El cuerpo presentaba diversas lesiones provocadas con un elemento cortopunzante, según confirmó el fiscal ECOH Francisco Rojas.

El sitio del suceso fue examinado por detectives de la PDI y peritos del Laboratorio de Criminalística, quienes realizaron levantamiento de evidencias, revisión de cámaras y empadronamiento de vecinos.

El subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Sur, explicó que el trabajo inicial busca reconstruir la dinámica del crimen y establecer quiénes estuvieron en el domicilio.

La víctima vivía sola en el inmueble, aunque, según los antecedentes policiales, recibía con frecuencia a amigos.

Dentro de la vivienda se encontraron señales de desorden y una importante cantidad de evidencia biológica, situación que llevó a los investigadores a considerar entre las hipótesis un posible robo con homicidio.

Otro elemento que forma parte de la investigación es el automóvil de la víctima. El vehículo quedó registrado con un encargo por robo, antecedente que ahora es analizado por los investigadores.

El fiscal Rojas señaló que existen personas consideradas inicialmente como posibles blancos de interés, aunque aclaró que todavía no existe una imputación concreta respecto de su participación en el crimen.

La última vez que la víctima habría sido vista con vida fue el viernes. Su familia comenzó a preocuparse luego de perder contacto con él y finalmente una tía acudió hasta el domicilio para verificar qué había ocurrido.

La mujer, identificada como Adriana Quintanilla, relató que ingresó a la vivienda junto a la propietaria del inmueble y encontró a su sobrino fallecido.

La familiar entregó además antecedentes sobre un hombre que habría permanecido durante un tiempo en la vivienda de la víctima.

Según su relato, el fallecido quería que esta persona abandonara el domicilio y se habría producido un conflicto cuando le pidió que se retirara. La tía sostuvo que posteriormente el sujeto habría sustraído dinero, las llaves de la casa y el automóvil.

Estos antecedentes están siendo contrastados por la policía.

La Fiscalía señaló que la víctima no registraba antecedentes por denuncias y que los investigadores trabajan junto al Servicio Médico Legal para establecer la data exacta de muerte.

Por ahora, las diligencias continúan con la revisión de cámaras, toma de declaraciones y análisis de las evidencias encontradas en el inmueble. La persona considerada de interés es buscada para que entregue su versión de los hechos.

Con Información de www.epicentrochile.com

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La detención se produjo cuando funcionarios del OS9 realizaban operativos en la intersección de las calles Rivas Vicuña con Juan de Barros. Durante el procedimiento, los investigadores fiscalizaron a un ciudadano extranjero y verificaron su identidad mediante los sistemas institucionales de la institución.

La consulta en las bases de datos interconectadas con Interpol identificó al detenido como Cristian David Amú Díaz, alias «Motosierra», quien era requerido por las autoridades judiciales colombianas por el delito de concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con los antecedentes disponibles, el capturado es integrante de Renacer Erpac (Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia), donde desempeñaba funciones de abastecimiento, movilidad, armamento y otros requerimientos logísticos de la estructura criminal.

Información proveniente de líneas investigativas de la Fiscalía General de la Nación de Colombia lo vincula además con un homicidio ocurrido en diciembre de 2022, antecedente que continúa bajo investigación de las autoridades competentes.

Los antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. Posteriormente, se solicitó al tribunal competente una orden de detención con fines de extradición.

El ciudadano colombiano quedó a disposición del tribunal competente para el control de detención.

Con Información de puranoticia.pnt.cl

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La investigación se desarrolló en el sector Bellavista de San Antonio, donde el sujeto operaba dos viviendas utilizadas como puntos de distribución de estupefacientes.

Durante el procedimiento, la PDI incautó 504 gramos de ketamina y tres ampollas de fentanilo de 2 mililitros cada una. Asimismo, se secuestraron balanzas digitales, dinero en efectivo, un teléfono celular y otros elementos vinculados al tráfico de drogas. En el operativo también se encontraron cinco municiones de calibre 9 milímetros, lo que configuró además una infracción a la Ley de Control de Armas.

El detenido fue trasladado ante el Juzgado de Garantía de San Antonio para la realización de su control de detención.

Con Información de www.sitiodelsuceso.cl

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Conforme al relato de la afectada, el incidente se originó después de que realizaran una maniobra de adelantamiento para evitar una colisión causada por frenadas abruptas del automóvil en que se desplazaba el agente policial.

Según el testimonio entregado por la denunciante en sus plataformas digitales, el conductor del vehículo encendió balizas para obligarlos a detener la marcha. Al bajar del automóvil, el individuo habría desenfundado y manipulado su arma de servicio antes de aproximarse a la ventanilla para solicitar los documentos del vehículo.

