El 24° Juzgado de Garantía de Santiago ha determinado que el Estado deberá indemnizar con $475.632.333 a los propietarios de la ex Fuente Alemana, quienes hicieron una reclamación por «falta de servicios» tras el estallido social de 2019.

El fallo establece que se pagarán $420.632.333 por lucro cesante. Además, se otorgarán compensaciones por daño moral a Claudio Siri Iglesias ($15 millones), Carlo Siri Scolari ($30 millones) y Paula Andrade Ifchenko ($10 millones).

El tribunal consideró comprobado el daño moral sufrido por Carlos Siri, Claudio Siri y Paula Andrade, especialmente en el caso de Carlos, quien ha experimentado un daño más significativo y ha estado expuesto con mayor frecuencia y fuerza a las agresiones de los manifestantes, tal como se detalla en el informe pericial presentado durante el proceso.

Asimismo, se menciona que «con el estallido social del 18 de octubre de 2019, se desencadenaron numerosos actos de protesta y violencia, que incluyeron incendios a infraestructura, saqueos y ataques a edificios públicos y privados, siendo Plaza Baquedano el epicentro, donde se encuentra ubicada la Antigua Fuente».

Además, se indica que, tras «la declaración de estado de excepción y la posterior normalización de actividades en todo el país, la zona de Plaza Baquedano se mantuvo en un estado continuo de violencia. El Estado de Chile simplemente se desentendió, dejando a sus habitantes y negocios a su suerte durante más de dos años, un ambiente violento que solo se vio interrumpido por las cuarentenas y restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19».

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A más de un año y medio de la misteriosa desaparición de María Ercira Contreras, una mujer de 86 años cuya pista se perdió el 12 de mayo de 2024 durante una celebración familiar por el Día de la Madre en el restaurante del fundo Las Tórtolas en Limache, han surgido nuevos elementos que reactivan el caso.

La mujer, cuyo paradero sigue siendo un misterio tanto para las autoridades como para su familia, salió de casa ese día para disfrutar de un almuerzo que se convertiría en uno de los episodios más inquietantes de la crónica policial reciente en la región de Valparaíso.

Recientemente, se ha conocido un incidente que involucra a un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) y uno de los hijos de la desaparecida. Según informó la familia, el detective planteó una pregunta inquietante: si “no temía que a su hija (Carla Hernández) le pudiera pasar algo”. Este comentario, realizado durante una reunión, causó preocupación y malestar entre los allegados de María Ercira, quienes exigen claridad sobre el significado de esas palabras.

Carla Hernández, nieta de María Ercira y portavoz del caso, ha sido la figura más destacada en estos meses de búsqueda. Su presencia constante en los medios ha resaltado la falta de respuestas y ha cuestionado el trabajo tanto de la PDI como de la Fiscalía, convirtiéndose en un referente público del caso. Sus críticas han incluido solicitudes formales para cambiar la dirección de la investigación y los policías implicados en las diligencias.

En una conversación con Puranoticia.cl, Hernández abordó directamente el comentario del funcionario policial, que la familia consideró una “amenaza encubierta”. Sin embargo, afirmó que no siente miedo, a pesar de la intensa exposición mediática que ha enfrentado en estos más de 18 meses. Su única prioridad sigue siendo encontrar a su abuela y aclarar lo ocurrido aquel domingo en Limache.

«Me enteré de esto por mi mamá, quien está muy preocupada por mí porque en esa conversación un funcionario de la PDI le dijo a mi papá si no le daba miedo que a mí me pasara algo. Mi abogado considera que es una amenaza encubierta, y me pregunto por qué debería pasarme algo a mí», mencionó.

Carla también subrayó en su diálogo con Puranoticia.cl que «no tengo miedo de que me suceda algo, aunque siempre tengo precauciones al estar expuesta. No obstante, la investigación ha sido irregular. Hay múltiples omisiones y errores. Lo único que queremos es que se aclare lo sucedido, ya que encontrar a mi abuela ha sido una verdadera pesadilla, algo que no le deseo a nadie».

