electo José Antonio Kast envió un mensaje especialmente dirigido a quienes están realizando labores esenciales en esta época del año.

A través de una publicación en la red social X, Kast expresó su reconocimiento a los funcionarios que no pudieron reunirse con sus familias en Nochebuena, poniendo en relieve la labor de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, Bomberos y el personal de Salud.

En su mensaje, el presidente electo dijo: “Un saludo a todos los que en esta nochebuena celebran la Navidad, especialmente a aquellos que no pueden estar junto a sus seres queridos”. También agradeció el esfuerzo de estas instituciones en favor del país, mencionando: “Gracias por su dedicación”.

Más tarde, Kast reafirmó su mensaje navideño en Instagram, subrayando la importancia de la unidad y convivencia. “Cuando caminamos juntos, al cuidarnos y respetarnos, nos fortalecemos como nación”, afirmó, deseando a las familias una “muy Feliz Navidad”.

En esta última publicación, Kast apareció junto a su esposa, María Pía Adriasola, quien asumirá el cargo de primera dama el próximo 11 de marzo.

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El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, reiteró la importancia de fortalecer las funciones operativas de las policías y de adaptar el marco legal que regula sus facultades.

En una entrevista con Duna, el abogado enfatizó que «lo que hemos planteado, y que mencionamos en la Cuenta Pública, es que es esencial otorgar más atribuciones a la policía«.

En ese sentido, se refirió a las limitaciones para iniciar diligencias sin la autorización del Ministerio Público. «Contamos con una legislación deficiente que no permite a la policía iniciar acciones para localizar una camioneta robada, puesto que requiere de un mandato del fiscal», agregó.

“A nivel global, en delitos comunes, las fuerzas policiales tienen más autonomia de acción que en Chile”, afirmó el Fiscal Nacional.

Valencia también mencionó que han “sugerido que se nos permita delegar esas atribuciones».

Por otro lado, el Fiscal Nacional abordó su función y la de la institución en investigaciones complicadas. “A nivel mundial, en los casos más complejos, la Fiscalía asume el liderazgo desde el inicio y tiene un control más riguroso sobre la investigación”, explicó.

Respecto al caso «Muñeca Bielorrusa», Valencia aclaró que “la investigación no está paralizada por la audiencia de formalización y considero que los fiscales habrían actuado de manera negligente si no hubiesen continuado la indagación durante el debate”.

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El Juzgado de Garantía de Arica dictó prisión preventiva para cinco ciudadanos peruanos, incluyendo a dos miembros de la policía de Perú, quienes ingresaron 11 kilos de ketamina a Chile a través del Complejo Fronterizo de Chacalluta, en la región de Arica y Parinacota.

El fiscal jefe de Análisis Criminal, Rodrigo González Vega, explicó que esta situación se inscribe dentro de un conjunto de investigaciones relacionadas con organizaciones criminales dedicadas a la importación de droga desde Perú hacia Chile.

En concreto, estas organizaciones operan “mediante vehículos motorizados en los que ocultan la droga. En este caso, se trató de 11 kilogramos de ketamina, que fueron detectados por la Policía de Investigaciones (PDI).”

Durante el control de detención llevado a cabo este miércoles, los extranjeros fueron formalizados por tráfico ilícito de estupefacientes, y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, además de un plazo de 100 días para la investigación.

La operación denominada “Ruta Oculta”, dirigida por la Fiscalía de Arica en colaboración con la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI, permitió la captura de los acusados, quienes formaban parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico.

La ketamina confiscada equivalía a 46 mil 600 dosis y tenía un valor estimado de 699 millones de pesos.

(Imagen referencial)

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Luego de una investigación conjunta de la Fiscalía de Arica y la Policía de Investigaciones (PDI), se llevó a cabo la detención de cinco ciudadanos peruanos este martes. Estos individuos ingresaron a Chile a través del complejo Chacalluta portando una considerable cantidad de ketamina, entre ellos se encontraban dos miembros de la Policía Nacional de Perú.

La captura fue posible gracias al trabajo del Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Arica y la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI, que tenía como objetivo identificar vehículos que transportan drogas desde Perú a Chile.

