Durante una entrevista en el matinal Mucho Gusto, Norambuena valoró que la declaración de Zona de Catástrofe permitiera activar helicópteros para conectar sectores aislados y trasladar a personas con problemas de salud. «Al fin nos escucharon», expresó la autoridad al referirse al reforzamiento de los recursos aéreos.

No obstante, la alcaldesa advirtió que la principal urgencia de la zona urbana es la carencia de agua potable en los domicilios. En ese sentido, cuestionó si los puntos de distribución establecidos por la compañía privada son suficientes para atender la demanda.

«Con 200 puntos para alimentar a casi 200 mil personas no hay por dónde, es inviable», indicó Norambuena. Además, reveló que los 25 camiones aljibe de la empresa son interceptados en la vía pública por residentes desesperados antes de llegar a los estanques fijos. Para resolver esta situación, ofreció desplegar inspectores municipales y resguardo de Carabineros.

La empresa sanitaria estimó que el suministro podría normalizarse durante la jornada del sábado. Ante esta proyección, la alcaldesa criticó la falta de planificación frente a un evento meteorológico que era previsible y cuestionó la respuesta de los organismos de protección civil.

«Ha estado más lento que un bolero, no nos han llegado las gestiones que hemos ido necesitando, como los camiones aljibe y las motobombas», concluyó Norambuena sobre el apoyo entregado por Senapred.

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Este viernes se reanudará la audiencia de formalización contra los tres hijos de Julia Chuñil y un exyerno, quienes están acusados de su desaparición y muerte ocurridas en noviembre de 2024 en Máfil, región de Los Ríos.

La extensa jornada anterior llevó al tribunal a decretar un receso, reanudándose a las 09:00 horas, momento en el que se definirán las medidas cautelares. Por ahora, los imputados permanecen bajo custodia de Gendarmería en el Complejo Penitenciario de Valdivia.

Los acusados son Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, a quienes se les imputa parricidio, junto a un exyerno acusado de homicidio calificado con alevosía.

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Según la Fiscalía, el 8 de noviembre Javier Troncoso llegó alcoholizado al hogar familiar, donde intentó robar al adulto mayor N.G.P., amenazándolo con un cuchillo para obtener los $212 mil de su pensión.

Julia Chuñil intervino y logró frustrar el asalto, pero fue atacada brutalmente por su hijo, quien la golpeó y finalmente la asfixió hasta causarle la muerte.

La acusación sostiene que, aunque presenciaron el ataque, los otros imputados no intervinieron y luego colaboraron en el encubrimiento. Javier y Pablo trasladaron el cuerpo y quemaron la ropa de la víctima, mientras Jeannette presentó una denuncia falsa por presunta desgracia dos días después.

El Ministerio Público afirma que estas acciones fueron intentos de desviar la investigación y asegurar su impunidad. En las semanas siguientes, los hijos se comportaron como herederos, vendiendo bienes de la víctima y repartiendo el dinero obtenido.

La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva para los tres hermanos, argumentando que su libertad representa un peligro para la sociedad.

Los delitos imputados incluyen parricidio consumado, robo con violencia e intimidación frustrado, inhumación ilegal, maltrato habitual y encubrimiento, con agravantes de alevosía, superioridad de fuerza, nocturnidad y comisión en el hogar de la víctima.

La defensa, liderada por la abogada Karina Riquelme, solicitó arresto domiciliario y cuestionó la investigación de la fiscal Tatiana Esquivel, alegando que no se tuvo en cuenta la realidad cultural mapuche.

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El Ministerio de Energía ha dado a conocer la publicación en el Diario Oficial de la resolución que establece la devolución de los cobros excesivos en las facturas de electricidad, los cuales fueron provocados por un error de la empresa Transelec.

Esta medida confirma que el reembolso automático de los montos comenzará a aplicarse en las facturas de los clientes a partir del 1 de enero de 2026, según informó la cartera ministerial.

La raíz del problema se encuentra en el escándalo ocasionado por el incorrecto cálculo de tarifas realizado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), que incluyó una doble estimación del impacto de la inflación. Además, en octubre de 2024, Transelec notificó un error interno en la valoración de sus activos, lo que también repercutió en el aumento de las cuentas de luz.

La gestión de este proceso se vio influenciada por la renuncia del anterior ministro de Energía, Diego Pardow, lo que llevó a Álvaro García, su sucesor, a liderar la resolución del conflicto y coordinar con las empresas implicadas.

En este marco, el biministro de Energía y Economía subrayó que con la resolución publicada “se concreta el compromiso asumido por el Gobierno de devolver los montos cobrados en exceso debido al error reconocido por la empresa”.

