Durante las últimas horas, Lima, la capital de Perú, fue escenario de manifestaciones antigubernamentales violentas, que dejaron al menos una persona fallecida y más de un centenar de heridos, incluidos 78 policías.

El Ministerio de Salud informó que «el Hospital Arzobispo Loayza ha recibido a 16 heridos», y lamentó que «uno de ellos llegó sin signos vitales». Asimismo, dos pacientes se encuentran en estado grave y otro está «en la sala de operaciones».

El Hospital 2 de Mayo atendió a cuatro heridos con politraumatismos leves, y se mencionó que se desplegaron ambulancias para el traslado de los heridos durante las protestas, incluyendo a 10 miembros de la Policía Nacional de Perú (PNP), quienes fueron llevados al Hospital Central de la PNP.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó 102 heridos, entre ellos 24 manifestantes y 78 agentes. La institución indicó que todos están recibiendo atención médica y que algunos serán dados de alta en las próximas horas. También confirmaron ocho detenciones por «delito contra la tranquilidad pública» y dos por «control de identidad».

El presidente de Perú, José Jerí, expresó sus condolencias por la muerte del manifestante Eduardo Ruiz Sanz, de 32 años. «Mis pensamientos están con su familia en este difícil momento. Espero que las investigaciones esclarezcan los hechos y las responsabilidades», enfatizó.

En declaraciones, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que se ha iniciado una investigación sobre el incidente, que se habría producido cerca de la plaza de Francia. «Nuestras fuerzas no estaban presentes en esa área en ningún momento», afirmó.

La manifestación fue convocada para expresar descontento contra el Gobierno y el Congreso, en relación con temas de corrupción e inseguridad, y tuvo lugar pocos días después de que Jerí asumiera la presidencia tras la destitución de Dina Boluarte, a quien se le acusó de «incapacidad moral permanente» para gestionar la seguridad en el país.

El nuevo presidente anunció el 13 de octubre un Gobierno con «amplia base y de reconciliación nacional», asegurando que ningún congresista ni ministro del Ejecutivo saliente formará parte del mismo. «Lo fundamental será la experiencia en gestión pública, el conocimiento del sector y la capacidad de diálogo», comentó, buscando apaciguar el creciente descontento en el país.

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La provincia de Marga Marga está en estado de indignación y preocupación tras dos incidentes de violencia durante partidos de fútbol amateur en Villa Alemana y Olmué, que terminaron en riñas con golpes y, en un caso, un jugador fue amenazado con un arma de fuego por un espectador.

El incidente más grave ocurrió en la cancha Las Vegas, Villa Alemana, durante un partido de la segunda división del Campeonato Laboral, donde se enfrentaban Pipeños FC y CD Alto Las Vegas el domingo 7 de septiembre.

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Un penal cobrado por el árbitro provocó empujones e insultos, lo que desencadenó una intensa pelea entre los jugadores, incluso una patada voladora de un jugador de Pipeños al arquero rival.

La pelea se intensificó y un espectador ingresó a la cancha para apuntar con un arma al portero del equipo contrario. El jugador, al percatarse de la situación, retrocedió para alejarse del individuo violento, quien fue finalmente sacado por otros jugadores de Pipeños FC.

Debido a estos incidentes, el árbitro decidió suspender el encuentro, ya que no había condiciones seguras para continuar.

Lamentablemente, no fue el único incidente de este tipo durante el fin de semana en Marga Marga, ya que Olmué también registró una pelea entre futbolistas amateur.

Durante un partido entre La Campana y Estrella Roja, una jugada llevó a una pelea en la que varios jugadores se agredieron físicamente, dejando a uno de ellos inconsciente y requiriendo su traslado a un centro médico cercano.

La seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Alejandra Romero, comentó sobre la violencia ocurrida, señalando que «no se han recibido denuncias oficialmente, pero Carabineros hizo una denuncia de oficio para que se realicen las investigaciones correspondientes».

Asimismo, destacó que se está trabajando con el fútbol amateur en coordinación con la Delegación Presidencial Provincial para avanzar en protocolos de seguridad y registro de asistentes y participantes, ya que el deporte debe ser un espacio libre de violencia.

