La entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales representa un momento crítico para las empresas chilenas. Más allá de cumplir una exigencia regulatoria, esta normativa abre la oportunidad de reconocer que la administración de información se ha convertido en un factor fundamental para la reputación corporativa, la continuidad operacional y, especialmente, para la confianza que generan en clientes, colaboradores, proveedores y socios estratégicos.

Los datos constituyen actualmente uno de los activos más valiosos de cualquier organización. Una gestión inadecuada puede resultar en sanciones, interrupciones operacionales, pérdida de credibilidad e impactos difíciles de revertir en la relación con el mercado. Esta realidad exige un cambio de enfoque orientado a construir una verdadera cultura de gobernanza de datos, que incluya políticas claras, responsabilidades definidas, procesos documentados y una perspectiva transversal que involucre todas las áreas de la organización.

AyT es una empresa especializada en medición y generación de datos. Según su experiencia, este proceso comienza más allá de la tecnología en sí; requiere claridad en procedimientos, roles y mecanismos de control que aseguren un tratamiento adecuado de la información durante su ciclo de vida completo.

Considerando los desafíos de la nueva ley, AyT realizó un diagnóstico interno para evaluar su nivel de madurez en protección de datos personales. El objetivo fue identificar brechas, revisar procesos y determinar dónde fortalecer la gestión para responder a un escenario regulatorio más exigente y a las expectativas crecientes de sus clientes.

Este ejercicio resultó en una hoja de ruta de implementación que contempla la actualización de procedimientos, revisión de políticas internas, fortalecimiento de medidas de seguridad e incorporación de la figura del Delegado de Protección de Datos (DPO). Este rol permitirá consolidar una gobernanza más robusta y asegurar que la protección de datos forme parte de las decisiones estratégicas de la empresa.

Más allá del cumplimiento normativo, estas iniciativas generan beneficios concretos. Una empresa que administra adecuadamente la información reduce riesgos operacionales, fortalece la confianza de sus grupos de interés, mejora sus procesos internos y demuestra compromiso real con la transparencia y la responsabilidad corporativa.

La transformación digital avanza aceleradamente. La automatización, inteligencia artificial, plataformas en la nube e Internet de las Cosas generan grandes oportunidades para innovar, pero también multiplican los desafíos del tratamiento de datos personales. Por eso es indispensable que las organizaciones incorporen la privacidad y seguridad desde el diseño de sus procesos y no como una capa adicional cuando los proyectos ya están en marcha.

La nueva legislación proporciona una oportunidad para que las empresas revisen sus prácticas, fortalezcan su gobernanza y construyan relaciones más sólidas con quienes depositan en ellas uno de sus activos más sensibles: la información personal. Las organizaciones que comprendan este cambio no solo estarán mejor preparadas para cumplir la normativa, también estarán construyendo confianza, un activo mucho más valioso y difícil de replicar.

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La entrada La protección de datos se consolida como eje estratégico de competitividad y confianza empresarial, según análisis de David Segura, gerente de TI en AyT. se publicó primero en Quinta News.

De acuerdo con el balance divulgado a través de Telegram por Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se contabilizaron 16.740 personas heridas y 17.907 sin vivienda.

El informe también señala que 23.820 personas se encuentran alojadas en 107 campamentos transitorios, mientras que 128.324 familias han recibido asistencia de las autoridades.

Desde que ocurrieron los terremotos el 24 de junio pasado, se han registrado 1.388 réplicas sísmicas, incluyendo una que se presentó en la madrugada del domingo al oeste de La Guaira.

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Conforme a este concepto, la infraestructura no debe evaluarse solo por su funcionamiento en días normales, sino por su capacidad de respuesta cuando todo falla. Esta evaluación es particularmente relevante en la Región de Valparaíso, donde diversos sectores permanecieron sin suministros básicos durante horas e incluso días.