La subprefecta Geraldine Chacana, jefa (s) de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI Arica, destacó que los detenidos “habían cruzado el control fronterizo de Chacalluta en dos vehículos, llevando un total de 11 kilos de ketamina”.

A pesar de que la droga fue encontrada en el primer vehículo revisado, la Fiscalía confirmó que ambos vehículos estaban interconectados y al menos un agente de la policía peruana se encontraba en cada uno.

Los cinco detenidos serán presentados este miércoles en el Juzgado de Garantía de Arica para su control de detención.

(Imagen: PDI)

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La Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificó la prisión preventiva de cinco policías bolivianos detenidos por Carabineros de Chile el domingo 24 de agosto en el área fronteriza de Hito Cajón.

El tribunal resolvió la apelación presentada por la defensa de los acusados, quienes solicitaron modificar la medida cautelar dictada por el Juzgado de Garantía de Calama, que los consideraba un peligro para la seguridad pública.

En su fallo, la Corte desestimó la versión de los detenidos, que argumentaban haber cruzado la frontera accidentalmente durante una operación antidrogas, quedando atrapados en la nieve con un detenido. En cambio, se alinearon con la Fiscalía, que sostiene que los policías habrían estado involucrados en actividades de tráfico de drogas, siendo su situación final una mera “puesta en escena”.

Los magistrados señalaron que el ingreso de los funcionarios al país se extendió casi 2 kilómetros, lo que, según sostienen, descarta la posibilidad de un error accidental, “especialmente considerando que el lugar de su detención estaba a 200 metros de la carretera chilena y se trata de funcionarios que conocían la zona”.

Asimismo, los jueces valoraron las conversaciones registradas en el teléfono del jefe de la unidad policial boliviana, que “demuestran la participación en acciones anteriores de tráfico, incluso introduciendo drogas en este país, según el análisis del Ministerio Público, sin que existan evidencias de que el funcionario hubiera estado involucrado en actividades policiales encubiertas en su país”.

El tribunal también consideró relevante que, a pesar de estar seguros de estar en Chile con drogas incautadas, un detenido y portando un teléfono satelital, no intentaron contactar a Carabineros, quienes llegaron al lugar por pura casualidad. Otro aspecto destacado por los jueces es que, al momento de su detención, los policías no llevaban uniformes ni insignias oficiales, desplazándose en un vehículo con una patente incorrecta.

“Si hubieran estado en patrullajes, la situación habría sido indudablemente diferente”, mencionaron los magistrados.

El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, subrayó la contundencia del fallo de la Corte de Apelaciones, que, en general, respalda las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante la audiencia de formalización de los detenidos.

“La Corte de Apelaciones de Antofagasta, al realizar un análisis detallado de las pruebas disponibles, no solo refuta de manera contundente la versión de la defensa de los detenidos, sino que también construye una sólida argumentación jurídica para confirmar la prisión preventiva de los acusados, lo cual nos parece muy significativo”, afirmó el fiscal.

Es importante mencionar que los policías detenidos están formalizados por delitos de tenencia ilegal de armas prohibidas, tenencia ilegal de armas, tenencia ilegal de municiones, disparos injustificados, secuestro y tráfico de drogas, mientras que un sexto detenido civil, que optó por no apelar a la prisión preventiva, está formalizado por tráfico de drogas y receptación de un vehículo motorizado.

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Cinco policías bolivianos, junto con un civil de esa misma nacionalidad, fueron formalizados y enviados a prisión preventiva por delitos relacionados con tráfico de drogas, secuestro, receptación, y violaciones a la ley de control de armas y explosivos, en territorio chileno.

Los detenidos fueron interceptados el domingo 24 de agosto durante un patrullaje de soberanía en el Hito Cajón, a 1.8 kilómetros de la frontera con Bolivia, en la región de Antofagasta.

En la ruta CH-27, cerca del kilómetro 50, Carabineros observó a un grupo de personas que intentaba liberar dos vehículos atascados en la nieve, tras haber escuchado disparos en la zona.

Al ser fiscalizados por la Comisaría de San Pedro de Atacama, se halló droga, armamento y municiones en posesión de los seis individuos.