El secretario de Estado añadió que “con la publicación de esta resolución, las familias del país, desde Arica hasta Los Lagos, recibirán la restitución de los cobros erróneos de manera automática en sus cuentas de luz desde enero de 2026”.

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El pasado viernes 28 de noviembre, el Ministerio del Medio Ambiente anunció la resolución que declara el humedal Kan Kan como un área protegida en Viña del Mar. Solo faltaba la publicación en el Diario Oficial para su formalización, lo que finalmente se ha materializado, cerrando así el proceso.

Este ecosistema se extiende por 1,54 hectáreas y se localiza en la quebrada Rodelillo, una microcuenca que forma parte del sistema hidrológico del estero Marga Marga.

El área reconocida resalta por su valor ecológico, social y cultural, además de albergar especies nativas y en peligro, como la palma chilena (Jubaea chilensis) y la rana chilena (Calyptocephalella gayi). También ofrece importantes servicios ecosistémicos, incluyendo la regulación hídrica, la depuración de aguas y la mitigación del cambio climático.

Este reconocimiento es fruto de un proceso colaborativo entre la comunidad organizada, representada por la Fundación Parque Natural Kan Kan, el Municipio de Viña del Mar y el equipo técnico de la Seremi del Medio Ambiente de la región de Valparaíso. Este equipo validó en terreno, mediante análisis técnico, los criterios ecológicos, hidrológicos y sociales necesarios para su protección legal.

El seremi Alex Galleguillos afirmó que “la publicación de esta resolución da inicio a una nueva etapa en el proceso de protección del humedal. A partir de este momento, se abrirán oportunidades para realizar diversas acciones, como la creación de un comité comunal de humedales e integrar este espacio protegido en el Plan Regulador Comunal, además de implementar fiscalizaciones y otras medidas».

En cuanto a estas acciones, la autoridad ambiental especificó:

– Iniciar un proceso de planificación e implementación de acciones para la protección, conservación y recuperación del ecosistema, mediante un Plan de Gestión Integral del humedal urbano.

– Desarrollar un instrumento de gestión ambiental local, como una Ordenanza General de Humedales Urbanos (OGHU), para regular el uso del territorio y definir acciones de conservación y restauración.

– Establecer un comité comunal de humedales que coordine esfuerzos entre el municipio, la comunidad, servicios públicos y otros actores clave.

– Incorporar el área bajo protección oficial en el Plan Regulador Comunal de Viña del Mar.

– Implementar mecanismos de fiscalización y evaluación ambiental para proyectos que pudieran impactar el humedal, asegurando el cumplimiento de los criterios mínimos de sustentabilidad establecidos por la Ley 21.202.

Con esta declaratoria, la región de Valparaíso suma 26 humedales urbanos reconocidos, de los cuales tres se localizan en la comuna de Viña del Mar, fortaleciendo así una red de protección ecológica fundamental para el litoral central.

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Internacional

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La entrada El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución elaborada por EE.UU. que apoya el plan de Trump para Gaza. se publicó primero en Quinta News.

La incertidumbre continúa afectando a más de 10,000 personas que residen en la megatoma de San Antonio, tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de remitir a la Sala Tramitadora el requerimiento de los propietarios del terreno para establecer una fecha de desalojo concreta.

Esta medida suspende la ejecución de la orden judicial emitida el pasado 3 de octubre, cuando el tribunal autorizó el desalojo, pero sin fijar un plazo exacto para llevarlo a cabo.

Los ocupantes recibieron esta resolución como un alivio. Verónica Morales, presidenta de la Coordinadora Quinta Costa de San Antonio y habitante del Cerro Centinela, expresó que esta decisión representa “un respiro”, ya que postergará nuevamente la fecha para el desalojo definitivo de sus viviendas.

Por otro lado, el tribunal también revisará la información presentada por la organización Mesa Investigativa, compuesta por 23 dirigentes de la toma, quienes afirman que fueron invitados a ocupar el terreno por uno de los antiguos propietarios, Luis Medel.

Por su parte, Diego Pereira, abogado de los actuales dueños de la propiedad, manifestó su satisfacción por el hecho de que el requerimiento haya sido enviado a la Sala Tramitadora, aunque expresó su frustración por la constante dilatación del proceso judicial. “Cualquier intento de conciliación que inicien los ocupantes es ilegal”, advirtió.

Mientras tanto, el municipio de San Antonio, junto a los ministerios de Interior, Desarrollo Social, Bienes Nacionales y Vivienda, trabaja en coordinar un plan para el traslado de las familias afectadas. Un informe con posibles espacios transitorios ha sido entregado a la Corte de Apelaciones, a la espera de que el tribunal decida finalmente cuándo se llevará a cabo el desalojo de la mayor toma de terrenos en el país.