En el video grabado desde el interior del móvil se escucha parte del tenso diálogo sostenido en la calzada: «No se pongan choros conmigo», recriminó el hombre. Ante esto, la mujer respondió: «Nadie se está poniendo choro. Tú mostraste la pistola», cuestionando la desproporción del procedimiento.

Posteriormente, los ocupantes del vehículo se trasladaron hasta una unidad de Carabineros de Chile para dejar constancia de lo ocurrido. Sin embargo, la mujer sostuvo que en la comisaría no se otorgó el peso correspondiente a la gravedad de las amenazas proferidas por el presunto detective.

Ante esta situación, la familia confirmó que concretará la presentación formal de los antecedentes ante la PDI con el objetivo de que se instruyan las indagatorias administrativas o sumarios internos que correspondan.

Finalmente, hasta el cierre de esta nota la institución no ha entregado una versión sobre los hechos.

Con Información de www.epicentrochile.com

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Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso que el imputado habría utilizado recursos de la corporación para financiar gastos de carácter personal mediante solicitudes de reembolsos y adquisiciones que, según la investigación, no estaban destinadas al funcionamiento de la institución, sino a fines particulares. La Fiscalía indicó que estos hechos configurarían una malversación de caudales públicos por un monto cercano a los $17 millones.

La fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción, Marcia Rivas, explicó que la investigación permitió revisar un amplio listado de compras, bienes y servicios que habrían sido costeados con fondos de la corporación en beneficio del entonces gerente general. Agregó que, durante la formalización, la defensa no presentó antecedentes que desvirtuaran la tesis del Ministerio Público respecto de esos gastos.

La segunda imputación corresponde al delito de fraude al fisco y dice relación con el finiquito recibido por Boisier al dejar la Corporación Municipal. Según la Fiscalía, la indemnización pactada superó ampliamente los límites establecidos por la normativa vigente, generando un perjuicio cercano a los $50 millones para la entidad pública.

Rivas explicó que el cálculo realizado por el Ministerio Público considera que la indemnización legal bordeaba los $21 millones, a lo que debían sumarse vacaciones pendientes y proporcionales. Sin embargo, el monto finalmente pagado habría excedido en aproximadamente $50 millones lo permitido. La persecutora sostuvo que la Contraloría General de la República ha establecido mediante dictámenes que las corporaciones que administran recursos públicos no pueden pactar indemnizaciones voluntarias ni beneficios que sobrepasen los límites fijados por la legislación.

Respecto de las eventuales sanciones, la Fiscalía señaló que en esta causa postula la existencia de reiteración de delitos, circunstancia que podría aumentar la pena aplicable. De acuerdo con la fiscal Rivas, considerando además la atenuante de irreprochable conducta anterior, el imputado arriesga una sanción que partiría en cinco años y un día de presidio.

Concluida la audiencia, el tribunal decretó las medidas cautelares de firma bimensual y arraigo nacional para Claudio Boisier, mientras continúa el desarrollo de la investigación.

Con Información de www.observador.cl

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Por medio de material audiovisual compartido por los propios vecinos, se documentó el escurrimiento de líquidos desde una de las piscinas de la operación minera directamente al estero Quilmenco.

De acuerdo con los denunciantes, este hecho podría afectar la calidad del agua que se utiliza en los canales de regadío El Boldo y Las Viudas, que son fundamentales para el desarrollo agrícola de Chuchiñí y Peralillo. Asimismo, genera preocupación sobre la calidad del agua en el sistema de Agua Potable Rural (APR) de la región.

Ante esta situación, el senador Daniel Núñez del Partido Comunista (PC) por la Región de Coquimbo se unió a los reclamos de la comunidad, exigiendo que la minera Tres Valles proporcione certidumbre a los habitantes de Chuchiñí respecto a la calidad del agua potable rural tras el presunto derrame ácido desde sus instalaciones, con el objetivo de proteger la salud de las familias y las actividades agrícolas de la provincia del Choapa.

«La minera Tres Valles debe entregar certeza a la comunidad de Chuchiñi sobre la calidad del agua potable rural luego del presunto derrame de ácido desde sus instalaciones», expresó el parlamentario.

Como consecuencia de lo anterior, se reportaron los antecedentes a la Dirección de Seguridad Pública (DISCOP) para la recolección de muestras en terreno.

La comunidad de Chuchiñí solicitó la intervención inmediata de los organismos fiscalizadores de la Región de Coquimbo para establecer la causa del presunto colapso, implementar medidas de contención y dar a conocer públicamente los resultados de los análisis del agua.

