El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, habló sobre la sesión extraordinaria que se llevará a cabo este jueves en la Corte de Apelaciones de Santiago, en relación con la solicitud de desafuero en su contra por el caso ProCultura.

Durante una conferencia de prensa, el gobernador manifestó que “la Fiscalía de Antofagasta ha incurrido en serios errores tanto de hecho como de derecho al formular acusaciones en nuestro contra como gobierno regional”.

Con respecto a la petición de suspensión de la audiencia por parte de la Fiscalía, Orrego expresó que «resulta inexplicable e incomprensible que, tras más de dos años de investigación y casi seis meses desde la formulación de la acusación, estén intentando nuevamente posponer la audiencia«.

«Esperamos que la Fiscalía de Antofagasta no vuelva a suspender esta audiencia, ya que será el momento en que demostraremos los errores cometidos«, agregó.

También comentó que está «tranquilo y totalmente confiado de que, al discutir este asunto en la Corte de Apelaciones, obtendremos la razón que nos corresponde.”

“La Fiscalía nos señala, como gobierno regional y a mí en específico, por delitos muy graves. No se trata de mensajes de chat, sino de acusaciones gravísimas. En su labor investigativa, han cometido serios errores que demostraremos en el alegato de desafuero. No obstante, no quiero litigar en los medios; mi litigio se realizará en los tribunales», enfatizó.

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La entrada Orrego expresa su descontento ante la petición de la Fiscalía para postergar la audiencia de desafuero en el caso ProCultura y señala «graves errores». se publicó primero en Quinta News.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, presentaron los resultados del año 2025 de la Glosa N°6, destacando el incremento en el egreso de pacientes de las listas de espera y la reducción de las medianas de espera, alcanzando niveles históricos desde la instauración del sistema de registro.

Aguilera enfatizó que “la reducción de los tiempos de espera y asegurar una atención más oportuna son prioridades del Gobierno. A través de una estrategia centrada en optimizar la producción y productividad del sistema público, complementado con el privado, y mejorar la capacidad resolutiva de la atención primaria, así como los sistemas de información, hemos logrado que aproximadamente 12 millones de personas salgan de las listas de espera en estos años, disminuyendo significativamente los tiempos de espera, que actualmente son los más bajos desde que comenzó la medición en 2016.”

«En estos momentos, los tiempos son los más reducidos desde el inicio de las mediciones en 2016”, añadió. Asimismo, destacó la importancia de comunicar los avances en un sistema que ha enfrentado desafíos significativos, con las garantías de oportunidad del GES suspendidas y una disminución en nuestra capacidad de producción debido a la emergencia pandémica.

“Durante estos años hemos conseguido mejorar la producción de servicios a niveles históricos, tanto en cirugías como en consultas y atención primaria, además de lograr avances legislativos en este ámbito”, agregó.

Por su parte, Martorell mencionó que “durante el año anterior, 2.747.514 personas salieron de las listas de espera, lo que se tradujo en más de 3,8 millones de atenciones, incluyendo consultas y cirugías.”

Un resultado que, según el subsecretario, se dio en un ambiente de alta demanda, donde más de 3,4 millones de nuevos casos se incorporaron al sistema en el último año. “A pesar de eso, la atención pública logró avanzar en un objetivo clave: hacer que las personas esperen menos para ser atendidas. Los datos muestran un cambio significativo en comparación con años anteriores. En consultas con especialistas, el tiempo de espera se redujo de 336 días en 2022 a 226 días en 2025, el más bajo desde que se lleva este registro. Lo mismo ocurrió en cirugías, donde la espera pasó de 490 a 251 días en el mismo período,” aseguró.

Además, destacó que «el principal indicador para gestionar las listas de espera es el tiempo. Este que medimos sistemáticamente a través de un sistema de información, refleja que cada vez más personas están accediendo, siendo diagnosticadas e incorporadas formalmente en la lista de espera, lo que permite atender sus necesidades de forma oportuna.»

Las autoridades señalaron que durante 2025 se gestionaron 5,48 millones de garantías GES, alcanzando el mayor nivel de actividad desde la pandemia. Más del 98% de estas atenciones se realizaron dentro de los plazos establecidos, el cumplimiento más alto desde 2021.

