La denunciante del ex subsecretario Manuel Monsalve ha presentado una medida prejudicial en el 2° Juzgado de Letras de Santiago con el propósito de demandar al Estado de Chile. El tribunal ha aceptado dicha acción judicial y ha otorgado un plazo a la afectada para que presente la documentación correspondiente.
De acuerdo con La Tercera, la denunciante es representada por el Estudio de Abogados RFU, compuesto por Ariel Rossel, Claudio Fuentes y Romina Urzúa. Esta gestión busca la posibilidad de iniciar una demanda contra la Subsecretaría del Interior debido a los incidentes que denunció ante el Ministerio Público el 14 de octubre y que han llevado a Monsalve a estar en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.
En el documento presentado, la afectada afirma: «Con el fin de preparar posibles acciones legales, especialmente en relación con la protección de derechos fundamentales en lo que respecta a mi situación laboral actual (…), presento una medida prejudicial probatoria en contra del Fisco de Chile.»
“Esta solicitud se justifica por los actos de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo que sufrí durante mi relación contractual con el requerido, tras ser víctima de episodios constitutivos de estos mismos actos, así como de delitos de violación y abuso sexual durante la noche del 22 al amanecer del 23 de septiembre de 2024, perpetrados por mi superior, el ex subsecretario del Interior. Estos episodios han impactado gravemente mi integridad física, psíquica e intimidad, además de vulnerar mi derecho a la no discriminación y la libertad de trabajo”, declaró la mujer de 32 años en el documento revisado por La Tercera.
La funcionaria sostiene que después de estos eventos, ha enfrentado de manera constante nuevas situaciones que atentan contra sus derechos. Indica que ha sido objeto de diversas acciones y presiones que han afectado su integridad, mientras su empleador, el Estado, no ha cumplido con su deber de protección.
Este punto ha quedado reflejado en su escrito, donde menciona “especialmente en el manejo mediático del traumático episodio que viví y las acciones tomadas posteriormente; en la incertidumbre laboral -actualmente estoy vinculada a través de un Convenio a Honorarios a Suma Alzada-, y en la falta de claridad sobre las condiciones de mi contrato tras mi regreso al trabajo al finalizar mi periodo de licencia por enfermedad, entre otros aspectos que contribuyen a una revictimización y generan incertidumbre laboral que me exponen a constantes riesgos psicosociales”.
Además, a través de su acción, la denunciante señala que antes de los hechos que llevaron a la denuncia contra el exmilitante socialista, la institución a la que aún pertenece no había tomado medidas para prevenir situaciones similares.
“El Estado de Chile no implementó ninguna medida preventiva para evitar que estos incidentes ocurrieran, lo que confirma el origen laboral de lo vivido y la necesidad de reparar los efectos de estos hechos, además de evitar que se mantenga un ambiente propenso a vulneraciones de derechos fundamentales, especialmente después de las conductas sufridas durante la relación contractual”, advirtió.
Por consiguiente, y enfatizando que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados -en particular su integridad física, psíquica, el derecho a la no discriminación, la vida privada y la libertad de trabajo-, ha anticipado que eventualmente (entre otras acciones) interpondrá «la acción de tutela de derechos fundamentales en relación con la relación laboral vigente, según lo establecido en el artículo 485 del Código del Trabajo,» así como una acción declarativa sobre la relación laboral conforme a los artículos 7 y 8 del mismo código, dirigida específicamente contra la Subsecretaría del Interior.
Para llevar a cabo estas medidas, el documento indica que la denunciante de 32 años solicita contar con los medios de prueba necesarios para ejecutar su estrategia judicial. En este sentido, ha requerido al juzgado la recopilación de ciertos antecedentes.
“Los fundamentos de esta solicitud están relacionados con la necesidad de contar con información completa y suficiente acerca de toda la situación que enfrento y que continuaré enfrentando, con el fin de demostrar, en mi opinión, las vulneraciones cometidas por la Subsecretaría del Interior. También tienen que ver con la necesidad de cumplir con el estándar procesal que exige el procedimiento de tutela laboral”, expone.
Así, ha solicitado 27 documentos que deben ser presentados. Entre estos, ha pedido copias de los correos electrónicos intercambiados con el exsubsecretario del Interior; la agenda laboral de ambos para 2024; información sobre los viajes realizados y reservas de hotel; protocolos y procedimientos para investigar casos de acoso sexual, laboral y violencia en el lugar de trabajo; medidas de protección implementadas a su favor; registros de sanciones impuestas al presunto acosador; y comunicaciones internas de la subsecretaría, entre otros.
Finalmente, el juzgado, fechando el 27 de diciembre, aceptó la medida prejudicial, ordenando al Fisco presentar toda la documentación solicitada. Además, estableció un plazo hasta el 27 de enero para que la parte demandada aporte los antecedentes, de modo que la denunciante pueda revisarlos.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