Cuando una familia pierde su vivienda, cuando un adulto mayor que depende de energía eléctrica para equipos médicos queda sin suministro, o cuando una localidad queda aislada por varios días, el problema trasciende lo puramente técnico. Las instituciones deben planificar, prevenir, fiscalizar, mantener y responder de manera oportuna y operativa para proteger la vida humana y animal.

El evento del sistema frontal evidenció la necesidad de que Chile elabore un Plan Nacional de Resiliencia de la Red Eléctrica. No es suficiente reponer el suministro después de cada temporal; se requiere diseñar un sistema capaz de resistir, adaptarse y recuperarse con celeridad.

El Delegado Presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, señaló esta semana que no existe un plazo obligatorio de reposición del suministro para las empresas eléctricas en casos de fuerza mayor. Este vacío normativo explica parcialmente por qué medidas de resiliencia conocidas desde hace años —soterramiento, corredores de poda, microrredes— avanzan lentamente: sin plazos ni estándares exigibles, no existe incentivo regulatorio para acelerar la inversión.

Existe un proyecto de ley en el Senado que obliga el soterramiento de cables eléctricos y de telecomunicaciones en todo el país, con plazos de hasta cuatro años en zonas urbanas y diez en zonas rurales. Si bien es una medida positiva, resulta insuficiente frente a la frecuencia de estos eventos. La discusión debería acelerar los plazos para infraestructura crítica —hospitales, centros de salud, zonas con adultos electrodependientes— en lugar de tratarla uniformemente que el resto de la red.

Esto requiere diversas acciones: soterrar redes en infraestructura crítica, establecer corredores de seguridad con manejo permanente de vegetación, implementar microrredes y sistemas de respaldo para personas electrodependientes, fortalecer el monitoreo inteligente de la red, y exigir estándares de continuidad del servicio acordes con un clima cada vez más extremo.

Estas medidas no representan un gasto, sino una inversión pública inteligente. Según el informe del BID «Del riesgo a la confiabilidad: servicios de infraestructura resiliente para enfrentar los desafíos de la naturaleza» de octubre de 2025, construir infraestructura resiliente desde el diseño cuesta entre un 5% y un 20% menos que reemplazarla tras un desastre, y cada dólar invertido en gestión del riesgo evita hasta cuatro dólares en pérdidas. Esta relación costo-beneficio debiera ser el argumento central para financiar el Plan Nacional de Resiliencia de la Red Eléctrica, integrándolo al eje «Sistema energético seguro y resiliente» que el Ministerio de Energía ya comprometió en su Ruta Energética 2026-2030, con metas y plazos verificables. No debe olvidarse que la infraestructura más importante de un país es siempre la vida humana.

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La disposición forma parte de un paquete de acciones que buscan disminuir los niveles de polución en la capital chilena. Entre estas medidas destacan la prohibición de quemas agrícolas, la restricción al uso de calefactores residenciales a leña y la paralización de fuentes fijas industriales durante episodios críticos. Las autoridades destacaron que la aplicación sostenida de estos planes ha permitido reducir en un 75% el material particulado fino (MP2,5) desde la década de los 90.

De acuerdo con el calendario oficial establecido para esta jornada, los automóviles, station wagons y vehículos similares equipados con sello verde e inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 no podrán transitar si sus patentes finalizan en los dígitos 0 y 1. La prohibición rige de igual manera para las motocicletas inscritas antes del año 2011 que terminen en las mismas combinaciones numéricas.

En el caso de los vehículos motorizados que no cuenten con sello verde, la restricción se aplicará a las patentes terminadas en los dígitos 0, 1, 2 y 3. Para este grupo de transportes no catalíticos, la prohibición de desplazamiento es de carácter total dentro del perímetro delimitado por el anillo Américo Vespucio, independiente del último número de su placa patente.

La normativa medioambiental se aplica de manera estricta entre las 07:30 y las 21:00 horas. La cobertura geográfica abarca la totalidad de la provincia de Santiago, sumando además a las comunas de Puente Alto y San Bernardo. La medida se mantendrá vigente de lunes a viernes de forma ininterrumpida hasta el próximo 31 de agosto de 2026, coincidiendo con el periodo crítico de ventilación de la cuenca.

