El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha presentado una solicitud al Tribunal Constitucional para prohibir el Partido Comunista Polaco (KPP), argumentando que sus objetivos y actividades promueven «prácticas totalitarias del comunismo» que replicarían el régimen socialista que gobernó el país entre 1945 y 1989.

El mandatario sostiene que los objetivos y actividades del KPP incluyen «métodos y prácticas totalitarias del comunismo» y «plantean el uso de la violencia para alcanzar poder e influencia en la política estatal», según el documento presentado.

La moción se basa en la Ley de Partidos Políticos, que establece que si el Tribunal Constitucional determina que los objetivos o actividades de un partido político son incompatibles con la Constitución, emitirá de inmediato una resolución para eliminarlo del registro. Por el momento, ni la Justicia ni la formación se han pronunciado al respecto.

Este no es el primer intento de ilegalizar al partido, a pesar de que no tiene representación electa en el Parlamento, el Senado, gobiernos locales ni en el Parlamento Europeo. En diciembre de 2020, la Fiscalía y el entonces ministro de Justicia del país, Zbigniew Ziobro, del partido nacionalista Ley y Justicia (PiS), solicitaron al Tribunal Constitucional que ilegalizara las actividades del KPP, alegando que incitaba al totalitarismo en su carta de principios.

Ziobro reside actualmente en Hungría y es buscado por la Fiscalía polaca por un total de 26 cargos, que incluyen el liderazgo de una organización criminal y el uso de cerca de 150 millones de zlotys (aproximadamente $38 millones chilenos) para financiar el sistema de espionaje israelí Pegasus, dirigido a empresarios, políticos y periodistas opositores.

Por su parte, el KPP, mientras espera su respuesta a la moción de Nawrocki, ha alegado que «todo el argumento se basa únicamente en consideraciones históricas e intenta culpar al KPP actual de los errores del sistema anterior, el cual no era comunismo, sino un intento de introducir el socialismo, cuyos aspectos positivos fueron las reformas sociales».

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El gobierno de Estados Unidos ha amenazado con denegar la inscripción de estudiantes internacionales en la Universidad de Harvard.

La advertencia se produce después de que la universidad manifestara que no sucumbiría a las presiones del gobierno de Trump, además de haber sufrido la congelación de miles de millones de dólares en fondos federales.

La Casa Blanca ha exigido que la universidad, que es la más antigua de Estados Unidos, realice modificaciones en sus políticas de contratación y admisión, así como en sus métodos de enseñanza, con el fin de, según el gobierno, contribuir a la lucha contra el antisemitismo en el campus.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, solicitó a Harvard que presente registros de actividades "ilegales y violentas" de individuos con visas de estudiantes extranjeros.

Harvard ha respondido que ya ha implementado medidas para combatir el antisemitismo y que las demandas del gobierno representan un intento de regular las "condiciones intelectuales” de la universidad.

El presidente de Harvard, Alan Garber, envió un mensaje el lunes a la comunidad universitaria, afirmando que "la universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales".

La nueva solicitud de Noem implica que la institución perderá el "privilegio de inscribir estudiantes extranjeros" si no cumple con la exigencia de proporcionar registros. Harvard ha indicado que está al tanto de esta nueva solicitud, la cual fue comunicada a través de una carta, según reportó Reuters.

Los estudiantes internacionales representan más del 27% de la matrícula de Harvard este año. Antes de la declaración de Noem, la universidad ya enfrentaba un riesgo significativo debido a la congelación de aproximadamente 2,200 millones de dólares en fondos federales.

Trump ya había solicitado la eliminación de la valiosa exención fiscal de Harvard, lo que podría costarle a la institución millones de dólares anualmente. Medios de comunicación en EE. UU. han informado que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha comenzado a formular planes para llevar a cabo esta medida.

"Harvard ya no puede ser considerada un lugar adecuado para el aprendizaje, y no debería aparecer en ninguna lista de las principales universidades o colegios del mundo", escribió Trump en su plataforma Truth Social el miércoles. Añadió que "Harvard es una broma, enseña odio y estupidez, y no debería recibir fondos federales".

Los ataques de la administración actual contra Harvard no son un caso aislado; el grupo de trabajo sobre antisemitismo del gobierno ha identificado al menos 60 universidades que deben ser investigadas.

Durante su campaña presidencial, Trump lanzó una ofensiva contra las universidades, acusándolas de ser hostiles hacia los conservadores. Junto a su vicepresidente JD Vance, ha criticado durante mucho tiempo a las instituciones de educación superior.