Asimismo, se refirió a las declaraciones de un mesero del restaurante que sugirió que María Ercira podría haber sido víctima de una “abducción”. Si bien encontró esas palabras desconcertantes, no le sorprendió, ya que anteriormente otro trabajador mencionó que “había duendes” en el lugar, lo que, según él, podría explicar la desaparición.

«Es una burla. Pero no me asombra, porque mi papá, mientras buscaba a mi abuela, recibió comentarios similares, como que ‘los duendes’ podrían haberla llevado. sentimos que se están riendo de nosotros, desde los trabajadores hasta los investigadores», comentó.

Carla destacó que estos episodios refuerzan la sensación de abandono que atraviesa su familia, quienes creen que la investigación ha fallado desde su inicio. Para ellos, estas situaciones alimentan la desconfianza que ha caracterizado el desarrollo del caso, dejando más preguntas que respuestas.

«Creo que hubo intervención de terceros, que la ocultaron, lo que explica la falta de evidencia. Nosotros estamos trabajando con peritos y hay informes de un perfilador criminal que sugieren que todo ocurrió en el mismo fundo y que, probablemente, nosotros nos fuimos y esa misma noche la hicieron desaparecer», argumentó.

Carla añadió que, a su juicio, muchas dudas y inconsistencias en la actuación de la PDI se deben a una “cercanía evidente” entre algunos funcionarios policiales y los propietarios del fundo Las Tórtolas. Según explicó a Puranoticia.cl, esta relación quedó clara desde el inicio de la investigación, evidenciada por actos que, a su parecer, afectaron el desarrollo de las diligencias.

«Cuando citaron a mi papá fue para decirle que habían actuado de buena fe, casi insinuándole que debían disculparse por no haber recuperado las grabaciones. La responsabilidad recayó en nosotros, cuando eran ellos los encargados de llevar a cabo la investigación adecuada. Yo creo que no actuaron correctamente debido a la conexión evidente con los propietarios del fundo«, indicó.

Explicó que «desde el principio se notaron acciones extrañas, donde nos pedían que nos acercáramos a la dueña del restaurante para solicitar información. No es nuestro rol hacer esas preguntas; es un trabajo que debería correspondérselo a la policía. Eso revela la falta de autoridad de la PDI ante los dueños del fundo. Al principio eran sospechas, pero conforme avanzaba la investigación, se volvieron evidentes las omisiones y errores en su actuación».

A pesar de la gravedad de la situación y los nuevos elementos que emergen, la familia de María Ercira se mantiene firme en que no permitirá que el caso quede en el olvido, continuando su búsqueda de respuestas, responsabilidades y una investigación que se ajuste a la magnitud de lo sucedido el 12 de mayo de 2024 en Limache.

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El Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, habló sobre la reunión que tuvo con la inmobiliaria propietaria de los terrenos donde se sitúa la megatoma en el cerro Centinela de San Antonio.

En un video, la autoridad expresó que «tras solicitar una audiencia a través de la plataforma de la Ley de Lobby, hemos recibido a representantes de la inmobiliaria propietaria de los terrenos de la toma en el cerro Centinela en San Antonio, a quienes les reiteramos la disposición del Gobierno para cumplir con el fallo de la Corte (de Apelaciones de Valparaíso) respetando los derechos humanos de las personas que residen allí».

Riquelme subrayó que «las instituciones implicadas continúan trabajando en el plan operativo que hemos coordinado con los propietarios del terreno, quienes entienden que debe llevarse a cabo de forma gradual, tal y como determina el fallo judicial».

Finalmente, señaló que «también seguimos gestionando para informar a la Corte (de Apelaciones de Valparaíso) sobre los albergues necesarios para comenzar este proceso«.

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Diego Pereira, abogado de los dueños de los terrenos de la megatoma en el cerro Centinela de San Antonio, rechazó las acusaciones de “intransigencia” por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

“Durante todo este proceso hemos mostrado un ánimo irrestricto para negociar y colaborar. Llevamos más de un año y medio esperando el cumplimiento del fallo y hemos aceptado tres suspensiones del cumplimiento del mismo. Nuestra disposición a colaborar ha sido total”, declaró en una entrevista con radio ADN.