Quedan exentos de cumplir con la restricción los vehículos de emergencia pertenecientes a Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Bomberos, Gendarmería y ambulancias. Asimismo, este año se incorporó una nueva excepción para vehículos que trasladen a personas diagnosticadas con el Trastorno del Espectro Autista (TEA). Para acceder a este beneficio, los padres o tutores legales deberán tramitar una autorización previa ante la Secretaría Regional Ministerial de Transportes.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el nuevo balance representa 126 víctimas fatales más respecto del reporte anterior.

Rodríguez también detalló que los sismos, de magnitudes 7,5 y 7,2, ocurridos a fines de junio, provocaron graves daños en 856 edificios, de los cuales 190 colapsaron.

Asimismo, indicó que 17.907 personas perdieron sus viviendas o estas sufrieron daños de extrema gravedad. Además, las autoridades han brindado asistencia a 86.794 familias, rescatado a 6.462 personas y distribuido 9.603 toneladas de alimentos.

Actualmente, las labores de emergencia cuentan con el apoyo de 4.388 rescatistas internacionales y 30.076 efectivos desplegados en las zonas afectadas. Desde los terremotos se han registrado 1.102 réplicas, de acuerdo con el último informe oficial.

Respecto de los campamentos temporales, Rodríguez aseguró que el Gobierno trabaja para resolver rápidamente cualquier inconveniente y garantizar condiciones adecuadas para las personas damnificadas.

En la actualidad, casi 17.000 personas permanecen alojadas en 61 campamentos temporales habilitados en La Guaira, Caracas y otras regiones afectadas por la emergencia.

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Certeza jurídica competitiva: el estándar que importa

La ventaja competitiva de una jurisdicción minera contemporánea no depende únicamente de su geología o carga tributaria, sino de la calidad de las decisiones institucionales y de la confianza que estas generan a largo plazo.

La certeza jurídica competitiva, que incluye predictibilidad en la actuación administrativa, no es equivalente a estabilidad normativa. Una ley puede ser estable pero generar incertidumbre operacional cuando su aplicación depende de criterios discrecionales, pronunciamientos sin plazos definidos o reglamentos que demoran años en dictarse. Un concesionario minero que desconoce el tiempo que SERNAGEOMIN requiere para calificar su solicitud, o qué sucede legalmente si el Servicio no se pronuncia, carece de certeza real. Posee un texto legal que promete estabilidad pero una práctica administrativa que niega predictibilidad. Este es el criterio contra el cual debe evaluarse el Proyecto de Ley: no si mejora respecto de la Ley N° 21.420, sino si establece un régimen que la industria pueda incorporar con confianza verdadera en su modelo de negocios.

El modelo híbrido y el problema estructural que persiste

El Código de Minería de 1983 estableció un sistema de amparo objetivo y predecible: el pago de la patente era condición necesaria y suficiente para mantener la concesión, sin calificación de mérito, evaluación de actividad ni discrecionalidad administrativa. La Ley N° 21.420 modificó esta lógica al introducir un esquema híbrido que diferenciaba la tasa según la actividad acreditada ante SERNAGEOMIN. Los efectos de esta medida son ahora ampliamente reconocidos: entre 2023 y 2025 las concesiones en nómina de remate aumentaron 45% para explotación y 75% para exploración; la participación de pequeños y medianos mineros descendió de aproximadamente dos tercios a poco más de la mitad del total de concesionarios.

El Proyecto de Ley elimina la progresividad exponencial y establece un techo de 0,4 UTM por hectárea, constituindo su principal contribución. No obstante, mantiene el modelo híbrido sin definir claramente cuál debe ser la lógica del régimen de amparo chileno. La Constitución, en su artículo 19 N° 24 inciso séptimo, establece que la concesión obliga a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público, y que el régimen de amparo tenderá a obtener ese cumplimiento. El amparo por trabajo efectivo responde mediante una condición de mérito; el amparo objetivo, mediante un pago que funciona como precio de reserva del derecho. Un modelo híbrido que no define con precisión los elementos de cada uno no posee las virtudes de ninguno: genera costos de transacción sin producir certeza, y cuando la ley no resuelve esta tensión, la traslada al reglamento y a la práctica administrativa, donde el sistema ya ha demostrado sus fallas.

