El Ministerio Público ha formalizado cargos contra el excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por el delito de lavado de activos.
El exmilitar deberá cumplir con medidas cautelares que incluyen arraigo nacional, firma quincenal y restricción de contacto con otras personas implicadas en el caso.
Según el fiscal Marco Muñoz Becker, de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Los Lagos, la investigación ha recopilado pruebas suficientes que demuestran que el excomandante realizó acciones para ocultar el origen ilegal de parte de su patrimonio.
El fiscal explicó que existía un mecanismo sistemático mediante el cual se utilizaban gastos reservados de manera indebida, incluyendo un concepto denominado apoyo a excomandantes jefes del Ejército, que se traducía en pagos mensuales en efectivo entregados en sobres cerrados.
La formalización se centra en los pagos mensuales que oscilaron entre 61 y 77 millones de pesos, destinados al pago de cuotas de un crédito hipotecario de un inmueble que fue arrendado, lo que generó utilidades que, con el tiempo, alcanzaron un total estimado de aproximadamente 170 millones de pesos.
En cuanto al método de «lavado» de estos fondos, Muñoz añadió que “el dinero no solo se usó con fines lucrativos al adquirir un inmueble y generar rentas, sino que también se empleó el sistema tributario para declarar ingresos recibidos como gasto reservado, los cuales no fueron reportados en sus declaraciones de renta correspondientes”.
El objetivo de este esquema, según el fiscal, era “obtener una validación por parte del Servicio de Impuestos Internos, asegurando que dichos montos estaban tributados, lo que explica la conducta de legitimación de fondos ilícitos”, y anticipó que podrían existir más personas formalizadas en esta causa.
Además, el exjefe del Ejército enfrenta otra investigación en la justicia militar por malversación de fondos públicos por más de 6.300 millones de pesos entre marzo de 2006 y marzo de 2010 y falsificación de documentos militares por el uso de gastos reservados en esa institución.
(Imagen archivo: El Mercurio)
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