En el vehículo utilizado por los policías bolivianos se encontró una cantidad significativa de armas y municiones, además de 14 teléfonos móviles, dos juegos de placas patentes bolivianas, y un dispositivo GPS, lo que contradice la teoría de desorientación.

Por otro lado, en la camioneta Toyota del civil se encontraron 499 kilos 850 gramos de marihuana y 73 kilos 750 gramos de pasta base de cocaína.

El viernes se formalizaron los cargos en la Fiscalía de Calama, donde se identificó a cuatro hombres y una mujer como agentes de la policía boliviana, quienes viajaban en un vehículo Nissan modelo Patrol, sin identificación institucional, mientras que el civil conducía una camioneta Toyota reportada como robada en Chile desde 2021.

Además, se destacó que los policías dispararon repetidamente contra la camioneta Toyota del civil, quien fue reducido y esposado en la nieve, momentos antes de ser interceptados por Carabineros.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó audios y mensajes obtenidos de uno de los 14 teléfonos confiscados a los detenidos, que señalan su implicación en actividades ilegales anteriores.

Los cinco policías fueron acusados de tenencia ilegal de armas de fuego prohibidas, tenencia de armas, posesión de municiones, disparos injustificados, secuestro y tráfico de drogas, mientras que el civil enfrentó cargos por tráfico de drogas y receptación de vehículo robado.

El Ministerio Público solicitó que todos los acusados quedaran en prisión preventiva por ser un peligro para la sociedad, con un plazo de investigación de 150 días.

Tras la audiencia, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, mencionó que “esta es una investigación penal originada en un procedimiento flagrante, y las primeras acciones apuntan a la presunta participación de los detenidos en diversos delitos, cometidos en territorio nacional, que deben ser perseguidos sin importar el cargo, función o nacionalidad de los involucrados”.

El general Cristian Montre Soto, jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, añadió que el procedimiento se realizó como parte de un patrullaje preventivo en defensa de la soberanía, llevado a cabo por la Segunda Comisaría de San Pedro de Atacama.

“Dadas estas circunstancias, los Carabineros decidieron llevar a cabo un control, y al llegar al lugar se percataron de que, en uno de los vehículos, había una gran cantidad de droga, mientras que en el otro se halló una considerable cantidad de armamento y munición”, afirmó el general.

(Imagen referencial)

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Hasta ese momento, nunca había enfrentado detención, a diferencia de su socio Joaquín Guzmán, quien ha sido arrestado en dos ocasiones en México y actualmente cumple una sentencia de cadena perpetua en una prisión federal de alta seguridad en EE.UU.

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Es evidente que la seguridad pública se ha convertido en una de las principales prioridades para la ciudadanía en nuestro país. Ante la creciente ola de delitos, que se registran a diario tanto en espacios públicos como privados, muchos de ellos extremadamente violentos y que hasta hace poco eran inusuales en Chile, como los sicariatos y los secuestros, esta preocupación se intensifica.

En respuesta a esta situación, el programa de Gobierno de José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, se ha centrado en diseñar diversas estrategias para enfrentar la creciente delincuencia en Chile, tomando como referencia parte del modelo implementado por Nayib Bukele en El Salvador. Este enfoque incluye la colaboración de expertos, como funcionarios retirados de las Fuerzas Armadas y del Orden.

El presidente del partido, Arturo Squella, compartió detalles sobre esta estrategia en una conversación con Puranoticia.cl, destacando los puntos clave de la agenda de seguridad de su candidato, con la esperanza de convencer a la ciudadanía de que son la mejor opción para combatir la delincuencia y lograr el éxito electoral en la primera vuelta de noviembre y la segunda vuelta de diciembre de este año.

El primer aspecto a considerar en el plan para restaurar la seguridad en Chile es que estará organizado en distintas fases. La fase inicial contempla una intervención «muy profunda» en las calles para mejorar la percepción de seguridad. Los operativos serán liderados por Carabineros, quienes contarán con el respaldo de las Fuerzas Armadas para protegerlos en caso de enfrentamientos.