La discrecionalidad administrativa: el riesgo que el Proyecto de Ley no corrige

El Mensaje Presidencial reconoce expresamente que la aplicación heterogénea de criterios por SERNAGEOMIN según región fue determinante en la reforma, identificando la discrecionalidad del Servicio como causa del problema. El articulado propuesto, sin embargo, no elimina este espacio sino que lo reorganiza bajo nuevas causales.

Las tres causales del nuevo artículo 142 bis que permiten acceder a la patente rebajada de 0,1 UTM por hectárea frente al techo general de 0,4 UTM/ha contienen elementos que la ley no define con precisión suficiente. La causal (a), que cubre proyectos en cualquier etapa del ciclo minero, remite al reglamento la definición de cada etapa sin establecer plazo ni efecto jurídico para la dilación de SERNAGEOMIN en la admisión a trámite. La causal (c), que permite acceder a la rebaja por entrega de información geológica certificada por el Servicio conforme al artículo 21 del Código de Minería, delega en SERNAGEOMIN una facultad sin plazo perentorio, sin estándar legal de evaluación ni consecuencia por inacción. La remisión reglamentaria abarca la totalidad de los aspectos operativos del sistema.

Para un operador de mediana o pequeña escala, esto no es un detalle procedimental sino la diferencia entre planificar con certeza o no. Un sistema que obliga al titular de un derecho real constituido judicialmente a justificar periódicamente que merece la tasa ordinaria, sin que la administración tenga plazo definido ni efecto para su inacción, invierte la relación entre el derecho constitucional y la carga burocrática, generando el tipo de incertidumbre que aleja capital de exploración.

La solución es técnicamente precisa: dos indicaciones pueden implementarla: incorporar en la ley, no en el reglamento, los parámetros mínimos de evaluación de cada causal, y establecer un plazo de pronunciamiento de treinta días hábiles con silencio administrativo positivo. Ambas son coherentes con la Ley N° 19.880, no implican costo fiscal y elevan sustancialmente la calidad institucional del régimen.

El horizonte que obliga a exigir más

La Política Nacional Minera 2050 proyecta a Chile como potencia responsable en minerales críticos para la transición energética. Este horizonte requiere un sistema concesional que funcione con la confiabilidad necesaria para sustentar ciclos de inversión de largo plazo. Las concesiones que hoy se constituyen o se mantienen gracias a esta reforma deben convertirse en la próxima década en proyectos de explotación de cobre, litio y otros minerales estratégicos.

Un régimen de amparo que descansa en discrecionalidad administrativa sin control suficiente no es funcional para ese horizonte. El sector lo reconoce, y precisamente por ello, la discusión en particular es el momento para las indicaciones precisas que transformen un buen proyecto en un texto técnicamente sólido.

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La entrada Amparo minero: la certeza jurídica y la estabilidad normativa no son equivalentes, según análisis de especialista del sector se publicó primero en Quinta News.

Este cambio refleja una transformación más amplia del mercado laboral. En Chile, cada vez más personas eligen modalidades de trabajo independientes y flexibles, lo que ha impulsado nuevas formas de ejercer distintas profesiones.

En el sector inmobiliario, esta transformación ha ido acompañada de herramientas digitales que permiten automatizar procesos, gestionar clientes, realizar seguimientos más eficientes y responder con mayor rapidez. Sin embargo, la tecnología por sí sola no garantiza mejores resultados.

Existe la creencia de que las herramientas digitales podrían reemplazar al corredor, pero ocurre lo opuesto. La tecnología elimina tareas repetitivas y administrativas, liberando tiempo para lo que realmente genera valor: escuchar al cliente, comprender sus necesidades, analizar información y ofrecer recomendaciones con criterio profesional. En un mercado donde la cantidad de información disponible crece constantemente, la confianza se convierte en un activo cada vez más importante.