Pereira agregó que, dado el resultado poco productivo de la mesa técnica, se ven obligados a activar el desalojo.

“No debemos olvidar que los propietarios son las víctimas, ya que se les ha vulnerado su derecho de propiedad. A pesar de que mantenemos un espíritu dialogante, defenderemos el cumplimiento del fallo”, afirmó.

Además, destacó que “ha faltado información precisa sobre los procesos”.

Pereira también negó la intransigencia de los propietarios, subrayando que han reducido el precio por metro cuadrado en varias ocasiones. Recordó que las tasaciones iniciales situaron el valor en 1.29 y 0.8 UF por metro cuadrado, cantidad que se ha rebajado hasta 0.4 UF, lo que implica una pérdida aproximada de “25 mil millones de pesos” para los propietarios.

Los dueños han hecho “todo lo posible” para llegar a un acuerdo y, además del precio, han destacado como aspectos fundamentales el mecanismo de financiamiento y la garantía del mismo.

“Al cierre de la comisión, el 24 de agosto, extendido al 3 de septiembre, no teníamos claridad sobre quién iba a financiar la operación”, comentó.

“Cuando se discutió el protocolo, se mencionó que el Gobierno iba a buscar mecanismos de financiamiento y a indicarnos quiénes serían los oferentes. Sin embargo, eso no ocurrió”, añadió.

“Si nos hubieran dicho que no había ningún banco o cooperativa dispuestos a financiar, esto se habría resuelto hace tiempo”, señaló.

“No se presentó ninguna propuesta de garantía, ni financiamiento, ni se confirmó que BancoEstado sería el organismo financiador”, aseguró.

Al ser consultado sobre cuánto podría extenderse este proceso, considerando la inminente finalización del mandato del Presidente Gabriel Boric, Pereira expresó su deseo de que no se traspase a la siguiente administración, aunque “si tiene que ser así, tendrá que ser”.

Respecto a la activación del desalojo, el abogado mencionó que están en conversaciones al respecto.

“Hoy tenemos una reunión con los propietarios para definir nuestra estrategia. Determinaremos el rumbo a seguir y lo comunicaremos oportunamente”, concluyó.

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El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) admitió el miércoles el fracaso de la Comisión Técnica creada para encontrar una solución que impidiera el desalojo de la megatoma de San Antonio, donde residen más de 10 mil personas en 215 hectáreas.

De acuerdo con el ministerio, después de 17 sesiones, el proceso no alcanzó los resultados anhelados debido a disparidades en la valoración de los terrenos y a la rígida postura de los propietarios, quienes llegaron a triplicar el valor que había determinado el propio Minvu.

Ante esta situación, la amenaza de un desalojo judicial –ordenado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y validado por la Corte Suprema– coloca nuevamente en la incertidumbre a las 4.136 familias que residen en este megacampamento, que se ubica en el cerro Centinela, de las cuales un 30% son niños, niñas y adolescentes.

Desde la Secretaría de Estado afirmó que, aun así, continuarán dispuestos a facilitar la compra del terreno a través de cooperativas de vivienda, pero apelaron a los propietarios para que reconozcan el esfuerzo realizado y se abran a un acuerdo que evite una crisis humanitaria en la comuna.

La megatoma de San Antonio comenzó a poblarse en octubre de 2019, en el contexto del estallido social, y actualmente abarca 215 hectáreas. Según un catastro del Minvu de 2024, en el asentamiento residen 10.251 personas, organizadas en 4.136 hogares. De la población total, 3.146 son menores de edad (30%); 923 son adultos mayores (9%); y 649 habitantes tienen algún tipo de discapacidad (6.3%). En cuanto a la vulnerabilidad, el 65% de los residentes pertenece al 40% de ingresos más bajos del Registro Social de Hogares.