Además, el plan GES amplió su cobertura a 90 problemas de salud, incluyendo la cesación del consumo de tabaco, el tratamiento de cirrosis hepática y hospitalización para menores de 15 años con depresión grave, lo que mejora el acceso a tratamientos prioritarios para miles de personas a nivel nacional.

El subsecretario Martorell subrayó que estos resultados evidencian un sistema público de salud que, a pesar de enfrentarse a una mayor demanda, ha logrado atender a más personas y reducir los tiempos de espera tanto en consultas como en cirugías.

Además, enfatizó que “el desafío es seguir fortaleciendo la red asistencial para avanzar hacia una atención más oportuna, digna y centrada en las personas.” Reiteró la importancia de mantener el trabajo del Consejo Nacional de Seguimiento de Tiempos de Espera en el próximo gobierno.

“El Consejo es un espacio donde se reúnen diversas perspectivas del ámbito público y privado, con un objetivo común: mejorar la atención de salud para todos. La diversidad devisiones enriquece las decisiones y demuestra un compromiso común para avanzar, por lo que este Consejo debería mantenerse más allá de los cambios de gobierno”, concluyó.

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Un análisis del Instituto Libertad criticó severamente el proceso de reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024, que impactó a Viña del Mar y Quilpué. Se señala un lento progreso en la utilización de recursos y en las soluciones habitacionales para las miles de familias afectadas, justo cuando se aproxima el segundo aniversario de la tragedia.

De acuerdo al informe, hasta agosto de 2025 —18 meses tras el desastre— el Fondo de Emergencia Transitorio (FET) había ejecutado apenas un 14,6% de su presupuesto ($8.340 millones de $57.033 millones). La reconstrucción presenta un rezago significativo, con escaso avance en subsidios para vivienda y trabajos de infraestructura, «lo que revela una falta de prioridad y gestión efectiva por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo».

El documento también señala que la reconstrucción enfrenta serios rezagos en soluciones habitacionales definitivas y obras de entorno, especialmente en los instrumentos más críticos para las familias damnificadas. Sin embargo, reconoce que el FET, administrado principalmente por el Serviu, mejoró su ejecución, pasando de un bajo 14,6% en junio de 2025 a un avance notable a finales de noviembre, «lo que evidencia una aceleración tardía del gasto, concentrada en la segunda mitad del año».

Respecto a la ejecución presupuestaria general del FET, se detalla que a noviembre de 2025, el presupuesto total vigente era de $57.134 millones, con $29.844 millones ejecutados, lo que equivale a un 52,2%. El informe advierte que «este nivel de ejecución representa un cambio significativo con respecto al estancamiento visto durante 2024 y el primer semestre de 2025, cuando más del 85% de los recursos permanecían sin utilizar. Sin embargo, este dato debe ser analizado con precaución, ya que la aceleración llegó tarde, haciendo que muchas familias ya hubieran atravesado dos inviernos completos sin soluciones definitivas, lo que afecta el impacto social del gasto».

En lo que respecta a la composición del FET, se distinguen dos categorías principales: la primera incluye iniciativas de inversión directa (Subtítulo 31), con un presupuesto vigente de $13.289 millones y una ejecución hasta noviembre de $8.057 millones, representando entre un 60% y 65% de avance.

El informe indica que «este componente ha mostrado el mejor desempeño relativo, con múltiples proyectos urbanos y de pavimentación en fases avanzadas, especialmente en Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué». Según el catastro de inversión pública, esta región concentra el 100% del FET en inversión, alcanzando un 64,8% de ejecución efectiva, destacando obras como el mejoramiento del Paseo Los Héroes (77,8%), plaza Los Pasionistas (75,8%) y Vialidad Manuel Bustos (76,1%).

Por otro lado, las transferencias de capital para subsidios habitacionales (Subtítulo 33) representan la mayor parte de los recursos del fondo. Este segmento tiene un presupuesto vigente de $43.382 millones, ejecutando hasta noviembre $21.502 millones, equivalente a un 49,6%. El economista advierte que «aquí se encuentran los principales cuellos de botella sociales, a pesar del aumento en la ejecución», evidenciando una desigualdad marcada entre los programas.