Por esta razón, el principal desafío para la industria no consiste únicamente en incorporar nuevas plataformas o utilizar inteligencia artificial. El verdadero reto es avanzar hacia una mayor profesionalización del corretaje inmobiliario.

En la actualidad se necesitan asesores con formación continua, capacidad analítica, transparencia, habilidades digitales y disposición para colaborar en un mercado cada vez más competitivo. Las herramientas seguirán evolucionando, pero el criterio profesional seguirá siendo irremplazable.

En conclusión, el futuro del corretaje inmobiliario no dependerá de quién publique más propiedades ni de quién incorpore más tecnología. Dependerá de quién sea capaz de convertir toda esa información disponible en asesoría de calidad, capaz de generar confianza y acompañar una de las decisiones patrimoniales más importantes en la vida de una persona. Porque cuando la tecnología deja de ser una ventaja competitiva y pasa a ser un requisito, el verdadero diferencial vuelve a estar en las personas.

Acerca de EXP Realty Chile: Empresa del sector inmobiliario que opera bajo un modelo digital, orientado a la gestión remota y el uso de tecnología para facilitar el trabajo de los corredores de propiedades. Su propuesta se basa en el uso de herramientas digitales, análisis de datos y una red global de agentes, con el objetivo de optimizar procesos y mejorar la experiencia tanto de los profesionales como de los clientes.

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La entrada Inteligencia artificial revoluciona el modelo de negocio en el sector de corretaje inmobiliario, según análisis de ejecutivo de EXP Realty Chile se publicó primero en Quinta News.

Dituro es un futbolista argentino-chileno que ganó cuatro títulos de Primera División y dos Supercopas durante su paso por la UC. Actualmente juega en el Elche, equipo que apenas escapó del descenso en La Liga.

El periodista Bruno Sampieri reveló esta información, indicando que el guardameta habría mantenido conversaciones con la dirigencia del cuadro precordillerano para facilitar su regreso.

No obstante, existen consideraciones importantes a tener en cuenta, como que en marzo pasado el arquero renovó su contrato con el club español hasta junio del próximo año.

Además, es relevante recordar que el portero tuvo una polémica salida de la institución estudiantil en 2023, luego de solicitar su partida anticipada y marcharse como jugador libre hacia el Fatih Karagümrük de Turquía.

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La entrada Universidad Católica pretende recuperar al arquero Matías Dituro, según información de fuentes cercanas al club se publicó primero en Quinta News.

El boletín anual de estadísticas de la Fiscalía Nacional indica que en 2025 se produjeron 250 mil delitos más que en 2024, representando un aumento del 15,2%.

Según informa La Tercera, este crecimiento se atribuye principalmente al incremento de los ciberdelitos, destacándose el “uso malicioso de tarjetas, claves o dispositivos financieros,” que aumentó en un 205% en comparación con el año anterior.

Ana María Morales, gerenta de la División de Estudios del Ministerio Público, explicó que el uso malicioso de una tarjeta implica, a diferencia del uso fraudulento, “acciones destinadas a defraudar a una entidad bancaria, como negar compras o utilizar tarjetas bloqueadas,” mientras que el uso fraudulento se refiere a un uso no autorizado por un tercero.

Morales también mencionó que el aumento de este delito se debe, en parte, a la implementación de la nueva Ley 21.673, que exige realizar una denuncia ante la Fiscalía para obtener la restitución del dinero tras el delito. Afirmó que esto ha llevado a un reconocimiento de una «cifra negra» que antes no se denunciaba y, paralelamente, un aumento real de este tipo de delitos.

Esto se tradujo en un aumento significativo en el número de imputados desconocidos registrados en 2025, que creció un 22% en relación al año anterior. Los delitos de leyes especiales, entre los cuales se incluye el uso malicioso de tarjetas, presentaron la cifra más alta de imputados desconocidos, superando los 300.000.

