En medio de las críticas por la falta de examinadores durante la aplicación del Simce 2025, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, presentó un balance de las dos jornadas de evaluación para 8° básico y defendió la legitimidad del proceso.

El examen, destinado a aproximadamente 272 mil estudiantes, se llevó a cabo los días 22 (Matemáticas) y 23 de octubre (Lenguaje e Historia).

No obstante, varios evaluadores no se presentaron en diversas instituciones, lo que dio pie a cuestionamientos sobre la gestión del proceso. “Como se ha informado, hemos enfrentado dificultades con la contratista encargada de los evaluadores del Simce de este año, lo que afectó principalmente a la región Metropolitana, además de otros lugares como Alto Hospicio y Arica”, indicó el ministro.

A pesar de los problemas, la autoridad resaltó que la cobertura fue superior a la de años anteriores. «Es relevante mencionar que la cifra de implementación en el primer día se mantuvo dentro de los estándares habituales de años pasados”, subrayó.

“Si observamos los números, más del 97,5% de implementación se alcanzó en los cursos que debían ser evaluados, lo que es superior a dos de los últimos cuatro años en términos de cobertura”, destacó.

En cuanto a la reprogramación de pruebas, el ministro anunció que 156 de los 6.030 establecimientos educativos del país tendrán que reagendar su evaluación este año, una cifra menor a la del año anterior, cuando se reprogramaron 162 de más de 6.000 escuelas.

El secretario de Estado también defendió la continuidad del Simce como política pública: “La validez del Simce no está en discusión, es un instrumento valioso para el país y ha sido parte de una política pública en desarrollo durante décadas.”

“No creo que, por razones ajenas al sistema educativo, ojalá esto no se politice, ni se cuestione un proceso que ha ocurrido con regularidad todos los años”, añadió.

Respecto al papel del Ministerio de Educación en el proceso, Cataldo aclaró que la responsabilidad principal recae en la Agencia de la Calidad de la Educación. “Nosotros tenemos una visión global del sistema, pero recordemos que hace más de 12 años Chile optó por establecer un modelo de aseguramiento de la calidad que distribuyó responsabilidades previamente concentradas en el Ministerio de Educación. La evaluación es tarea de la Agencia de la Calidad de la Educación”, explicó.

Finalmente, precisó que, aunque el Mineduc tiene la “iniciativa legal”, la ejecución corresponde a la agencia: “Por lo tanto, si me preguntas desde una perspectiva administrativa, la responsabilidad del Ministerio es de la Agencia, en términos estrictos. Es así. Quien licita, adjudica, responde y lleva adelante el proceso es la Agencia”, concluyó.

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La Contraloría General ha identificado diversas deficiencias en la gestión y desarrollo del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) 2024, tras auditar el uso de los recursos asignados por la Agencia de Calidad de Educación (ACE) para estas pruebas.

Entre las principales conclusiones del Informe Final N°329 de 2025, destacan irregularidades en la utilización de más de $400 millones destinados a la realización de las pruebas Simce 2024, asociadas a multas no cobradas a proveedores que incumplieron con los servicios contratados.

Este monto se deriva de varios casos. Por ejemplo, se constató que 142 examinadores llevaron a cabo las evaluaciones Simce 2024 sin evidencia que comprobara que cumplían con los requisitos necesarios. Además, en relación con la impresión del material para esta prueba de nivelación, la Contraloría detectó dos subcontrataciones por parte de la imprenta que no fueron comunicadas a la ACE, contraviniendo lo estipulado en las bases administrativas. Asimismo, el organismo no cobró multas por esta falta, que ascendían a $9.001.356.

Asimismo, se identificaron 45 cursos que requerían la asignación de examinadores para estudiantes con discapacidad sensorial (DS), pero no hay registros que evidencien la presencia de los examinadores en el aula. En este caso, la ACE tampoco cobró multas por un total de $17.768.541.

Además, se observó que 111 examinadores que aplicaron el Simce 2024 a alumnos con DS no contaban con certificados que acreditaran su preparación para ello. En este aspecto, la Agencia dejó de cobrar $43.829.072.

Por otra parte, se encontró que en 699 cursos que requerían acompañantes para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, estos no fueron proporcionados por los proveedores, lo que resultó en multas no cobradas por un total de $276.004.694.

La CGR también detectó incumplimientos en los plazos de entrega del material para el Simce 2024 por parte de los proveedores de impresión. Se comprobaron discrepancias en el cálculo de las multas respecto a los días de retraso considerados por la ACE y la Contraloría, lo que generó una diferencia de $16.389.608. En consecuencia, la Contraloría requirió a la ACE que documentara el cobro de la multa, que asciende a $56.036.983, en un plazo de 60 días hábiles desde la recepción del informe. De no hacerlo, se procederá a efectuar el reparo correspondiente.

Por tales motivos, la Agencia deberá iniciar un procedimiento disciplinario para determinar posibles responsabilidades administrativas derivadas de las observaciones realizadas. Deberá informar a la CGR dentro de un plazo de 15 días hábiles.

El informe también encontró que 34.415 estudiantes aparecen en el Sistema de información General de Estudiantes (SIGE) con presencialidad durante al menos un día de las evaluaciones del SIMCE 2024. Sin embargo, estos mismos estudiantes figuran como ausentes en los registros de la Agencia, lo que impide que cuenten con resultados en las evaluaciones.

Ante esto, se instó a la ACE a implementar medidas que fortalezcan los mecanismos de control y validación de asistencia de los estudiantes durante el proceso de evaluaciones.

Además, la ACE deberá enviar a la CGR la documentación que evidencie la implementación de estas medidas a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles.

(Imagen referencial)

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El Ministerio de Educación (Mineduc) lamentó profundamente el fallecimiento de un estudiante de sexto básico del colegio Rafael Sanhueza Lizardi, ubicado en Recoleta.

Además, el ministerio comunicó las medidas de apoyo y contención implementadas para la comunidad del colegio ante esta tragedia, que incluyen el apoyo psicológico inmediato para los otros cinco estudiantes que viajaban en el furgón escolar afectado.

La ministra (s) de Educación, Alejandra Arratia, se reunió con el equipo directivo del establecimiento para coordinar acciones de apoyo directo.

También se decidió posponer la aplicación del Simce de 8° básico, que estaba programada para este miércoles 22 y jueves 23 de octubre; la nueva fecha será acordada entre el colegio y la Agencia de Calidad de la Educación.

Finalmente, en coordinación con la Seremi de Salud, se ofreció acompañamiento psicosocial para apoyar a la comunidad educativa una vez que se reanuden las clases presenciales, las cuales están suspendidas este miércoles. Además, se contactó a Junaeb para activar los Dispositivos de Apoyo Psicosocial Transitorio (DAPS).

El Ministerio de Educación reafirmó su compromiso con el bienestar de toda la comunidad educativa en este momento difícil y reiteró su disposición a coordinar y facilitar las acciones de apoyo necesarias.

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