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El Segundo Tribunal Ambiental ha aceptado la reclamación presentada por Bernard Keiser, historiador y empresario estadounidense. Se ha ordenado a la Conaf emitir una nueva resolución que esté «debidamente fundamentada» para evaluar la autorización de acceso al Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández, donde se pretenden realizar excavaciones en busca de restos históricos.

Es importante recordar que, en septiembre de 2024, la Dirección Regional Valparaíso de la Conaf denegó el acceso de Keiser al parque, argumentando que el proyecto no cumplía con lo establecido en los artículos 63 y 94 de la Ley N°21.600, que establece el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Según esta normativa, el permiso para ejecutar proyectos que no requieren evaluación ambiental obligatoria se otorgará únicamente si esas actividades se alinean con la categoría del área protegida, su objetivo de protección y el plan de manejo correspondiente.

En este contexto, la sentencia revisó exhaustivamente los fundamentos legales necesarios para autorizar la actividad mencionada en un área protegida y, a partir de esto, evaluó las justificaciones de Conaf para rechazar la solicitud.

“De lo anterior, el Tribunal pudo concluir que la Resolución N° 293/2024 incumple con el deber de fundamentación requerido para demostrar la incompatibilidad de las actividades del proyecto con la categoría de Parque Nacional, su objetivo de protección y el plan de manejo del área; los únicos requisitos exigibles según el artículo 94 de la Ley N° 21.600. Esto pone de manifiesto un vicio de legalidad en el acto reclamado, al no fundamentar adecuadamente su decisión”, concluye el fallo.

La sentencia detalla que la Ley N°21.600 establece tres requisitos esenciales para otorgar un permiso para actividades temporales en un área protegida, como el Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández: que la actividad esté alineada con la categoría, el objetivo de protección y el plan de manejo del área, así como no exceder un año de duración.

Sobre el primer requisito, el Tribunal señala que la resolución de Conaf que negó el acceso al parque solo ofreció un cuestionamiento general basado en la definición legal de Parque Nacional, sin detallar cómo el proyecto de excavación violaría tal definición.

“La falta de claridad en la justificación impide extraer los fundamentos del mismo acto administrativo que sustentarían la decisión de la autoridad, lo cual es crucial para el cumplimiento de un requisito legal. La autoridad debe demostrar, con suficiente argumentación, cómo se incumple dicho requisito, lo que no se observa en este caso” (…) “la carencia de un desarrollo argumentativo que justifique la falta de ajuste del proyecto a la categoría de Parque Nacional representa una deficiencia significativa del acto reclamado respecto al primer requisito del artículo 94 de la Ley N° 21.600”, indica el fallo.

En cuanto a la compatibilidad del proyecto con el objetivo de protección, el Tribunal concluye que el argumento de Conaf “muestra una falta de motivación necesaria para respaldar su decisión, al no especificar cómo el proyecto podría contradecir el objetivo de protección del área, ya que una referencia general como la presentada en el acto reclamado no es suficiente sin mayor desarrollo o evidencia adicional”.

El Tribunal explica que Conaf fundamentó su negativa en una posible incompatibilidad de las actividades de sondaje con el propósito de estas zonas, sin abordar concretamente cómo estos problemas se presentarían en este caso. Además, la Corporación no consideró las características específicas del proyecto en cuanto a magnitud y duración: se planeaba excavar en 195 metros cuadrados, con solo un 30% de ese espacio destinado a los sondajes, y una duración que no superaría los ocho meses.

“Así, la falta de justificación adecuada en la decisión de la autoridad invalida esa decisión, al no cumplir con lo establecido en el artículo 94 de la Ley N° 21.600, que permite el desarrollo de actividades temporales o que no requieran infraestructura permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley”, dice el fallo.

Cabe destacar que esta es la primera reclamación presentada ante el Segundo Tribunal Ambiental relacionada con la aplicación de la Ley N°21.600, que instituye el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es fundamental tener en cuenta que, hasta que el SBAP comience a operar, la Conaf -como administradora de las áreas protegidas- seguirá siendo responsable de revisar y emitir este tipo de autorizaciones.

