Después de que el Gobierno anunciara que no continuará con la intención de adquirir la casa del expresidente Salvador Allende, actualmente parte de su propiedad está registrada a nombre de la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del exmandatario. Las críticas han persistido.
El Presidente Gabriel Boric respaldó esta decisión durante la jornada del sábado, argumentando que «la compra se detuvo debido a una incompatibilidad en la estructura de propiedad de esa vivienda en particular; se optó por pausar el proceso hasta que se resuelva esta situación, ya que sin una solución no es posible proceder con la compra, porque en Chile las instituciones funcionan».
El acuerdo entre el Gobierno y la familia de la ministra estaba valuado en $933 millones, un monto superior a los aproximadamente $500 millones que tenía la tasación fiscal del inmueble ubicado en calle Guardia Vieja, en la comuna de Providencia. La finalidad era transformarla en un museo, pero la Constitución chilena prohíbe a las autoridades públicas realizar negocios con el Estado.
Este plan de compra generó fuertes críticas, especialmente por parte de Chile Vamos: los parlamentarios manifestaron preocupaciones sobre un posible conflicto de interés y anunciaron que se dirigirían a la Contraloría General de la República para frenar la operación.
Tras conocerse la decisión del gobierno de detener la compra, la diputada de Renovación Nacional Camila Flores criticó nuevamente al Gobierno.
«Intentar eludir la Constitución para acceder a recursos públicos es, sin duda, un abuso. La acción del Gobierno, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, en relación a la compraventa de esta casa de Salvador Allende, que pertenece a Maya Fernández, sin lugar a dudas, constituía una compra ilegal que contravenía nuestra Constitución”, afirmó.
En este sentido, Flores indicó que “si la intención era defraudar al fisco, enriquecerse o simplemente considerar que están por encima de la Constitución y las leyes, eso es algo que el Gobierno y sus ministros tendrán que determinar en su interior”.
Respecto a las motivaciones de este negocio, Flores declaró que “no nos corresponde a nosotros (determinar) la intención detrás de esta ilegalidad. Lo fundamental es que los detuvimos a tiempo y que finalmente se frustró el plan de adquisición de la casa de Salvador Allende. Pero no porque decidieran respetar la Constitución, sino simplemente porque los sorprendimos”.
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