Desde que asumió el cargo, Trump ha puesto especial atención en las universidades donde se han llevado a cabo protestas en apoyo a la causa palestina. Algunos estudiantes judíos han expresado que se sienten inseguros y que han sido objeto de acoso en el campus.

La Universidad de Columbia accedió en marzo a algunas de las demandas del gobierno, tras el congelamiento de 400 millones de dólares en fondos federales por acusaciones de falta de combate al antisemitismo.

Columbia reemplazó al director del Departamento de Estudios de Oriente Medio, Asia Meridional y África, y se comprometió a llevar a cabo una revisión para asegurar procesos de admisión justos.

Harvard también ha realizado algunos ajustes, como despedir a los responsables del Centro de Estudios sobre Oriente Medio, que habían recibido críticas por no incluir las perspectivas israelíes.

Sin embargo, actualmente, Harvard no está cediendo a las nuevas exigencias del gobierno de Trump.

(Imagen: Getty Images)

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Los diputados Tomás Lagomarsino (Partido Radical) y Agustín Romero (Partido Republicano) han propuesto un proyecto de ley que tiene como objetivo prohibir la entrega de títulos a médicos especialistas que no reembolsen al Estado a través del cumplimiento del periodo de asistencia obligatorio.

Asimismo, la iniciativa contempla plazas preferenciales para profesionales que sean pareja o que estén en Acuerdo de Unión Civil.

En relación con esta propuesta, el diputado Lagomarsino manifestó que se presenta “dentro del contexto de la Comisión Investigadora de Listas de Espera, y busca hacer exigible el periodo asistencial obligatorio”.

Como ejemplo, mencionó que “en 2022, un oncólogo debía devolver su especialidad al centro oncológico adosado del Hospital Carlos Van Buren durante cuatro años, después de que el Estado había financiado su formación y proporcionado un estipendio mientras estudiaba en la Universidad de Chile. Este oncólogo nunca llegó a trabajar en el centro y actualmente se encuentra laborando en una clínica de Viña del Mar, donde el Hospital Carlos Van Buren debe adquirir servicios debido a la falta de oncólogos. Además, el proceso judicial para recuperar los recursos invertidos en su formación aún está en curso, sin un desenlace previsto”.

“Hay cientos de casos similares en nuestro país. Un pequeño porcentaje de médicos perjudica el cumplimiento del periodo asistencial obligatorio y la devolución de la especialidad”, añadió.

Ante estas situaciones, el legislador afirmó que “este proyecto de ley aborda este problema, estableciendo como requisito obligatorio el periodo asistencial para obtener el título de especialista o subespecialista. Además, propone una modificación para que los especialistas que se han formado y son parte de un mismo matrimonio o Acuerdo de Unión Civil tengan asignada una plaza en el mismo servicio de salud”.

“Este finalmente pone fin a un problema que ha persistido en nuestro sistema durante años, relacionado con el hecho de que todos los especialistas, aunque no sea algo generalizado, especialmente en especialidades críticas, no reembolsan la inversión del Estado en su formación si no cumplen con el periodo requerido”, concluyó el diputado Lagomarsino.

Por su parte, el diputado Romero destacó que “hemos concebido un proyecto que no implica mayores gastos para el Estado ni aumentos en la burocracia, sino que busca abordar un tema urgente en la gestión”.

“Más de 3 millones de atenciones que actualmente están en espera corresponden a consultas de especialidades, y lo que necesitamos son más especialistas. El Estado está haciendo un esfuerzo considerable por formar a estos profesionales, pero ese esfuerzo no se traduce en la oferta médica necesaria en nuestro sistema de salud”, agregó.

Finalmente, enfatizó que “no buscamos imponer multas ni requerir reembolsos al Estado, lo que deseamos es que esos especialistas puedan atender a los chilenos. Por eso, este proyecto es fundamental”. 

(Imagen referencial)

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La Casa Blanca ha comunicado que «exigirá responsabilidad» a los periodistas que «difundan información falsa» tras la denuncia de la agencia estadounidense Associated Press (AP), que informó que una de sus reporteras fue excluida del Despacho Oval por referirse al «golfo de México» en lugar de «golfo de América».

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, enfatizó: «Si observamos que los medios presentes aquí difunden mentiras, vamos a exigirles responsabilidad, y es un hecho que el cuerpo de agua frente a la costa de Luisiana se denomina golfo de América».