• Entre 1999 y 2012, el reclamante obtuvo cinco RCA favorables para su proyecto.
• Entre 2004 y 2018 presentó cinco consultas de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) respecto a su proyecto de excavación y sus modificaciones, y en todas, la autoridad ambiental determinó que no debían ingresar al sistema.
• El 10 de febrero de 2022, presentó una nueva consulta de pertinencia para el proyecto “Sondaje de Descarte en Puerto Inglés, Isla Robinson Crusoe”. Inicialmente, la Dirección Regional del SEA de Valparaíso consideró que este paso era obligatorio, pero luego estableció que la iniciativa no estaba sujeta a someterse al SEIA antes de su ejecución.
• En marzo y julio de 2023, así como en febrero de 2024, el explorador solicitó autorización a Conaf Valparaíso para ingresar al Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández, y cada vez se le negó el acceso.
• El 13 de septiembre de 2024, Bernard Keiser presentó una reclamación en el Segundo Tribunal Ambiental contra la última resolución de la Dirección Regional Valparaíso de Conaf (Res. Ex. N°293, del 1 de agosto de 2024), la cual fue admitida con el rol R-482-2024.
• El 19 de junio de 2025, se llevó a cabo la audiencia, con los alegatos de los abogados José Antonio Urrutia Riesco, en representación del reclamante Bernard Keiser; y Nicolás Escobar Gómez, del Consejo de Defensa del Estado, representando a la Dirección Regional de Valparaíso de Conaf.

(Imagen: Go Chile)

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La calma de la tarde en Valparaíso fue interrumpida este sábado por un incendio que se desató en el Mercado Cardonal, uno de los centros comerciales más emblemáticos de la ciudad.

Según los primeros informes, el fuego comenzó en una bodega situada en el sótano del edificio, lo que provocó una intensa acumulación de humo y requirió la intervención de un amplio número de equipos de emergencia. Un total de seis compañías de Bomberos, con alrededor de 40 voluntarios, se movilizaron al lugar para controlar la situación.

El capitán de la Duodécima Compañía de Bomberos, Héctor Carneiro, indicó que “la primera unidad en llegar notó humo saliendo de un local comercial. Se procedió a ingresar y realizar la ventilación para localizar el foco principal, que se encontraba al fondo de una bodega con gran cantidad de cartones. El incendio ha sido controlado y en este momento se está trabajando en los puntos calientes.”

Carneiro también subrayó que todas las personas fueron evacuadas con éxito y no hubo lesionados, gracias a la coordinación con Carabineros y el personal municipal.

Hasta el momento, las causas del incendio no han sido identificadas y serán objeto de investigación por parte del Departamento de Investigación de Incendios.

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Uno de los proyectos más anticipados por la comunidad de Villa Alemana, después de años de suspensión, es el nuevo SAR Eduardo Frei (Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución), cuyo objetivo principal es ofrecer atención médica ambulatoria de urgencia.

El presupuesto asignado por el Ministerio de Salud es de $2.253.164 millones de pesos, y se prevé que atenderá a aproximadamente 100.000 habitantes del sector sur de la comuna.

La Dra. Rayén Gac, Jefa del Departamento de Gestión de Urgencias y Desastres del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota – Petorca, destacó que el nuevo centro contará con equipos de alta capacidad y personal capacitado. “Se trata de un Servicio de Atención Primaria de Alta Resolutividad, un SAPU mejorado, que incluirá un equipo de radiografía con los profesionales y técnicos necesarios para atender a la población asignada”, manifestó.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio de 555,84 m² en un terreno de 5.985 m² ubicado en calle Rivadavia 898, Villa Alemana.

Reanudación de las obras

El proyecto fue licitado nuevamente después de que la Contraloría aprobara el término anticipado del contrato inicial con la empresa que empezó las obras en 2022 debido a problemas de solvencia económica.

El proyecto fue reevaluado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para ajustar los recursos públicos, considerando el tiempo transcurrido desde la aprobación inicial. Esto llevó a una nueva licitación en 2024, que resultó desierta, hasta convocar a una tercera licitación pública ese mismo año, lo que permitió el inicio de las obras civiles con la constructora Balmaceda Limitada en marzo de 2025.

Fortaleciendo la red de Marga Marga

El director del Hospital de Quilpué, Jimmy Walker, explicó que la realización del SAR fortalecerá la atención de urgencias en la zona. “Los usuarios, en una primera etapa, acudirán al SAR para sus atenciones y, si es necesario, serán derivados al Hospital de Marga Marga”, indicó. “Estamos muy contentos por esta obra, que se está construyendo en conjunto con los vecinos, quienes siempre están atentos a lo que acontece en el ámbito de la salud, permitiéndonos mejorar nuestros servicios”.