Squella explicó que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles será temporaria y aseguró que «los militares tienen un papel crucial al resguardar a las policías, ya que ellas son las que intervienen, mientras el crimen organizado posee un poder de fuego significativamente mayor que el de nuestras fuerzas policiales. Quedé sorprendido al ver que el Estado está por debajo de las capacidades del ‘Tren de Aragua’ y otros grupos.

Por ello, el plan de seguridad de José Antonio Kast busca igualar el poder de fuego de las organizaciones criminales utilizando el apoyo de las Fuerzas Armadas. Squella añadió que «me encantaría que los operativos contaran con el GOPE (de Carabineros), que tiene una presencia importante en nuestra región, pero lamentablemente solo son 300 efectivos en todo Chile.» En este contexto, criticó la propuesta de Evelyn Matthei de incrementar la vigilancia a través de cámaras, afirmando que «en los años ’80 quizás era la solución». Así, argumentó que «hoy la clave es no temer en el uso de la fuerza. Nuestras policías deben saber que están legitimadas para usar la fuerza en sus operaciones y en el control del orden público. Es fundamental restablecer el sentido de autoridad, garantizando que quienes infrinjan la ley no queden sin consecuencias. Estas personas deben ser perseguidas hasta ser encarceladas.

El objetivo del Partido Republicano es que, en un plazo de uno a tres meses, la ciudadanía perciba un cambio significativo en la seguridad, gracias al trabajo de las fuerzas policiales con el respaldo de las Fuerzas Armadas, lo que facilitaría el comienzo de la segunda fase del plan.

La segunda fase se centrará en «crear un marco legal que optimice la persecución y sanción penal, asegurando que los delincuentes sean encarcelados sin posibilidad de recibir visitas. Capturaremos a aquellos condenados por delitos violentos y los alojaremos en una cárcel especial», afirmó Squella.

Para ello, anticipó que se buscará habilitar un centro penitenciario específico para este fin. «De este modo, se podrá dedicar recursos estatales a la reinserción de criminales menos peligrosos. Las cárceles de alta seguridad estarán sin acceso a visitas».

Este enfoque podría generar un debate significativo sobre derechos humanos, similar a lo que ocurre en El Salvador bajo Nayib Bukele. Squella comentó que «Jeannette Jara ya ha abordado estas políticas, donde se cuestionan los derechos humanos de los delincuentes y los casos de hijos que no tienen acceso a sus padres. Sin embargo, la respuesta es clara: la seguridad de la población debe ser prioritaria y responsable del ejercicio de los derechos humanos de todos, no solo de los delincuentes».

El presidente del partido aseguró a Puranoticia.cl que ese cambio se notará con fuerza y que tal ímpetu les permitirá contar con el apoyo ciudadano necesario para avanzar a las etapas tres y cuatro del plan.

Además, el candidato al Senado por Valparaíso expuso la visión de su partido sobre el Ministerio de Seguridad Pública y el perfil que debería tener el responsable regional, el Seremi de Seguridad Pública.

«No estábamos a favor de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, pero si existe, lo aprovecharemos. Las personas en esos cargos deberían tener formación militar o policial, con conocimientos sólidos, al igual que nuestro equipo de seguridad, que fue criticado por su vínculo con las Fuerzas Armadas. Para nosotros, es crucial recuperar el conocimiento del Estado, que tienen la policía, el Ejército o la Armada, y replicarlo en nuestro enfoque.

En relación a las funciones que se asignarán a los Seremis de Seguridad, indicó que «deben encargarse del análisis de inteligencia y colaborar en la coordinación policial para localizar a los líderes de las bandas criminales antes de realizar intervenciones. Es fundamental contar con el respaldo de todas las fuerzas policiales y FF.AA. para tener claridad sobre dónde se debe intervenir. Durante su visita a El Salvador, enfatizaron cómo se organiza el sistema operativo en el momento de salir a la calle, pero todo esto es insuficiente si los militares y policías no se sienten respaldados por la autoridad política, es decir, el Presidente de la República».