El delegado presidencial provincial, Fidel Cueto, lamentó los incidentes y dijo que «es inaceptable que espacios deportivos sean alterados por violencia.» A pesar de la falta de denuncias formales, subrayó la importancia de la investigación desde Carabineros.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, también condenó los hechos, señalando que son «totalmente repudiables«, y afirmó que las canchas de fútbol deben ser espacios de disfrute en familia.

Los recientes episodios en Villa Alemana y Olmué han encendido las alarmas sobre la seguridad en el fútbol amateur, un entorno que históricamente ha sido un punto de encuentro comunitario, pero que ahora enfrenta graves problemas de violencia. Las autoridades coinciden en que es necesario implementar medidas que restauren la confianza de quienes frecuentan las canchas de la provincia de Marga Marga.

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha celebrado este sábado que se han alcanzado 1.000 días sin homicidios en el país, un logro que es resultado de su campaña contra el crimen.

«1.000 días sin homicidios. Me sugirieron hacer una cadena nacional y dar un discurso para conmemorar este hito histórico. Sin embargo, creo que hoy es más importante reflexionar sobre la historia de nuestro país y las fuerzas que intentaron frenar nuestro progreso,» expresó Bukele a través de su cuenta en X.

Esta información fue divulgada el viernes por la Secretaría de Prensa de El Gobierno salvadoreño en X, pero poco después el mensaje fue eliminado, de acuerdo con informes de medios locales.

El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, subrayó que este es «un logro que ningún otro gobierno había podido imaginar y que demuestra al mundo que, en nuestro país, los resultados son evidentes, gracias a estrategias como el plan Control Territorial, la Guerra contra Pandillas y el Régimen de Excepción».

No obstante, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) indica que en lo que va del año se han registrado 14 feminicidios en El Salvador.

Desde el 27 de marzo de 2022, El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción. Durante este periodo se han llevado a cabo 89.000 detenciones, según datos proporcionados por Villatoro. La Asamblea Legislativa ha aprobado una 42ª prórroga de este régimen, criticado por organizaciones de derechos humanos, ya que conlleva la suspensión de derechos de defensa, límites a los plazos de detención e invasión de la privacidad en telecomunicaciones, entre otros.

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El descubrimiento de un interno decapitado en la celda 21 del módulo 42 de la cárcel de Concepción el 9 de diciembre último, llevó a las autoridades a implementar medidas, activando coordinaciones entre el Ministerio de Justicia y Gendarmería para abordar la situación.

Aunque la proporción de homicidios ha disminuido en comparación con la población total de reclusos, los incidentes registran en 2024 un notable incremento, alcanzando 48 casos, lo que representa un 37% más que en 2023, según informa La Tercera.

Con el fin de minimizar las muertes por agresiones en las penitenciarías, se ha lanzado el Plan de Intervención Preventiva de Unidades Penales. Este plan identifica los centros más afectados por agresiones fatales y desarrolla estrategias específicas para cada establecimiento.

A pesar de que la frecuencia de estos incidentes ha permanecido constante en los últimos años, el incremento sostenido de la población carcelaria y el cambio en el perfil de los internos han generado una especial preocupación y la necesidad de tomar medidas concretas.

El plan abarca el análisis del perfil de los involucrados, incluyendo su historial delictivo, tipo de crimen, edad y comportamiento, además de factores como la infraestructura, el horario y las circunstancias de las agresiones, con el fin de optimizar la clasificación y segmentación de la población penal.

Se incorporan procedimientos de registro y allanamientos focalizados, revisión del equipamiento del personal, fortalecimiento de equipos de respuesta rápida, análisis de inteligencia penitenciaria sobre conflictos y planes de intervención psicosocial específicos.

El ministro Jaime Gajardo aseguró que se implementarán las medidas necesarias para afrontar este desafío, con el objetivo de reducir las muertes por agresiones.

Por último, Gendarmería formará un equipo multidisciplinario que sistematice la información y aplique intervenciones focalizadas en cada centro penitenciario.

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