En este contexto, cuestionó la decisión de algunos medios de no utilizar esta denominación a pesar de que compañías como Apple o Google ya la han aceptado. «Nos reservamos el derecho a decidir quién tiene acceso al Despacho Oval», añadió.

Al ser preguntada sobre si tales acciones podrían sentar un «precedente» y cómo afecta esto a la Primera Enmienda, reiteró que «nadie tiene derecho» a dirigir preguntas al presidente, ya que es una «invitación» y un «privilegio» que se otorga.

Antes, la portavoz subrayó que la «libertad de expresión y el fin de la censura», tanto en Estados Unidos como en el exterior, son elementos clave en la agenda conservadora del presidente Donald Trump.

Esto ocurre luego de que la editora ejecutiva de AP, Julie Pace, denunciara que la Casa Blanca había solicitado al medio «alinear sus estándares editoriales con la orden ejecutiva» de Trump que renombraba el golfo de México.

Pace señaló que es preocupante que la Administración Trump castigue a AP por su periodismo independiente, afirmando que restringir el acceso al Despacho Oval en función del contenido de AP no solo limita gravemente el acceso del público a la información independiente, sino que también infringe claramente la Primera Enmienda.

Además, recordó que la directriz de la agencia sobre el golfo de México, publicada el 23 de enero, indica que la orden de Trump solo tiene validez en Estados Unidos, mientras que otros países y organismos internacionales no están obligados a aceptar el cambio de nombre.

La ONG Amnistía Internacional ha enfatizado que «negar el acceso a la prensa por desacuerdos en la cobertura es una práctica común de gobiernos represivos«, y ha resaltado que «los periodistas son esenciales para promover la transparencia y los Derechos Humanos».

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El diputado independiente Rubén Oyarzo ha presentado un proyecto de ley que busca prohibir el acceso a redes sociales para menores de 14 años.

“La tendencia mundial se encamina hacia esa dirección. Ya se aprobó en Australia y en Brasil se implementó una normativa similar. En varios estados de Estados Unidos también han tomado medidas al respecto. Además, 7 de cada 10 chilenos apoyan la prohibición del uso de redes sociales por parte de niños menores de 14 años debido al impacto negativo en la salud mental que pueden causar”, argumentó el parlamentario.

Oyarzo explicó que esta iniciativa “debería contar con el apoyo y la urgencia del gobierno para avanzar rápidamente. Actualmente está en la Comisión de Educación, y creemos que es crucial no quedarnos atrás en este tema”.

En esta línea, detalló que el proyecto “obliga a las empresas de redes sociales a establecer límites de acceso cuando se registran cuentas de menores de edad y a implementar mecanismos de fiscalización”.

Respecto a la posibilidad de eludir el control de identificación, Oyarzo recalcó que “los padres, tutores y cuidadores deben asumir responsabilidad por el uso inadecuado de Internet, ya que a menudo se presentan situaciones de engaño”.

“Como en todos los aspectos de la vida, siempre habrá quienes intenten evadir esta normativa, pero es fundamental concienciar sobre el daño que las redes sociales pueden causar en nuestros niños, niñas y adolescentes; afectando su salud mental y provocando ansiedad por el uso irresponsable de Internet, además del acceso a contenidos para los cuales no están preparados. También es importante que las empresas de redes sociales asuman su responsabilidad en este contexto”, indicó.

Por su parte, la diputada Ximena Ossandón (RN) agradeció la invitación a firmar el proyecto y señaló que “si bien es difícil porque se puede dar lugar a mentiras, eso no debe ser un obstáculo para que intentemos legislar sobre este asunto, ya que al hacerlo, se promueve una cultura que busca recomponer ciertas acciones”.

“El mero hecho de que estemos discutiendo esto ya lleva a muchos padres a reflexionar sobre el tema. Si se prohibieran los celulares en las escuelas, sería un gran avance, y eso sí es factible”, añadió.

Asimismo, apuntó que en el ámbito familiar “las situaciones son más complejas, pero las dificultades que nos presenta la tecnología no deben limitarnos ni desanimarnos, sería irresponsable de nuestra parte no preocuparnos de que cada uno de nuestros niños desarrolle su potencial al máximo”.

Mientras tanto, el diputado Hernán Palma (IND) expresó su preocupación por la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, quienes a menudo sucumben a las tentaciones que fluyen a través de las redes sociales.

“Un aspecto relevante es el aumento de la suicidabilidad en la población infanto-juvenil, y frecuentemente el desencadenante son situaciones de grooming que se producen a través de las redes sociales”, comentó.

(Imagen: EFE/ J.M. García)

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