Concejales de Zapallar, Papudo y Puchuncaví, junto al diputado Nelson Venegas, se presentaron en la Contraloría General de la República para plantear diversas inquietudes sobre posibles irregularidades administrativas en sus respectivas comunas.

En relación a Zapallar, se solicitó a la contralora, Dorothy Pérez, información sobre los avances de la investigación iniciada mediante el oficio N° E122933 de 2025, que se refiere al uso de un terreno adquirido por la Municipalidad bajo la administración de Gustavo Alessandri, destinado a proyectos habitacionales y a la creación de infraestructura deportiva o recreativa, así como a sus gastos asociados.

Durante la reunión en Santiago, los concejales pidieron actualizaciones sobre la investigación y la revisión de antecedentes proporcionados por el Municipio de Zapallar y los datos recabados por la Contraloría.

El concejal Reinaldo Fernández declaró que «nos sentimos satisfechos, ya que en nuestra comuna existen procesos en investigación especial. Estas acciones las llevamos a cabo en pro de la transparencia y el adecuado uso de los recursos públicos». También mostró preocupación por errores administrativos y la necesidad de actualizar el Plano Regulador Comunal.

En lo que respecta a Papudo, se pidió a la contralora aclarar tres asuntos considerados de alta relevancia para la comuna: el estado de los sumarios administrativos acerca de irregularidades en permisos de circulación (Informe N°347/2024); la auditoría externa pendiente sobre horas extras de la administración anterior; y las observaciones relativas a la votación y quórum en acuerdo extrajudicial (sesión del Concejo Municipal del 18 de noviembre de 2025).

Este planteamiento busca dar cumplimiento a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), por lo que también se formularon preguntas sobre el rol de supervisión y el estado de los procesos actuales pendientes.

El concejal Daniel Muñoz señaló tras la reunión: «este encuentro es vital para fortalecer nuestra labor, ya que los ciudadanos esperan respuestas sobre auditorías pendientes, permisos de circulación y decisiones que afectan el borde costero. Mantener la confianza pública es esencial». También estuvieron presentes los concejales de Papudo, Cecilia Rivera y Gonzalo Olmos.

Finalmente, en la Municipalidad de Puchuncaví se revisaron solicitudes pendientes enviadas a la Contraloría Regional de Valparaíso, relacionadas con la gestión municipal del alcalde Marcos Morales, aunque no se proporcionaron mayores detalles sobre el tema.

El concejal Juan Peña destacó que «pudimos exponer diversas denuncias y oficios, y la Contralora se comprometió a agilizar algunos procesos, lo que nos deja satisfechos, ya que estamos cumpliendo con nuestro rol fiscalizador según la ley». En la reunión también participaron los concejales de Puchuncaví, Rosa Berríos, Benjamín Angulo y Agustín Valencia.

El diputado Nelson Venegas enfatizó la importancia del encuentro y del papel fiscalizador de las autoridades comunales, resaltando que «los concejales desempeñan un rol fundamental en las comunas. Ellos son quienes supervisan y aseguran que no haya malversación de fondos públicos. Por eso hemos llevado a cabo esta reunión conjunta con los concejales y la Contralora Nacional«.

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El Pleno de la Corte Suprema accedió a la solicitud del ministro Jean Pierre Matus para investigar antecedentes relacionados con una faceta desconocida de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes están procesados por la trama bielorrusa.

La investigación será dirigida por Jorge Pizarro, fiscal judicial del tribunal supremo, en respuesta a la petición del ministro Matus, quien afirmó que un reportaje de un medio de comunicación contiene insinuaciones engañosas.

Según Reportea, la Corte Suprema ha analizado en al menos cuatro ocasiones recursos relacionados con la minera Dominga. Solo uno de esos recursos fue desfavorables al proyecto minero-portuario que Andes Iron pretende establecer en La Higuera, región de Coquimbo, siendo este el primero en septiembre de 2019, redactado por el ministro Sergio Muñoz.

Desde entonces, la Corte ha rechazado todos los demás recursos presentados por los opositores al proyecto. En mayo de 2022, desestimó los recursos de casación que estos habían interpuesto contra un fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que nuevamente favorecía a Dominga. El ministro Muñoz emitió un voto en minoría, mientras el voto mayoritario fue firmado por la destituida Ángela Vivanco y los ministros Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus, quien también redactó el fallo.

En enero de 2024, la Corte declaró inadmisible otro recurso de casación, presentado en una disputa paralela por Nancy Duman, representante de la organización Sphenisco, opuesta al proyecto. Ella buscaba anular la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que había aprobado Dominga en 2021. El fallo también fue redactado por Matus.

De acuerdo con el reportaje, el ministro Matus tiene en su lista de inhabilidades a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes están en prisión preventiva en la trama bielorrusa, ya que su esposa, María Cecilia Ramírez, ha colaborado con ellos. En la fecha de dicha resolución, en enero de 2024, ya había pagos significativos de Andes Iron a Lagos y Vargas por “asesoría jurídica y de posicionamiento público y estrategias para la empresa”.

El ministro Matus enfrentó críticas por otro motivo: su relación con Marcelo Castillo, abogado que representa a una organización que apoya el proyecto. Este conflicto surgió a mediados de año, cuando se anunció que Matus sería el redactor de un fallo sobre los recursos de casación presentados por el gobierno y los opositores, tras la anulación del segundo rechazo del Comité de Ministros al proyecto en diciembre de 2024.

Matus no se inhabilitó y en septiembre pasado se hizo pública la decisión: los recursos fueron considerados inadmisibles, dado que la decisión del tribunal no era definitiva y, por lo tanto, no procedía un recurso de casación. En esta ocasión, el fallo también fue apoyado por Diego Simpertigue, quien actualmente está siendo investigado por la fiscalía y el Poder Judicial por sus conexiones con Lagos y Vargas, enfrentando además una acusación constitucional en el Congreso.