Finalmente, en relación al perfil del Seremi de Seguridad en un eventual Gobierno de José Antonio Kast, el presidente del partido indicó que «debe ser alguien que haya pertenecido a una institución armada, en retiro, con un nivel adecuado de conocimiento y confianza hacia las policías y la autoridad civil además de tener un buen entendimiento de la región y su entorno. No sería eficiente tener un Seremi de justicia de Magallanes en comparación con uno de Seguridad».

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El viernes 4 de julio, sorprendió la renuncia de Jenny Arriaza como Seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, cargo que ocupó por apenas 32 días.

El ministerio comunicó de manera breve que la politóloga, designada el 1 de junio, «presentó su renuncia al cargo por motivos personales, la cual será efectiva desde el sábado 5 de julio».

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Sin embargo, se supo que su salida se debió a que su título no estaba homologado y su nombramiento aún no contaba con un decreto oficial, lo que precipitó su renuncia tras estudiar en Francia.

De este modo, concluye la breve gestión de la Seremi de Seguridad Pública, quien anteriormente había sido Directora de Seguridad Pública y Humana en San Miguel y trabajó en el Departamento de Seguridad de la Delegación Metropolitana.

El diputado Andrés Longton, miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, analiza la situación y señala que «la seguridad en la región está descabezada, aunque nunca tuvo un liderazgo fuerte.»

«La implementación del Ministerio de Seguridad en las regiones ha sido muy lenta y uno esperaría que se colocara a personas competentes que conozcan la realidad local, pero la Seremi no era de la región, lo que complica el entendimiento de las comunas. Su salida después de un mes deja cualquier iniciativa sin rumbo», afirmó el parlamentario.

El diputado también solicitó al Ministro de Seguridad Pública que se tenga en cuenta «la experiencia y el conocimiento técnico sobre la política partidista,» ya que la seguridad es la principal preocupación de los ciudadanos.»

Longton subraya que nos encontramos en una crisis significativa en términos de delincuencia, tanto en ciudades grandes como en comunas más pequeñas. «Por lo tanto, es fundamental contar con una Seremi con las competencias adecuadas. La lucha interna entre el Frente Amplio y el Socialismo Democrático por el cargo no se alinea con las necesidades de la población.»

Aunque hay varios nombres circulando en el ámbito político, uno de los más destacados es el ex jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso, Flavio Espinoza, quien ya se ha postulado públicamente.

Sobre el perfil requerido para el próximo Seremi de Seguridad Pública en Valparaíso, el diputado RN manifestó que «se necesita a alguien con experiencia en el ámbito de la seguridad, con una sólida base académica y operativa, preferentemente alguien que haya formado parte de la Policía de Investigaciones, Carabineros o las Fuerzas Armadas, ya que aporta un entendimiento más profundo del rol que desempeñará.»

Asimismo, Longton destacó que «el futuro Seremi debe tener experiencia en seguridad, ya que es un ámbito muy específico donde no se puede llegar a aprender sobre la marcha. Menciono a Flavio simplemente como un ejemplo, pero necesitamos a alguien con ese tipo de perfil.»

«La disputa política por estos cargos ocurre en todos los gobiernos, pero en este caso la seguridad es tan crucial que debemos ir más allá. Se requiere a alguien que tenga buenas relaciones con las fuerzas policiales, que sea respetado y que posea la trayectoria necesaria para liderar y coordinar esfuerzos«, añadió el concejal del Distrito 6.

En relación a este tema, Longton recordó que hace poco tiempo mantuvo una reunión con el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el alcalde de La Calera, Johnny Piraíno, para discutir sobre los problemas de seguridad en esa comuna.

«En esa ocasión abordamos la situación y, pocos días después, se ejecutó un operativo significativo en la población Manuel Rodríguez, conocida como ‘Pueblo Sin Ley’, lo que requirió tomar decisiones rápidas para arrestar a varias personas involucradas en diferentes delitos«, resaltó el diputado Andrés Longton.

Finalmente, indicó que «los barrios están siendo afectados por el crimen organizado, por lo que es necesario contar con un Seremi con el respaldo adecuado que sepa coordinar y dirigir estos operativos, y para ello se necesita una persona con las competencias necesarias, que podría ser Flavio Espinoza o alguien más.»

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