En cuanto a este desglose, el Sistema Integrado de Subsidios muestra $8.842 millones ejecutados de un total de $10.085 millones, con casi 88% de avance, mientras que el Fondo Solidario de Elección de Vivienda apenas llega al 40%, con $12.623 millones utilizados de $31.425 millones. El Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios presenta la mayor desaceleración, con solo $37 millones ejecutados de $1.872 millones (2%).

«El aumento total oculta una ejecución altamente desigual. Los subsidios más simples avanzan, pero las soluciones definitivas y el mejoramiento de barrios continúan rezagados, afectando directamente la calidad de vida diaria», detalla el estudio.

En el análisis temporal del FET, se observa un avance tardío. Al final de 2024, la ejecución apenas alcanzaba el 5%, cifra que ascendió a 14,6% en junio de 2025 y llegó al 52,2% en noviembre del mismo año, mostrando una considerable concentración del gasto en la segunda mitad del periodo analizado. Según el estudio, «el patrón es claro: la reconstrucción no fue una prioridad en los primeros 18 meses, y sólo aceleró cuando el retraso se volvió políticamente insostenible».

En términos de evaluación de la gestión pública, el informe del Instituto Libertad establece que, aunque el Gobierno puede mostrar cifras de ejecución más altas que las de mediados de 2025, esto no lo exonera de la responsabilidad por la demora estructural en el proceso de reconstrucción.

En este contexto, se identifican fallas de oportunidad, pues la ejecución llega tarde para muchas familias que han tenido que soportar largos períodos de precariedad; un déficit en liderazgo y coordinación, ya que no se activaron de manera urgente los instrumentos disponibles; y una reconstrucción asimétrica, donde los avances son más notorios en obras visibles que en soluciones habitacionales definitivas.

Bajo este análisis, el estudio concluye que «la promesa de una ‘reconstrucción con dignidad’ se cumple solo parcialmente en términos de cifras, pero tardíamente en su impacto social. La aceleración del gasto en el último tramo del periodo no compensa el desgaste acumulado en confianza, bienestar y cohesión social», advirtiendo que el atraso inicial sigue teniendo profundas repercusiones en la vida diaria de las familias afectadas.

Finalmente, el informe concluye que la trayectoria de ejecución del Fondo de Emergencia Transitorio «revela fallas estructurales en la gestión del proceso de reconstrucción por parte del Minvu», señalando que la aceleración observada durante el segundo semestre de 2025 «no puede compensar el daño social acumulado por más de un año de lentitud, improvisación y falta de liderazgo estratégico».

Desde la perspectiva de política pública, subrayan que el mayor déficit no fue financiero, sino institucional. En este sentido, advierten que «el Minvu contó desde el principio con recursos extraordinarios, instrumentos legales especiales y respaldo político, pero no logró articular una respuesta oportuna ni priorizar la reconstrucción como una tarea de Estado». Añaden que la excesiva burocracia, la fragmentación de responsabilidades y la falta de metas exigibles de ejecución, «resultaron en un proceso errático, activando el gasto solo cuando el retraso se volvió insostenible”.

En cuanto a la evaluación del diseño político implementado, el informe señala que la principal falla fue la aplicación de criterios y exigencias típicos de la postulación habitual al subsidio habitacional, que no concuerdan con la reposición de viviendas tras una catástrofe, acentuando retrasos y dificultades para las familias damnificadas.

La Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso respondió al informe del Instituto Libertad sobre el proceso de reconstrucción tras el megaincendio de 2024, cuestionando severamente sus conclusiones y poniendo en entredicho su rigurosidad técnica.

La seremi Belén Paredes expresó su preocupación por la falta de rigor del informe, declarando que «más que un análisis técnico o investigativo, el documento se asemeja a una opinión política sobre un proceso altamente complejo, utilizando términos valorativos que son más propios de un debate público que de un análisis técnico o científico».

Además, la autoridad regional afirmó que el estudio presenta debilidades metodológicas significativas, lo cual es «especialmente problemático» cuando se abordan temas normativos y jurídicos sin aclarar sus fundamentos, citando como ejemplo la crítica a las restricciones para acceder a subsidios habitacionales. Según indicó, dicho informe omite que estas limitaciones se establecen en un marco legal vigente y no son decisiones arbitrarias.