Al acoger un recurso de protección interpuesto por los propietarios del terreno en el cerro Centinela, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó el desalojo del inmueble, decisión que fue confirmada más tarde por la Corte Suprema.

Sin embargo, para evitar un desalojo que podría propiciar una crisis humanitaria, Minvu se comprometió a colaborar en la construcción de una solución, proponiendo que las familias del campamento, organizadas en cooperativas cerradas de vivienda, sean las compradoras del terreno. Esto no desestima que, una vez regularizada la tenencia del suelo, el Estado, y específicamente el Minvu, se incluya en las acciones necesarias para urbanizar y equipar el sector, beneficiando tanto a las familias como a la comuna de San Antonio, dentro del marco habitual de sus programas habitacionales.

El 24 de febrero de 2025, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Subsecretaría del Interior, la Municipalidad de San Antonio y los propietarios firmaron un protocolo de acuerdo que dio origen a una Comisión Técnica responsable de informar sobre el precio, condiciones y garantías para una posible venta del terreno. Esta comisión se instauró el 22 de abril, se reunió en 17 ocasiones y levantó actas de cada encuentro. El ministerio afirmó que desde el inicio se establecieron reglas de funcionamiento, acuerdos de confidencialidad y un pacto de integridad, que fueron respetados.

En su papel de salvaguarda técnica para garantizar la veracidad y rigor de los acuerdos, el Minvu recordó que la Comisión Técnica «no era una mesa de negociación”, sino que su función era comunicar a las partes el acuerdo técnico que se alcanzara de buena fe sobre las posibles condiciones de venta del terreno. Esto se debe a que los organismos de la Administración del Estado están regidos por el principio de juridicidad, en lugar de por la autonomía de la voluntad como es habitual en el derecho privado.

Sin embargo, tras 17 sesiones, el ministerio bajo la dirección de Carlos Montes admitió que “los resultados no fueron los esperados”, y que los principales obstáculos surgieron de «la discrepancia en la valoración del terreno y las posturas hostiles de los representantes de los propietarios, además de las condiciones comerciales que trataron como ‘una compraventa más’.

Complementaron indicando que «los propietarios tienen pleno derecho a decidir sobre su participación en la compraventa de los terrenos, de acuerdo con el principio de libertad de contratación, pero una verdadera intención de llegar a un acuerdo en este caso requiere evaluar adecuadamente las circunstancias particulares y considerarlas en su debida medida«.

Respecto a la discrepancia en la valoración, señalaron que «el precio propuesto por los propietarios se basa en informes que no están técnicamente válidos por el Minvu –como custodio técnico del proceso–, no es un valor financiable, ni sostenible a largo plazo para las familias».

De hecho, enfatizaron que el precio ofrecido por los propietarios triplica el valor de la tasación realizada por el Minvu, situación que dificultó las posibilidades de un acuerdo, financiamiento o garantías institucionales. “Nuestro ministerio ha presentado alternativas justificadas técnicamente para facilitar un consenso en este asunto, pero esto fue rechazado sin ofrecer otras opciones o propuestas, lo que impidió avanzar hacia un valor o rango de consenso”, agregaron desde el ministerio.

La contraparte, Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., informó que el miércoles 3 de septiembre «hemos dado por concluida nuestra participación en la mesa técnica, tras agotarse tanto el plazo original de seis meses como su extensión hasta hoy, acordada el 27 de agosto”.

En este sentido, la empresa que representa a los propietarios del terreno explicó que la decisión responde a que «no hay información confiable sobre quiénes serían los compradores, que no existen condiciones para realizar la compra en un solo acto, y que no se han presentado antecedentes sobre la fuente de financiamiento o la garantía financiera para esta operación».

Asimismo, la inmobiliaria confirmaron el principal temor de los pobladores: «En los próximos días solicitaremos el cumplimiento definitivo de la orden judicial de desalojo», afirmaron, y añadieron que «lamentamos, una vez más, el abandono estatal, ya que llevamos seis años intentando –por diversas vías– recuperar nuestro terreno o, en su defecto, llegar a un acuerdo que permita recuperar al menos una parte de nuestro patrimonio usurpado».