Con Información de www.epicentrochile.com

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La detención se llevó a cabo el miércoles 15 de julio de 2026 y estuvo marcada por un violento enfrentamiento armado. Durante el operativo, dos carabineros fueron heridos por disparo, siendo necesario trasladar de emergencia a uno de ellos a Santiago debido a la severidad de sus lesiones.

Cancino Tapia cuenta con antecedentes por hurto y desórdenes públicos y se encontraba prófugo de la justicia. La Fiscalía de La Araucanía lo vincula con el suceso delictivo ocurrido el 30 de octubre de 2020 en Metrenco, comuna de Padre Las Casas.

Según la acusación fiscal, el imputado formaba parte de un grupo de aproximadamente siete personas, junto con Francisco Painevilo Maldonado y Luis Tranamil, este último ya condenado. El grupo instaló una barricada con neumáticos encendidos en el kilómetro 682 de la Ruta 5 Sur con el propósito de emboscar a las patrullas policiales.

Cuando la unidad de Carabineros en que viajaban el cabo Eugenio Naín Caniumil y el comandante Cristian Fernández llegó al sitio, los atacantes abrieron fuego. Un proyectil impactó al cabo Naín, causándole una herida torácica penetrante con lesión pulmonar que resultó mortal en el lugar.

Durante la investigación del Ministerio Público y departamentos especializados de la policía, el análisis de redes sociales y registros de llamadas fueron determinantes para identificar al sospechoso. Las interceptaciones telefónicas autorizadas por los tribunales revelaron conversaciones de terceros que explícitamente atribuían a «El Rana» los disparos contra el carabinero, permitiendo individualizar su identidad y confirmar su participación activa en la planificación y ejecución del ataque.

El detenido será presentado ante el Tribunal de Garantía competente para la audiencia de control de detención y formalización de cargos.

Con Información de www.epicentrochile.com

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El incidente se registró en la intersección de O’Higgins con Francia, donde inspectores municipales que realizaban patrullaje en la zona fueron contactados por una mujer que reportó haber sufrido agresión intrafamiliar.

Tras brindar atención a la afectada, los funcionarios la trasladaron a un lugar protegido y mantuvieron custodiado al presunto agresor hasta que llegó Carabineros, quienes concretaron la detención.

La víctima fue conducida posteriormente a una comisaría para formalizar su denuncia y luego derivada a un centro de salud para el registro de sus lesiones, mientras que el detenido quedó puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Con Información de www.sitiodelsuceso.cl

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Los funcionarios iniciaron la búsqueda del individuo, quien intentó escapar del lugar. Lo localizaron en el interior de un local comercial ubicado en calle El Carmelo, donde procedieron a su detención.

En el registro de sus vestimentas se recuperó el teléfono sustraído y un cuchillo que había sido utilizado para cometer el delito.

El detenido fue identificado como A.C.V.S., colombiano de 27 años, quien no registra antecedentes policiales. Quedó a disposición del Ministerio Público.

Con Información de g5noticias.cl

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Según los antecedentes de Fiscalía, el magistrado Mario Devaud ordenó la reapertura de la investigación por un plazo de 60 días para diligencias puntuales y acotadas en relación al imputado Felipe Klein.

Asimismo, la Fiscalía accedió a que se realicen las diligencias precisas y determinadas, que habían sido solicitadas fuera de plazo legal por la defensa del senador Calisto, las cuales tienen relación con informes y toma de declaraciones.

El ente persecutor efectuará diligencias dispuestas por el Juzgado de Garantía de Coyhaique, donde no hay una discusión sobre su pertinencia. Además, el lunes 27 de julio a las 09:00 horas se efectuará una nueva audiencia para debatir sobre la viabilidad de dos diligencias específicas solicitadas por la defensa del legislador.

En este caso, la Fiscalía ya había presentado la acusación y solicitado el desafuero del senador Calisto, luego de una extensa investigación que se inició en 2021 y tras establecer que el monto de lo defraudado supera los 100 millones de pesos.

Durante la audiencia, el fiscal regional, Hernán Libedinsky, indicó que la pretensión del Ministerio Público es evitar dilaciones innecesarias a fin de que luego del eventual desafuero del parlamentario se pueda fijar la audiencia de preparación de juicio oral y así llevar la causa a juicio oral.

Para este viernes se encuentra fijada la audiencia en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para analizar la petición de desafuero solicitada por el Ministerio Público luego que la Corte de Apelaciones de Coyhaique se inhabilitara.

Con Información de puranoticia.pnt.cl

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