Defendiendo la gestión del Minvu, la seremi explicó que la magnitud de la catástrofe exigió cambios normativos excepcionales, abarcando modificaciones legales, un decreto supremo y resoluciones especiales, todo dentro del marco del Estado de Derecho. «La mejora en las cifras no se debe a una coyuntura política, sino al desarrollo de un entorno propicio para el crecimiento de los números», declaró Paredes, destacando el aumento sostenido en la entrega de subsidios y en la ejecución de viviendas durante 2025 y principios de 2026.

Finalmente, con respecto al análisis presupuestario del FET, afirmó que el informe comete errores conceptuales al confundir distintas etapas de la ejecución del gasto público. Según indicó, «se entremezclan conceptos de compromiso, gasto e inversión efectiva, llevando a conclusiones incorrectas», subrayando que la entrega de subsidios no significa la construcción inmediata de viviendas y que los plazos observados son consistentes con reconstrucciones anteriores. Así, concluyó que el documento «puede ser interpretado como una opinión válida dentro del debate público, pero no como un informe técnico riguroso», aunque reconoció que «compartimos la necesidad de avanzar hacia una nueva institucionalidad para la reconstrucción».

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El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se pronunció sobre los comentarios del diputado Cristián Labbé, quien criticó la decisión del partido de no unirse al Gobierno de José Antonio Kast.

El parlamentario afirmó que la elección de distanciarse de la próxima administración «ha generado descontento en gran parte de las bases».

En respuesta, el excandidato presidencial afirmó que “ese es un asunto personal de él, y sobre su historial y su comportamiento, él deberá rendir cuentas ante las instancias que correspondan dentro del partido; yo no haré comentarios al respecto”.

Cuando se le preguntó si Labbé había sido convocado al Tribunal Supremo del PNL, el diputado comentó que “no tengo información al respecto. Eso es algo que deberías consultar al Tribunal Supremo, ya que en este partido sí existe separación de poderes”.

Por otra parte, el líder del PNL excluyó la posibilidad de expulsar a militantes que ocupen cargos no expuestos políticamente durante la próxima administración.

“No estamos inclinados a fracturar o censurar las trayectorias de aquellos nacional libertarios que deseen contribuir al Ejecutivo desde posiciones técnicas o roles que no impliquen decisiones sobre políticas públicas”, aclaró.

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El individuo formalizado por su presunta implicación en el megaincendio que afectó al Gran Concepción, causando la muerte de 20 personas, presentó su versión de los hechos, afirmando que desconocía el mal estado de la estufa que habría originado el incendio.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el 17 de enero, Claudio Luna utilizó una estufa adaptada con una parrilla para cocinar, cuyo cañón carecía de protección contra la salida de chispas. Además, este conducto estaba orientado hacia arbustos adyacentes a la vivienda donde se desempeñaba como cuidador del fundo Don Pablo, en El Pino. Las pavesas generadas habrían dado origen a un segundo foco en el sector de Trinitarias, desde donde el fuego se propagó a áreas pobladas de Penco y Tomé.

Después de la audiencia de formalización, durante la cual se le impuso arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, el imputado relató cómo sucedió el incidente. “Ese día hubo un bautizo para los jefes. Yo estaba cocinando y a mi pareja la invitaron a trabajar de copera, así que me quedé cocinando; hice arroz con pollo. Había dos palitos de leña y le eché el tercero”, comentó.

El acusado afirmó que continuó con sus actividades hasta que escuchó un fuerte estruendo. “Me di cuenta de que el fuego ya había comenzado y corrí hacia los jefes a avisarles que se estaba quemando la casa. Al principio no me creyeron”, dijo, añadiendo que fueron sus empleadores quienes alertaron a Bomberos.

Luna también expresó su consternación por las consecuencias del incendio. “No sabía nada de lo que había pasado. Imagínense, 20 personas (fallecidas); con el dolor en el alma, no tenía intención de causar esto”, aseguró.

Además, cuestionó a los propietarios de la propiedad, afirmando que no había implementos para enfrentar emergencias y que tuvo que usar agua de una piscina para intentar sofocar el fuego. También declaró que no contaba con contrato laboral y desmintió la versión del Ministerio Público sobre un supuesto intento de fuga, indicando que se habían dirigido a El Pino para buscar mercancía tras quedar damnificados.