A pesar de este duro revés, el Minvu recordó que entre sus acciones durante el proceso se comprometió –dentro de sus competencias– a facilitar el mecanismo de financiamiento y coordinar a las entidades públicas y privadas para ello, solicitando a Banco Estado decisiones para desarrollar una propuesta de financiamiento a través de créditos y organizando reuniones periódicas de trabajo.

Asimismo, destacaron que en este tiempo trabajaron para establecer las bases de un modelo y marco institucional que, respetando la legalidad y el respaldo necesarios dentro de los plazos limitados, facilitara la venta de los terrenos a las familias, organizadas en cooperativas cerradas de vivienda.

Además, subrayaron que el trabajo conjunto con las familias y los organismos de la administración del Estado pertinentes ha permitido alcanzar «progresos significativos», con el 90% de las familias de la megatoma formalizadas en cooperativas de vivienda.

No obstante, desde la Secretaría de Estado aseguraron que siguen «dispuestos a seguir colaborando para facilitar la adquisición de los terrenos por parte de las familias» e hicieron un llamado a los propietarios para «reconocer el trabajo realizado y colaborar en la resolución de los obstáculos que han impedido avanzar en los acuerdos».

Con el quiebre definitivo del proceso, el futuro del campamento más grande del país se encuentra en una situación precaria. Mientras el Minvu sostiene que aún hay alternativas para evitar un desalojo masivo, la inmobiliaria ya ha anticipado la solicitud de cumplimiento de la orden judicial. En medio de esta tensión, más de 10 mil personas viven en la cuenta atrás entre la esperanza de una solución negociada y el temor a un operativo que podría desencadenar una crisis humanitaria sin precedentes.

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Carabineros del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (Sebv) Araucanía han recuperado un total de 54 vehículos robados, con un valor superior a $646 millones, utilizando diversas modalidades.

En la mañana de este jueves, 12 de estos vehículos fueron devueltos a sus legítimos dueños en la Tenencia de Carreteras de Cautín Norte.

El coronel Álvaro Martínez Vega, prefecto de Cautín, destacó la recuperación de estos vehículos, lograda “gracias a diversas diligencias de investigación realizadas por el Sebv, respaldadas por denuncias vigentes por delitos como apropiación indebida, robo en la vía pública, robo con intimidación y robo con violencia.”

Además, detalló que un factor común en estos casos es que los vehículos utilizaban placas patentes falsas, las cuales estarían siendo traídas desde Europa en blanco y luego utilizadas en Chile para simular patentes originales.

El funcionario también mencionó que, en la mayoría de los vehículos robados en la vía pública, se está empleando una tecnología específica: un sistema de clonación de llaves, que puede activarse sin que el conductor lo note.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano Lobos, subrayó que el trabajo del Sebv de Carabineros es “muy técnico y en constante aumento; es una labor fundamental que avanza junto a la tecnología y debemos seguir apoyándola como Estado.”

“Este fenómeno delictual se basa en el uso de tecnología; cuando uno estaciona, le clonan la llave o interfieren con el cierre centralizado, lo que dificulta la detección posterior debido a las patentes falsificadas,” añadió.

El seremi instó a hacer compras en lugares de confianza y obtener asesoramiento al adquirir un vehículo, advirtiendo que incluso en automotoras podrían ofrecer vehículos robados que parezcan legítimos a simple vista.

Finalmente, Carabineros proporcionó algunas recomendaciones para prevenir el robo de vehículos, tales como el uso de trabas para volante, alarmas de sensibilidad volumétrica, traba ruedas con pernos de seguridad, sistemas GPS y dispositivos de corte de corriente, entre otros.

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En las últimas horas, la Clínica Las Condes (CLC) ha experimentado un importante cambio laboral, tras confirmarse la desvinculación de un número indeterminado de empleados como parte de un proceso de “racionalización”.

