La Contraloría Regional de Coquimbo llevará a cabo un sumario e informará al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) en base al informe N.º 415 de 2024, el cual revela múltiples irregularidades en la transferencia de fondos desde la Delegación Presidencial Regional (DPR) en el marco de la emergencia por escasez hídrica que afecta esa región.
Durante la auditoría, se constató que la Municipalidad de Ovalle compró cuatro bombas de 1 HP-220 V a un precio de $1.442.500 sin IVA cada una. Este monto resulta desmesurado en comparación con los precios publicados en Mercado Público, que varían entre $241.613 y $675.000, así como con los precios reportados por diversas empresas, que fluctúan entre $149.990 y $469.990.
Se advirtió un sobreprecio aproximado de $767.500 por unidad, lo que representa un 187,95 % más que el valor promedio del mercado.
Otro hallazgo relevante de la fiscalización se refiere al pago de $99.774.198 efectuado por la Municipalidad de Punitaqui a tres empresas por servicios de arriendo de maquinaria, contratados a través de trato directo.
En este caso, las empresas emitieron facturas electrónicas el 19 de diciembre de 2022, las cuales fueron aceptadas por la municipalidad. Sin embargo, se verificó que los servicios se llevaron a cabo entre diciembre de 2022 y agosto de 2023, y los documentos que emite el municipio sobre la finalización del servicio no coinciden con esas fechas.
A raíz de estas irregularidades, la Contraloría instruyó a la Municipalidad de Punitaqui a realizar un sumario para esclarecer las posibles responsabilidades administrativas derivadas de estas situaciones.
Según los convenios de transferencia aprobados por la Subsecretaría del Interior, se estipula que los municipios pueden utilizar fondos de emergencia para saldar deudas con proveedores. Luego de revisar las rendiciones de cuentas de las municipalidades de Salamanca y Andacollo, proporcionadas por la DPR de Coquimbo, se encontraron gastos reportados de $31.730.545 y $14.195.652, respectivamente, correspondientes a deudas de agua potable.
No obstante, la Contraloría Regional determinó que ambas municipalidades habían cumplido con los pagos del consumo de agua potable en 2020, lo que implica que, al momento de rendir esos gastos a la Delegación Presidencial Regional, no existían deudas pendientes con el proveedor.
La DPR de Coquimbo deberá exigir a las municipalidades de Salamanca y Andacollo la restitución de los fondos por un total de $45.926.197, debiendo informar a la Contraloría Regional en un plazo de 30 días hábiles.
De igual forma, las municipalidades de Andacollo, Paihuano y Coquimbo realizaron compras de bienes y servicios por $109.337.229. Sin embargo, en sus documentos de pago no se encontró un listado consolidado que contenga la firma de los beneficiarios confirmando la recepción de los productos.
Estas municipalidades deberán presentar a la Delegación Presidencial Regional la documentación que avale el cumplimiento del convenio respecto a la recepción de los productos por parte de los beneficiarios.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