Durante la audiencia, la Fiscalía le imputó delitos de incendio según la Ley de Bosques, 20 cuasidelitos de homicidio y 14 cuasidelitos de lesiones. La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, valoró la evidencia presentada en la investigación.

Por su parte, el abogado defensor Pablo Ardouin señaló a los propietarios de la propiedad como responsables del estado deficiente de la estufa y de la falta de despeje del área, argumentando que “en este caso, el hilo se está cortando por lo más delgado”.

Claudio Luna Muñoz fue dejado bajo arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional por un periodo de seis meses, mientras avanza la investigación que, hasta el momento, lo señala como el único responsable del comienzo negligente del incendio que causó 20 muertes y destruyó más de 3,000 viviendas.

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La entrada Imputado por el megaincendio del Gran Concepción presenta su versión y señala fallas en la estufa donde cocinaba. se publicó primero en Quinta News.

A poco más de un mes del inicio del nuevo gobierno, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, discutió los principales desafíos que enfrentará la administración del presidente electo José Antonio Kast, subrayando que el apoyo electoral debe transformarse en resultados concretos para la ciudadanía.

En una entrevista con La Tercera, mencionó que el desafío será aprovechar el apoyo que, a su juicio, simboliza el bloque que se impuso en el plebiscito constitucional de 2022. “Si logramos traducir en resultados el apoyo de las fuerzas del Rechazo, nuestro sector podría estar al mando del país durante muchos años”, afirmó.

Squella indicó que esta fase será crucial para consolidar un eje político a largo plazo. En ese sentido, advirtió que si el gobierno no presenta avances visibles, “es probable que se reemplace ese nuevo eje político por otro diferente”, enfatizando la necesidad de cumplir con las expectativas en el corto plazo.

El líder republicano ejemplificó que los resultados más evidentes se manifestarán en seguridad y empleo, señalando que es esencial que una persona que dejó de salir de noche por miedo a un delito “recupere su confianza” para hacerlo. También destacó la urgencia de que quienes están desempleados consigan trabajo “en el corto plazo”.

Por último, Squella comentó sobre el gabinete presentado por Kast, que ha suscitado comentarios debido a la inclusión de ministros independientes. Defendió la decisión de priorizar criterios técnicos sobre cuotas partidarias y sugirió que el diseño del gabinete aún no está cerrado: “La foto no está completa todavía”, anticipando que el equilibrio podría definirse en los próximos nombramientos, como subsecretarías y otros cargos.

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La entrada Squella respalda un gabinete integrado por independientes y señala objetivos específicos para la ciudadanía. se publicó primero en Quinta News.

El cierre del proceso electoral parlamentario en la región del Maule se tornó inesperado, ya que la Unión Democrática Independiente (UDI) comunicó que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) aceptó su reclamo, generando un cambio en la distribución de escaños.

La UDI presentó su queja ante el Tricel del Maule para revisar un resultado que había dejado fuera del Congreso al diputado Felipe Donoso. Tras un nuevo conteo de votos, el tribunal determinó que el parlamentario había sido electo, desplazando a un cupo que se había asignado provisionalmente al Partido de la Gente (Guillermo Valdés).

La solicitud de recuento por parte de la UDI se debió a la identificación de diversas irregularidades, tales como mesas con más votos que electores habilitados, errores en actas y problemas en la calificación de sufragios nulos. Para respaldar su reclamación, se aportaron antecedentes de aproximadamente 25 mesas, que acumulaban alrededor de 8.750 votos.

Felipe Donoso, exgobernador provincial y figura destacada de la bancada en la Comisión de Hacienda, representa al distrito 17, que incluye comunas como Talca y Curicó. En el primer escrutinio del 16 de noviembre, no había logrado la reelección.

En ese conteo preliminar, se eligieron tres diputados del oficialismo, dos del Partido Republicano, uno de Evópoli y uno del PDG. La diferencia fue estrecha: solo 88 votos separaron a la lista de Chile Vamos y Demócratas de la lista del Partido de la Gente.

Con un total de 97.471 votos, la lista J—Chile Grande y Unido— obtuvo un escaño, mientras que la lista I del PDG, con 48.823 sufragios, también logró un cupo. Sin embargo, tras la revisión hecha por el Tricel, se determinó que Chile Vamos superó por 30 votos la barrera necesaria para duplicar su representación, modificando así la asignación de escaños final.