Esta decisión fue una de las primeras medidas tomadas por los nuevos propietarios del centro, la Clínica Indisa y el grupo financiero Euroamérica, quienes desde enero son co-propietarios del establecimiento sanitario en partes iguales.

A través de un breve comunicado, la clínica reconoció la salida de personal, aunque no ofreció detalles sobre el número de afectados ni los criterios aplicados. También se mencionó que se realizó una reducción en la planta ejecutiva y un ajuste en las dietas de los miembros del directorio.

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, reaccionó al comunicado instando a “los trabajadores que consideren que su despido fue arbitrario a presentar la denuncia correspondiente”. Destacó que existen mecanismos legales para supervisar este tipo de situaciones, especialmente durante procesos de reorganización empresarial.

La operación que llevó a este cambio en la administración se realizó el 10 de enero, con la incorporación de los nuevos socios estratégicos. Según informes, la reorganización tiene como objetivo sanear la situación financiera del establecimiento y mejorar su sostenibilidad operativa.

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Después de que se pospusiera el desalojo de la megatoma de San Antonio y se avanzara en un acuerdo preliminar entre los propietarios del terreno del cerro Centinela y los pobladores que han usurpado la zona desde finales de 2019, uno de los problemas que se presentan actualmente es el precio del terreno.

Es importante recordar que la propuesta de solución del Ministerio de Vivienda y Urbanismo sugiere formar cooperativas de vivienda para permitir que los propios vecinos compren el terreno ocupado. En este contexto, el debate se centra ahora en el precio que fijarán los dueños del área donde residen 4.100 familias.

El ministro Carlos Montes abordó este tema en una entrevista con Radio ADN, donde enfatizó que «el principal problema es el precio que exigen los propietarios, ya que es excesivo y no refleja el valor real del terreno ni las condiciones en las que se encontraba al momento de la ocupación.»

A pesar de esto, el titular del Minvu destacó que “esto es parte de estos procesos” y añadió que “no habrá expropiación; nuestra expectativa es llegar a un acuerdo”.

“Hay, en particular, una cultura migrante que consiste en ocupar terrenos y permanecer allí. Esa es la realidad migrante en toda América Latina”, comentó el ministro Carlos Montes, quien también mencionó que «ahora entenderán que aquellos que ocupan un terreno deben estar dispuestos a pagar por él».

“Los migrantes están comenzando a comprender que aquí las cosas no funcionan como en otros lugares. En algunos países, los migrantes piensan que no existe un Estado. Para los haitianos, hablar de Estado es algo inusual, ya que vienen de una cultura y una historia diferentes”, complementó.

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La entrada Ministro Montes cuestiona el precio propuesto por los propietarios del terreno de megatoma en San Antonio: «No se ajusta al valor del terreno». se publicó primero en Quinta News.

Se generó gran expectación respecto a las conclusiones de la reunión que mantuvieron el mediodía del lunes 24 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y los propietarios del terreno en el cerro Centinela, el cual ha sido ocupado por pobladores desde 2019, dando lugar a la megatoma de San Antonio.

Parece que el humo blanco que surgió de esta instancia realizada en las oficinas de la Secretaría de Estado en Santiago ha sido positivo, de acuerdo con lo informado por el Gobierno.

A través de un comunicado, el Minvu anunció que luego de una hora de reunión, se firmó un Protocolo de Acuerdo con el objetivo de establecer un camino para encontrar una solución definitiva a esta situación, la cual ya cuenta con una sentencia firme de la justicia.

Es importante recordar que la Corte de Apelaciones de Valparaíso determinó que la Fuerza Pública deberá iniciar un procedimiento de desalojo de las instalaciones ocupadas en cerro Centinela de San Antonio este jueves 27 de febrero por la mañana.

En el acuerdo firmado, los propietarios del terreno expresaron su disposición de analizar una posible propuesta de compra que permita dar solución a la situación de cumplimiento del fallo de la causa, que se titula «Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. / Sanhueza y otros», la cual fue discutida en detalle por el tribunal de alzada porteño.