La constructora se adjudicó la licitación para finalizar la construcción con un plazo de ejecución de 600 días. El Delegado Presidencial de Marga Marga, Fidel Cueto, subrayó la importancia de este nuevo SAR para la provincia:

“Esta obra estuvo parada durante un tiempo, pero ahora se reanuda y estará lista el próximo año. Consideramos que esto representa un gran avance para la comuna de Villa Alemana y complementa toda una red. El Servicio de Salud está fortaleciendo la región mediante la construcción de infraestructura similar en lugares como Olmué y Quilpué, además de Villa Alemana. Estamos contentos de que hoy podamos reactivar esta obra, que traerá grandes beneficios a la comunidad”.

Construcción de alto estándar

El SAR incluirá un moderno edificio, vialidades internas, estacionamientos, equipamiento para los funcionarios, áreas verdes y paseos, así como una central de instalaciones y recintos técnicos. La estructura será de hormigón armado y cumplirá con los más altos estándares constructivos, reforzando el sistema de salud en Villa Alemana, según lo detallado por César Molina, Administrador Municipal de la comuna.

“Hemos trabajado arduamente para que esto se concrete y estamos ante una obra muy esperada en un sector crucial. Hemos visto la felicidad en la comunidad y eso es lo más importante, contar con este centro de atención en un punto neurálgico de Villa Alemana”, agregó.

El proyecto también considera aspectos que respetan el medio ambiente y promueven la eficiencia energética, incluyendo estrategias de arquitectura como una membrana térmica de alta eficiencia y el uso de iluminación natural para un control óptimo de la temperatura y un uso racional de la electricidad.

La seguridad es un aspecto fundamental; la estructura contará con características sismo-resistentes, vías de evacuación accesibles, sistemas de detección y extinción de incendios, así como facilidades para los bomberos. También habrá respaldos eléctricos y de agua potable de emergencia en caso de cortes imprevistos.

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La Cámara de Diputados llevó a cabo una sesión especial en respuesta a los incidentes ocurridos el 10 de abril en el estadio Monumental, donde perdieron la vida dos hinchas de Colo-Colo.

Con 49 votos a favor, 32 en contra y 5 abstenciones, se aprobó una resolución que condenó enfáticamente la supuesta «negligencia» del delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán.

Entre los presentes se encontraban el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; y el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad.

La resolución, impulsada por diputados de RN, señala que Durán -quien enfrentará una acusación constitucional por estos mismos hechos- no tomó las medidas necesarias para prevenir la violencia que resultó en la muerte de dos personas, la suspensión del partido de Copa Libertadores y significativos daños al orden público.

Los parlamentarios enfatizaron que «el delegado no solo se demoró injustificadamente en autorizar el evento, haciéndolo el mismo día del partido, sino que también ignoró múltiples alertas en redes sociales sobre una ‘avalancha’ organizada por barristas». Esto condujo a desmanes, a la intervención de carabineros de Control del Orden Público (COP) y al fallecimiento de dos jóvenes, cuya muerte actualmente está bajo investigación.

El proyecto de resolución subrayó que el evento deportivo fue clasificado como de “Categoría A”, es decir, de alta peligrosidad, lo que hacía aún más inaceptable la omisión del delegado de ejercer su autoridad para suspender el partido o revocar la autorización, tal como lo establece la Ley N°19.327.

«Estamos ante una gestión completamente fallida en materia de seguridad pública. El Sr. Durán no solo falló en prevenir la violencia, sino que permitió que un evento de alto riesgo se desarrollara sin las garantías mínimas para la seguridad de miles de asistentes y vecinos», afirmaron los diputados de RN en su comunicado.

Además, enfatizaron que este incidente se sitúa en un contexto más amplio de deterioro de la seguridad en Santiago, donde las comunas más afectadas por delitos violentos evidencian la falta de liderazgo y respuesta de la Delegación Presidencial Metropolitana, encargada de coordinar la acción de las fuerzas policiales.

Finalmente, los diputados que apoyaron esta resolución, como Miguel Mellado, Carla Morales, Camila Flores, Marcia Raphael, Juan Carlos Beltrán, Bernardo Berger, Jorge Durán, Frank Sauerbaum, Hugo Rey y Jorge Rathgeb, recordaron que este grave acontecimiento llevó a la presentación de una acusación constitucional contra Durán por vulnerar su deber de garantizar el orden público y la seguridad interior, establecido en la Constitución.

“La seguridad de las personas no puede depender de autoridades pasivas o improvisadas. Chile necesita certezas, no delegados ausentes”, concluyeron.

En la misma sesión especial, se aprobó también, con 45 votos a favor, 31 en contra y 9 abstenciones, oficiar al Presidente Gabriel Boric para solicitar la destitución del delegado Durán, resolución promovida por el Partido Republicano.

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