No queda claro si Matus tenía conocimiento de las millonarias asesorías que los abogados ofrecieron al proyecto Dominga, ni si su esposa estuvo implicada en ese trabajo.

Las cuentas bancarias del bufete muestran pagos por, al menos, $18 millones a su esposa María Cecilia Ramírez entre 2023 y 2024. Reportea envió preguntas al celular y correo electrónico del ministro Matus para obtener su versión, pero no recibió respuesta.

En las cuentas del abogado Mario Vargas se observan transferencias directas del ministro Matus. La primera, fechada el 31 de julio de 2022, fue por $600.000 con el comentario “magana el resto es primera transferencia”; la segunda, el 2 de agosto del mismo año, por $330.000 con la glosa “Saldo Valle”; y la última, el 15 de septiembre de 2022, por $30.000, acompañada de la nota “Baco”.

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El ministro de Seguridad, Luis Cordero, ha desmentido los rumores sobre supuestas amenazas a turistas argentinos que han circulado en redes sociales y agencias de viajes. El secretario de Estado aseguró que las fuerzas policiales han investigado las denuncias, pero no han encontrado evidencia que respalde la existencia de estos riesgos.

La alarma se originó a partir de incidentes entre hinchas de fútbol y ha llegado a afectar a varias empresas de turismo, que incluso han tomado «precauciones». En respuesta, el ministro Cordero indicó que la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros han estado trabajando para verificar la información, pero sin éxito. «Hasta el momento no disponemos de más datos que los proporcionados por las agencias de turismo», comentó el ministro.

Para brindar tranquilidad a los visitantes extranjeros, Cordero hizo un llamado a la calma: «Los turistas pueden visitar nuestro país sin preocupaciones, especialmente los argentinos». También afirmó que se están implementando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes llegan a Chile.

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El diputado Andrés Celis presentará una querella contra el exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, debido a supuestas irregularidades encontradas en la licitación de luminarias durante su administración.

Esta acción se suma a la denuncia reciente realizada por la actual gestión municipal, que detectó “vicios e inconsistencias” en el proceso de adjudicación del contrato de alumbrado público, cuyo monto supera los $1.700 millones.

El legislador manifestó su preocupación por la seriedad de los antecedentes y subrayó la urgencia de aclarar los hechos. «Considero de suma gravedad lo que ha señalado la alcaldesa de Valparaíso. Si el exalcalde Sharp ha incurrido en ilícitos como fraude al fisco, malversación de fondos públicos o cualquier acto que atente contra la probidad, es crucial actuar con rapidez«, comentó.

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Sobre las irregularidades en la licitación de luminarias LED, Celis aseguró que hay suficientes pruebas para considerar que podrían existir delitos. “Estamos decididos a interponer una querella contra la gestión del alcalde Sharp porque los antecedentes relativos a las luminarias LED son más que suficientes para concluir que, al menos, se ha cometido fraude al fisco«, afirmó.

El diputado enfatizó la importancia de la integridad en la gestión pública y criticó cualquier intento de utilizar estas denuncias con fines políticos, dejando claro que “no se puede manipular la transparencia con miras a las próximas elecciones para dar ventaja a otros candidatos de su partido y conglomerado, como el actual diputado Brito o Ibáñez».

Esta nueva querella se suma a las acciones legales que el parlamentario ha presentado anteriormente contra Jorge Sharp y otros funcionarios municipales por supuestas irregularidades financieras en la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social (Cormuval). En octubre de 2024, el Juzgado de Garantía de Valparaíso aceptó una querella criminal presentada por el diputado, junto al abogado Luis Eduardo Cantellano, contra el entonces alcalde Sharp y otros directivos de Cormuval por malversación de fondos públicos y fraude al fisco.

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El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), ha anunciado que tomará acciones legales debido a supuestas irregularidades financieras en la Corporación de Desarrollo de la comuna.

Aunque aún están considerando si la demanda será interpuesta contra la exalcaldesa Irací Hassler, el actual alcalde aseguró que la situación es muy grave y trasciende un simple desorden administrativo.

En una entrevista con radio Pauta, Desbordes señaló que “todos los trabajadores de la Corporación para el Desarrollo de Santiago no han pagado sus cotizaciones en cinco meses. Les descontaban los créditos de las cajas de compensación y no los transferían, lo que ha llevado a que ahora estén en Dicom; además, les realizaban descuentos que no se destinaron a los lugares correspondientes”.

“Hay numerosas irregularidades; el listado es extenso. Estamos trabajando con abogados penalistas para iniciar acciones legales, porque esto va mucho más allá de una simple mala gestión, no se trata solo de negligencia”, añadió.

El alcalde también hizo hincapié en la falta de transparencia en relación a los ingresos generados por las fondas del Parque O’Higgins y la discrepancia en los niveles de personal en diferentes departamentos. Por ejemplo, en el área de Educación, no hay recursos para cubrir las imposiciones.

“No tenemos claridad sobre el destino de los fondos de las fondas del Parque O’Higgins en los últimos años; nunca se ha realizado una rendición de cuentas. Los fonderos pagaban, creo, más de 3 millones de pesos, pero no existe ninguna declaración, no sabemos qué sucedió con ese dinero”, comentó el alcalde.

“Por poner otro ejemplo, las plantillas de personal son excesivas en áreas donde no hay actividad y en otras escasean. La verdad es que la Corporación se enfrenta a una situación bastante compleja, con una administración muy deficiente; en Educación no hay fondos para cubrir las imposiciones”, concluyó.

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