Con el fin de avanzar, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de San Antonio solicitaron a los propietarios del terreno, en primera instancia, suspender el desalojo programado para este jueves, bajo ciertas condiciones.

Primero, se creará una Comisión Técnica integrada por profesionales del sector de la construcción, así como un representante de los propietarios del terreno, del Ministerio y del Municipio de San Antonio, que informará a las partes sobre las condiciones de venta del terreno, incluido el precio y las garantías.

Si no se logra un acuerdo, la Comisión Técnica definirá cómo proceder para dar cumplimiento razonable y progresivo al fallo mencionado anteriormente.

Además, el terreno debe ser vendido como una única unidad, en un solo acto, y las partes acordaron que la Comisión Técnica tendrá un plazo máximo de seis meses, contados desde la firma de este protocolo.

Finalmente, durante el funcionamiento de la Comisión Técnica, se estableció que tanto el contenido de los informes como los acuerdos alcanzados en ella serán «confidenciales y reservados», según se informó en el comunicado.

Es relevante mencionar que en la reunión participaron el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; el alcalde de San Antonio, Omar Vera; el subsecretario del Interior, Luis Cordero; y los propietarios del inmueble, Ricardo Posada y Esteban Solari.

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La entrada Humo blanco en San Antonio: Gobierno y propietarios del terreno firman protocolo de acuerdo para prevenir desalojo. se publicó primero en Quinta News.

Diego Ignacio Pereira-Fonfach, abogado y representante de los propietarios asociados a la inmobiliaria y constructora San Antonio, expresó sus dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita postergar el desalojo de la megatoma de San Antonio.

En una entrevista con La Tercera, Pereira indicó que se han reunido “con el gabinete del ministro durante los meses de noviembre y diciembre de 2022”. En estas reuniones, el Gobierno se comprometió a proporcionarnos una fórmula de acuerdo basada en puntos previamente discutidos. Se comprometieron a hacernos llegar una garantía efectiva y adecuada de la operación el 20 de diciembre, cosa que no sucedió.

“También nos aseguran que nos enviarían un cronograma del proceso de cooperativas durante diciembre, lo que tampoco fue cumplido. Prometieron entregar una tasación para el 15 de enero de este año, y nuevamente no se cumplió. Hasta este momento, solo hemos recibido incumplimientos por parte del Gobierno”, afirmó.

Sobre la disposición a un acuerdo, el abogado afirmó que siempre han estado “dispuestos a llegar a un entendimiento con el Gobierno para evitar que este conflicto termine en un desalojo masivo. Sin embargo, es muy difícil avanzar sin certezas, sin planificación y sin una propuesta clara”.

Respecto a la reunión programada para el próximo 24 de febrero con el Ministerio de Vivienda, el representante mencionó que asistirán con mucha cautela. Además, expresó su preocupación, ya que no desean generar un escándalo social, pero es fundamental recordar que existe una sentencia de la Corte Suprema que reafirma el derecho a la protección de la propiedad. Necesitamos tiempo para analizar y evaluar esta situación.”

“Estamos dispuestos a escuchar al Gobierno, pero si no cumplen con sus compromisos, no ofrecen información clara y no presentan un plan estructurado en los aspectos legales, financieros y organizacionales, resulta imposible llegar a un acuerdo”, subrayó.

En cuanto a los puntos que no están dispuestos a negociar, Pereira enfatizó que “el Gobierno debe actuar como aval de la operación y proporcionar una garantía real y efectiva de que se cumplirá este acuerdo. No podemos avanzar sin tener una certeza clara de que se respetarán los compromisos adquiridos”.

“En segundo lugar, debemos alcanzar un acuerdo sobre el precio del terreno. No porque el Estado valore el suelo en 0,58 UF/m² significa que estemos obligados a aceptar esa cantidad”, agregó.

Además, reafirmó su creencia en “el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, estamos preocupados por lo que podría suceder si se lleva a cabo el desalojo. Somos claros en expresar que, si no hay acuerdo, llevaremos el fallo hasta las últimas consecuencias”.

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