DISMINUYEN LOS HOMICIDIOS

Sin embargo, no todos los delitos experimentaron un aumento. El uso fraudulento de tarjetas o medios de pago se redujo en un 86%, al igual que el robo con intimidación, que bajó un 13,8%, y los homicidios, que disminuyeron en un 1,7%.

El boletín del Ministerio Público aclara que en los datos no se hace distinción entre homicidios frustrados, tentados o consumados, ya que todos se agrupan en una misma categoría.

Esta disminución se debe, según el boletín, “principalmente a los delitos de ‘homicidios’, con una reducción de 77 casos y ‘homicidio calificado’, que disminuyó en 17 delitos.

Por otro lado, los mayores incrementos en esta categoría se registraron en ‘auxilio al suicidio’, que aumentó en 22 casos (+22%) y ‘parricidio’, que incrementó en 15 delitos. Además, el Ministerio Público reportó un total de 4.332 víctimas de homicidio durante el año pasado.

En este contexto, la Región Metropolitana destacó frente a otras regiones del país. Según el informe, concentró el 46% de las víctimas de este delito, siendo el sector sur, que abarca comunas como La Pintana, San Miguel y Puente Alto, el más afectado, con 837 víctimas.

La cifra de homicidios, en cualquier caso, es una de las más bajas registradas. Se ve ampliamente superada por los delitos de robos no violentos, con 195.430 víctimas, robos en general, con 134.660, y los delitos de leyes especiales, que lideran con casi 400.000 casos.

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El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, estimó en 1.100 el número de familias afectadas en la comuna debido a las fuertes lluvias del pasado sábado que impactaron la región Metropolitana.

El alcalde describió las precipitaciones torrenciales, que alcanzaron los 17,4 milímetros en tan solo una hora y media, como comparables a un «incendio, un tsunami o un terremoto».

En una rueda de prensa, la autoridad local manifestó su preocupación, señalando que «más allá de este evento climático, que entendemos como excepcional pero que podría ocurrir con mayor frecuencia por el cambio climático, hay sectores en la comuna que carecen de la infraestructura adecuada para enfrentar estos fenómenos«.

«Numerosas áreas de Maipú no tienen sistemas de drenaje para aguas pluviales o estos son claramente insuficientes. Este barrio, por ejemplo, se inunda completamente cada vez que llueve. Aunque no al nivel que observamos el fin de semana, ya que nunca habíamos experimentado tanta precipitación en tan corto tiempo, es evidente que hay sectores de la ciudad que fueron construidos sin el criterio mínimo de dignidad», afirmó el alcalde.

También añadió que “esto refleja un nivel de desigualdad e injusticia al considerar dónde vivirán las personas. Esta situación no ocurriría en un barrio acomodado del sector oriente, pero, lamentablemente, dado que aquí se pensó en viviendas sociales para personas de bajos recursos, parece que alguien, hace 30 o 40 años, pensó que estas personas no necesitarían una solución tan básica como un sistema de drenaje para aguas pluviales».

Con respecto a los avances en la primera etapa de respuesta a la emergencia, Vodanovic indicó que «hasta ahora hemos visitado más de 600 familias afectadas y tenemos 1.200 solicitudes acompañadas de registros audiovisuales, lo que significa que no son solicitudes ficticias; están catastradas, tienen dirección y datos personales, además de imagenes de respaldo que evidencian que más de 1.100 personas se ven afectadas«.

Sobre el mismo tema, comentó que la emergencia está siendo tratada como «una situación de catástrofe». Uno de los lugares más golpeados fue el camino hacia Melipilla, donde las calles quedaron inundadas, inicialmente atribuido al desborde del Canal Santa Marta.

“Ese nivel de daño se produce sin que el canal se desborde. Actualmente, el canal está en proceso de entubamiento, y de aquí a mitad de año no debería desbordarse más, pero necesitamos una solución definitiva de drenaje para el camino a Melipilla, porque la afectación es grave cada vez que llueve«, concluyó Tomás Vodanovic.

PURANOTICIA

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