Según el escrutinio preliminar, la UDI había finalizado con 18 diputados, cinco menos que en la elección de 2021, mientras que el PDG mostró un notable crecimiento, alcanzando 14 escaños, frente a los seis logrados cuatro años antes.

Con estos resultados, los sectores de derecha que apoyaron al Presidente electo José Antonio Kast alcanzarían 77 diputados, quedando a solo uno de lograr la mayoría absoluta en la Cámara.

Respecto a este proceso, el diputado Gustavo Benavente denunció intervención política en el conteo de votos, asegurando que se interpondrá una denuncia penal para investigar estos hechos, pues podría haber habido intervenciones clandestinas en el conteo y las actas.

No obstante, el cambio aún necesita ser confirmado, a la espera de la resolución final del tribunal electoral.

Sin embargo, el jefe administrativo del Tricel, Arturo Lagos, declaró que aún no se dispone de un resultado definitivo del reconteo de votos, y que la información confiable estará disponible, posiblemente, la próxima semana.

«Todavía no se tiene el resultado del distrito, ya que las 16 cajas (del reconteo) deben ser introducidas al sistema, validadas de nuevo para verificar inconsistencias, y una vez hecho esto, se emitirá la sentencia de proclamación, lo cual ocurrirá la semana que viene«, explicó a Emol.

En este contexto, señaló que «actualmente no se sabe nada, ni siquiera yo, que soy quien gestiona este sistema. Ignoro cuál es el resultado, ya que aún no se han ingresado las actas; se debe llevar a cabo una serie de validaciones para comprobar que todo esté en orden.

Finalmente, enfatizó que «no tengo idea de dónde proviene esa diferencia de 30 votos… porque, al menos de nuestra parte, aún no se ha reportado, ya que no hemos ingresado las actas», concluyó.

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La entrada UDI informa que el diputado Donoso ha sido reelecto tras el recuento de votos en el Maule, sin embargo, el Tricel señala que «no hay sentencia definitiva». se publicó primero en Quinta News.

El diputado del distrito 6 de Valparaíso, Nelson Venegas (PS), expresó su preocupación por el nombramiento de Fernando Barros como nuevo ministro de Defensa del Presidente electo, José Antonio Kast, y señaló que esta decisión es “profundamente dolorosa” para las comunidades de Quintero y Puchuncaví, evidenciando una desconexión con la realidad ambiental de la región.

“En 2018, en la comuna de Quintero y Puchuncaví, 1.400 personas sufrieron intoxicaciones”, recordó el parlamentario, mencionando uno de los episodios más críticos de la crisis socioambiental del cordón industrial.

En este contexto, Venegas afirmó que “las intoxicaciones se originaron principalmente por una empresa llamada Oxiquim”, resaltando que Barros “es presidente de una compañía que, no solo en esa ocasión, sino en numerosas ocasiones ha sido responsable de intoxicaciones, afectando incluso a niñas y niños”.

El diputado añadió que este nombramiento “refleja la falta de empatía hacia las personas que represento” y quienes hoy observan “con desconsuelo cómo uno de los principales responsables es designado, nada menos, que ministro de Estado”.

Barros fue confirmado por Kast como ministro de Defensa y, según su trayectoria, ha formado parte de directorios empresariales, incluyendo Oxiquim, además de haber sido parte del equipo legal que defendió a Augusto Pinochet durante su arresto en Londres.

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La entrada El diputado Venegas critica el nombramiento de Fernando Barros en el Ministerio de Defensa y señala que es una «señal dolorosa» para Quintero y Puchuncaví. se publicó primero en Quinta News.

Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista (PC), hizo un llamado a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, tras su advertencia de que los fondos de emergencia podrían no ser suficientes para cubrir el reajuste en el sector público debido a los incendios en Ñuble y Biobío.

En una entrevista con radio Cooperativa, Figueroa solicitó a la contralora “con respeto y humildad” que sea coherente con su rol, evitando extralimitarse en juicios que no le corresponden, ya que su función principal es asegurar que los actos administrativos se realicen adecuadamente.

“Es natural que cualquiera tenga su opinión; sin embargo, la contralora no está aquí para opinar sobre economía ni sobre el presupuesto”, enfatizó. Además, destacó que este reajuste impacta a quienes están en la línea del frente durante la crisis, señalando que a los funcionarios públicos que están trabajando en la emergencia se les niega el reajuste salarial, lo que es una contrariedad para aquellos a quienes se les elogia, incluidos los Carabineros.

Por su parte, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, comentó que declaraciones de Pérez “posiblemente excedieron sus atribuciones” y añadió que su mensaje se interpretó como que no hay recursos disponibles para enfrentar la emergencia o para el reajuste salarial, lo cual sería “absurdo”.

Quintana remarcó que “la fiscalización no es responsabilidad de la Contraloría, ya que hay otras entidades como el Consejo Fiscal Autónomo y el Ministerio de Hacienda que manejan estos temas.” Además, indicó que el papel de la Contraloría es asegurar la legalidad de los actos administrativos, pero no debería determinar si es posible o no realizar un reajuste.

Aún reconociendo las restricciones fiscales vigentes, insistió en que “es nuestra responsabilidad encontrar una buena solución para los trabajadores públicos”.

El diputado socialista Leonardo Soto, por su parte, advirtió que “cuando una contralora interviene en decisiones de carácter político, política su cargo, lo que no había sucedido antes en la historia de la Contraloría General.” Aunque reconoció que ha cambiado ciertos criterios de fiscalización, consideró que cualquier indicio de inmersión en decisiones políticas es negativo para el Estado y la ciudadanía.

Desde la oposición, el diputado republicano Agustín Romero sugirió que sería beneficioso revisar las atribuciones de la Contraloría, ya que su labor se centra en la fiscalización de los actos de Gobierno y en la contabilidad administrativa de la nación. Criticó que el excontralor (Jorge) Bermúdez introdujera el concepto de “confianza legítima”, considerando que la Contraloría estaba en un buen camino y no debería legislar o inventar plazos.

Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, indicó que “la contralora debe garantizar el uso adecuado de los recursos públicos. Si estamos enfrentando un déficit fiscal de aproximadamente 800 o 900 millones de dólares anuales, esto resalta problemas en el control de los recursos públicos. Su advertencia es pertinente y debe resolverse.”

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La entrada El oficialismo señala la intromisión de la contralora Dorothy Pérez en la discusión sobre el reajuste al sector público. se publicó primero en Quinta News.

La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, evaluó los tiempos para la reconstrucción de las áreas afectadas por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío.

En una entrevista con radio Duna, la ministra destacó que aún no se han definido los plazos, ya que las fichas FIBE están en proceso de aplicación. “Estamos en diferentes fases de la emergencia; mientras combatimos el fuego, comenzamos la etapa de recuperación, rehabilitación y ayudas iniciales, donde la ficha FIBE es crucial para poder ofrecer bonos o asistencia temprana”, explicó.

La secretaria de Estado añadió que, una vez finalizado el registro, “se pasará a la etapa de reconstrucción. Entendemos que, dada la magnitud de la pérdida de quienes lo han perdido todo, los plazos siempre tienden a ser más extensos de lo deseado, y es necesario encontrar un equilibrio”.

Toro anticipó que será esencial elaborar un plan de reconstrucción y que solo con un catastro completo de los daños se podrán estimar los tiempos de manera más precisa.

Además, subrayó que “existen diferentes realidades” en la zona afectada, y que “en áreas catalogadas como de riesgo, no es posible reconstruir de inmediato; surgen dificultades legales y de propiedad, por lo que cada sector necesita un diagnóstico exhaustivo antes de realizar estimaciones sobre la reconstrucción”.

Por último, la ministra destacó que el proceso de reconstrucción se llevará a cabo “en coordinación con el nuevo gobierno, que será responsable de gran parte de dicha reconstrucción”. En este contexto, aseguró que una vez nombrados los nuevos ministros de José Antonio Kast, el Ejecutivo estará “totalmente dispuesto a facilitar el traspaso de información y recursos”.

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La entrada La ministra Toro señala que, una vez se disponga del catastro definitivo, será posible determinar el plazo estimado para la reconstrucción tras los incendios. se publicó primero en Quinta News.